El imponente Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, Jujuy (Argentina)

El imponente Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, Jujuy (Argentina)
El imponente Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, Jujuy (Argentina)

sábado, 4 de junio de 2016


EL CONFLICTO ENTRE LOS TRABAJADORES
Y LA EMPRESA KRAFT FOODS
EN EL MARCO DEL DERECHO LABORAL ARGENTINO

Por Sergio Daniel Aronas – 04 de junio de 2016

Temario

  1. Prólogo
  2. Introducción
  3. Las partes intervinientes en el conflicto
  4. Causas del problema
  5. Desarrollo de los acontecimientos
  6. Intervención del Ministerio de Trabajo
  7. Las medidas de acción directa
  8. Conclusiones
  9. Apéndice Documental

1) Prólogo

            Entre julio y septiembre de 2009 estalló un serio conflicto entre los trabajadores y la empresa Kraft Foods de la ex Terrabusi, centenaria compañía tradicional de la fabricación de galletitas por cuestiones salariales y condiciones de trabajo que terminó con una salvaje represión llevada a cabo por la policía de la Provincia de Buenos Aires y el cuerpo de la Montada a caballo, al mejor estilo de los tiempos de la dictadura. A siete años de este recordado y terrible conflicto, creemos válido analizar todo su desarrollo como ejemplo para las nuevas luchas sociales que pueden estallar en la Argentina del gobierno de derecha pro imperialista, antiobrero y antipopular que encabeza la coalición “Cambiemos” con Mauricio Macri como presidente de la Nación.

Todavía hay muchos que se sorprendieron por este resultado electoral. Sin embargo, nosotros en este blog cuando analizamos las primarias de agosto de 2013 advertimos la posibilidad de un triunfo del partido de Macri y de la derecha en general y que podía darse esa victoria. La gran diferencia fue que en aquel momento era más viable una alianza con el Frente Renovador que con la Unión Cívica Radical porque los hechos lo evidenciaban. La UCR le dio base territorial que el Frente Renovador no tenía y ahí está el cambio principal de la estrategia de la derecha que finalmente resultó efectiva para sus propósitos.

2) Introducción

            La huelga de los trabajadores de la empresa de alimentos de capitales norteamericanos Kraft Foods puso en el orden del día el alto grado de conflictividad laboral que existe en la Argentina en el marco de una situación nacional e internacional muy complicada. Este conflicto es una dura prueba de la capacidad de resistencia de los trabajadores y de su unidad para sostener una lucha prolongada cuya extensión es aprovechada por la patronal para ablandar a los dirigentes sindicales. También es una prueba para quienes están obligados a defender el régimen legal en las relaciones laborales en la Argentina, ya que la empresa no tiene ningún problema en implantar los métodos que se usan en su país de origen donde el despido sin causa puede ocurrir en cualquier momento.
           
            Analizaremos este problema a partir de las partes intervinientes, las causas lo motivaron, sus distintas etapas de su desarrollo y desde este punto de vista cerraremos el trabajo con una conclusión para marcar las perspectivas que se abren, porque lo que  marcó este conflicto gremial es el carácter de las formas en que se ejerce el derecho de huelga en la Argentina al amparo de las leyes laborales en particular y bajo el amparo de la Constitución Nacional que garantiza este derecho que se pretende restringir.

1) Partes intervinientes en el conflicto

            Representantes de la Nación, autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, representantes de Kraft, delegados gremiales y trabajadores. La representación nacional estuvo encabezado por el Ministerio de Trabajo que es la autoridad de aplicación y de contralor en el cumplimiento de las leyes laborales del país como así también de los convenios firmados con la OIT y que forma parte del derecho de trabajo en el país. Su tarea fue la de mediar entre las partes imponiendo la conciliación obligatoria y buscando acercarlas en la solución del conflicto. Las autoridades provinciales están representadas por el gobierno de la provincia y el Ministerio de Trabajo bonaerense.
           
            El sector de los trabajadores fue representado por la Comisión Interna de la fábrica de la Kraft Food (ex Terrabusi) que mantener y sostener la huelga ha contado con el apoyo de sus compañeros y con la más amplia solidaridad de organizaciones y movimientos sociales, centro de estudiantes de facultades y también de trabajadores de distintas empresas y sectores. Se trata de un cuerpo de delegados que está en franca oposición con la actual conducción del sindicato de la alimentación dirigido por Rodolfo Daher, un personaje que fue Secretario de la CGT durante el gobierno de Menem y que ignoró la lucha gremial en la empresa
           
            La empresa Kraft Foods es una poderosa multinacional nacida en los Estados Unidos en 1767 y con el paso de los años se convirtió en la más grande y rentable productora de alimentos en su país y la segunda en el mundo detrás de la suiza Nestlé. Sus ventas estimadas en 38 mil millones de dólares equivalen al 85% del presupuesto de la Argentina. Entre principales marcas globales se destacan Suchard, Jacobs, Milka, Oreo, Royal, Philadelphia, Tang, Ritz, Club Social y Chips Ahoy.
           
            Kraft Foods Argentina nació en el año 2000, a partir de la integración mundial de Kraft con Nabisco. Nabisco había llegado al país 1981 y, desde entonces, fue comprando algunas de las empresas más valoradas por los consumidores argentinos, como Terrabusi, Canale, Mayco y Vizzolini. Kraft Foods desembarcó en Argentina en 1990, a partir de la adquisición de Suchard. En 1992, compró Alimentos Especiales y relanzó el Tang y Clight.
           
