EL GOLPE DE
ESTADO EN BRASIL: EL FIN DE DILMA
Por Sergio
Daniel Aronas – 31 de agosto de 2016
El golpe de estado concretado en el día hoy contra el gobierno del
Partido de los Trabajadores pone en evidencia toda una serie de cuestiones
relacionadas con el tema de la construcción de poder en el ejercicio de la
Presidencia por un partido de izquierda que debe enfrentarse a los manejos,
influencia y a la presión de las fuerzas de la derecha más golpista, más fascista, más reaccionaria y más caníbal
cuando se trata de defender sus posturas económicas o como las llamaba Salvador
Allende en su último discurso del 11 de septiembre de 1973, “granjerías y
privilegios de clase”.
El gobierno de Dilma es también culpable por la elección de las alianzas
que formó para obtener la mayoría electoral necesaria y suficiente para ganar
las elecciones que le revalidaron su segundo mandato que hoy termina
definitivamente. Es esa clase burguesa, oligárquica y pro imperialista, la que
terminó traicionando su mandato llevándola a una destitución de tipo “legal” y
que fue muy bien planificada desde los
círculos más altos de los despachos imperiales de Washington. Seguramente los
voceros del Presidente Barack Obama cínicamente van a decir que no tuvieron
nada que ver con la caída de Dilma, ya que eso es un asunto interno de los
poderes constitucionales de Brasil.
En América Latina no hay golpe de estado a la vieja usanza mediante la
sublevación de un sector de las Fuerzas Armadas o todas ellas unidas en
conjunto para luego desatar un baño de sangre como sucedió durante todo el
siglo XX. El imperio aprende, estudia, sopesa la historia pasada y la proyecta
al futuro evaluando las mejores alternativas para que un cambio de gobierno
como el que se dio en Brasil, no se pueda acusar a los Estados Unidos de estar detrás
de este derrocamiento legislativo.
Brasil no sólo es el país más de América Latina, es una potencia
económica con fuerte presencia en el campo internacional y para los Estados
Unidos la situación en Brasil siempre ha sido motivo de preocupación y de
ocupación tanto de los funcionarios estadounidenses que actúan el Departamento
de Estado como así también en Defensa, en el gabinete de ministros, en los
embajadores y en el cuerpo diplomático.
La ahora ex presidente declaró tras su destitución:
"Es el segundo golpe de Estado que enfrento en la vida. Primero fue
el militar (1964), que me afectó cuando era una joven militante; el segundo fue
el parlamentario, que me derriba del cargo para el que fui elegida",
afirmó en su primer pronunciamiento tras la destitución, ante decenas de
partidarios.
"Hoy el Senado tomó una decisión que entra a la historia de las
grandes injusticias: escogieron rasgar la Constitución; decidieron interrumpir
el mandato de una presidente que no cometió ningún crimen; condenaron a una
inocente y consumaron un golpe parlamentario", denunció en un enérgico
discurso, en el que también afirmó: "No digo adiós, digo hasta
pronto" (Página 12, edición electrónica, 31/8/2016).
A diferencia de Fernando Collor de Mello destituido en 1992 por
corrupción, a la ex Presidente Dilma Roussef no se le pudo probar ningún delito
que haya cometido por actos que deriven en acciones corruptas en el ejercicio
de su gobierno desde 2011, sino por una increíble interpretación de la política
económica con vista de reducir el déficit fiscal. Algo verdaderamente insólito
Va la cronología de los hechos y una serie de artículos de importantes
analistas e investigadores para entender el actual proceso político de Brasil
Cronología del derrocamiento (tomado de Página 12)
Por 61 votos a favor de la destitución y 20 en conetra, Dilma Rousseff
fue apartada del cargo de presidenta de Brasil, más de cinco años y medio
después de haber sido electa por primera vez y luego reelecta.
Estos son los principales acontecimientos que condujeron desde el año
pasado a que el Senado destituyera en un controvertido "impeachment"
a la primera presidenta mujer de Brasil.
2015
Entre mayo y septiembre: Grupos opositores presentan varios pedidos de
destitución contra Rousseff por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas
para ocultar el verdadero déficit fiscal, las llamadas "ruedas" o
"pedaladas fiscales".
2 de diciembre: El entonces presidente de
la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acepta a trámite una de la denuncias
contra el Gobierno e inicia con ello el proceso de "impeachment".
Poco antes, la bancada del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) había
apoyado una investigación contra Cunha por presunta corrupción.
2016
17 de marzo:La Cámara de Diputados elige a
una comisión especial para analizar la solicitud de juicio político contra
Rousseff.
29 de marzo: El Partido del Movimiento
Democrático Brasileño (PMDB), del entonces vicepresidente Michel Temer y de
Cunha, abandona la coalición gubernamental que formaba con el PT de Rousseff
desde 2011.
17 de abril: El pleno de la Cámara de
Diputados aprueba con una mayoría de más de dos tercios el proceso de
"impeachment", que es enviado al Senado para una decisión sobre la
suspensión temporal de la presidenta.
25 de abril: El Senado crea una comisión
especial para analizar la solicitud de juicio contra Rousseff.
5 de mayo: El Supremo Tribunal Supremo
de Brasil suspende del cargo de presidente de la Cámara de Diputados a Cunha
por obstaculizar investigaciones en su contra.
6 de mayo: La Comisión Especial del
Senado recomienda la apertura del proceso de "impeachment" contra
Rousseff.
9 de mayo: El presidente interino de
la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, anula la votación a favor del
"impeachment" del 17 de abril. Horas después, sin embargo, revoca esa
decisión.
12 de mayo: El Senado acepta el proceso
de "impeachment" y suspende a Dilma Rousseff por 180 días. El
vicepresidente Michel Temer, acusado públicamente de "conspirar",
asume la presidencia de forma interina.
6 de julio: El abogado de Rousseff
presenta por escrito su defensa ante el Senado.
4 de agosto: Una comisión especial del
Senado aprueba el informe del legislador Antonio Anastasia, relator de la
Comisión Especial a cargo del "impeachment", recomendando la apertura
del juicio.
10 de agosto: El pleno de la Cámara alta
aprueba con una clara mayoría el informe de Anastasia y abre el juicio
definitivo contra Rousseff.
25 de agosto: Arranca el juicio final del
"impeachment".
29 de agosto: Rousseff se defiende
personalmente de las acusaciones en su último discurso como presidenta ante el
pleno. La mandataria de 68 años reitera sus acusaciones de que el juicio es un
"golpe de Estado" y deja claro que no renunciará.
31 de agosto: El Senado de Brasil
destituye a Rousseff con una clara mayoría superior a los dos tercios de la
Cámara, compuesta por 81 senadores.
