LA CRISIS ARGENTINA Y EL COMITE DE "NOTABLES" DE 2002

ARGENTINA: A DIEZ AÑOS DEL DESEMBARCO DEL “COMITÉ DE NOTABLES”

DEL FMI Y LA CONTINUIDAD DE LA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL

Por Sergio Daniel Aronas – 27 de noviembre de 2012

"En interés de lo que le agrada denominar la riqueza de la nación busca artificios para asegurar la pobreza del pueblo. A partir de ese momento, su coraza de sofismas apologéticos se desprende fragmento por fragmento, como una madera podrida"

Karl Marx, 1867. El Capital, Tomo I, Cap. XXXIII, Ed. Cartago, Bs.As, México, 1983.

Hace diez años durante la crisis política, económica, social y financiera que sacudió a la Argentina en el fatídico diciembre de 2001 y continuó en los meses siguientes del año 2002, en el cual nuestro país estuvo a punto de ser despedazado de acuerdo a los planes elaborados por las instituciones monetarias y economistas de los Estados Unidos, se produce el desembarco de una misión del Fondo Monetario Internacional, en carácter de supervisora de la crisis argentina para monitorear las alternativas de solución que se planteaban en esos años. Dicha misión invasora formada por auténticos extraterrestres economistas fueron pomposamente llamados como el "comité de notables" encabezados y dirigidos por esa organización mundial de la miseria por antonomasia.

Llegaron a la Argentina con el propósito de verificar el cumplimiento de los acuerdos firmados con ellos para el pago de los negociados intereses de la deuda externa, ya que ésta había sido declarada impagable en sesión plenaria del Congreso Nacional, suspendiéndose todo tipo de transferencias al FMI, a los bancos y a los tenedores de los bonos soberanos. Los antecedentes más inmediatos que justificaron esta decisión fueron los horrorosos acuerdos denominados blindaje con José Luis Machinea y el megacanje con Domingo Cavallo como los respectivos ministros de Economía que firmaron estos planes supuestamente de salvataje con los que se pretendió darle una solución definitiva al problema de la deuda externa argentina y cuyos resultados provocaron la catástrofe de diciembre de 2001. A raíz de los acontecimientos que estallaron en el país en la que sucesivos gobiernos de emergencia frente al incendio generalizado que liquidaron todas las reservas del Banco Central en una operación de vaciamiento financiero sin precedentes en nuestra historia económica, tomó la decisión de declarar el “default”, que muchos economistas y periodistas equivocadamente la denominaron como la mayor suspensión de pagos de la historia económica mundial. A decir verdad, la mayor estafa financiera la cometió el gobierno norteamericano de Richard Nixon en agosto de 1971 cuando declaró la inconvertibilidad del dólar respecto del oro provocando un desbarajuste en todas las divisas mundiales y un descalabro financiero de proporciones gigantescas,. Y esto fue tan fuerte y decisivo que por medio de una decisión presidencial unilateral y sin previa consulta, los Estados Unidos se quedaron con 20 mil toneladas de oro que pertenecían a diversos países (la mayoría sus socios de la OTAN) que tenían depositado en las arcas financieras del imperio. En otro artículo hablaremos de este caso.

         Aquel comité de notables fantoches estuvo integrado por el gerente general del Banco Internacional de pagos de Basilea (BIS), Andrew Crocket; y los ex presidentes de los bancos centrales de Alemania, Hans Tietmeyer; de Canadá, John Crow; y de España, Luis Ángel Rojo. Hoy ya nadie se acuerda de esta misión neocolonial que fue una vergüenza para un estado soberano como la Argentina, que hicieron recordar a los antiguos veedores que la monarquía española enviaba a sus colonias para ver el estado en que se encontraban y como estaban siendo gobernadas.

