JIMMY
CARTER Y SU PROGRAMA SOBRE LA PROMOCIÓN
DE LOS DERECHOS HUMANOS
“Desdichado del
individuo que al mismo tiempo es hombre vulgar y príncipe extraordinario.
Excesivo poder es nocivo para el hombre. Ser sacerdote, rey y dios es
demasiado. El zumbido confuso de todas las voluntades despiertas que quieren
ser satisfechas a un tiempo ensordece el cerebro de quien todo lo puede, aturde
su inteligencia, desorganiza la generación de sus pensamientos y le enloquece”
(Víctor Hugo, La conclusión de “El Rhin”, julio de
1841)
Nota a los lectores: Este es el capítulo I de mi investigación sobre la
presidencia de Jimmy Carter (1977-1981) y que reedito con motivo de cumplirse
40 Años de la más sanguinaria, represiva, feroz y fascista dictadura cívico-militar
que destruyó a la Argentina entre 1976 y 1983. Aquí inicio una serie de notas
referidas a aquellos terribles años
Jimmy
Carter asumió su mandato intentando presentarse como un presidente de nuevo
tipo, distinto a los anteriores porque en lugar de hablar en el lenguaje de la
guerra planteó una estrategia de defensa de la condición de la situación de las
personas en el mundo, es decir, la diplomacia de los derechos humanos. Sin
embargo, esta orientación no fue más que otro recurso propagandístico porque
ninguna región del mundo se vio beneficiada por esta diatriba del imperio.
La
administración Carter llega a la presidencia en una situación internacional
donde los Estados Unidos era considerado el principal responsable y culpable de
la violación de los derechos humanos en el mundo por ser el impulsor de golpes
de estados y sostener dictaduras militares represoras de sus pueblos a cambio
de garantizarle libertad de comercio y buenos negocios. En la hipocresía del
imperialismo, libertad de comercio y buenos negocios son los derechos humanos
que jamás pueden cuestionarse ni criticarse. Todo lo demás se puede denunciar,
pero nunca se podrá permitir que se ponga en duda ese “derecho humano”
imprescindible para la existencia del capitalismo como sistema, el de la libre
empresa y la desmesurada obsesión por la ganancia y esto es indiscutible porque
tiene carácter axiomático. Y esto en el pensamiento de la diplomacia de los
Estados Unidos es tan poderoso, se trata de una democracia, de una tiranía, de
una teocracia petrolera, de un sistema de partido único, de una monarquía con
sus diversas variantes o de un sistema parlamentario. Todas las formas de
gobierno y todos los regímenes políticos son válidos para los Estados Unidos
mientras le garanticen el libre ejercicio de los negocios. Por otro lado, el
conocimiento que tuvo el pueblo de los Estados Unidos sobre las monstruosidades
cometidas por su ejército en la guerra de Vietnam con los asesinatos masivos de
civiles, los bombardeos indiscriminados y el hecho de que cada vez necesitaban
refuerzos para cubrir las bajas que le provocaba la resistencia vietnamita, no
solo hizo estallar la furia en los norteamericanos sino que también dio origen
al surgimiento de nuevos activistas y militantes que empezaron a plantearse que
era hora imponer una nueva agenda de las relaciones internacionales basada en
la defensa de los derechos humanos como forma de limpiar y subsanar las
brutalidades realizadas en Vietnam y recobrar la confianza en el gobierno,
porque no cabe duda que ante el estallido del caso Watergate, el presidente
Richard Nixon fue tildado de delincuente y dada la envergadura, respeto y
tradición que tiene en Estados Unidos la figura presidencial, no podían seguir
permitiendo semejantes atropellos a la legalidad constitucional del país. Eso
fue en el plano estrictamente interno, porque la realidad de los derechos
humanos como bastión ideológico y político del imperialismo en plena guerra
fría, los tiros iban dirigidos a socavar la existencia de la Unión Soviética y
los demás países de Europa Oriental que integraban el Pacto de Varsovia, como
así también a los movimientos revolucionarios que en África se liberaban de su
pasado colonial reciente y ahí estaba Cuba brindando apoyo político y militar
in situ, lo que motivó en ese marco, las airadas protestas del gobierno de
Carter y que de ninguna manera pudo modificar el compromiso de la Revolución
Cubana con sus aliados en Angola, Mozambique
y Etiopía.