¿SE PUEDE DECIR LO MISMO DE SUS VERDUGOS?
LA CONCIENCIA
TRANQUILA DE DILMA
Cynara Menezes - Alainet
– 31/08/2016
Con un discurso coherente y una postura nuevamente orgullosa, serena y
digna ante los verdugos, la presidenta Dilma Rousseff asegura un lugar en el
panteón de las víctimas de la injusticia histórica. Si este golpe se concreta,
y parece que lo hará, Dilma va a estar al lado de João Goulart, Salvador
Allende, Juana de Arco, Sacco y Vanzetti y tantos otros grandes hombres y
mujeres inmolados por las fuerzas reaccionarias "en nombre del
pueblo". Al igual que ellos, la palabra "honor" se adapta como
un guante a la biografía de Dilma. En el lado opuesto, en el de los cobardes y
traidores, estarán los que la condenaron, y esto incluye a los lamentables
medio de comunicación que dominan nuestro país.
"La historia se repite, la primera vez como tragedia y la segunda como
farsa": la frase de Marx se hace eco en nuestras cabezas como una mala
broma. Es imposible no comparar la presencia de Dilma en el plenario del
Senado, cercada de las aves de rapiña de traje y corbata, con la famosa foto de
la joven Dilma rodeada de los cuervos de verde oliva y los quepes del tribunal
militar de la dictadura. Pero, por extraño que parezca, el ejército logró tener
un mínimo de vergüenza en la cara y optó por ocultar los rostros del registro
de la historia. Los golpistas de hoy ni ese pudor tienen y caminan con el
rostro descubierto y todavía cazan, como moscas, a los reporteros de la
televisión para que los exhiban frente a las cámaras.
La propia Dilma se encargó de recordar la semejanza trágica entre los
dos episodios. "No cometí ningún delito de responsabilidad. Los cargos
contra mí son injustos y poco razonables. Cesar definitivamente mi mandato es
como someterme a una pena de muerte política. Este es el segundo juicio al que
estoy sometida en el que la democracia tiene un asiento, conmigo, en el
banquillo de los acusados", expresó.
"La primera vez, fui condenada por un tribunal especial. De aquella
época, además de las marcas dolorosas de la tortura, quedó el registro, en una
imagen, de mi presencia ante mis verdugos, en un momento en que los miraba de
frente, ya que ocultaban sus rostros, por temor a ser reconocidos y juzgados
por la historia. Hoy, cuatro décadas después, no hay detención ilegal, no hay
tortura, mis jueces llegaron aquí con el mismo voto popular que me llevó a la
Presidencia. Tengo para todos el mayor respeto, pero mantengo la cabeza
erguida, mirando a los ojos de mis jueces".
La conciencia de Dilma brillaba en su voz, ahogada a veces, y en su
mirada. ¿Quién allí, entre los que la juzgaban en aquella sala podría decir que
también está con la conciencia tranquila? ¿Quién de los que dieron el veredicto
anticipado de "culpable" a la presidenta, podría decir que duerme el
sueño de los justos? ¿Quién entre los participantes de ese escenario tiene de
hecho estatura moral para condenarla? ¿Y quién lejos de la Cámara del Senado,
en la tranquilidad de sus hogares, puede afirmar con el corazón abierto que se
está derrocando una presidenta honesta por el bien de nuestro país? La mentira
es incompatible con el amor a la patria, a pesar de las camisetas verde
amarillo de la selección con las que estas personas salieron a las calles para
pedir la cabeza de una mujer inocente.
Yo y muchos brasileños, votantes o no de Dilma, vamos a seguir
defendiendo su mandato hasta el final. No porque encontramos en su gobierno el
mejor de los mundos; no porque estemos de acuerdo con todo lo que Dilma hizo en
su cargo; sino por una cuestión de principios, porque esto es lo que hay que
hacer. Personas verdaderamente honestas tienen principios y nunca renuncian a
ellos. Sólo los corruptos renuncian a sus principios.
Vuelvo a Dilma: "A los casi setenta años de edad, no será ahora,
después de ser madre y abuela, que vaya a abdicar de los principios que siempre
me han guiado. Ejerciendo la presidencia he honrado el compromiso con mi país,
con la democracia, con el estado de derecho. He sido inflexible en la defensa
de la honestidad en la gestión de la cosa pública. Por lo tanto, antes de que
las acusaciones contra mi sean expuestas en este proceso, no puedo dejar de
sentir, en la boca, nuevamente, el sabor áspero y amargo de la injusticia y la
arbitrariedad. Y por eso, como en el pasado, resisto. No esperen de mí el
obsequioso silencio de los cobardes".
Es un principio básico de la democracia no condenar a los ciudadanos
injustamente. Cuando esta premisa -fundamental en cualquier sociedad
considerada "civilizada"- se viola, entramos en la barbarie. Cuando
esta regla inquebrantable se rompe, todo puede estar permitido: que entren en
nuestras casas en medio de la noche, que secuestren a nuestros hijos, padres,
hermanos y hermanas, y arresten, torturen y maten a la gente sólo por
manifestarse contra el autoritarismo. Esta película ya la vimos antes.
"No tengo ninguna duda de que, esta vez también, todos seremos juzgados
por la historia. Dos veces vi de primera mano la cara de la muerte: Cuando fui
torturada durante días seguidos, sometida a crueldades que nos hacen dudar de
la humanidad y del propio sentido de la vida; y cuando una enfermedad grave y
extremadamente dolorosa pudo haber abreviado mi existencia. Hoy en día sólo
temo la muerte de la democracia, por la que muchos de nosotros, presentes aquí
en esta Cámara, luchamos con el mejor de nuestros esfuerzos ", recordó
Dilma.
Nunca olvide, presidenta: la historia está de su lado. No es sobre su
cabeza que estará estampada la marca de golpista, de enemiga de la democracia,
y mucho menos de corrupta. En cuanto a los que ahora la condenan, por
desgracia, sabemos que poco les importa el juicio de la historia. No les preocupa
ni les importa el sucio papel que están desempeñando frente a la nación e
incluso frente a sus familias. Consumar este golpe les significará a los
derrotados en las urnas lo que siempre persiguen: dinero y poder. ¿Qué
representa tener una conciencia tranquila, frente a lo que para ellos es la
verdadera razón de existir?