         Cuando la Argentina entra en recesión en 1998 se profundizaron los debates tanto a nivel académico, como periodístico, político, económico y social acerca de cuál sería el futuro de la convertibilidad. Las acaloradas discusiones tenían como eje si se continuaba con este plan y en caso contrario el gran problema suscitado era cómo se salía del esquema convertible del uno a uno (un peso igual a un dólar). Ahí surgió con fuerza la propuesta de dolarizar la economía argentina proveniente de sectores ultraliberales de los Estados Unidos a través de las Fundaciones Heritage y Cato. También estaban los que reclamaban una devaluación del peso proveniente de los sectores agroindustriales vinculados al comercio exterior para que el país recupere la competitividad sus mercancías en los mercados.  

         Debería ser recordada como la misión de la infamia porque en esos mismos años se dieron a conocer profundos trabajos de los centros universitarios y las fundaciones de poder del imperio que intentaron dar una solución a la crisis argentina desde la visión de los Estados Unidos que nunca puede ser una solución para la Argentina. En orden cronológico, el primer documento se llamó “Cómo dolarizar la Argentina” de los economistas Steve Hanke y Kurt Schuler que ampliaron un trabajo anterior de mayo de 1999 también sobre la forma de dolarizar la economía argentina. Es un trabajo de 52 páginas que un apéndice con el título de “Estaturo para un modelo de dolarización”, plantea la supresión de la política monetaria argentina y someterla a la órbita de la Reserva Federal de los Estados Unidos como forma de extranjerizar toda la vida económica del país. Ahí podemos leer que “este modelo de ley pretende sugerir las características principales que son deseables para una ley sobre la dolarización. Un estatuto real puede necesitar ser algo diferente para conformarse de acuerdo a tecnicidades legales”. Se atrevieron a proponer una reforma de la Constitución nacional para permitir dolarizar de acuerdo con el artículo 75. La propuesta de estos economistas fue la siguiente:

“1. El peso argentino se elimina como una unidad de cuenta y es substituido por este medio por el dólar de Estados Unidos en un índice de 1 peso = 1 dólar. Los billetes, monedas, y otros efectos monetarios del sistema de la reserva federal de los Estados Unidos serán moneda de curso legal en la Argentina.

2. El Banco Central de la República la Argentina (BCRA) convertirá todos sus depósitos en pesos en depósitos de dólares en un índice de 1 peso = 1 dólar cuando esta ley entre en vigencia. El BCRA volverá todos los depósitos de los bancos o del público a sus tenedores dentro un mes después de que esta ley entre en vigencia.

3. El BCRA no puede reemitir billetes de peso. Retirará notas existentes de la circulación lo más rápidamente posible y las intercambiará para los dólares en un índice de 1 peso = 1 dólar. Un año después de que esta ley entre en vigencia, los billetes en pesos dejarán de ser moneda de curso legal y el BCRA no será más requerido para cambiarlos a dólares.

4. El BCRA no emitirá ninguna moneda más allá de las que ya están en sus cámaras cuando esta ley entre en vigencia. El máximo para las monedas del gobierno de Argentina en circulación será de 700 millones de dólares. El gobierno no podrá acuñar nuevas monedas para sustituir viejas monedas.

5. Los bancos autorizados a operar en Argentina pueden emitir los billetes y monedas nominadas en dólares de los Estados Unidos u otras unidades de cuenta. Los billetes no estarán sujetos a impuestos de circulación o impuestos de valor agregado. Los billetes emitidos por los bancos no serán de curso forzoso. Ni el gobierno federal ni los gobiernos provinciales o locales emitirán billetes como circulante de moneda.

6. Todos los controles de divisas serán suprimidos dentro de los 60 días después de que esta ley entre en vigencia. Las partes pueden utilizar cualquier moneda que especifiquen, por cualquier cantidad que elijan.

7. El Poder Ejecutivo Nacional puede designar a un comité de expertos sobre las cuestiones técnicas vinculadas con esta ley.