Hay
un mito generalizado según el cual Carter fue un gran presidente, un gran
defensor de las libertades y de un hombre que hizo de los derechos humanos la
base de su conducta y su estilo de gobierno. Es posible que en su fuero íntimo
lo crea así y lo haya intentado. Debido a eso y a los compromisos que asumió,
estamos plenamente convencidos que no cumplió con todo lo que se propuso
realizar en su presidencia y que su política exterior siempre resultarán
polémicas y cada cual defenderá la que mejor le parece. No pretendemos definir
a Carter como un demonio ni nada que se le parezca. El problema es que las
cosas buenas que aparentemente intentó realizar quedaron a mitad de camino y a
medida que las presiones del llamado gobierno permanente de los Estados Unidos empezó
a golpearle las puertas, el piso y las paredes para influenciarlo acerca de que
es lo que más y mejor le conviene al imperio, se volcó decididamente hacia esos
sectores poderosos que llevan la voz cantante del poder político de los Estados
Unidos.
La
política de derechos humanos fue un fracaso estrepitoso en toda la línea y en
todos los países que trató de aplicarla. Para algunos habrá tenido éxito pero
no creemos que esto sea cierto porque sus resultados están a la vista en todo
el mundo.
Como
prueba de que la “defensa” de los derechos humanos puesta en práctica por la
Administración Carter fue un instrumento poderoso durante de la Guerra Fría
enfilado contra la Unión Soviética lo demuestra un documento de 1953 y desclasificado
en 1976, acerca de las medidas que debe tomar el gobierno de los Estados para
fomentar la guerra psicológica contra la Unión Soviética como así también las
medidas de presión política, económica e ideológica.
Vamos
a detallar los aspectos fundamentales que configuraron la política exterior de
los derechos humanos que al día de hoy sigue generando grandes polémicas,
discusiones y controversias.
1) Su gobierno apoyó y consolidó
a todas las dictaduras militares en América Latina mediante la doctrina de la
seguridad nacional, el terrorismo de estado, el plan Cóndor y la represión más
sanguinaria y salvaje jamás conocida en la región bajo los auspicios de los
derechos humanos pero no para garantizarlos sino para mantenerlos a un nivel
tal de violación que no obstaculizara las inversiones y las ganancias del
capital estadounidense en el sentido de no irritar a su opinión pública y dejar
el libre desenvolvimiento de la economía al arbitrio de las multinacionales
industriales, bancarias, financieras y de seguros. Ninguna dictadura dejó de ser
reconocida por el gobierno de los Estados Unidos. Tampoco rompió las relaciones
diplomáticas con ellas ni retiraron sus embajadores. Durante su mandato, tuvo
el desagradable placer de recibir en la Casa Blanca a muchos de los más sanguinarios
dictadores que asolaron a Latinoamérica, Asia y África. Y todo eso en nombre de
la defensa y promoción de la “american way of life”, la nueva democracia, la
libre empresa y toda la gama de eufemismos propios de una administración que se
quiso presentar como diferente a las anteriores, pero que a lo largo de su
mandato fue girando hacia posiciones más agresivas y más imperialistas.
Hay
un hecho innegable y es que cuando Carter asume la presidencia de los Estados
Unidos en enero de 1977, las dictaduras militares en América Latina ya estaban
instaladas. En Centroamérica ya gobernaban en El Salvador desde 1932 después de
la salvaje represión a la insurrección nacional de febrero de aquel año; en
Guatemala desde 1974 con el Gral. Kjell
Eugenio Laugerud García al frente de la Junta Militar; en Honduras los
militares gobernaban desde 1963 con el golpe de estado de Osvaldo López
Arellano y al llegar Carter a la presidencia ya estaba instalado desde 1975 otro
militar el Gral. Juan Alberto Melgar Castro; en Nicaragua seguía gobernando la
sanguinaria dinastía de Anastasio Somoza enfrentada militarmente al Frente
Sandinista de Liberación Nacional que encabezaba la lucha popular contra la
dictadura; en Haití seguía en el poder la criminal aristocracia terrateniente de
Jean Claude Duvalier desde 1971 con el apoyo de los asesinos a sueldo de la
banda paramilitar de los “Tonton Macoutes”. En Sudamérica la situación era la
siguiente: en la Argentina estaba gobernando la dictadura del horrible Proceso
de Reorganización Nacional desde marzo de 1976 siendo el general Videla el presidente; en Bolivia desde 1971 con el
Gral. Hugo Bánzer Suárez; en Brasil la dictadura imperaba desde 1964 y al
inicio del mandato de Carter ya gobernaba desde 1974 Ernesto Geisel hasta que
lo dejó en 1979. Fueron particularmente muy estrechas las relaciones con Brasil
basada en la concepción de Henry Kissinger según el cual adonde marche Brasil
marchará Latinoamérica y para el imperio Brasil tenía una decisiva valoración.