Fuente original: http://www.socialistamorena.com.br/
(Traducción ALAI): http://www.alainet.org/es/articulo/179858
BRASIL YA NO
SERÁ IGUAL
Cualquiera que sea el desenlace inmediato de la más profunda y
prolongada crisis que el país ha vivido, Brasil no saldrá igual, nunca más será
el mismo que fue. Será mejor o peor, pero nunca más el mismo. La crisis devastó
la credibilidad de todo el sistema político, liquidó la legitimidad del
Congreso, propagó la falta de creencia en el Sistema Judicial e hizo que el
pueblo sepa que no basta votar y ganar cuatro elecciones para que el mandato
presidencial sea respetado. En resumen, lo que se creía que el país tenía como
República, se terminó. Lo que se difundía que era un sistema político
democrático, ya no sobrevivirá. O bien Brasil construye una democracia sólida –
para lo cual el Congreso actual, esta Justicia, este monopolio de los medios de
comunicación no podrán seguir existiendo como ahora – o el país deja realmente
de vivir en democracia.
La derecha brasileña muestra su cara sin eufemismos. Al inicio alegaba
que se trataría de un proyecto para “reunificar el país”, supuestamente
dividido por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Se valía de la
pérdida de popularidad del gobierno Dilma, así como del Congreso más
conservador y descalificado que el país ha tenido, como también del rol
escandaloso y ya sin ningún pundonor de los viejos medios de comunicación, para
destruir la democracia política que hemos tenido y promover un gobierno
antidemocrático, antipopular y antinacional.
Muy rápidamente fue posible constatar que se trata simplemente de lo que
se denunciaba por toda la región: el proyecto de restauración del modelo
fracasado en los años 1990 con Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique
Cardoso, por un gobierno golpista y minoritario, contra el pueblo, contra la
democracia y contra el país.
¿Cómo se va a pronunciar el Supremo Tribunal Federal sobre cualquier
tema, si ha callado frente al golpe, puesto en práctica bajo sus narices,
presidido en el Senado por su Presidente, que apoya todas las brutales ilegalidades
que se practican? ¿De qué sirve una Justicia, un STF, que no está para impedir
que un crimen en contra de la democracia sea perpetrado por el Congreso? Lo que
hay es un silencio cómplice, mezclado con un vergonzoso aumento del 41% de sus
salarios, concedido públicamente – con fotos en los periódicos -, por Eduardo
Cunha, el político más corrupto del país, cuya impunidad solo se da por la
complicidad de los que deberían punir, así como a tantos otros miembros del
gobierno, incluso el presidente interino. Ya no habrá democracia en Brasil sin
un Sistema Judicial elegido y controlado por la ciudadanía, con mandatos
limitados y poderes circunscritos.
No habrá democracia en Brasil sin un Congreso efectivamente elegido y
sin financiamiento privado, sin que represente a los lobbies elegidos por el
poder del dinero. Un Congreso democrático tiene que estar fundado en el voto
condicionado, por el cual los electores controlen aquellos en quienes han
votado y que se comprometan con un programa y con un partido determinado.
En una democracia, todos tienen el derecho a la voz, la opinión pública
no puede ser fabricada por algunas familias, que imponen su punto de vista al
país, como si pudieran hablar en nombre del país, aun cuando han perdido cuatro
elecciones presidenciales consecutivas. Nadie debe perder el derecho a hablar,
pero todos deben tener el derecho a expresarse, sino, no se trata de una
democracia, sino de la dictadura de una minoría oligárquica.
En una democracia un impostor no podría haber asumido la presidencia,
aunque interina, por un golpe e imponer el programa económico derrotado cuatro
veces sucesivamente, incluso en dos veces en que ese golpista estuvo en la
lista vencedora, con un programa radicalmente opuesto al vencedor. Si ello
ocurre, es porque la democracia fue herida de muerte, la voluntad de la mayoría
fue desconocida.
Si el golpismo triunfa en el Senado brasileño, será necesario hacer que
pague duramente el precio del atentado que está perpetrando. Que sus proyectos
fracasen, que la vida de sus componentes se vuelva insoportable, que su banda
de ladrones sea víctima de la ingobernabilidad. Que se ocupe y se resista en
todos los espacios del gobierno ilegítimo, antidemocrático, antipopular y
antinacional.
Es parte indisoluble de la resistencia democrática impedir cualquiera
acción en contra de Lula, que representa los anhelos mayoritarios del pueblo
brasileño, conforme las mismas encuestas que los golpistas han utilizado para
buscar legitimidad popular, apuntan. Esta será la señal de que sobreviven
espacios democráticos o no. Si logran blindar de tal forma su gobierno y
constitucionalizar el neoliberalismo, habrán enterrado definitivamente
cualquier señal de democracia en Brasil. En ese caso ellos tendrán el mismo
destino de sus antecesores: serán tumbados, derrotados, execrados y un nuevo
tribunal de la verdad los juzgará y los condenará por crimen en contra de la
democracia. Serán derrotados por el pueblo, por la democracia, por el país, que
construirán una democracia de verdad en Brasil.
LA ENCRUCIJADA
ENTRE LA DEMOCRACIA Y LA OLIGARQUÍA DE DERECHAS
EDITORIAL
DEL PORTAL VERMELHO - TRADUCCIÓN DEL PORTUGUÉS PARA REBELIÓN: ALFREDO
IGLESIAS DIÉGUEZ
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“Nenhum direito a menos” [1]. Esta consigna resume el motivo de la
manifestación que se celebró el pasado martes (16), en la que convergieron
unitariamente las centrales sindicales brasileñas.
Esta manifestación tuvo lugar el mismo día en que la presidenta
constitucional Dilma Rousseff difundía la carta titulada “ Mensaje de la presidenta de la
República Dilma Rousseff al Senado federal y al pueblo brasileño ”.
En esa carta manifestó su inequívoca adhesión a la celebración de un
plebiscito sobre la convocatoria de nuevas elecciones para la presidencia de la
República. “Quien debe decidir el futuro del país es nuestro pueblo”, dijo, en
defensa de la legalidad democrática.
El sueño de los golpistas es completar, hasta final de mes, el ataque a
la democracia iniciado tras la reelección de Dilma Rousseff, que se concretó
con el chantaje del entonces presidente de la cámara de los Diputados, el
inefable Eduardo Cunha, en contubernio con los demás golpistas y el ilegítimo
Michel Temer.
Esa hermandad, aliada con sectores del ministerio público federal, el
poder judicial y la policía federal, abanderó la supuesta lucha contra la
corrupción para intentar legitimar el golpe. Esa fue la historia repetida hasta
la saciedad por los medios de comunicación a su servicio.
¡Pero el objetivo del golpe, en contra de lo que dicen, no es combatir
la corrupción! La usurpación del poder está dirigida inicialmente a encubrir a
corruptos. El objetivo principal del golpe es destruir todas las conquistas
sociales alcanzadas al amparo de la Constitución de 1988 materializadas, o
ampliadas, bajo los gobiernos de Lula y Dilma.