8. Se deroga la legislación previamente decretada que esté en conflicto con esta ley.

9. Esta ley entra en vigencia inmediatamente.”

         Otro proyecto del mismo tenor en el sentido de renunciar a nuestra condición de estado soberano e independiente fue el formulado por los economistas Rudiger Dornbusch (alemán ya fallecido) y el chileno Ricardo Caballero, quienes habían propuesto descaradamente que la Argentina sea gobernada precisamente por un comité internacional, como si nuestro hubiera sido invadido por una potencia de ocupación como lo hicieron los Estados Unidos luego del derrocamiento de Sadam Hussein en Iraq desde abril de 2003. Este asqueroso documento (ya que no merece otro calificativo) se titulaba “Argentina: un plan de rescate que funcione” fue dado a conocer en marzo de 2002 donde puede leerse este terrorífico párrafo: “Dado que el sistema político está sobrepasado, debe ceder transitoriamente su soberanía en el manejo de los asuntos financieros. La seguridad financiera es la clave desde donde debe crearse la estabilidad para empezar a pensar acerca de una sana finanzas públicas, el ahorro e inversión”. El tercer documento fue publicado en abril de 2002 por los miembros de la pro republicana norteamericana Fundación Heritage, los economistas Ana Eiras (argentina) y el norteamericano Brett Schaeffer. Lo substancial de este trabajo son sus propuestas acerca de lo que la Argentina debería hacer: “adoptar el dólar como moneda oficial, aumentar más las medidas desregulatorias, fomentar el libre comercio, reducir el gasto público y los impuestos”, es decir, la conocida receta de siempre. Y en cuanto a lo que entonces administración Bush debería hacer con la Argentina, extraemos este párrafo: “La libertad económica no se puede exportar, pero se puede importar. Con ese fin, la Administración Bush debería ayudar a Argentina a adoptar las reformas necesarias, incluyendo la adopción del dólar como moneda oficial, abriendo el libre comercio, desregularizando el mercado laboral, y reduciendo la intervención del gobierno en la economía. La Administración Bush debería también suministrar pericia técnica, como el envío de expertos del FBI y del Departamento de Justicia de EE.UU. para asesorar al gobierno argentino en relación con la reforma del sistema judicial. Además, EE.UU. puede ayudar a Argentina con un acuerdo de libre comercio entre ambos países.” Aquí están expuestas las principales ideas que las usinas del imperialismo tenía preparado para la Argentina y en el caso de la Fundación Heritage no se trata de cualquier institución, sino un tanque pensante con mucha influencia en la estructura de poder en los Estados Unidos tanto en la elaboración de la política exterior como así también en la formulación y actualización de la teo-ideología que fundamenta y justifica el poder global del imperio. Estas tres obras macabras del terror financiero podrán leerla completas en el anexo documental.