El propio Carter visitó Brasil como parte de su gira exterior por Latinoamérica;
en Chile desde septiembre de 1973 con la terrorista fascista Junta Militar
dirigida por Augusto Pinochet al que la escuela de Chicago le entregó su plan
económico para destruir lo creado por la Unidad Popular y hacer de Chile una
marioneta represiva al servicio de la defensa suprema de los intereses
imperiales; en Ecuador estaba gobernado por un Consejo Supremo de Gobierno al
mando de las fuerzas armadas; en Paraguay continuaba en el poder desde el 1954
el General Alfredo Stroessner al frente de la sangrienta dictadura; por su
parte el Perú estaba desde 1975 bajo el mando del gobierno militar de Francisco
Morales Bermúdez; en la República Oriental del Uruguay desde junio de 1973 Juan
María Bodaberry con ropaje legal se convirtió en el primer fascista y tirano que
destruyó una tradición de gobiernos civiles y con el incuestionable apoyo de
las fuerzas armadas que estaban plenamente comprometidas en la liquidación del
movimiento guerrillero de los Tupamaros. Mientras tanto, los únicos países que
mantenían un status institucional de gobiernos surgidos por el voto popular eran
Venezuela y Costa Rica, lo cual no quiere decir que no hayan tenido
comportamientos alejados de la estrategia de dominación mundial del imperio.
El
grado de responsabilidad que le cabe al gobierno de Carter es que teniendo todo
el poder y los medios para hacerlo, fue no condenarlas más severamente, no
controlar a las empresas de su país sobre los negocios que realizaban con esas
dictaduras, que sus bancos prestaran dinero y se arriesgaran a un alto grado de
su exposición hasta tener enormes dificultades para cobrar los créditos
otorgados.
2) La política de “derechos
humanos” de Carter no logró detener las matanzas, las torturas y el
encarcelamiento de los que resistían a las dictaduras latinoamericanas,
africanas o asiáticas o los que eran detenidos sin ninguna causa o
justificación. Ni tampoco las giras de sus funcionarios del Departamento de
Estado por estas regiones implicaron cambios substanciales en los métodos
represivos de esos gobiernos ni permitieron ni ayudaron a modificar la
situación socioeconómica de los habitantes de esos países bajo gobiernos
surgidos por golpes de estado. Como política e ideología del gobierno
norteamericano, la “defensa” de los derechos humanos resultó ser un poderoso y
atractivo medio propagandístico que se lanzó en primera instancia para ejercer
presión a la Unión Soviética en torno a los llamados “disidentes” como fueron
los casos del escritor Alexander Solzhenitsyn, el físico nuclear Andrei Sajarov,
el activista Anatoly Scharansky y otros. Esta política terminó en un completo
fracaso tanto en el objetivo de poner de rodillas a la ex Unión Soviética como en
denunciar las dictaduras militares en el mundo que los Estados Unidos supieron
notablemente conseguir y constituir.
3) Y respecto a las dictaduras
latinoamericanas vale una reflexión más: si la prédica por los derechos humanos
que el entonces presidente Carter pregonaba con tanta vehemencia los hubiera
llevado hasta las últimas consecuencias, debió haber cortado relaciones
diplomáticas con todos los países y no reconocer a sus gobiernos porque sabían
perfectamente que se trataban de bandas criminales que aplicaban métodos
criminales con el uso de la fuerza del Estado y con la máquina del Estado para
detener los procesos de cambios económicos y sociales que se vivían en Latinoamérica
por aquellos años. Y como esos cambios afectaban de manera contundente a las
empresas norteamericanas, ahí estaban las instituciones del gobierno de los
Estados Unidos para salir a defender a sus multinacionales, propiciando a los
militares genocidas al frente esos países como la mejor garantía de que nadie pueda
impedir la marcha de los negocios y la obtención de grandes ganancias incluso
al costo de estar éstas manchadas con sangre[1]. No
debemos olvidar que el presidente Mr. Jimmy Carter recibió la visita oficial en
el salón oval de la Casa Blanca del genocida mayor de la historia de los
derechos humanos de la Argentina el dictador Videla el 6 de septiembre de 1977.
Las imágenes de ese encuentro donde comparten amplias sonrisas son francamente espeluznantes.
