Por Sergio
Daniel Aronas
Al igual que a finales de 1983 cuando el gobierno
radical de Raúl Alfonsín heredó la tremenda deuda externa generada por la
dictadura y debió enfrentarse al FMI, a los bancos y la maquinaria diplomática
del imperio de los Estados Unidos, veinte años después los mismos enemigos de la Argentina siguen
entrometiéndose en los asuntos internos argentinos, presionando, amenazando,
chantajeando y denigrando al nuevo gobierno para que siga pagando puntualmente
los intereses de esta salvaje deuda que nunca para de crecer gracias a la
maravillosa invención del interés compuesto.
Esta crisis de la deuda ha puesto nervioso y ha
alterado al gobierno de los Estados Unidos y se ha agravado por la propia
decisión de las autoridades del FMI y el Banco Mundial de aplicar a los
gobiernos latinoamericanos democráticamente constituidos, los mismos métodos de
regulación que aplicaron bajo las dictaduras, es decir, los tristemente
célebres planes de ajuste estructural.
Estos planes que ya habían muerto con la suspensión
de pagos declarado por México en agosto de 1982, no fueron motivo para que los
modifiquen, para que amortigüen sus devastadores efectos o directamente que
sean reemplazados por otros que contemplen los intereses de los pueblos de los
países endeudados. Para ellos, la crisis de México significó simplemente seguir
aplicando los planes de ajuste pero por otros medios, y que más tarde o más
temprano según el país que se analice, contribuyeron de manera decisiva al
empeoramiento de las condiciones de vida de la región hasta niveles
escandalosos e insoportables, como lo demuestran las mortíferas estadísticas de
la miseria, pobreza, desempleo, exclusión y marginación. Y a todo este mar de
desigualdades se le unen los sueldos congelados y rebajados, y a la
desaparición del Estado como garante de la salud, seguridad, defensa, educación
y justicia, tareas de su absoluta actividad.
En el caso argentino, el hecho increíble y
bochornoso es que la deuda externa, materia de exclusiva competencia del
Congreso Nacional, nunca fue tratada por éste. Nunca investigó absolutamente
nada y lo muy pocos intentos por tomar la iniciativa, convocar a sesiones
especiales o extraordinarias para abordar el tema, abrir el debate y movilizar
las consciencias de las responsabilidades que tienen como representantes del
pueblo, principal víctima de las políticas de ajuste de los inmundos que aún
quieren seguir cobrando, fueron trabados por el propio Poder Ejecutivo, siempre
presionados por la santísima trinidad de intereses imperiales: el FMI, el
gobierno de los Estados Unidos y los bancos, todos unidos en Santa Alianza para
dividir a los países latinoamericanos, someterlos por separados para que de esa
manera sigan siendo una presas fáciles para seguir saqueando a los países hasta
el agotamiento.
La competencia del Congreso ha sido ratificada por
la tardía sentencia del juez Dr. Jorge Ballesteros en la causa iniciada en 1982
por el periodista e investigador Alejandro Olmos, cuya muerte prematura le
impidió ver el poderoso dictamen de su Señoría. Esta sentencia remite al
Congreso toda la causa para que resuelva sobre la base de su propia
investigación tres cuestiones principales: cuánto se debe, a quien se debe y
por que se debe. Dicha sentencia determinó el carácter ilegal y fraudulento de
la deuda externa argentina y su prescripción, si bien no tenga efectos
jurídicos sobre sus responsables, es decir, que sean acusados, juzgados y
condenados por los tribunales, podrá ser cierto hasta cierto punto, pero no
podrá ser la única verdad e indivisible. Es imprescindible que semejantes
delitos que provocaron la mayor estafa de la historia política y económica de la Argentina al patrimonio
del país, sean declarados imprescriptibles por delitos de lesa patria y de alta
traición a la Nación. Y
como nuestro cuerpo jurídico tiene muchas leyes para castigar a los culpables
del saqueo de la Argentina ,
es hora de que algún día la justicia tenga la valentía moral, el coraje cívico
y espíritu patriótico para encarcelar a los delincuentes que arruinaron a la República. Estamos
seguros que todo el pueblo argentino apoyará las acciones de aquellos fiscales
guiados únicamente por su interés de defender a la Patria. Y esto es así porque todos queremos que los ladrones
que se robaron toda la riqueza de la
Nación regresen a nuestro país.