            Kraft Foods tiene operaciones en 140 países del mundo y plantas industriales en 66. Entre las marcas líderes que Kraft comercializa en la Argentina se destacan, en la categoría galletitas: Terrabusi, Canale, Mayco y Capri; en pastas: Don Felipe, Vizzolini, Canale y Barilla; en jugos en polvo: Tang, Clight y Frisco; en chocolates: Milka, Rhodesia, Tita, Toblerone y Shot; y, en premezclas: Royal. En la Argentina exporta por 14 millones de dólares; su venta anual ronda los 1.400 millones de pesos y la ganancia neta – después del pago de impuestos – está en los 60 millones de pesos. Es la cuarta empresa argentina detrás de Arcor, Bagley y Ledesma en fabricación de alimentos.
           
            Kraft Foods Argentina es parte de uno de los monopolios de la alimentación más grandes del mundo. La empresa cuenta con 159 plantas, más de 90.000 empleados, y durante el 2007 obtuvo una facturación de 37.000 millones de dólares. La ganancia neta de Kraft en Estados Unidos, en el segundo trimestre de 2008, fue de 732 millones de dólares. En nuestro país, como denunciaron los trabajadores, el año pasado Terrabusi Kraft tuvo un récord de producción, con un incremento del 15%, y con salarios que no llegan a cubrir la mitad de la canasta familiar. Así explotan a los obreros argentinos para aumentar los envíos de dinero a su casa matriz.

2) Causas del conflicto

            Como hace muchos años no pasaba, una importantísima huelga obrera irrumpió en la escena política nacional. La fortaleza de una huelga que creció desde la base, soportando una tremenda presión, rompió el cerco informativo y se convirtió en tema destacado de diarios, radios y noticieros de la televisión de todo el país. Así, lograron desbaratar la operación política y comunicacional, que intentaba hacer aparecer esta lucha como una aventura de un grupo minoritario de trabajadores “ideologizados”, por pertenecer a corrientes combativas de izquierda y demostrando que esta importantísima huelga sólo pudo sostenerse por el convencimiento, la organización democrática y de base de sus 2600 trabajadores.
           
            Todo comenzó el 3 de julio, cuando los trabajadores y trabajadoras de la ex Terrabusi hicieron un paro en reclamo de medidas de salubridad e higiene por la pandemia de gripe A. “Pedíamos que desinfectaran la fábrica porque había compañeros enfermos, la empresa respondió que iba a cerrar al jardín maternal, pero no les dio licencia a las madres, que no tenían dónde dejar a sus bebés. Se pusieron duros y no querían dar el asueto correspondiente con tal de sacar la producción. Después del paro les dieron la licencia, se dictó la conciliación obligatoria y el ministerio intervino obligando a la empresa a que dejara faltar a las personas con problemas respiratorios, a que les pagara a las madres esos días de licencia”, relató una delegada del sector de chocolates.
           
            Cuando la Gripe A era un problema sentido a nivel nacional, y varios hijos de obreros y obreras que asisten a la guardería de la fábrica de Pacheco ya se habían contagiado, los trabajadores junto a su Comisión interna y los delegados exigieron las mínimas condiciones de salubridad para garantizar su salud y la de sus hijos. Pero la empresa desestimó su pedido. Sólo el paro de la producción y la presión a los gerentes logró el asueto con pago durante una semana y la desinfección de la planta. Días más tarde, el 18 de Agosto, se produjeron casi 160 despidos con “causa” y una fiscal los acusó a través de una denuncia penal de privación ilegítima de la libertad de los gerentes. Entre los despedidos, varios son integrantes de la Comisión interna y otros tantos delegados.
            ´
            Sin embargo, además de una revancha empresaria, lo que está detrás de los despidos es un plan de imponer el “turno americano” como lo vienen haciendo en otros países. Kraft, segunda alimenticia del mundo que reporta ganancias millonarias ya es un pulpo insaciable. Y ahora en su planta de Argentina se propuso barrer con el turno noche y reducir la jornada laboral a 2 turnos de 12 horas, dejando a unos 600 más en la calle, lo que sería imposible con la actual Comisión interna y los delegados. Por eso, los despidos fueron selectivos haciendo foco en los representantes de los trabajadores y en el activismo gremial.

3) Desarrollo del conflicto

            Desde que estalló el conflicto, las cámaras y entidades empresarias gritaron a coro pidiendo la “solución” del conflicto para “reestablecer la paz”: lo que para ellos supone una fuerte represión sobre los trabajadores para que en la “paz de los cementerios” vuelva a reinar la dictadura patronal.
           
            Así, el presidente de cámara empresaria alimenticia (COPAL), Jorge Zorreguieta (quien fue secretario de Agricultura de la dictadura militar de Videla) pidió al gobierno una “solución”. Y la cúpula de la UIA se reunió con Aníbal Fernández un día antes de la represión para reclamarle que desalojara la planta, mencionando a “cuarenta tipos que siempre generan problemas”. “Nos vamos a mover”, prometió esa noche el jefe de Gabinete a la delegación patronal. Al día siguiente, un operativo conjunto de la montada, la bonaerense y la gendarmería descargó brutalmente contra los trabajadores y las organizaciones sociales y políticas que los apoyaban.
           