Linda forma de defender los derechos humanos fue la de Carter atendiendo al
jefe supremo de esa banda armada de delincuentes y asesinos que fue la
dictadura militar argentina. Un día después se reúne con el sanguinario
dictador de Chile Augusto Pinochet. Ambos encuentros tuvieron como trasfondo la
ratificación de los Acuerdos por el Canal de Panamá a los que fueron invitados
los “presidentes” de los países latinoamericanos (casi todos bajo feroces
dictaduras militares). Si bien el argumento que se utiliza para justificar este
tipo de reuniones y encuentros son las cuestiones de Estado o las relaciones
diplomáticas, realmente no puede sostenerse en lo más mínimo sabiendo como bien
sabía la presidencia de los Estados Unidos y su departamento de Estado quienes
eran esos tan distinguidos visitantes.
4) Por todas estas razones no
dudamos en afirmar que la política de los derechos humanos aplicados contra la Argentina
fue contradictoria y ambivalente por no decir que fue verdaderamente lamentable
y desastrosa y que terminó en un estrepitoso fracaso. Esto es así porque por
más que haya habido funcionarios que desde su privilegiada posición de la
embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires, gracias a la información de
primera mano que poseían, intentaron que el gobierno norteamericano se interesara
de verdad por la situación de los desaparecidos y los presos políticos argentinos,
víctimas de la represión sanguinaria de la dictadura, no lograron detener ni
evitar la masacre en curso porque no quisieron hacerlo debido a que no era esa
la política que le importaba a la Administración Carter. Es más, al gobierno de
los Estados Unidos le convenía perfectamente que esta dictadura rabiosamente
anticomunista reprimiera de esa forma ya que era la única manera de garantizar
plenamente la implantación del nuevo paradigma económico para el cual se
realizó el golpe de estado de marzo de 1976. Es conocido como los funcionarios
de la dictadura se alegraban por haber contribuido a que la industria
metalúrgica se quedara con 500.000 obreros menos, que hayan dejado millones de
desocupados por las miles de fábricas cerradas por la importación descontrolada
de artículos basura que se fabricaban con salarios de esclavos, que las
actividades por cuenta propia fuera la nueva modalidad para seguir trabajando de
modo tal que se rompiera la tradicional solidaridad entre los trabajadores al
quedarse fuera de los sindicatos y de esa manera que los vínculos entre los
trabajadores se basen en la ley de la selva.
La destrucción de la poderosa
clase obrera argentina que desde los años de la resistencia a la dictadura
fusiladora de 1955 que derrocó al gobierno constitucional del General Juan Domingo
Perón y que gozaba de un amplio del pueblo argentino, había crecido en la cantidad
y en la calidad de sus dirigentes y sobre todo en la capacidad de lucha y de organización,
era el mayor peligro que afrontaban las clases dirigentes argentinas, porque se
habían planteado seriamente cuestionar su poder y algunos grupos ya planteaban de
hacerlo de una manera revolucionaria que en esos años significaba tomar el
camino de la lucha armada. El imperialismo y nuestra oligarquía de las vacas y
los granos no podía permitir ni tolerar un intento de cambio revolucionario como
sostenían las organizaciones guerrilleras por más insípido que fuese ese
intento de transformar las estructuras de poder en la Argentina. Y fue ese
sector social, siempre tan patriótico para defender sus miserables intereses de
clase, es el que llamó desesperadamente a los militares para que ponga fin a la
fuerza de los sindicatos y a los trabajadores e instaure el “orden”, la “moral”
y las “tradiciones occidentales y cristianas”: la tradición, la familia y la
propiedad. Esta mutación política en la consciencia y en la mentalidad del
pueblo y en los habitantes de la Argentina que, exacerbada por la asquerosa
propaganda de la dictadura con todos los medios masivos de comunicación a su
favor al pasar avisos televisivos que festejaban con bombos y platillos la
“derrota del marxismo-leninismo y sus aliados ideológicos”, tuvo gravísimas
consecuencias para el desarrollo de la lucha del pueblo con la pérdida de
valientes dirigentes sindicales, de políticos comprometidos con los problemas
del pueblo y de muchos intelectuales como expresión de esas mentes brillantes
que a través de sus escritos, estudios, libros, artículos, ensayos e ideas, fueron
capaces de marcar el camino para orientar a los sectores más desprotegidos y
olvidados del país acerca de que tipo de Argentina tenemos, los cambios que
necesitamos y hacia donde marchaba el mundo. Al imperialismo poco le importaba si
violaban o no los derechos humanos, sobre todo si se trataba de un país como la
Argentina que no tenía ningún peso ni incidencia alguna en la política y en la
economía mundial. Para Estados Unidos era fácil tratar con un régimen como la
dictadura argentina porque sabían claramente que nuestro país no tenía ninguna
forma de tomar represalias en caso de que el Poder Ejecutivo o el Congreso
Norteamericano aprobase medidas severas como las sanciones económicas para que
dejen de reprimir y así poder salvar vidas de manera decisiva y verdadera. Un
claro ejemplo fue el sonado caso de los créditos del Banco de Exportación e
Importación (Eximbank). Ni siquiera la visita de la Comisión Interamericana por
los Derechos Humanos -por más fuerte, terrible y contundente que haya sido su
informe final sobre el caso argentino- el estado terrorista de la dictadura
argentina siguió encarcelando, torturando y asesinado y el Eximbank y los demás
poderosos bancos de los Estados Unidos siguieron prestando y cada año en mayor
volumen. Y no es un dato menor que durante el gobierno de Carter tiene el lugar
el explosivo endeudamiento externo latinoamericano en general y el argentino en
particular.
