EL BLANQUEO DE CAPITALES EN LA ARGENTINA – NOTA IV
Por Sergio Daniel Aronas – 08 de octubre de 2016
Continuamos con nuestro análisis sobre la ley
de blanqueo de capitales que ha entrado vigencia en la Argentina y no debería
llamar la atención que cada gobierno que ha impulsado un proyecto como éste, en
todos los casos, fracasaron estrepitosamente y el panorama que se vislumbra en
el horizonte de este nuevo intento por parte de la Administración Macri, tengo
el mismo resultado: que fracase por completo.
Dijimos que el gobierno se juega entero con el
blanqueo de capitales en un nivel de importancia quizás mucho mayor que la ley
de presupuesto porque para dice se cumpla con el plan de gastos de su gobierno,
necesita que ingreses millonarios fondos procedentes de los millonarios que
esperan que exterioricen sus millones de dólares tanto por las empresas como por las personas argentinas que
los no tienen declarados ante la autoridad fiscal nacional[1].
Y la ambición desmedida por esta paquete está
llamando la atención no solo a los miembros del gobierno, del equipo económico,
sino también a las consultoras y centros de estudios que defienden la política
del presidente Marioneta Macri porque ven con elevada preocupación los
poquísimos adherentes a este blanqueo, de manera que el panorama lejos de
blanquearse se les está poniendo muy pero muy negro.
Lo que
se oculta en la ley de blanqueo de capitales es la eliminación del impuesto a
los bienes
personales, el único tributo verdaderamente de carácter progresivo ya que
se aumenta el mínimo no imponible de $ 305.000 a $ 800.000 para el ejercicio
fiscal 2016 que se pagará el año próximo, donde se aplica la alícuota sobre el
excedente. Para el año 2017 aumentaría a $ 950.000 y para 2018 el mínimo no
imponible sería de $ 1.050.000. Con esto se apunta a que el blanqueo sea más
“atractivo” a los dueños de grandes fortunas con el agravante para el fisco de
que este tributo dejará de pagarse en dos años, es decir que en 2019 desaparece
bienes personales de la lista de impuestos nacionales.
El gobierno sueña con que va a recaudar 70.000
millones de dólares, una cifra inalcanzable y tanto es así que ya han bajado
sus pretensiones recaudatorias y si alguien quisiera saber cómo marcha el
“sinceramiento impositivo”, el gobierno no habla ni dice nada porque se ampara
en el secreto fiscal, lo cual es un
indicio de que este sinceramente que se basa en instrumentos puramente
financieros no convence a nadie. Ni siquiera al titular del Banco Nación que
tiene que salir a vender este engendro porque ya reconoció que no declarará
todo lo que tiene depositado afuera. Ni hablemos del presidente que con los
Panamá Papers y los Bahamas Leaks en un país institucionalmente sano y organizado
ya le hubieran hecho juicio político para destituirlo. En ese país, jamás
hubiera sido candidato con 240 juicios pendientes en su contra pero gracias a
la lavadora judicial fue sobreseído con la velocidad de un rayo en todas sus
causas.
Otra de las maravillas de la ley del blanqueo
es que quienes se adhieran al sistema, quedarán exentos del pago de los impuestos que hubieran omitido
declarar en concepto de Ganancias, a la transferencia de inmuebles, impuesto al
cheque, IVA, impuestos internos, Ganancia Mínima Presunta y Bienes Personales,
así como Ganancias sobre la renta que se epudo haber generado con los bienes
ocultos. Mientras tanto los trabajadores seguiremos pagando ganancias por
percibir un SALARIO, una aberración jurídica e impositiva que mientras siga
esta aristocracia millonaria sindical continúe dirigiendo la CGT y las CTA no
se ilusionen con su derogación.
La esencia de esta ley
consiste en el perdón fiscal ya que quienes declaren no serán sujetos a
intimaciones de la AFIP ni podrán ser sometidos a investigación sobre el origen
de los fondos ni como hicieron las operaciones que los llevaron a sacar el dinero
del país. Con esto se está legalizando un fraude financiero e impositivo
descomunal que no debe tener antecedentes en la historia económica argentina.