            Como ya nadie espera que sea de otro modo, la CGT jugó otra vez para la patronal. Así, Hugo Moyano, Secretario General de la CGT,  salió a justificar la falta de apoyo de la Central Sindical a los trabajadores por el hecho de que su comisión interna "se politiza, y llevan a la ultraizquierda". Además, dejó de lado sus disputas internas con Daer, titular del Sindicato de Alimentación, y salió a respaldarlo. Y es que el avance de la organización independiente de la clase mete miedo y ellos están entre los más perjudicados.

            Antes de que empiece la represión, los trabajadores habían colgado una bandera del techo de la fábrica que decía: “Señora Presidenta ¿Dónde está?”. Y es que sabían que Cristina Fernández estaba en EEUU entrevistándose con los directivos de Kraft a quienes les aseguró que sus inversiones estaban a salvo.
           
            Después del paro les dieron la licencia, se dictó la conciliación obligatoria y el ministerio intervino obligando a la empresa a que dejara faltar a las personas con problemas respiratorios, a que les pagara a las madres esos días de licencia.
           
            El lunes 17 de agosto terminó la conciliación obligatoria y al día siguiente mandaron los telegramas de despido. Se sacaron de encima a los que les molestaban, dieron de baja a los gremialistas y a toda la gente que se ponía al frente para reclamar porque quieren implementar el sistema americano de doce horas de trabajo, que ya impusieron en San Luis, y así reducir un turno. Dicen que antes de recibir a esta gente, que marcaron a dedo, prefieren pagar multas, decían los trabajadores en huelga.. La comisión interna, liderada por el histórico delegado Ramón Bogado, avaló esta interpretación con un dato: despidieron gente de todos los turnos, cuando el paro lo hizo el turno tarde. Los trabajadores denunciaron que la empresa los trató de delincuentes, porque tomaron de rehenes a los de administración, que no podían salir por el paro. La situación en la planta era desesperante, no se trabajaba, la empresa no les daba comida a los despedidos y tuvieron que donar sus bonos y terminaron todos acampando dentro de la empresa.

            El 20 de agosto empezaron a recibir apoyo de otras fábricas, como Pepsico y Stani, y cortaron la Panamericana, como habían hecho en 2007. Al día siguiente volvieron a cortarla, a pesar de que la Gendarmería quiso impedirlo. El sábado 22 y domingo 23 se realizaron los primeros de sucesivos festivales artísticos solidarios, recibieron la adhesión de los docentes de Suteba y el dibujante Rep les mandó un dibujo.
           
            El 25 de agosto el Ministerio de Trabajo dictó una nueva conciliación obligatoria, por lo cual los obreros se presentaron a trabajar. A las seis, cuando cruzaron la reja perimetral, se encontraron con decenas de policías, y a los despedidos los llevaron a un quincho donde les proyectaron el video El orgullo de ser Kraft, sin dejarlos salir ni tener contacto con sus compañeros. “La idea era empezar un operativo ablande como se hizo en General Motors con el famoso Chevy Club y al final de la conciliación proceder al despido de los que verdaderamente les molesten”, denunció la comisión interna. El 26 volvieron a parar la producción y esa semana recibieron el apoyo del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y organismos de derechos humanos.
           
            El viernes 4 de septiembre la empresa dio asueto, lo cual fue denunciado por los trabajadores como lockout (paro patronal). Estaba por terminar el plazo de una nueva conciliación obligatoria y el lunes 7 se presentaron a cumplir sus tareas, pero sólo pudo entrar a la planta de Pacheco un grupo de despedidos y delegados. La policía estaba adentro de la fábrica y reprimió con balas de goma a los empleados que hacían ruido contra la reja. Adentro los uniformados intentaron detener a miembros de la comisión interna, pero sus compañeros respondieron con una batahola de sillas y bandejas para impedirlo. El Ministerio de Trabajo se comprometió a investigar lo sucedido y convocó a las partes a una mesa de diálogo. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudió la represión.
           
            Esa semana los familiares de los despedidos se manifiestan frente a la quinta de Olivos y comenzaron las marchas en Capital de agrupaciones estudiantiles y universitarias. Hubo nuevos cortes de la Panamericana, el escritor Osvaldo Bayer se pronunció a favor de los trabajadores, hubo marchas en Rosario, Bahía Blanca y Quilmes, y se solidarizaron los obreros de Zanon. El 15 marcharon a la Embajada de Estados Unidos. Víctor Hugo Morales difundió detalles del conflicto y dos pibes irrumpieron en el programa Justo a tiempo, que conduce Julián Weich, para reclamar por los despedidos. Jorge Zorreguieta, presidente de la Copal (la cámara empresaria que agrupa a las empresas fabricantes de alimentos) fue repudiado por instar al Gobierno a reprimir para desalojar la fábrica.
           
            Esta semana el clima se recalentó con los dos cortes de la Panamericana. Las declaraciones del titular del gremio de la alimentación, Rodolfo Daer, y del líder de la CGT, Hugo Moyano, que afirmaron que el conflicto está “ideologizado”, contribuyeron a aislar a los obreros de Kraft. Sin embargo, los despedidos sostuvieron casi 40 días de toma, con actividad productiva sólo en dos jornadas, porque contaron con el apoyo mayoritario del resto de los trabajadores que conservan sus puestos. Por la denuncia de ocupación que hizo la empresa, la fiscal Laura Capra intentó desde el primer momento concretar el desalojo. La Cámara de San Isidro dijo que el poder político debía instar a las partes al diálogo, pero advirtió que si no se concretaba esa negociación procedería a darle la razón a la fiscal. No fue necesario, porque el viernes lo hizo el juez Ricardo Costa.
            ´
            Los voceros de Kraft desmintieron haber acudido a la Embajada de los Estados Unidos. Tanto la Justicia como el gobierno nacional dejaron en manos del gobernador Daniel Scioli la resolución del conflicto, que a todas luces fracasó. Y ordenó a la Bonaerense ponerse a disposición de la orden judicial de desalojo.