5) La dictadura militar argentina
se comportó solemnemente con el gobierno de los Estados Unidos y su política
económica resultó altamente favorable para sus empresas y bancos porque trabajó
para que realizaran grandes negocios, participando en todos los negociados y en
todos los desastres económicos que dejaron estuvo la mal llamada mano invisible
del mercado que propugnaba la Escuela de Chicago. Así podemos afirmar que fueron
los bancos norteamericanos quienes realizaron los principales préstamos y
otorgaron suculentos créditos que dieron origen a la deuda externa argentina.
Entre 1977 y 1980 en pleno gobierno de Mr. Carter, Estados Unidos fue el país
que más inversiones directas realizó en la Argentina ya que tuvo lugar una
notable expansión de sus entidades financieras, bancos, seguros, en el sector
petrolero y petroquímico[2].
Un ejemplo de la fuerte
participación de las empresas norteamericanas en la economía argentina lo puede
dar el hecho de que entre 1979 y 1981 de los quince bancos extranjeros que
ingresaron al país, siete de ellos fueron de los Estados Unidos. Esta es una
cifra impresionante porque durante un poco más de un siglo (entre 1863 y 1969)
entraron al país 17 bancos multinacionales y en solo 3 años casi iguala la
cantidad que tardó en ingresar en esos cien años. Como consecuencia de estos
movimientos, la banca extranjera pasa de estar integrada por 17 entidades a 32
y cantidad de sucursales aumentó de 219 en 1977 a 241 a finales de 1980[3]. Y esto no es para nada casual sino que se
enmarca en el nuevo modelo que se impuso a la Argentina en particular y a
América Latina en general, donde el sector financiero, bancario y de servicios
comenzó a sustituir a las agroindustrias en su participación en el producto
bruto interno provocando una fortísima pérdida de su gravitación como motor del
crecimiento económico, en la generación de empleo y en la destrucción del
sector sindical argentino, que fue principal objetivo de la dictadura entre
1976 y 1983.
6) La real preocupación de los
Estados Unidos frente a la dictadura militar argentina no era en absoluto la
situación de los miles de desaparecidos, presos, torturados y exiliados
provocado por la represión salvaje. El gobierno norteamericano gracias a la
actividad de destacados funcionarios de su embajada, sabían perfectamente lo
que pasaba en la Argentina; estaban al tanto de todos los desastres que
cometían los grupos represivos y lo que se puede leer en los famosos documentos
desclasificados corrobora todo lo que aquí se sabía de que los Estados Unidos
conocían perfectamente todas las atrocidades que se cometían en la Argentina.
La real preocupación del gobierno norteamericano era que la Argentina debía
seguir perteneciendo al mundo occidental y cristiano y que la represión a la
“subversión apátrida” como la llamaba la dictadura, era el precio que debía
pagar nuestro país para vivir en paz y que nada debería entorpecer la marcha de
los negocios de las compañías multinacionales.