A la par de este plan, hubo otros que intentaron imponer a la Argentina que presentado en calidad de salvataje, solo apuntaba a salvar a los bancos, dejar bien parado a sus instituciones y evitar todo tipo de ruptura con los Estados Unidos, ya que la gravedad de la crisis y la presión que tenían las autoridades argentinas para recuperar y sacar al país de la crisis, evidenciaba la preocupación del imperio y las clases poderosas argentina ante el claro temo que la salida de la crisis termine en un rumbo indeseable para ellos. Estos buenos muchachos amparados por el FMI que si bien solo estuvieron dos días, vinieron con una nutrida agenda de actividades entrevistándose con los economistas neoliberales locales para ver las posibilidades que tenía la Argentina de retomar el camino de seguir pagando los intereses de la deuda declarada impagable (ese era el gran secreto de su misión). También se reunieron con el entonces presidente designado por el Congreso Nacional, Eduardo Duhalde y su ministro de economía Roberto Lavagna para temas bilaterales y qué hacer con el corralito con el que atraparon a miles de ahorristas prohibiéndoles disponer de sus dineros. A lo largo de su permanencia en el país la desfachatez y la arrogancia agresiva de estos funcionarios que nunca hicieron declaraciones a la prensa como si se tratara de una misión ultrasecreta, fue de tal magnitud que le plantearon gobierno argentino la necesidad de un nuevo ajuste, de modo tal que pueda el recuperar el crédito internacional perdido y la "confianza de los "mercados". En medio de la hecatombe que vivía la Argentina, eso significaba implantar un severo ajuste que al estilo de los que planteaban estos grandes expertos, no era sino que echar más nafta al incendio, y ese cuadro la economía hubiera terminado en una situación incontrolable. El ajuste ya se demostró adónde se dirigía cuando en las marchas de protestas en el Puente Avellaneda fueron asesinados dos militantes populares muy conocidos por sus compañeros del barrio en los que desarrollaba un profundo trabajo social y de solidaridad con los más necesitados. Al tiempo que ocurría esta masacre, los banqueros se refregaban las manos bailando de alegría por quedarse con los millones de pesos y de dólares que conformaron los ahorros de muchos ciudadanos que los habían conseguido tras muchos años de trabajo y sacrificio. El ajuste aplicado fue la devaluación del 300% y el tratamiento preferencial dado a los principales grupos económicos para que los salven de la bancarrota (en lo que se conoció como la pesificación asimétrica con la que los grandes grupos endeudados en dólares lograron licuar sus pasivos con la varita mágica del estado protector de los grandes intereses empresarios) fueron temas de enconados debates y aun así exigieron más medidas de ajuste.

Es la misma política que ahora desde 2008 en adelante le imponen a España, Grecia, Italia, Islandia y Portugal para sanear sus economías: todos sabemos adónde apuntas estas políticas y como terminan. Resulta ser que la experiencia de estos casi 30 años de ajustes estructurales realizados en los países de América Latina, Asia y África no le han enseñado nada ni al FMI ni al Banco Mundial que vuelcan sus conocimientos basado en lo único que saben proponer: aplicar todo un arsenal de medidas basado en la misma forma como lo vienen haciendo siempre: ajuste y más ajuste, de modo tal que los países europeos en crisis puedan cumplir con las incumplibles pautas establecidas por los acuerdos de Maastricht en cuanto a déficit fiscal, endeudamiento y nivel de gasto público. En las condiciones actuales para esos países del euro son objetivos imposibles de llevar a cabo y sus gobiernos bien saben que no pueden hacerlo, pero siguen empeñándose en hacer buena letra ante el mundo financiero de que cumplirán con sus compromisos.

  

Con todos los desastres que han causado las políticas económicas del FMI entre 1976 y 2001 y con las sucesivas crisis que se desencadenaron como si fuese provocado por un efecto dominó, hoy en pleno siglo XXI todavía los gobiernos europeos en situaciones comprometidas le piden su palabra para que opine de esta crisis y su respuesta es la misma que todos los que de este lado del Atlántico conocemos. Siguen recomendando a estos países europeos con problemas financieros y económicos gravísimos, los tradicionales programas de austeridad, es decir, un conjunto de medidas económicas para que sigan a atados a los requerimientos de los acuerdos que rigen el funcionamiento de la Unión Europea y su banco central. Lo que se trata de entender es que lo que América Latina pasó hasta el año 2001, ahora el FMI está tratando de cuidar su imagen y no aparecer como el niño malo de la política económica internacional. Este cuadro no solo es una manifestación de una crisis en el sector financiero de la economía, sino que se derivó es una crisis general provocada por el despilfarro de los recursos monetarios del estado aliado con los bancos, y que se extendió a todos los sectores productivos con efectos devastadores que se reflejan en la ardiente protesta social de los trabajadores, empleados, jubilados, estudiantes, profesionales, porque nunca en su vida vivieron un momento como el actual y están totalmente desamparados porque sus gobiernos han resuelto eliminar toda ayuda a los más necesitados y esto no es otro cosa que terrorismo económico. Han hecho recortes inconcebibles en programas sociales como la atención a la mujer embarazada y todo lo referente a los beneficios para las mujeres los han cortado de cuajo. Y no se trata de un gasto estatal superlativo, sino de una cuestión de humanidad que se ellas se lo ganaron con su lucha. Es que estos gobiernos sólo piensan en salvar a sus banqueros, mientras tanto los pueblos deben pagar con una drástica reducción de sus ingresos y la abolición de ayuda social de todo tipo para “ahorrar” gastos estatales y así revitalizar las economías de sus países. Esto no es otra cosa que la economía política del coloniaje.