            En la puerta de Kraft, el delegado Javier Hermosilla aseguró que no es que “no pudo” frenar el desalojo, sino que “no quiso porque desde el gobierno nacional le habían pedido mayor contundencia”. A juzgar por las vehementes explicaciones de los funcionarios del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, ellos hicieron “denodados esfuerzos” para que las partes volvieran al diálogo. Sin embargo, cuando la empresa acudió al ministerio el viernes lo hizo acompañada por funcionarios de la cartera laboral provincial y presentó un paquete cerrado que nada tuvo de acuerdo ni de negociación.   

            “Hablamos con ellos (los despedidos) hasta último momento para que salgan de la fábrica pacíficamente, pero no logramos que cedieran”, decían. El sábado a la madrugada una joven que había estado detenida varias horas en la planta tras el desalojo contaba otra versión. “Alejandro Chavarría (jefe de la delegación regional Tigre del Ministerio de Trabajo provincial) nos leyó el acta y le pedimos cinco minutos para salir, pero entraron enseguida los policías y no nos dieron tiempo a nada”, dijo mientras mostraba a las cámaras los golpes recibidos.

            El gobierno “popular y de los derechos humanos” que se jacta en las últimas semanas de enfrentar a los monopolios a través de la Ley de medios, puso el aparato estatal -Ministerios de Trabajo, del Interior y fuerzas de seguridad- al servicio de los intereses de una de las más grandes multinacionales yankis. Y así, legitimó y legalizó todas las violaciones de las leyes argentinas que llevó adelante Kraft: despido de los delegados, desacato de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio, aprietes y maltrato psicológico a los trabajadores, por sólo nombrar algunas.
           
            El pico del conflicto encontró en el exterior a la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner y a la delegación argentina, entre ellos el ministro de Trabajo Carlos Tomada. El gobierno nacional no supo desactivar a tiempo un conflicto que suma erosión a la gestión, que en plena crisis aportó decisiones desacertadas cuando el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, apuntó contra Scioli, y en un encuentro con la Unión Industrial, según deslizaron voceros de la UIA, habría dicho que desplazarían a los trabajadores que ocupaban la planta. Así se llegó al viernes 25.
           
            Con derechos laborales violentados, con el coro de prenseros canallas agitando desde sus usinas de comunicación institucional “el perfil que deben tomar las empresas para defenderse en los medios de ataques sindicales”, voceritos a sueldo que alguna vez se asumieron como periodistas y ahora pregonan miedo “por el temor a que se generalice el acoso sindical”, llaman a evitar “eventuales contagios” de la situación que se suscitó en Kraft, lo que se estaría “convirtiendo en una de las crisis empresarias más graves de la Argentina en décadas”; así, entonces, se llegó al viernes 25 de septiembre cuando a las 17.30 comenzó la mayor –y más brutal– represión desde aquel día en fueron asesinados Kosteki y Santillán el 26 de junio de 2002 en el Puente Pueyrredón, en Avellaneda.

4) Intervención del Ministerio de Trabajo

            La  reunión en el Ministerio de Trabajo entre los representantes de Kraft, delegados de la comisión interna de la fábrica y dirigentes del Sindicato de la Alimentación terminó sin acuerdo.
           
            El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y su vice, Noemí Rial, aseguran que su intervención en el conflicto en Kraft Foods (ex Terrabusi) fue la misma que habrían tenido con cualquier otro sector. Los delegados gremiales le reclaman la falta de decisión para intimar a la empresa.
           
            Después de que la compañía ofreciera reincorporar a 30 de los 86 despedidos y 36 suspendidos para destrabar el conflicto, uno de los trabajadores adelantó que no están de acuerdo (por ser una decisión unilateral de la empresa) y que iban a decidir en asamblea los pasos a seguir.

5) Resoluciones

            Poco después de que comenzara la audiencia, Bogado, uno de los delegados despedidos, advirtió que los cortes podrían extenderse a distintos puntos del país. El gremialista denunció que la comisión interna a la que pertenece, y que está enfrentada con Daer, no participó del encuentro con Tomada.         "No hay representantes nuestros. Si se llega a un acuerdo mañana probablemente haya piquetes en todo el país", amenazó Bogado.
           
            Asimismo, el Ministerio de Trabajo advirtió a la compañía que podría ser sancionada si no permite el ingreso de delegados a la planta de General Pacheco, tal como estaba establecido por el acta de compromiso firmada.
           
            Los trabajadores de Kraft habían exigido la intervención directa de Cristina Kirchner en el conflicto. "Acá tiene que dar una solución la Presidenta, que tiene la oportunidad de reivindicarse con los compañeros despedidos y suspendidos injustamente", afirmó el delegado Ramón Bogado. A Bogado no se le permitió ingresar en la fábrica de Pacheco pese al impasse que la empresa y los trabajadores acordaron.