7) El terrorismo de Estado que
asoló en toda Latinoamérica, se construyó con las doctrinas creadas por los
ideólogos del imperialismo tanto del lado norteamericano con sus métodos de
contrainsurgencia practicados en Vietnam como del lado francés con sus terroríficos
sistemas de combate desarrollados durante la guerra de Argelia que se convirtieron
en los maestros de los alumnos militares argentinos para recibir entrenamiento,
inteligencia y organización. Y todo eso en el marco de la Guerra Fría para la
lucha y el combate contra el comunismo lo cual implicaba la represión masiva de
los pueblos porque en varios países la existencia de poderosas fuerzas
guerrilleras de izquierda ponían en jaque a los gobiernos sostenidos por los
Estados Unidos y además por su grado de organización, movilidad y combatividad
estaban con altas posibilidades de triunfar. Acá podemos nombrar el caso de El
Salvador donde la ayuda militar norteamericana tanto a la dictadura y luego
gobierno fantoche del democristiano de Napoleón Duarte que reprimían a la
guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional nunca cesó. Por
esta razón, el arzobispo de San Salvador César Arnulfo Romero envió una carta
al Presidente Carter para que dejara de enviar armas y pertrechos militares al
gobierno de su país con las cuales asesinaba a la población[4]. El
temor de los Estados Unidos estribaba en que no podía permitir por ninguna
razón otro triunfo revolucionario de izquierda dirigido por un movimiento
insurgente según el modelo cubano. En el marco de la guerra fría, los intereses
imperialistas de los Estados Unidos consistían en la defensa de la cuenca del
Caribe como una zona de seguridad estratégica fundamental porque por ahí
transitaba más del 50% del comercio internacional. Solamente a El Salvador, las
agencias norteamericanas de ayuda exterior para salvar a la Junta Militar que se
encontraba en una bancarrota económica y financiera y además acorralada por la
presión de la guerrilla del FMLN que estaba a punto de tumbarla, le inyectaron
317 millones de dólares solamente entre enero y junio de 1980 para sostener a
este gobierno corrupto, asesino y fascista[5].
8) Otro paladín de la democracia
y de los derechos humanos al que la Administración Carter le brindó apoyo fue
el dictador de las islas Filipinas, Ferdinand Marcos, porque su país le alquiló
importantes bases militares como parte de la estrategia global de lucha contra el
comunismo y el expansionismo soviético.
Con la anuencia del Congreso se le envió material de guerra para el período
1979-1983 por más de 400 millones de dólares. ¿Y para qué quería tanto
armamento? Para enfrenar a la guerrilla izquierdista del Nuevo Ejército del
Pueblo de orientación maoísta con fuerte presencia en las principales
provincias del país. Mantener las bases militares norteamericanas a cambio de
créditos para que la dictadura de Marcos reprimiera al grupo insurgente fue el
brillante negocio del gobierno de Carter. Y todo en aras de los derechos
humanos.
9) Uno de los más siniestros
personajes de la diplomacia de los Estados Unidos, Henry Kissinger, ex
secretario de Estado de las Administraciones Nixon y Ford, ideólogo de los
bombardeos con napalm en Vietnam, cerebro del derrocamiento de Salvador Allende
en septiembre de 1973 y acusado por crímenes de lesa humanidad, visitó la
Argentina durante el mundial de 1978 destacando el buen desempeño de los militares
en la represión y los felicitó por haber “triunfado” en la “lucha contra el
terrorismo marxista”. Entre las maravillosas figuras que vinieron a la
Argentina en visita oficial para monitorear la situación interna, y presionar a
la dictadura en los objetivos estratégicos de la política exterior de los
Estados Unidos, fueron, en primer lugar, el general Gordon Summers quien en
aquellos años era presidente de la Junta Interamericana de Defensa de la OEA. Estuvo
en la Argentina para convencer a la dictadura de Videla de los beneficios que
tendría para nuestro país participar en una “misión de paz” de las Naciones
Unidas, enviando un contingente militar a la península del Sinaí a los efectos
de controlar la retirada del Estado de Israel de esos territorios conforme a
los acuerdos de Camp David. El único país de América Latina que se sometió a
los dictados de Washington y participó en la expedición militar al Oriente
Medio fue Colombia bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala (1978-1982).
10) Y ya que estamos con Colombia
es bueno repasar los aspectos centrales del cumplimiento de los derechos
humanos en este país durante el mandato de Jimmy Carter. Con Turbay Ayala se
instala en Colombia un gobierno anticomunista que decide romper relaciones diplomáticas
con Cuba, con la Nicaragua Sandinista y seguir de manera concreta las
orientaciones de los Estados Unidos uniéndose a su política de contención del
comunismo y del “expansionismo soviético” en el mar Caribe. Por esta posición
de férreo acercamiento a los Estados Unidos, Colombia recibe todo tipo de ayuda
política y militar tanto para combatir a las guerrillas de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Movimiento 19 de Abril (M-19) como al
narcotráfico. Frente a las protestas masivas del pueblo colombiano por severa
crisis económica que afectaba al país, el gobierno de Turbay Ayala desencadenó
una feroz represión que contó con el visto bueno de los Estados Unidos cuya
fundamentación legal la implantación del estado de sitio y la aprobación del
Estatuto de Seguridad el 06 de septiembre de 1978 al mes de haber asumido la
presidencia y bajo la presión de los militares para que los autorice a liquidar
a los movimientos insurgentes y las luchas populares que se venían dando con
mucha fuerza. Dicho estatuto al amparo de la vigente doctrina de la seguridad
nacional del Pentágono significó para el pueblo colombiano la aparición de los
grupos paramilitares como “Muerte a los Secuestradores” que llenaron de sangre
al país en una escalada de violencia de tal gravedad que obligó al exilio al
mismísimo Gabriel García Márquez, la figura más emblemática y relevante de la
cultura colombiana.