Cuando arribó a la Argentina aquella “comisión de notables” se presentaron haciendo reclamos al gobierno para llegar a algún acuerdo que permitiera a la Argentina levantar el cese de los pagos y retomar sus compromisos de deuda, a la vez que se propusieron elevar recomendaciones para elaborar un plan monetario que ayude a recuperar las finanzas y el sistema bancario que ellos contribuyeron de manera decisiva a destruir. En definitiva, lo que hicieron los bancos argentinos durante el tiempo que duró el corralito fue robarles el dinero a los ahorristas sin hacer distinciones de si era grande, chico o mediano.

Hoy, diez años después del estallido de la Argentina cuyas repercusiones siguen siendo tema de intensos debates, el FMI vuelve a emerger frente a la crisis europea para seguir proponiendo las mismas políticas económicas que ya fracasaron rotundamente como si nada hubiera ocurrido en los últimos 25 años.

Durante los años del derrumbe argentino, el espectáculo que brindaron los funcionarios del gobierno de la Alianza pidiendo de rodillas que el FMI continúe bombeando de dólares a la economía argentina, evidenció un grado sometimiento pocas veces visto en la historia del país. Como consecuencias de los actos de gobiernos desde julio de 1989 hasta el crac de diciembre de 2001, la Argentina que es una nación con una superficie en la que caben catorce países europeos pudiendo albergar a más de 400 millones de habitantes y con capacidad para alimentarlos a todos, tuvo que soportar el drama del hambre en sos esos años terribles. Se trata de un tema crucial para nuestro país decir que hay hambre en la Argentina es una cuestión completamente irracional, incomprensible, inimaginable e incongruente. Sin embargo, en el capitalismo todo es posible y nadie tiene la varita mágica como para predecir lo impredecible aunque siempre es posible que sucesos "inesperados" modifiquen notablemente la situación y hagan posible lo imposible. Pero esto, sin embargo, pasó en la Argentina de la época de renta financiera (1976-2001).

En el caso argentino la situación de crisis terminal que le tocó vivir fue el resultado de una política ininterrumpida de veintiséis años de incesante pillaje y robo a mano armada del estado, de liquidación del sistema económico estatal, provincial y municipal; de destrucción de los centros industriales y agrario-industriales y ganaderos; de brutal represión a los sindicatos, de despidos masivos, de privatizaciones pésimamente realizadas que derivaron en servicios públicos carísimos de mala calidad y a la elevación como categoría política del estado la entrega y el sometimiento a los poderes imperiales sin contraprestación alguna. Recuerden la cara de Cavallo quejándose lastimosamente del FMI porque le cortó el flujo de divisas.

El impacto que tuvieron en la Argentina los llamados cambios estructurales en la organización económica y la mutación política del estado como consecuencia de la implantación del programa neoliberal y que modificó la forma de generar el producto bruto argentino y la escandalosa y desigual distribución del ingreso, se sentirán por muchos años y muchos años se necesitarán para reconstruirla. A pesar de todo, esto refleja el poderío y la riqueza inagotable que posee nuestro país porque con los años de ajuste, con la miseria que se ha generado todavía sigue vivo y también existe un pueblo dispuesto a no dejarse pisotear más. Esta situación se decidirá en la medida que las luchas sociales aisladas se transformen en verdaderas acciones de masas que hagan saber a los gobernantes que no se puede gobernar más contra del pueblo y que lo que se promete debe cumplirse inexorablemente.