5) Medidas de acción directa

            Consultado sobre una posible resistencia de la empresa a que ingrese la comisión interna, Rial (Viceministra de Trabajo) respondió que "entonces van a tener una acción directa de la justicia porque nosotros le hemos dado el apoyo al ponerle a la empresa la intimación del artículo 30 (del Decreto 467/88 Reglamentario de la Ley 23.55)" y que eso "un juez puede resolverlo en 24 horas".

ARTICULO 30.- (Artículo 52 de la Ley) - La medida cautelar prevista por el artículo 52, párrafo 1 in fine, podrá ser requerida por el empleador en momento en que surja o mientras perdure un peligro potencial para las personas, se desempeñen o no en la empresa (trabajadores, consumidores, proveedores, usuarios, etc), los bienes, ya sean éstos materiales o inmateriales, usados, consumidos, producidos u ofrecidos por la empresa o el eficaz funcionamiento de ésta, siempre que dicho peligro se evite o reduzca con la suspensión de la prestación laboral del titular de la garantía de estabilidad. El empleador podrá liberar de prestar servicios al trabajador amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48, o 50 de la Ley, en cuyo caso deberá comunicarlo, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y mantener el cumplimiento de la totalidad de los deberes que la ley o convenciones colectivas ponen a su cargo, como consecuencia de la relación laboral; así como el de aquellos que le impone el artículo 44 de la Ley de modo directo y los artículos 40 y 43 como correlato de los derechos del representante, cuando se tratare de un delegado en ejercicio de su función. En este supuesto deberá promover dentro de los quince (15) días, ante Juez competente acción declarativa para que se compruebe la concurrencia de los motivos fundados que autoriza el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo o, en su caso, requerir la exclusión de la garantía con el alcance que justifique la causa que invoque. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social podrá intimar a promover una de estas acciones al empleador que omitiera hacerlo dentro de este término, si hubiere razones para ello. El representante electo, en ejercicio de su mandato o, concluido éste, mientras perdure la estabilidad garantizada por el artículo 52 de la Ley, podrá en caso de que el empleador lo despidiere, suspendiere, o modificare a su respecto las condiciones de trabajo, colocarse en situación de despido indirecto, si e empleador no hiciese efectiva la reinstalación o no restableciere las condiciones de trabajo alteradas, dentro del plazo que fije a ese efecto la decisión judicial firme que le ordene hacerlo. Podrá ejercer igual opción, dentro del quinto día de quedar notificado de la decisión firme que rechazare la demanda articulada por el empleador para obtener la exclusión de la garantía. Si el trabajador amparado por la garantía contenida en el artículo 52 de la Ley no fuera electo, la decisión judicial que declare, haciendo lugar a una acción o a una defensa, no perdida la garantía, dispondrá de inmediato la obligación de reparar en los términos del párrafo cuarto del artículo reglamentado y, en su caso, se procederá a liquidar el importe correspondiente a dicha obligación en la etapa de ejecución de sentencia.

            En el marco de las medidas de acción directa adoptado por el sindicato, la filial argentina de Kraft Foods no hizo otra cosa que aplicar los métodos ya puesto en práctica por sus filiales de Colombia, Perú, Honduras y Venezuela. La sede de Buenos Aires no dudó en incluir entre las decenas de despedidos a 40 de los 44 delegados por sector, de los cuales diez forman la comisión interna, de la que Kraft echó a ocho, intentando borrar con telegramas derechos constitucionales vigentes que fueron el producto de años y años de historia de luchas obreras. Derechos laborales que Alberto Pizzi, ex subteniente de caballería del Ejército argentino, casado, padre de cuatro hijos, que a sus 47 años dirige el Área Cono Sur de Kraft Foods, no puede desconocer. Su currículum como licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad de Belgrano, expone una vasta experiencia como para desconocer normativas sindicales: fue empleado de Marcelo Tinelli con el cargo de gerente general de Ideas del Sur, y pasó como director de Marketing por Pepsi Cola Argentina, entre otros trabajos, antes de encumbrase en una de las mayores productoras de alimentos del mundo. El señor Pizzi evitó la exposición pública durante el conflicto. Su lugar lo ocupó el abogado Pedro López Matheu, director de Asuntos Corporativos y Gubernamentales de Kraft, que se desempeñó antes de asumir su actual cargo en 2006 como gerente de Asuntos Institucionales del Grupo Clarín durante 10 años, lo que le permitió ocupar la presidencia de la Comisión de Libertad de Prensa de ADEPA. Su estilo de gestión lo recordó Página 12: “El viernes 3 de septiembre de 2004 se produjeron 119 despidos por reclamos de mejoras en las condiciones laborales. La semana previa 350 empleados pararon la planta donde se imprime las revistas Viva y Genios. Ese viernes fueron cesanteados todos los trabajadores hasta el lunes 8, y con 500 efectivos de la Infantería de la Policía Federal sacaron la edición de Viva de los galpones para ser distribuida. El ideólogo de aquella movida no fue otro que López Matheu”. Todo un estilo.
           
            Acá en la Argentina pretenden concretar su viejo anhelo de reducir un turno. Pero los 2.700 trabajadores de Terrabusi están dispuestos a pagar una crisis que no fue generada por ellos. Terrabusi Kraft Foods en el año 2007 felicitó a sus trabajadores por batir records de producción, y hoy ante la crisis pretende dejar cientos de familias en la calle. En medio del conflicto se hizo público que Kraft ofreció 16.700 millones de dólares para comprar el grupo inglés Cadbury.  Esto traerá consecuencias de más despidos en la Argentina. Así pasó con Canale, Capri, Mayco, Vizzolini, Royal, Suchard, Bagley, entre otras.