11) Hasta aquí hemos hablado de
la política del gobierno de Jimmy Carter sobre derechos humanos como la piedra
basal de su política exterior. Ahora nos vamos a referir como esta presidencia promovió
la defensa de los derechos civiles en su propio país para que se sepa y se comprenda el doble discurso de la
ideología imperialista, que en esta materia se revela con total contundencia
que es únicamente política de embaucadores.
En julio de 1980 se da a conocer
un informe elaborado por la Comisión por los Derechos Civiles, una agencia independiente
con representación de los dos partidos mayoritarios del país el Demócrata y el
Republicano creada en 1957 en el que denuncia la flagrante violación a los
derechos humanos en los Estados Unidos. Al comienzo de este estudio hay una
carta dirigida al presidente Jimmy Carter en el que le describen la situación
en el país:
“Las violaciones a los derechos civiles de nuestro pueblo por parte de
algunos miembros de departamentos de la policía, constituyen un serio problema
nacional, especialmente en vista de la angustia que esas han causado entre
grupos minoritarios”[6]
Concluye esa carta diciéndolo lo siguiente:
“Como nación debemos hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para terminar con el
abuso por parte de la policía y la violencia civil que esto engendra”[7]
Este trabajo denunciaba el
peligro que representa para las personas el “uso mortífero” de la fuerza por
parte de los agentes policiales encargados de proteger a los ciudadanos y este
problema abarcaba a muchas ciudades del país como Birmingham, Alabama, Denver,
Colorado, Houston, Texas, Jackson, Mississipi, Los Ángeles, California, New
York, Filadelfia, Pennsylvania, el área de la bahía de Tampa en Florida y
Georgia. Es decir, un cuadro gravísimo que abarcaba a toda la nación. Esta
brutalidad policial era denunciada por el carácter discriminatorio hacia la
población negra, porque el daño que ocasiona afecta en tan alto que ya debe ser
planteado como una cuestión de seguridad pública porque la desconfianza hacia
las instituciones policiales durante la era Carter - de acuerdo a los análisis
de este informe – iba creciendo y era necesario modificarlo para que la gente
vuelva a creer en ella. El mal trato, el abuso de la fuerza, el comportamiento
criminal de los agentes hoy también sigue afectando a la sociedad
norteamericana puesto que todas las semanas leemos noticias de esta naturaleza.
En el campo de la salud pública
que es una de las formas en que mejor debe defenderse los derechos humanos
porque está en juego la vida de las personas, durante la Administración Carter
el 40% de los enfermos no lograron tener el seguro médico que necesitaba;
alrededor de 22 millones de personas no tenían el seguro médico y otras 15
millones lo habían perdido por accidentes o por enfermedades profesionales.
También la presidencia de Carter enfrentó serios problemas con el índice de
desempleo ya que una tasa superior al 6% fue considerada altísima para los
estándares de vida de los Estados Unidos. Lo mismo sucedía con la inflación
puesto que justo al comienzo de 1980, el año de las elecciones presidenciales,
los precios subieron hasta dos dígitos llegando al 13%, un factor decisivo en
su futura derrota de noviembre.
Está claro que a Jimmy Carter y a
todo el sistema de poder de los Estados Unidos solo le preocupaba la
“violación” de los derechos humanos en la Unión Soviética, pero de la situación
interna en su país ni una palabra. Acerca del carácter conservador de la
política interna de Carter como parte de su cacareado humanismo y de denuncia
hacia las dictaduras que ayudaron a violar las normas más elementales de
convivencia, el entonces senador Edward Kennedy decía:
“La administración Carter dio la
espalda a problemas que había prometido resolver al iniciar la campaña
electoral. También dio la espalda a la gente que sufre permanentemente estos
problemas, a la gente que ha perdido su trabajo o está a punto de ser
despedida; a los padres que no pueden mandar al colegio a sus hijos e hijas; a
los enfermos que nos están en condiciones de pagar su curación; a los ancianos
que deben elegir entre la calefacción de su vivienda y la comida en su mesa”.