El objetivo principal es restaurar el viejo orden político, anterior a
la vigente Constitución de 1988 y vigente bajo la dictadura militar de 1964,
con todas las consecuencias económicas, sociales y culturales de ese retorno,
que atañe a los logros alcanzados por Brasil y los brasileños.
Esa es la verdadera razón de ser del golpe, que se presenta con
apariencia legal debido al disfraz constitucional que los golpistas le quieren
dar.
Fue el atajo encontrado por las fuerzas conservadoras para acceder a la
Presidencia de la República después de su cuarta derrota consecutiva frente a
las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierdas desde 2002.
Los golpes de Estado, como el que está en marcha en Brasil, están
preparados y conducidos por poderes del Estado y por sus organismos públicos,
que amplían progresivamente su autonomía funcional y administrativa hasta que
se hacen con el control del poder, que, tomando al asalto al más alto cargo de
la República a través de un golpe parlamentario, condujo a un desmán fiscal
imposible, configurado en los déficits previstos para este año y el próximo y
cuyo objetivo, no lo duden, ¡será pagar la cuenta del impeachment!
Es el precio del proyecto de poder de la clase dominante capitalista,
financiera, a las fuerzas conservadoras brasileñas, que utilizaron ávidamente
el atajo golpista para imponer la vuelta al viejo orden. Orden antidemocrático
y autoritario que destruye el pacto de progreso social y consolida el orden
económico de desregulación financiera y de libertad de acción para el capital,
imponiendo políticas de austeridad y recortes de partidas presupuestarias
primarias esenciales –en eso consiste el capitalismo contemporáneo, dicho
neoliberal-. Un orden que restaura y profundiza el círculo vicioso y perverso
de los altos tipos de interés y el cambio valorizado, un desastre que condujo a
la desindustrialización, a enormes déficits en las cuentas externas y dijo
adiós al desarrollo nacional [2]. El golpe es la salida que encontraron la
oligarquía financiera y los representantes del imperialismo.
Brasil se encuentra, otra vez, en una encrucijada histórica en la que
está en juego su destino como nación soberana y también como pueblo brasileño,
avanzar o retroceder en nuestra trayectoria civilizatoria.
Por esa razón, la premisa para restaurar la democracia, el Estado
Democrático de Derecho, es el retorno de la presidenta constitucional y
legítima, Dilma Rousseff.
Encrucijada ante la que se encuentran los senadores: condenar o absolver
a una presidenta que no cometió delito ninguno. En síntesis, hoy el eco es más
unísono es ¡Fuera Temer!
Nota del traductor
[1] La traducción literal de este lema sería “Ningún derecho a menos”.
[2] Para comprender mejor lo que suponen estas políticas, puede resultar
de interés la lectura del artículo de Adalmir Marquetti, Carlos Schonerwald da
Silva y Matías Vernengo “Tipo de cambio, tasa de interés y dinámica de la
deuda pública de Brasil”, disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672010000100004
ESTADO DE
EXCEPCIÓN Y RESISTENCIA DEMOCRÁTICA
Concluyó la anestesia olímpica y ahora se viene la dura realidad. La
fecha de la destitución definitiva de la Presidenta Dilma ya fue marcada para
el 25 de agosto. A partir de ese día se consolida en Brasil el estado de
excepción que impera hace más de tres meses. A pesar de que existe un complejo
e interminable debate jurídico y político sobre los requisitos que debería
poseer un estado de excepción, algunos aspectos de las circunstancias concretas
permiten afirmar que Brasil instauró dicho estado desde el momento en que el
Congreso decidió aceptar la acusación que apartó de sus funciones a una
mandataria electa democráticamente por la mayoría de la población.
Durante las Olimpiadas las jornadas de protestas no fueron tan
significativas como se esperaba. En parte, porque el gobierno ilegitimo
previendo lo que podría suceder en un escenario de mayor exposición y
visibilidad de los movimientos sociales ante la prensa internacional (teoría de
la oportunidad política), montó un vasto operativo –convocando incluso a la
Fuerza Nacional de Seguridad- para impedir que las manifestaciones crecieran
paralelamente a las competencias. La presencia masiva de militares en las
calles, plazas, parques y recintos deportivos, le imprimió a Rio de Janeiro un
sello de control panóptico y ostensivo de sus habitantes. Los uniformados se
encontraban en todas partes en actitud de vigilancia permanente, dando la
impresión de un país en escenario de emergencia o peligro inminente.
El estado de excepción se presenta como un dispositivo legal de aquello
que no puede tener una forma legal, que se sustenta en un subterfugio que
contradice y niega la Constitución y las leyes de la república. El estado de
excepción representa una interpretación antojadiza o arbitraria del propio
ordenamiento jurídico que han definido el conjunto de actores de una nación. Es
el caso la prohibición de manifestaciones en los estadios o recintos deportivos
durante la realización de los Juegos Olímpicos, con la detención en el acto de
quienes portaban carteles o camisetas contra el presidente o el gobierno
interino.
De hecho, la administración de Michel Temer ha ejercido hasta ahora bajo
el manto de sus plenos poderes para eliminar Ministerios, secretarias, exonerar
miles de funcionarios públicos y promulgar una larga serie de decretos y
resoluciones con “fuerza de ley” para imponer en el país un proyecto de
reformas para la superación de la crisis a partir de la supresión de garantías
sociales y que atiende visiblemente a los intereses de los grupos empresariales
nacionales y extranjeros, colocando en riesgo los avances conseguidos en las
políticas sociales durante la última década.
Después de la destitución definitiva de la presidenta Dilma, la agenda
que se impondrá va a implicar la instauración de reformas impopulares y
regresivas, como es el caso de la eliminación o disminución de muchos programas
sociales (Bolsa familia; Minha Casa, Minha Vida; Sistema Único de Salud;
Farmacia Popular, Universidad para Todos, etc.), las nuevas leyes de
tercerización y flexibilización, la extensión de la jornada laboral o los
cambios que se pretenden incorporar al sistema de previsión social.
En su principal arremetida contra este último, el gobierno Temer quiere
aumentar la edad mínima de jubilación y modificar los tipos de beneficios por
muerte, asistenciales o para adultos mayores y deficientes de baja renta. En el
caso de la modificación de la edad para jubilación, el proyecto propone subir
el mínimo de 65 para 70 años entre los hombres y de 60 para 65 en las mujeres,
siempre que existan más de 15 años de contribuciones a un fondo previsional.
Aún más, el gobierno interino está proponiendo aplicar la desvinculación del
reajuste de los beneficios al piso del salario mínimo, con lo cual resulta
bastante previsible que si los miembros del equipo económico definen los
reajustes por debajo del nivel de la inflación, el poder adquisitivo de los
jubilados va a ser cada vez menor. Utilizando el argumento falso con respecto a
la falencia del sistema previsional, la actual administración va a cargar el
peso del ajuste sobre la espalda de los trabajadores y los jubilados.