6) Conclusiones

            La huelga de la ex Terrabusi tiene todavía un final abierto. La lucha en General Pacheco mostró hasta qué punto está quebrada la capacidad de arbitraje del kirchnerismo. El gobierno no quiso, primero, llevar adelante los recursos de regimentación de las relaciones laborales establecidas por ley.
           
            La crisis del arbitraje estatal afecta a la burocracia de los sindicatos. El conflicto de Kraft desnudó a la CGT como sucursal del oficialismo. Hugo Moyano, el secretario general de la central obrera (¿?), justificó la no intervención de su organización debido a que en la comisión interna de la empresa actúan sectores "de ultraizquierda" que "politizan" los reclamos. El dirigente sindical reconoció que la situación de los trabajadores de Kraft "es extremadamente difícil", aunque deslindó la responsabilidad de la CGT. "Estos sectores no aceptaron" la intervención de la CGT cuando comenzó el diferendo, sostuvo Moyano, quien advirtió que "ahora, cuando la cosa está crítica, quieren ayuda".
           
            A su vez, en la UIA se habla de “exacerbación social” que generó todo un movimiento popular debido a este conflicto, como si fuese una respuesta “desmedida” a la actitud deliberadamente endurecida que a tenido la empresa en cuanto a su posición.        
           
            Las Cámara Patronales siempre plantean ese caballito de batalla llamado “seguridad jurídica” como si las grandes empresas monopólicas son las únicas que tienen derecho a gozar de los beneficios de las leyes y que por lo tanto, dado su poder de negociación, su capacidad de maniobra y al lobby que ejercen ante las altas esferas del gobierno, se creen autorizados para hacer lo que les plazca y las empresas que los representan se consideran con las facultades suficientes para pisotear y vulnerar todas las leyes argentinas. Para la defensa de su sagrada propiedad privada, se olvidan del mercado, de la mano invisible y reclaman que el Estado intervenga para que se las garantice. Y para los trabajadores ¿qué? ¿No tienen ellos también los mismos derechos establecidos en el art. 14 y art. 14bis de la Constitución Nacional? ¿Por qué nunca se habla de la seguridad jurídica para los trabajadores? Toda medida de protesta es respondida con el código penal y si no les alcanza tienen a su disposición los métodos represivos como se vio el viernes 25 de septiembre en el desalojo de la planta.
           
            Y como si fuera poco,  también se habla de “presiones” por parte de la embajada de EEUU hacia el Ministerio de Trabajo para que todo esto se resuelva de forma clara. Desde la embajada de los Estados Unidos, el afable Thomas Nelly, encargado de Negocios y un fino conocedor de las relaciones con funcionarios argentinos, fue clave en la búsqueda de un consenso que apaciguara los ánimos. Dialogó con el gobernador Daniel Scioli. Desde la legación diplomática se resaltó la importancia de apoyar “la plena aplicación de los derechos y protecciones laborales, así como el respeto de los derechos de propiedad y del sistema judicial”. Y se remarcó que la embajada norteamericana no intervino en las negociaciones. La diplomacia, bajo el manto de la flamante embajadora Vilma Martínez, quedó a la izquierda de los halcones criollos de Kraft. Claro que esto depende, de la posición en que se lo mire.  