No creemos que con esta descripción a alguno se le ocurra tildar de “radical” (en
su significado que tiene para los norteamericanos -ser de izquierda-) a
Kennedy. Sin embargo, este análisis se ajusta a la realidad ya que fueron los
grandes motivos que causaron su derrota completa en las elecciones de noviembre
de 1980 a manos del republicano Ronald Reagan.
En conclusión, frente a quien
piensan con sus razones que la política de los derechos humanos proclamada por
Carter hizo mucho por mejorar la situación de las personas sometidas a la
represión terrorista del estado tenga este ropaje democrática o fueran
dictaduras genocidas, no dudamos en afirmar todo lo contrario y calificamos a
la visión de los derechos humanos como desastrosa por que teniendo todo para
impedir sus constantes violaciones, teniendo todos los medios a su alcance a
través de la presión económica y política, el bloqueo de las cuentas
exteriores, la imposición de sanciones, trabas al comercio, y otras, no
hicieron nada para detener las masacres generalizadas. Solo atinaron a
manifestar su “alta preocupación” en el elíptico lenguaje de la diplomacia. Lo
que realmente les preocupaba era la seguridad de sus empresas y bancos para que
sigan operando en esos países bajo dictaduras y que nada haga disminuir las
ganancias de sus millonarios negocios.
La política de derechos humanos
lanzada por Carter fue en resumidas cuentas una política basada claramente en
la concepción liberal donde el primero derecho humano a defender fue el de la
propiedad privada y junto a ellos a las instituciones clásicas que mejor la
representan: las empresas, los bancos multinacionales y las embajadas
instaladas en los países con lo que mantuvo relaciones diplomáticas. Esto
significaba sostener el sistema de dominación imperante en todo el mundo,
criticar con vehemencia y dureza a los países que bajo gobiernos
revolucionarios como la Nicaragua Sandinista, Grenada o Cuba y por supuesto los
que formaban parte de la comunidad socialista, no permitían de acuerdo al criterio
del Departamento de Estado, la inexistencia de la “democracia”, del “pluralismo
político”, de la existencia de “procesos electorales” en el cual el pueblo
pueda elegir a las autoridad de los distintos niveles. Todo esto constituyó el principal
caballito de batalla del imperio para presionar a todos estas naciones,
acusándolas de “falta de libertades”. Justamente el gobierno Estados Unidos se
atreve a hablar de pluralismo político cuando hace más de 200 años que ahí se
reparten el poder dos partidos, cuyas elecciones se realizan en días laborables
para que nadie vaya a votar y ganen los privilegiados millonarios de siempre. Con
países con los que tuvo excelentes relaciones como las teocracias petroleras de
Medio Oriente, no hubo una solo crítica, una sola denuncia por violación a los
derechos humanos. Durante los años de la guerra fría la lucha ideológica
(porque así es como debe plantearse la confrontación de ideas entre los dos
sistemas que dominaron al mundo entre 1917 y 1991) sobre el partido único y el
pluralismo caracterizó buena parte del debate y del tipo de respuesta que se le
dio permitió proclamarse vencedor uno y vencido el otro.
[1])
Es importante recordar que la dictadura
argentina siguió matando hasta el último año que estuvo en el poder como fueron
los notorios casos de los dirigentes peronistas Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra
Rossi asesinados salvajemente en mayo de 1983.
[2])
Ver Naciones Unidas. Las empresas
transnacionales en la Argentina. Estudios e Informes de la CEPAL Nº 56,
Santiago de Chile, 1986, páginas 56 y siguientes-.
[4]) Estados Unidos le entregó a las Fuerzas
Armadas de El Salvador fusiles de asalto de todo tipo, helicópteros artillados,
instructores militares y toda la logística necesaria para combatir y reprimir
al FMLN. Además de asesoramiento militar a través de Honduras, base militar del
imperio.
[5]) Ver Armando Cavalla Rojas. Centroamérica en la estrategia
militar norteamericana bajo la Administración Carter. Revista de la Universidad Autónoma de México, página
162.
[6] Comisión de los Derechos Civiles de los Estados Unidos,
Informe sobre Prácticas policiales y la preservación de los derechos civiles. Julio 1980.
Thurgood Marshall Law Library, University of Maryland School of Law, Baltimore,
Maryland, página II.
[7] Ibídem, página III.