Así estaba la Argentina y eso pasaba hace diez años. Los gobiernos instalados desde 2003 comenzaron una política económica y social que permitió recuperar el poder adquisitivo de los salarios al reabrir las paritarias que los miserables de la década del noventa prohibieron llevando a una situación de precariedad, pobreza, miseria y hambre nunca vista en el país. Con fuertes medidas de apoyo a la industria y al agro, la Argentina fue retomando el camino del crecimiento sobre su propia base y sin intervención de poderes externos sorprendiendo al mundo por los logros alcanzados en materia de crecimiento del PBI, de la inclusión social y de la salida de la crisis.

La visita de sos supuestos notables puso a la orden del día en quienes nos tuvimos que apoyar para salvar al país de la gran crisis del 2001. Esos ilustres caballeros de guante blanco supieron muy bien que el pueblo argentino no los necesita ni ayer, ni hoy ni nunca, que no nos interesan sus ideas, que no nos importa escuchar sus planes porque nada resuelven, sino que las contradicciones crecen y la crisis se hubiera agravado mucho más si hubiésemos seguidos por el camino que ellos trataron de imponer. Puede ser que a los estados de la Europa del euro les importe pedir socorro o conocer la opinión del FMI para sacarlos de la crisis, pero también deben estar alertados acerca de lo que pasó en América Latina en general y con la Argentina en particular hace diez año, porque debe ser una seria advertencia de los peligros que encierra seguir la vía del FMI y la del Banco Mundial. Los durísimos ajustes a la economía europeas no será fácil implantarlos porque como se está demostrando, los pueblos vuelven a emerger con su lucha y resistencia de que los imperios de las altas finanzas no podrá imponer sus pretensiones y hacer prevalecer su arrogancia agresiva reprimiendo a los que protestan en todas las ciudades europeas.

 Lógicamente este “comité de notables” tuvo toda la libertad para explayarse, desplazarse y decir lo que quisieron. La Argentina ha sabido determinar qué es lo que le conviene al país, y cuando se reclamaba que se vayan todos no era para que viniera esos invasores en calidad de guardianes de un sistema que tanto daño hizo a nuestro pueblo y hacia dónde debe ir la Argentina.

Aquella vez no había bancos que salvar porque se habían robado todo y no estaban en condiciones de seguir operando y como demostración de que fue así es que ninguna de esas instituciones bancarias se fue a la quiebra, pero sí mandaron a la quiebra y al suicidio a muchos argentinos.

Posiblemente Mariano Moreno si estuviese vivo y hubiese presenciado semejante acto de bajeza político y moral, seguramente los hubiera detenido y enviado de vuelta a sus países de origen.

De ahí que la decisión de terminar con las relaciones económicas y financieras con el FMI y el Banco Mundial mediante la política de “desendeudamiento”, fue una buena política pero peligrosa. No había ninguna necesidad de pagar a esas instituciones por créditos que nunca entraron sino que fueron simples asientos contable para reconocer la existencia de una deuda absolutamente ilegal y fraudulenta, tal como lo reconoce la propia presidenta en su discurso del 1º de noviembre. La Argentina continúa adherida al FMI y al Banco Mundial porque no renunció a estas instituciones ni tampoco denunció el mecanismo de se vale está última para resolver los conflictos entre estados y empresas multinacionales y lo peor de todo es que no ha repudiado el Plan Brady de 1992 por el cual la Argentina debe dirimir los problemas de la deuda externa en tribunales extranjeros porque aceptó someterse a ellos abjurando de su soberanía política y violando la doctrina del gran jurista que fue Carlos Calvo.