Para que se entienda de un modo concluyente y
terminante debemos decir que la deuda externa argentina fue un poderoso
instrumento de la política económica de la dictadura para implantar el
terrorismo fascista de mercado y resolver la crisis del sistema imperialista en
su propio beneficio, porque la
Argentina fue endeudada por la necesidad que tenían los
banqueros de Wall Street y Londres de colocar los excedentes de los
petrodólares de los países árabes que inundaron los bancos norteamericanos
gracias a las altas ganancias que obtuvieron con la crisis del petróleo de 1973
que obligó a los países capitalistas desarrollados a modificar sus políticas de
energía, sus sistemas de precios y el abastecimiento de materias primas y no
tuvieron mejor idea que prestarlos en forma intempestiva, incontrolable as los
países del tercer mundo gobernados en su gran mayoría por feroces dictaduras
colocadas por los países imperialistas que los reconocieron enseguida y
avalaron todas sus políticas.
Toda esta situación voló por los aires en la crisis
de diciembre de 2001 y la declaración del gobierno argentino de suspender los
pagos de los intereses de la deuda externa argentina, que pasó a la historia
como el “default” más famoso y más tristemente célebre pero no el de mayor
nivel ya que la declaratoria de inconvertilidad del oro al dólar por los
Estados Unidos en agosto de 1971 bajo la presidencia de Richard Nixon fue el mayor cese de pago de la
historia porque implicó una estafa de 500 mil millones de dólares de esa época.
De modo que se equivocan si creen como muchos creen que el caso argentino fue
el más voluminoso.
Ahora estamos enfrentando otro tipo de situación de
crisis de deuda causada por los llamados fondos buitres, también llamados “holdouts”
o “hedge founds” que son fondos de inversiones de alto riesgo que se
caracterizan por sus negocios de rapiña en la compra de bonos soberanos a
precios de remate esperando que se declaren insolventes los países que los
emiten para luego litigar en tribunales de los países capitalistas
desarrollados exigiendo el pago del 100% de esos títulos más los intereses y
actualizaciones. Son agentes que están fuera del control de las autoridades de
los países donde nacieron sus dueños ya que tienen domicilios en paraísos
fiscales y están libres de verificación,
supervisión y regulación favoreciéndose en la ampliación de sus gigantescas
fortunas logradas a expensas de países en quiebra.
El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner
resistió y se manejó adecuadamente contra esta banda mercenaria bajo la idea de
no pagar un solo dólar a los fondos buitres aunque fue una máquina de pagar ya
que según sus propias declaraciones transfirieron en el marco de las dos resetructuraciones
de deuda tanto por la de 2005 como la de 2010, unos 200 mil millones de dólares,
una cifra escandalosa, terrible y que refuta la mentira del desendeudamiento
porque con lo que la Argentina pagó hoy tiene una deuda pública por ese mismo
importe.
El nuevo gobierno de Marioneta Macri ya hizo su
desastrosa propuesta de acordar pagos con los buitres como primera medida para “entrar
al mundo”. Otra falacia que muchos creen que es verdad. Pagarle a los buitres
en las condiciones en que ellos lo están pidiendo es un acto de alta traición a
la Patria.
Tenemos que partir de la base que la nueva
composición del Congreso a partir del 1º de marzo será la constitución del
partido de la deuda porque todos van a acordar renegociar y pagarle a estos
fondos que jamás le prestaron ningún dólar a la Argentina sino que hicieron su
negocio especulativo, les fue mal y ahora pretenden cobrar lo incobrable porque
se trata de una deuda que no existe y no pueden reclamar nada.
Por otra parte, todo el tema de la deuda externa
argentina es nula de nulidad absoluta por su origen ya que se comenzó a
gestarse bajo la criminal dictadura militar de 1976 a 1983 y por lo tanto todos
los actos jurídicos de este gobierno ilegal, ilegítimo e irrepresentativo es
nulo de nulidad absoluto y carente de toda validez jurídica todos sus actos
relativos a los negociados referente a la deuda que ya fueron calificados de
delitos de lesa patria, fraudulentos y viciados de total legalidad.