Los efectos inmediatos
de la exteriorización de los fondos declarados tanto en bienes como en
efectivo, son las extinciones de la AFIP a aplicar sanciones, a reclamar
capital e intereses por los impuestos nacionales no prescriptos al 31 de
diciembre de 2015. También se le prohíbe a la AFIP a realizar cualquier tipo de
denuncia penal tributaria y al Banco Central de la Reo´çublica Argentina (BCRA)
a realizar denuncia de tipo penal cambiaria. Sin embargo, si la Unidad de
información Financiera le pide a la AFIP información sobre el blanqueo, no
podrá negársela ni siquiera esgrimiendo el secreto fiscal para no dar los datos
que la pide la UIF.
En el caso del
presidente dice que va a traer unos 18 millones de pesos, lo cual representa un
más de un millón de dólares: ¿y todo lo demás que tiene afuera? ¿O le vamos a
creer que apenas tiene esos fondos depositados en el exterior? Y por tratarse
de alguien como Macri, cuyas empresas del grupo SOCMA (Sociedades Macri) que
estaban endeudadas en millones de dólares durante la dictadura la pagamos el
pueblo argentino gracias a la estatización realizada por el BCRA, debería devolvernos
todo ese dinero que tuvo que hacerse cargo el Estado Nacional para que estos
ladrones, evasores y delincuentes de guanto blanco sigan haciendo negocios
truculentos y estafando a toda la República. Es hora de que Ud Sr. Macri se
sincere con el pueblo argentino y le devuelva los miles de millones de dólares
que tuvimos que hacernos cargo nosotros para que Ud sigan disfrutando de la
fiesta de los millones y nuestro país siga hambreado por su política de miseria
y para provecho de sus empresarios que fugan capitales todos los días.
Desde que levantaron
el cepo cambiario, la fuga de capitales se intensificó en tiempo récord que
hasta el Banco Central tuvo que reconocerlo.
¿Quiénes son los que
se llevaron el dinero de la Argentina? Desde el punto de vista de clase, fue la
alta y muy poderosa clase burguesa capitalista y desde el punto de vista
económico, fueron tanto las empresas industriales como las agrícolas-ganaderas,
bancarias y financieras, los dueños de la Argentina, los que ahora tienen el
gobierno. Es este sector social el único que está capacitado para el fraude
porque tienen estudios contables y abogados con asesores y expertos en
finanzas, impuestos y comercio exterior que pueden permitirse estos actos
delictivos para que sean estas mismas empresas las que realizan propaganda a
favor de la Argentina pidiendo confianza en el país.
Una ley de blanqueo
como la que pretende este gobierno implica conocer el monto que los argentinos
fugaron al exterior y es el equivalente a casi un producto bruto interno (es
decir, todo lo que nuestra nación produce en un año) que se estima en 450 mil
millones de dólares lo que está fuera de la Argentina. De la pretensión
original recaudar 70.000 millones de dólares, ahora aspiran a una cifra entre
los 20.000 y 30.000 millones, lo cual nada garanticen que lo puedan cumplir
porque nadie confía en este gobierno por más capitalista y pro empresario que
se sienta, diga y proclame. Pensaban que por el solo hecho de considerarse “amigos
de Occidente”, de los Estados Unidos, del libre mercado y de la libre empresa y
que estarían dispuestos a convertir a la Argentina en el mercado mundial de
todas las mercancías existentes en el mundo (un disparate mayúsculo porque con
la brutal caída de los salarios nadie podría comprar absolutamente nada ni
siquiera el producto más barato) pensaban que llegarían las gloriosas
inversiones y todo el dinero del exterior.
Este gobierno sigue
tropezando con sus propias piedras, con su propia base ideológica con la que
intenta someter a la Argentina a la órbita de los imperios criminales de
Occidente (con Estados Unidos por la vuelta del FMI a supervisar nuestra
economía) y con Gran Bretaña por el nefasto acuerdo firmado en Naciones Unidas
por la disputa que tenemos por la soberanía de las islas Malvinas. Y seguir
hundiendo al pueblo argentino en más miseria y más desempleo.
[1] En la Argentina, el organismo responsable de
la recaudación de impuestos es la Administración Federal de Ingresos Públicos,
sucesora de la antigua Dirección General Impositiva, donde se unieron en una
sola entidad, la Administración Nacional de Aduana (ANA) y la Dirección
Nacional de Recaudación Previsional (DNRP), La ANA sigue existiendo bajo la
conducción de la AFIP.
