LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y LA CIUDADANA

Por Sergio Daniel Aronas – 06 de noviembre de 2016

Los 17 artículos de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escritos por Olympe de Gouges en septiembre de 1791 y que luego sería ejecutada en la guillotina el 3 de noviembre de 1793 por atreverse a plantear la igualdad del hombre y la mujer. En las escuelas y universidades nos enseñaron la Declaración de los derechos del hombre y del Ciudadano pero nunca nos contaron, nunca nos enseñaron  y nunca nos dijeron que hubo una Declaración de los derechos de la Mujer y la Ciudadana, manteniendo en la más lejana oscuridad la importancia de este magnífico documento que nos legó la Revolución Francesa.

Quizás por su carácter avanzado y hasta temerario para su época es que su autora se convirtió en un peligro mortal para los hombres de esta revolución y fue por eso que la condenaron a morir en la guillotina.

Olympe planteó la igualdad del hombre y la mujer, que la mujer nace libre y así debe ser siempre; no permite que la mujer sea propiedad privada del hombre. Afirma que la soberanía que nace en el pueblo, éste está formado por hombres y mujeres y ninguna autoridad puede estar por encima de esta reunión.

La igualdad ante la ley por parte de los hombres y las mujeres es ley suprema porque nada de lo que no está prohibido puede ser impedido ni nadie está obligado a hacer lo que las leyes no ordenan. Esto es un importantísimo antecedente jurídico del artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina en la segunda parte de su contendido.

El matrimonio y la educación de los hijos es tarea del hombre y de la mujer, defiende el derecho a ser madre y de divorciarse

 ¿Alguien tiene conocimiento de este documento? Aquí van esos artículos:

1 – La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden estar fundadas en la utilidad común. 

2 – El objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la Mujer y del Hombre; estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. 

3 – El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación que no es más que la reunión de la Mujer y el Hombre: ningún cuerpo, ningún individuo, puede ejercer autoridad que no emane de ellos. 

4 – La libertad y la justicia consisten en devolver todo lo que pertenece a los otros; así, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer sólo tiene por límites la tiranía perpetua que el hombre le opone; estos límites deben ser corregidos por las leyes de la naturaleza y de la razón. 

5 – Las leyes de la naturaleza y de la razón prohíben todas las acciones perjudiciales para la Sociedad: todo lo que no esté prohibido por estas leyes, prudentes y divinas, no puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer lo que ellas no ordenan. 

6 – La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las Ciudadanas y Ciudadanos deben participar en su formación personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, por ser iguales a sus ojos, deben ser igualmente admisibles a todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes y sus talentos. 

7 – Ninguna mujer se halla eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la Ley. Las mujeres obedecen como los hombres a esta Ley rigurosa. 

8 – La Ley sólo debe establecer penas estrictas y evidentemente necesarias y nadie puede ser castigado más que en virtud de una Ley establecida y promulgada anteriormente al delito y legalmente aplicada a las mujeres. 

9 – Sobre toda mujer que haya sido declarada culpable caerá todo el rigor de la Ley. 

10 – Nadie debe ser molestado por sus opiniones incluso fundamentales; si la mujer tiene el derecho de subir al cadalso, debe tener también igualmente el de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la Ley. 

11 – La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos más preciosos de la mujer, puesto que esta libertad asegura la legitimidad de los padres con relación a los hijos. Toda ciudadana puede, pues, decir libremente, soy madre de un hijo que os pertenece, sin que un prejuicio bárbaro la fuerce a disimular la verdad; con la salvedad de responder por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la Ley. 

12 – La garantía de los derechos de la mujer y de la ciudadana implica una utilidad mayor; esta garantía debe ser instituida para ventaja de todos y no para utilidad particular de aquellas a quienes es confiada. 

13 – Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, las contribuciones de la mujer y del hombre son las mismas; ella participa en todas las prestaciones personales, en todas las tareas penosas, por lo tanto, debe participar en la distribución de los puestos, empleos, cargos, dignidades y otras actividades. 

14 – Las Ciudadanas y Ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o por medio de sus representantes, la necesidad de la contribución pública. Las Ciudadanas únicamente pueden aprobarla si se admite un reparto igual, no sólo en la fortuna sino también en la administración pública, y si determinan la cuota, la base tributaria, la recaudación y la duración del impuesto. 

15 – La masa de las mujeres, agrupada con la de los hombres para la contribución, tiene el derecho de pedir cuentas de su administración a todo agente público. 

16 – Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de los poderes determinada, no tiene constitución; la constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen la Nación no ha cooperado en su redacción. 

17 – Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados; son, para cada uno, un derecho inviolable y sagrado; nadie puede ser privado de ella como verdadero patrimonio de la naturaleza a no ser que la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija de manera evidente y bajo la condición de una justa y previa indemnización.