El carácter impopular e ilegítimo del gobierno Temer refuerza por tanto
la tesis sobre el urgente e imprescindible antagonismo contra dicha orden, pues
se encuentra suficientemente consagrado el axioma de que si los poderes
públicos violan los derechos garantizados por la Constitución, la resistencia a
la injusticia y al atraso no solo es una prerrogativa sino que también es un
deber de todos los ciudadanos. En el caso de Brasil, la rebeldía se impone como
una acción ineludible para recuperar la convivencia democrática y la protección
social conquistadas con mucho esfuerzo hace más de treinta años.
Después de la tregua impuesta por las Olimpiadas, ciertamente la mayoría
de la población volverá a tomarse las calles en defensa de la democracia y de
los derechos humanos, sociales y laborales. Esta lucha representa una
oportunidad para que el pueblo brasileño asuma con dignidad el protagonismo
para derrotar a las fuerzas golpistas y participar decididamente en la
construcción de un país más justo, inclusivo y soberano.
Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales y editor
del blog Socialismo y Democracia.
LA TEORÍA
BRASILEÑA DE LOS HECHOS CONSUMADOS, ENEMIGA Y SABOTEADORA DE LA INTEGRACIÓN
ARAM AHARONIAN – ALAI 23/08/2016
El gobierno golpista brasileño, aún siendo interino, ha tomado las
banderas de la dictadura en lo que respecto a aplicar la teoría de los hechos
consumados y de injerencia en los asuntos internos de los demás países, con su
intención manifiesta de ser el “subimperio” regional, al servicio de Washington
y de los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales.
Hoy, trata de imponer, con el apoyo irrestricto de la prensa hegemónica
y cartelizada de la región y la global, del gobierno stronista paraguayo y la
cicolotímica política de la canciller argentina Susana Malcorra, el imaginario
colectivo de una crisis en el Mercosur, supuestamente provocada por el gobierno
constitucional venezolano, como forma de invisibilizar el principal problema de
la región, el nuevo golpe de estado en Brasil.
El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, quien contó los entretelones de
la trama ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de
Representantes (según consta en la transcripción oficial de su comparecencia),
afirmó que Paraguay, Brasil y Argentina le hacen “bullying” a Venezuela y que
canciller de Brasil, José Serra, pareció querer “comprar el voto de Uruguay”.
“La decisión adoptada por parte de nuestros socios mercosurianos es
eminentemente política: lo digo con todas las letras. Se saltean lo jurídico, y
aduciendo razones que no están aquí, quieren eludir, erosionar, hacer bullying a
la presidencia de Venezuela. Esa es la pura verdad”, dijo. Serra, sin dudas, es
ariete de este intento por convertir a su país en el referente
En Derecho penal, el hecho consumado hace referencia al ya ejecutado por
completo que da lugar a un delito consumado, por oposición al no consumado
(tentativa, frustración, conspiración, proposición y provocación para
delinquir), con diferentes consecuencias penales según el grado de consumación
alcanzado.
Sin embargo, y a pesar de estas acepciones jurídicas, donde el hecho
consumado adquiere mayor importancia es en el concepto que del mismo elabora la
teoría de los hechos consumados. Para ella, que supone el reverso de la teoría
del Derecho.
El hecho consumado es aquél que una vez realizado, ya sea de forma legal
o ilegal, consolida por el transcurso del tiempo y por la tolerancia de
terceros, un determinado estado de cosas. Se trata pues de hechos, actos y
situaciones que adolecen de un vicio en la concepción, el origen o en su
formación, calificables de ilegales, pero que el amaño, el silencio, la
imposición de imaginarios colectivos, el tiempo o la propia fuerza ha
sancionado.
A partir del golpe militar de 1964 la política externa brasileña para
América del Sur se ha basado oficialmente en la doctrina geopolítica de los
"círculos concéntricos" adoptada por el dictador Castello Branco y su
canciller Vasco Leitao da Cunha, según la cual América del Sur se constituye en
una zona de influencia directa de Brasil, el "primer círculo" de su
influencia. Sus corolarios fueron sangrientas dictaduras, torturas, asesinatos
y desapariciones y la imposición del llamado Plan Cóndor, coordinado con las
otras dictaduras que Brasil ayudó a instaurar en la región.
El resultado para Brasil fue el surgimiento de la imagen de un país con
aspiraciones "hegemónicas", y aun incluso de una teoría, la del
"subimperialismo", intentando explicar el expansionismo brasileño
como consecuencia de una especie de delegación, consciente o no, de los Estados
Unidos , sin necesidad siquiera de un trabajo cultural, ideológico y político.
La formulación más conocida de esta doctrina se encuentra en "Geopolítica
do Brasil" del general Golbery do Couto e Silva.
En Brasil la conciencia de la presencia amazónica se ha manifestado
históricamente bajo tres o cuatro formas corrientes, de las cuales las más
importantes han sido: a) la de una región que se constituye en un gran vacío y
b) la de una región bajo permanente codicia internacional. Es que la Amazonia
representa un 32% del territorio brasileño. El primer gran intento reciente de
internacionalización de la Amazonia
Un poco de historia
En la década de 1970, el brasileño Paulo Schillig, señalaba que la idea
de los key countries, de las leading nations, de los delegados de la metrópoli,
puesta en práctica en forma intensiva por Henry Kissinger al frente del
Departamento de Estado durante los gobiernos de Nixon y Ford, no es en absoluto
original: ya en carta a Strangford, en abril de 1808, el canciller inglés
Canning proponía "convertir a Brasil en un emporio para las
manufacturas británicas destinadas al consumo de América del Sur".
Canning defendía la tesis de establecer en Brasil un imperio fuerte destinado a
mantener el "orden" y asegurar los intereses europeos entre las
convulsionadas y "anárquicas" repúblicas que habían surgido en
Hispanoamérica.
El imperio esclavista brasileño actuaba como delegado,
"gendarme" de la corona británica, , representante de la civilización
europea, encargado de la manutención, a lo largo de todo el siglo XIX, de la
"paz británica" y de los intereses europeos en el subcontinente.
Cuando esa paz y esos intereses eran amenazados por el surgimiento de un
gobierno con tendencias nacionalistas, que con su barbarie intentaba impedir el
pleno dominio europeo- como Rosas en la Argentina y Solano López en el
Paraguay-, el imperio de los Braganças intervenía para restablecer el orden y
mantener abiertos los conductos de la expoliación. Era una estrategia
inteligente, eficiente, cómoda y barata (para el imperialismo de turno, es
obvio) y ello explica que un siglo después se tornara en uno de los puntales de
la estrategia global de Kissinger.