  
ANEXO DOCUMENTAL

1) Comunicado de prensa de la Comisión Interna de Terrabusi-Kraft

La empresa Kraft miente y ejerce revanchismo dentro de la planta fabril

El viernes 25 de septiembre, a 38 días de paro dentro de fábrica, ratificado masivamente en 31 asambleas generales, los trabajadores de Terrabusi que nos enfrentamos al segundo monopolio mundial de la alimentación y primero en Estados Unidos, fuimos violentamente reprimidos, con decenas de compañeros heridos y detenidos.
Es lamentable el papel del gobierno nacional que resolvió ponerse al lado de la patronal yanqui, contra las obreras y obreros y contra todo el pueblo argentino que nos dio una extraordinaria muestra de solidaridad.
En ese viernes a la madrugada un impresionante operativo de la policía bonaerense se desplegó dentro de la fábrica. Policía montada, infantería, perros, fuerzas especiales de provincia y helicópteros ocupaban nuestro lugar de trabajo.
El salvajismo de la represión fue brutal adentro y afuera, pegándole a trabajadores y familiares, incluso niños, y sobre todo a las mujeres. Tiraron con balas de goma y gases lacrimógenos y atacaron con perros, palos y caballos. Luego de una represión que solamente recordamos de la época de la dictadura, la justicia argentina usó las instalaciones de la Kraft como una comisaría. Allí nos tomaron declaración, allí actuaban libremente los funcionarios judiciales y del gobierno, la seguridad de la empresa ordenaba a la policía quién podía entrar y quién no, impidiendo el ingreso de los abogados.
Denunciamos que quienes supuestamente velan por el cumplimiento de la ley, nos robaron el fondo de huelga, así como efectos personales y dinero. Una verdadera vergüenza a la que se prestó este gobierno.
Así la Kraft volvió a pisotear la soberanía argentina, luego de haber violado reiteradamente, las leyes laborales durante todo el conflicto.
La firmeza de los trabajadores de Kraft Terrabusi, junto a la extraordinaria jornada de solidaridad del lunes 28, con más de 100 cortes desde Jujuy a Tierra del Fuego, paros solidarios de varias fábricas, entre ellas Astillero Río Santiago, y una inmensa movilización a Plaza de Mayo, permitieron volver a reabrir las negociaciones.
Así fue que los ministros de Trabajo de Nación y Provincia convocaron a la Comisión Interna, al sindicato y a la patronal. Luego de una prolongada negociación el Ministerio saca una resolución donde intima a la empresa a:
1º-  La empresa deberá abonar los haberes adeudados incluyendo los correspondientes salarios caídos como consecuencia del conflicto, dentro de las 48 horas.
2º- La empresa debe revisar los despidos y las suspensiones y evaluar los resultados el 1º de octubre en una nueva reunión.
3º- Retirar paulatinamente la policía de la fábrica.
4º- La empresa debe permitir el ingreso de los cinco miembros de Comisión Interna, debiendo cumplir en plenitud sus funciones gremiales y laborales.
5º- Se intima a la empresa a garantizar a todos los delegados suspendidos el pleno ejercicio de sus funciones, dentro del establecimiento.
De los cinco puntos el 1º, 3º, 4º y 5º no fueron cumplidos por parte de la patronal. Está planteado cual va a ser la actitud del gobierno ante este monopolio norteamericano que desconoce las leyes de nuestro país y castiga sin piedad a sus obreros, y ha desplegado un brutal revanchismo sobre los trabajadores. Dentro de la planta no permite que se junten más de tres a conversar, violó los cofres que quiso, hasta pretendió que las fuerzas represivas compartieran el comedor con los trabajadores, cosa que fue rechazada por estos. En medio de esta situación, el sindicato, dentro de fábrica se ofrece como garantía para volver a la producción. Y afuera, avala la denuncia en el Ministerio de Trabajo de un grupo de trabajadoras carneras, pagadas por la empresa, para injuriar a la Comisión Interna. ¡Que vergüenza!
En medio de la violación de todos los acuerdos por parte de Kraft, mañana jueves 31, se vuelven a sentar las partes.  
Reafirmamos que en este conflicto hay dos lados. En uno estamos los 2.700 trabajadores, en el otro, la patronal yanqui. En estos más de 40 días de conflicto quedó claro que el pueblo argentino está de nuestro lado. El gobierno nacional y provincial permitió que la empresa viole todas las leyes argentinas. ¿Va a seguir siendo el brazo ejecutor de la patronal yanqui?
Hoy en Capital Federal marchamos junto con la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), al Ministerio de Trabajo.
 
Comisión Interna de Terrabusi Kraft Foods
General Pacheco, 30 de septiembre de 2009 
www.trabajadoresdeterrabusi.blogspot.com

  

2) Comunicado de prensa de la comisión interna - Pacheco, 12 de octubre de 2009

El verdadero plan de Kraft

El domingo 11, la empresa Kraft Foods sacó una solicitada en todos los diarios, renovando sus mentiras, en este caso sobre lo que pasó en la audiencia del 9 de octubre con el Ministerio de Trabajo y el Sindicato. Dice que siempre tuvo “voluntad de diálogo y flexibilidad”, cuando durante los 38 días que los compañeros despedidos permanecieron en la planta se negó a realizar ninguna reunión.
Habla de la “intransigencia” de la Comisión Interna, intentando hacerla responsable de que “quedó sin tratarse la propuesta de reincorporaciones efectuadas por la empresa”. Pero la empresa nunca mostró la nómina de los 20 compañeros despedidos, que había acordado reincorporar el martes 6 de octubre.
La mejor demostración de la mentira de la Kraft, es lo que dice la abogada de la empresa, Ana María Coza, en el escrito pidiendo la “exclusión de tutela sindical”, es decir el desafuero, de Ramón Bogado. Allí la patronal expresa claramente “El día 8 de julio de 2009 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en un marco en el que la empresa ya daba comienzo a medidas de intimación y eventualmente despidos de trabajadores, en número cercano a 750, dispuso una audiencia de partes…”.
Queda claro el plan de fondo de Kraft, y porqué no firmó el acta en la audiencia del viernes 9 en el Ministerio de Trabajo. Además, Kraft vuelve a amenazar a los trabajadores con causas penales, porque para esta patronal norteamericana un paro es un “acto de violencia”, y no un derecho constitucional de los trabajadores argentinos.
En la solicitada, la Kraft afirma que “continuará desarrollando todas sus actividades con total apego a las leyes argentinas”, y sigue incumpliendo, como desde el comienzo del conflicto, con las intimaciones del Ministerio de Trabajo.

El gobierno, en vez de hacer cumplir la legislación argentina, sigue otorgando extraterritorialidad a la empresa, garantizándole la presencia policial dentro de la planta
La dirección del sindicato, en vez de denunciar este plan de ajuste junto a los trabajadores, vuelve a ponerse del lado de la empresa, negando la representatividad gremial de la Comisión Interna, y preparando un alevoso fraude electoral, sin importarle las decenas de compañeros despedidos y suspendidos que están en la calle
Frente a la maniobra del sindicato de convocar a elecciones ya, algunos, con el argumento de que “ganamos cómodos”, entran en el juego de Daer, y se lanzan a preparar listas y a meterse de lleno en campaña electoral. Creemos que es una posición equivocada.