En la segunda mitad del siglo XIX empiezan a producirse cambios en ese
simple y eficiente sistema de poder imperial. Brasil, después de haber vivido
los ciclos económicos del palo brasil, del azúcar y del algodón, del oro, pasó
a vivir el auge del café. Se transformó en el gran productor y exportador del
producto. Y Estados Unidos, en su gran consumidor. Como los ingleses seguían
tomando té, el centro exterior de poder y decisión de Brasil pasó a dislocarse
gradual, pero firme e irreversiblemente, de Inglaterra hacia Estados Unidos.
Estados Unidos, al conseguir desarrollar su propia revolución
industrial, surgía a los ojos del continente americano, como una potencia
emergente, sobre todo a partir de la asunción al mando de Theodore Roosevelt,
cuando pasó a actuar en nuestra región un nuevo y agresivo imperialismo: el
estadounidense.
Pero –explica Schilling-l Uruguay y la Argentina consolidaban su
posición en el seno del Imperio Británico, por motivos económicos de origen
alimentario. Los ricos campos uruguayos y la pampa húmeda argentina proveían
dos productos decisivos para aquella etapa de la revolución industrial y del
imperialismo inglés: carne barata para la población inglesa (que significaba salarios
baratos para la burguesía industrial británica) y lana barata que permitía que
la industria textil inglesa dominase el mercado mundial.
Esas vinculaciones económicas determinaron posiciones políticas
diametralmente distintas de Brasil y de la Argentina dentro del sistema
interamericano. Así, los representantes diplomáticos de las clases dominantes
de Buenos Aires se negaban a aceptar la hegemonía norteamericana sobre todo el
continente, fundada en la Doctrina Monroe, y la plena aceptación de las clases
dominantes brasileñas de esa dominación.
La réplica argentina a la doctrina yanqui era expresada por Domingo
Faustino Sarmiento: "Argentina para el mundo", significando Europa y
especialmente Inglaterra. Ya en la 1ª Conferencia Panamericana, realizada en
1889 en Washington, el canciller argentino Roque Sáenz Peña se oponía
vigorosamente a las iniciativas hegemónicas del secretario de Estado yanqui
James G. Blaine.
El documento final de la conferencia consignó que "una nación no
tiene, ni reconoce en favor de los extranjeros, ninguna obligación o
responsabilidad que no sean las establecidas para los ciudadanos, en casos
semejantes, por la Constitución y las leyes"
A esa sumisión política de Brasil se sumaba la siempre creciente
dependencia económica. Esa múltiple situación de dependencia generaría una
nueva serie de privilegios en favor de los capitales norteamericanos. El estado
de Amazonas fue prácticamente "loteado" entre subsidiarias de la
Standard Oil. La Ford consiguió enormes concesiones territoriales para
efectivar plantations de "Hevea brasiliensis", el
árbol del caucho.
Los más grandes yacimientos de hierro del mundo fueron entregados a
empresas como Itabira Iron. Brasil era un país en remate. Si se
hubiese mantenido por algunas décadas más la evolución "entreguista",
Brasil habría sido una estrella más en la bandera norteamericana, asegura
Schilling.
Sin embargo, con la revolución liberal de 1930, que puso fin a la
dominación política de las oligarquías de los estados de São Paulo y Minas
Gerais (el llamado "eje café con leche"), comandada por Getúlio
Vargas, empezó una reacción nacionalista a la avasallante ocupación económica
del país. La anulación de las concesiones territoriales para la explotación de
petróleo y del mineral de hierro; la elaboración de los códigos de Aguas y
Minas de neta influencia nacionalista; la estatización del subsuelo; una
adecuada política de protección aduanera y de incentivos internos a la
industrialización; la nacionalización y la estatización de los sectores fundamentales
de la economía, etcétera, volvieron a restablecer en lo fundamental la
soberanía nacional.
Después de haber sido forzado a entrar en la Segunda Guerra Mundial como
abastecedor de materiales estratégicos y alimentos por precios ridículos a
EE.UU., Brasil fue utilizado por Washington para presionar a la Argentina, que
resistía firmemente en su neutralidad. El secretario de Estado Cordell HulI, en
sus "Memorias", nos informa que Estados Unidos llegó a armar tres
divisiones blindadas del ejército brasileño para la invasión del territorio
argentino. Brasil volvía a actuar como "gendarme", al servicio del
imperio de turno.
El envío de la Fuerza Expedicionaria Brasileña a combatir en los campos
de Italia significó a la vez la "pentagonización" de los militares
brasileños. De retorno de los campos de batalla derrocaron al gobierno
nacionalista de Vargas y lanzaron las bases -en especial la Escuela Superior de
Guerra, una réplica del National War College de Washington- del régimen que a
partir del 1º de abril de 1964 se caracterizaría como el más antipopular y
antinacional de la historia.
Eliminada la figura incómoda de Vargas, la unidad con Washington en la
euforia de la posguerra fue prácticamente total. El mariscal Eurico Gaspar
Dutra hizo enormes concesiones a los monopolios y entregó prácticamente como un
enorme feudo a la Bethlehem Steel Corporation el territorio del Amapá con
140.276 km² y sus enormes yacimientos de manganeso.
Pero fue fundamentalmente el general Golbery do Couto e Silva quien
trató mejor el problema. Dentro de lo que él denominaba barganha leal (canje
leal), el general Ernesto Geisel proponía que Brasil aceptase la total
hegemonía de Estados Unidos en cambio de que ella fuese ejercida en América
latina por intermedio de Brasil, que pasaría a ser el socio menor del
imperialismo norteamericano, el delegado de la metrópoli y, si fuera necesario,
el gendarme mantenedor del orden y de la paz imperiales En varias otras
oportunidades, Kissinger señalaría a Brasil como el key de
América latina: "Estados Unidos debe promover la aparición de
líderes locales -como, por ejemplo, Brasil- que puedan reemplazar el liderazgo
político de Estados Unidos".
En febrero de 1976, durante su visita a Brasil, Kissinger resolvió
consagrar a Brasil como potencia y atribuirle una especie de tutela, a ser
ejercida en nombre de Washington, sobre toda América latina.
Al analizar fríamente las consecuencias de lo acordado en Brasilia se
concluía que el clásico sistema interamericano -multilateral (y aparentemente
igualitario) - estaba seriamente afectado, ya que Brasil y Estados Unidos
decidirían a más alto nivel los grandes problemas -no solamente los bilaterales
sino los multilaterales (conforme lo establecido en el protocolo), la
Organización de los Estados Americanos, la Junta Interamericana de Defensa y
otras organizaciones de carácter continental perdían su razón de existir.
Se concretaba la aspiración máxima del general Golbery do Cauto e Silva
y de los militares de derecha brasileños: un nuevo esquema de poder en el continente
americano que asegurase a Brasil un papel privilegiado, el de principal
satélite de Estados Unidos. El propósito era establecer que el camino más corto
hacia Washington, desde cualquier república latinoamericana, pasase
necesariamente por Brasilia.
Se intentaría la integración con base en esquemas bilaterales,
protagonizada por Brasil, actuando en nombre de Estados Unidos y de las
empresas transnacionales. Es más, otro dictador, Geisel reafirmó ante la reina
de Inglaterra que Brasil asumiría el papel de intermediario entre el Tercer
Mundo y el "Club de los Ricos". Claro, sin consultar a ningún otro
país sobre si lo aceptaban como mediador en su lucha en contra de la
expoliación a que los someten los países capitalistas centrales.
La estrecha alianza establecida entre Argentina y Brasil durante los
gobiernos de Lula y Néstor Kirchner, que asumieron que las dos naciones tenían
destinos e intereses comunes, rompió con el largo proyecto estadounidense de
afianzar su poder sobre el continente jugando a un país en contra del otro. A
partir de esa alianza se fortaleció el Mercosur y se expandieron los procesos
de integración regional hacia Unasur, Banco del Sur, Consejo Sudamericano de
Defensa y Celac, marcando –con el apoyo y el ímpetu de Hugo Chávez desde
Venezuela- un creciente aislamiento de EE.UU. en Latinoamérica.
No es casualidad que la oleada neoconservadora para asaltar los
gobiernos de los dos países haya tenido un apoyo tan inmediato y entusiasta por
parte de Washington, con el fin concreto de debilitar los procesos de
integración: Mercosur, Unasur, Celac y dar oxígeno a la Alianza para el
Pacifico. Tampoco es casualidad que Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela,
reaccionen a estas operaciones, asumiendo que estos cambios ponen en duda los
destinos soberanos individuales y del conjunto de la región.
Esta ofensiva contra Venezuela no sólo amenaza la integración regional,
sino que vulnera el principio no intervención en los asuntos internos cuyos
antecedentes de alteración en las últimas décadas siempre implicaron la
conducción directa de EE.UU. y ahora, ésta es la novedad, se realiza a través
“hermanos latinoamericanos", tratando de aplicar nuevamente la teoría del
hecho consumado.
RESEÑA DEL LIBRO "POR QUE GRITAMOS GOLPE?" PARA ENTENDER O
IMPEACHMENT E A CRISE POLÍTICA NO BRASIL (BOITEMPO, 2016)
Brasil vive, en estos momentos, un golpe de Estado y, como señala Ivana
Jinkings en el prefacio del libro Por que gritamos golpe?,
no hay forma de manipular, tergiversar o disfrazar ese hecho: la evidencia es
abrumadora.
El golpe se hizo efectivo el 12 de mayo de 2016, cuando el Senado
federal de Brasil votó a favor de abrir un proceso de impeachment contra
la presidenta electa Dilma Rousseff, forzando su destitución y el nombramiento
de Michel Temer como nuevo presidente interino hasta que el proceso concluya.
El nombramiento del nuevo gobierno ilegítimo, compuesto por 22 hombres blancos
–sin mujeres ni afrodescendientes-, mostraba a las claras sus intenciones, sus
intereses y a quién representa. Unas intenciones que se fueron concretando en
medidas de gobierno en estos 100 días posteriores: recortes en los derechos
laborales –incluyendo un aumento de la duración de la jornada laboral- y
reforma del sistema de pensiones y jubilación, aumentando la edad mínima;
aprobación de una norma que fija el techo del gasto público al nivel actual
para los próximos 20 años; modificación a la baja o supresión de programas
sociales como Minha Casa, Minha Vida, diversos programas educativos (ProUni,
Pronatec…), Sistema Único de Saúde…; privatización o venta del sector público
(empresas del sector eléctrico, bancos, servicios sociales…) y de los recursos
minerales (especialmente el petróleo del presal), a empresas extranjeras o sus
representantes en Brasil; promoción del programa Escola sen partido,
que bajo la apariencia de promover la desideologización de la educación en
manos de pedagogos ‘freiristas’ y la instauración de una escuela neutral en lo
ideológico, lo que se esconde es un golpe de la derecha que pretende evitar que
por ley sea posible debatir en las aulas cuestiones de integración racial, de
feminismo, de pobreza, de exclusión social…y entrega de la educación al sector
más evangélico de la sociedad, lo que supone un retroceso de 100 años en la
educación pública brasileña –poniendo fin a un proceso de laicización de la
enseñanza iniciado con la Constitución de 1891-; recortes en las ayudas a los
medios públicos alternativos y reversión del control público de Internet a
favor de las empresas privadas; rebrote del racismo, nunca completamente
superados por las elites brasileñas, expresado de forma brutal en la
orientación normativa nº 3, de 1 de agosto de 2016, que “prevé normas de
evaluación de la veracidad de la declaración prestada por candidatos negros” de
su condición de negritud para acceder a los beneficios regulados por la Ley
12990, de 2014, que establecía medidas de discriminación positiva para
favorecer la integración racial y el acceso de personas afrobrasileñas a
puestos en la administración general, educativa… pública… Todo esto, además, en
un contexto marcado por continuos casos de corrupción de los miembros del
gobierno que afectan, incluso, a Michel Temer… cuando supuestamente habían
llegado al poder para limpiar al país de corruptos y delincuentes como Dilma
Rousseff y Lula da Silva, a quienes la justicia no ha podido probar nada en
contra… y lo lleva intentando años.