Hay que poner por delante la lucha por la reincorporación de todos los compañeros, y denunciar a la dirección del gremio, que vuelve a ser funcional a los planes de la empresa de descabezar a la actual Comisión Interna. En estas condiciones, una campaña electoral ayuda a la división. Tenemos que pelear por elecciones sin despidos.
Esta semana retomaremos nuestro plan de lucha, dentro y fuera de la planta. Estaremos acompañados nuevamente por miles de compañeras y compañeros de todo el país, lo que nos llena de fuerza y nos compromete para seguir adelante en esta ya histórica lucha de los 2600 trabajadores de Terrabusi Kraft. El martes movilizamos a los Tribunales de San Isidro para exigir el ingreso a planta del compañero de la Comisión Interna Javier Hermosilla (esta negativa es un hecho totalmente injusto y arbitrario, y tienen que dejarlo entrar inmediatamente).
El miércoles asistiremos a la nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, con la esperanza de encontrar un principio de acuerdo en este largo conflicto, sobre la base de que no sean los trabajadores los que paguen por una crisis que no generaron. Y marcharemos de Congreso a Plaza de Mayo a las 17.30 hs.

Por la reincorporación de todos los despedidos y suspendidos.
Por el retiro de la policía de la planta.
Por la libertad gremial sin restricciones dentro de la fábrica.
Por el ingreso de todos los miembros de la Comisión Interna con sus funciones gremiales.
No al fraude electoral.
Viva la heroica lucha de los 2.600 trabajadores de Terrabusi Kraft.

Blog de la Comisión Interna - www.trabajadoresdeterrabusi.blogspot.com

3) Testimonio sobre el desalojo y la represión Policial

–¿Cómo fue el desalojo? –le preguntó Página/12 a Coria.
–Fue tremendo. En el mismo momento en que un funcionario del Ministerio de Trabajo de la provincia nos leía un acta de un acuerdo con la empresa vemos que los policías de Infantería rompían las ventanas del segundo piso para llegar a la terraza. Enseguida nos rodean y empiezan a tirar con balas de goma. Algunos compañeros trataron de proteger a las mujeres y otros tiraron lo que tuvieron a mano para frenarlos: unos conos de plástico, algunas piedras, no lo voy a negar, era lo poco que había.

–¿Cuántos eran ustedes?
–Eramos 25 en total, varias mujeres.

–¿Cómo siguió?
–Se nos vinieron encima. Algunos compañeros se entregaron. A uno, con las manos levantadas, le dispararon y lo hirieron debajo de la rodilla. A otra compañera la levantaron de los pelos y le golpearon la cabeza contra el piso varias veces, me han dicho que se ve con claridad en Crónica. Y no contentos con eso, cuando está totalmente dominada, la patean.

–¿Cuáles son las heridas más graves?
–Hay varios con balas de goma. A algunos compañeros les rompieron la cabeza con garrotes.

–¿Fueron dados de alta?
–Sí, a la madrugada. Los atendieron en el Hospital de Pacheco.

–¿A dónde los llevaron después del desalojo?
–Cuando estuvimos todos reducidos nos subieron a un celular, en compartimientos que yo no conocía, de cincuenta centímetros por menos de un metro, de a dos, apretados, con una rejilla que apenas dejaba respirar.

–¿Los llevaron a una comisaría?
–No, la fábrica se convirtió en una comisaría. Tanto en la oficina de personal como en el departamento médico nos tomaron declaraciones, nos sacaron las huellas, era como una comisaría. Compañeros más viejos contaban que la imagen les recordaba el campo de concentración que funcionó en la Ford durante la dictadura.

–¿Quién les tomó declaración?
–La misma policía. Y no dejaron entrar a nuestros abogados.

–¿Estaba el fiscal?
–Entiendo que sí.

–¿Las declaraciones las tomaban policías uniformados?
–Sí, y nos querían hacer firmar un acta con todas las acusaciones. Nos negamos.

–¿A qué hora los liberaron?
–Nos tuvieron ahí hasta cerca de las 4.30. Nos liberaron a todos juntos.

–¿Qué pasó hoy?
–Hoy nos reunimos unos cien compañeros, de los tres turnos. No fue una asamblea. Las asambleas son por turnos y más representativas. La última noche éramos entre 400 y 500 trabajadores.

–¿Cuál es la actitud de los trabajadores que no fueron despedidos?
–De gran indignación. De hecho una gran cantidad de compañeros estaba ayer (por el sábado a la madrugada) esperándonos en la puerta, preocupados. Si se puede garantizar que haya asamblea, no tenemos dudas de que va a seguir el paro adentro de la fábrica. La duda es si la empresa va a dejar que entre la comisión interna para conducir la asamblea.

–¿Todos los miembros de la comisión interna fueron despedidos?
–Despidieron a los principales, cuatro miembros sobre diez.

–¿Qué expectativa tienen?
–La expectativa era de una intervención del Gobierno a favor de los trabajadores, pero lamentablemente se frustró. Habíamos hecho marchas con banderas pidiendo la intervención de la Presidenta en el conflicto y vimos que jugaron en contra de los trabajadores.

–¿Qué le reprocha al Ministerio de Trabajo?
–Que teniendo el poder de policía dictaron dos veces una conciliación obligatoria, la empresa no la acató y no se la hicieron cumplir. La empresa avasalló un montón de leyes, como la que impide despedir a delegados con fueros. Trabajo tenía la fuerza necesaria para hacerla cumplir. Teníamos expectativas, pero nos terminamos dando cuenta de que tuvimos que enfrentarnos no sólo con la empresa, también con el sindicato, el ministerio y la Justicia.