De hecho, aunque el golpe se materializó el 12 de mayo, su gestación
viene de antes. Empezó justamente el 26 de octubre de 2014, cuando Dilma
Rousseff fue reelegida presidenta con el apoyo de 54,5 millones de votos;
apenas pasara un mes, el 5 de diciembre, el Partido da Social Democracia
Brasileira saca a la calle un movimiento de oposición a la presidenta: Vem
para rúa, que se manifiesta por la avenida Paulista –la del 1% más rico del
país-, de São Paulo. Paralelamente, el ministro Levy –un infiltrado del capital
transnacional en el gobierno Rousseff-, anuncia una política austericida de
corte neoliberal. El 1 de enero toma posesión del cargo la presidenta Dilma
Rousseff…, a pesar de ostentar la jefatura del Estado, no controla el
legislativo y el ministro encargado de las relaciones con las cortes y
posterior vicepresidente será el mismísimo Michel Temer. En un contexto marcado
por las tensiones desde el inicio de su segundo mandato: las derechas no saben
aceptar muy democráticamente sus derrotas –y menos cuando creen que tenían que
haber ganado-, el 15 de marzo salen a la calle cientos de miles de brasileños y
brasileñas para protestar contra el gobierno; a partir de ese momento se
sucederán las protestas, aunque cada vez cuentan con menos apoyo. La presidenta
Dilma Roussef, a pesar de que fue reelegida para promover una política
socialdemócrata, se reafirma en avanzar en los recortes austericidas: “el
ajuste es necesario. No es algo que podamos decidir: no hay alternativa –las
mismas palabras que años antes pronunciara Margaret Thatcher-. Hay que
hacerlo”. Paralelamente, amplia la participación en el gobierno de los
conservadores del Partido Movimento para a Democracia. En un contexto marcado
por el aparente rechazo de la población a su gestión, el 7 de octubre de 2015
el Tribunal de Cuentas de la Unión recomienda al Congreso que rechace las
cuentas del gobierno debido a irregularidades contables… y así hacen aparición
las ‘pedaladas’ fiscales –un recurso practicado habitualmente por los
gobiernos, que sirve para maquillar las cuentas, ya que consiste en atrasar el
ingreso de pagos o intereses de la deuda, para presentar unas cuentas más
saneadas de lo que realmente están-, que serán el caballo de batalla contra
Dilma Rousseff y su gobierno… y, dos semanas después (21 de octubre de 2015
–apenas un año después de su toma de posesión-), la oposición entrega a Eduardo
Cunha, presidente de la Cámara y visceral oponente de Dilma Rousseff, una
petición de impeachment contra Dilma Rousseff, que admite a
trámite parlamentario el 2 de diciembre de 2015 –apenas unas horas después de
que el Partido dos Trabalhadores anunciase su voto favorable a que Cunha
siguiese siendo investigado en el Comité de Ética de la Cámara, ¿un acto de
venganza?-. Cuatro meses después, el 17 de abril de 2016, la Cámara aprueba la
apertura del proceso de impeachment, y el12 de mayo de 2016 el
Senado destituye provisionalmente a la presidenta Dilma Rousseff; unos días
antes, en medio de una escala de denuncias de corrupción siempre orientadas en
la misma dirección por los medios de comunicación que controlan la información
en el país, el ex presidente Lula da Silva es conducido coercitivamente por la
policía a declarar ante el juez en la operación Lava Jato, una trama de
corrupción que a día de hoy salpica a varios ministros del gobierno Temer y a
numerosos congresistas brasileños, pero que en ese momento parecía que sólo
afectaba al Partido dos Trabalhadores.
La farsa ya está montada: los inocentes han sido condenados y los
delincuentes ocupan los ministerios y el Congreso. El mundo al revés.
En el pasado, fue el turno, primero, del presidente hondureño Zelaya
(2009) y, después, del presidente paraguayo Lugo (2012). Estamos, no hay lugar
a dudas, ante una lucha de clases mundializada cuya reificación en Brasil se
materializó por medio del conflicto entre dos clases sociales, con sus
respectivas alianzas y estrategias bien diferenciadas. En este sentido, como
señala el profesor Armando Boito Jr. en el artículo “Os atores e o enredo da
crise política”, de un lado encontramos un frente político heterogéneo que
agrupa a la gran burguesía nacional, parte de los sectores de
‘clases media’, la mayor parte de la clase trabajadora, el campesinado y los
trabajadores marginalizados, cuyo representante político eran los gobiernos
petistas, que en coherencia aplicaron políticas desarrollistas y nacionalistas
que beneficiaban a ese sector de la burguesía, combinadas con políticas de
bienestar y desarrollo social, así como de integración racial y de equiparación
de los derechos de las minorías (LGTB…), que beneficiaron durante los últimos
13 años a la gran mayoría de la población brasileña; en frente, se encuentra un
bloque político más homogéneo, liderado por la gran burguesía brasileña con
intereses transnacionales y por lo tanto frontalmente enfrentada con los
intereses de la burguesía nacional, que cuenta con el apoyo de una gran mayoría
de las ‘clases medias acomodadas’ y, paradójicamente, de una parte de las
clases populares más desfavorecidas y de los trabajadores más precarizados.
Durante años, la hegemonía política y social estaba del lado del primer frente
interclasista; no obstante, la crisis internacional, visible en Brasil a partir
del año 2011, permitió a la facción transnacional de la burguesía brasileña
tomar la iniciativa en la confrontación política y social que culminó con el
golpe de Estado en curso, un proceso que analiza con mucho acierto el sociólogo
Ruy Braga en su artículo “O fim do lulismo”.
Ahora bien, ¿a que han venido? Las medidas que han tomado en estos 100
días de gobierno son bastante elocuentes a este respecto. En palabras de
Michael Löwy, autor del artículo “Da tragédia à farsa: o golpe de 2016
no Brasil”: a la élite capitalista financiera, industrial y
agrícola, ya no le basta con concesiones del poder, “quiere todo
el poder [… quiere], gobernar directamente, con sus hombres de confianza, y
anular las pocas conquistas sociales de los últimos años”. Precisamente, es
al ataque a las conquistas que favorecieron los gobiernos petistas desde la
llegada al poder de Lula da Silva en 2003 a lo que dedica su reflexión la
economista Leda Maria Paulani en un artículo titulado “Uma ponte para o
abismo”, en el que se precipitará el país “rehén de intereses específicos
y de una riqueza privada tiránica que busca el alcance de objetivos
particulares a cualquier costo, incluso si eso significa arrojar a 200 millones
de brasileños al peligroso vacío de la anomia social, de la cual el modelo
conciliatoria anterior la intentaba sacar”. En otras palabras, vienen para
destruir las conquistas que, a pesar de estar reconocidas en la Constitución de
1988, hubo que esperar a la llegada de los gobiernos petistas para que se
empezasen a poner en marcha.
Entonces, ¿qué hacer? ¿Existe alternativa al golpe? ¿Se puede revertir
la situación? A responder a estas preguntas dedican su reflexión Jandira
Feghali, Lira Alli, Pablo Ortellado, Esther Solano y Márcio Moretto, pero ante
todo, el profesor André Singer, quien desde su artículo aboga “Por uma
frente ampla, democrática e republicana”: una tarea ardua que requerirá una
gran amplitud de miras para actuar en una situación socialmente complicada
debido a varias razones, entre otras, las siguientes: primero, un importante
sector del sindicalismo apoya al gobierno golpista de Temer; segundo, las
nuevas masas laborales surgidas en los últimos años, paradójicamente, no están
politizadas; tercero, la izquierda está dividida y tiene puntos de vista
completamente contradictorios con respecto a los errores del petismo… No
obstante, una tarea necesaria si lo que realmente se quiere es acabar con el
gobierno golpista y aprovechar para reconducir la política brasileña hacia un
horizonte de bienestar y progreso.