Para que haya podido venir una comisión con semejante nombre a vigilar rigurosamente la economía de nuestro país, solo fue posible porque entre 1983 y 2001, en casi veinte años de democracia no se haya sancionado ni una sola ley que haya favorecido en lo más mínimo, a los trabajadores, a las pequeñas y medianas empresas, a la salud, a la educación, al trabajo, a la producción de bienes que frene la voracidad hegemónica del capital financiero. Todo lo que ha habido es legislación basura, terrorismo financiero, confiscaciones, fanatismo neoliberal, usurpación, violación de la legalidad republicana, abuso de poder y autoridad, delegación de poderes que permitieron la venta a precios de remate de los bienes más preciosos de nuestro país, coimas, cohechos, endeudamiento externo demencial, estafas reiteradas, escándalos, fraudes y robo sistemático del estado bajo la forma de evasión y elusión de impuestos, lavado de dinero, fuga de capitales y toda la progenie del arte de la politiquería barata en nombre del maldito libre mercado que ha corrompido toda la estructura social de la Argentina en la que se destaca como elementos más determinantes de la tragedia nacional y símbolo de la podredumbre del capitalismo: el juego, las drogas, el estado mafioso, el contrabando, tráfico de influencias y el narcotráfico.

El FMI que nada ha reportado a la Argentina debe ser repudiado y condenado a devolver todo el dinero transferido demás no solo por nuestro país sino por el conjunto de los países del Tercer Mundo.

¿Quién se acuerda de los integrantes de ese comité de notables? ¿Quién sabe qué fue de sus vidas? A nadie le importa ni interesa. Cuando se escriba la historia sobre los nuevos héroes que construirán un mundo nuevo y sobre nuevas bases, en una época en que la existencia de la República Argentina movilizando a millones y emancipada de las instituciones financieras del imperio que nos ahorca, se contará la historia del siglo XXI de la gran epopeya de la unidad de todos los que luchan; se contará la historia de cómo nos dimos la forma de gobierno y de justicia que el pueblo necesita sin tutelaje de ninguna especie, sin injerencia de cualquier potencia extranjera para recuperar los derechos, deberes y obligaciones que nos han sido despojados e investirnos en el alto carácter de nación libre, soberana e independiente; se contará la historia de una república que no necesitó más de un comité de "notables" ni misiones del FMI, del Banco Mundial y ni aplicar más planes de ajustes y desarrollar nuestra economía, nuestra ciencia y nuestra cultura con y por sus auténticos dueños porque ya no tememos el azote de los viejos amos; se contará la historia acerca de una República que junto a sus hermanos de América Latina, pudo con sus ideas, fuerza, voluntad y valentía, transformar los sueños en realidades, entonces ahí recién podremos decir que aquellos que forjaron la independencia latinoamericana, fueron nuestra fuente eterna de inspiración y de razón para hacer lo que tenían que hacer en los momentos decisivos. Y esto es así porque conociéndolos bien lograremos superar nuestros prejuicios, nuestras vacilaciones, nuestros temores para aprender a pensar y actuar como ellos en términos de colectividad y en términos de solidaridad y hermandad por la que tanto pelearon y murieron.

ANEXO DOCUMENTAL

         Los documentos que presentamos en este escrito son los que elaboraron conspicuos economistas neoliberales que se presentaron sus propuestas como las que podían salvar a la Argentina. Sí, salvarla de que no se vaya del sistema capitalista de dominación imperante porque la crisis del diciembre de 2001 creó un vacío de poder tan grande que había que buscar por todos los medios formas institucionales que garanticen la permanencia de la Argentina dentro del orden político y económico vigente. La importancia de estos documentos consiste en que desde el poder mundial se elaboraron planes concretos para nuestro país por lo que nadie puede decir que es un invento de los lunáticos de izquierda o cosas por el estilo. Dichos planes existieron y están a la alcance de cualquier que quiera leerlos y quienes lo escribieron fueron gente que estuvo muy vinculada a la Argentina durante mucho tiempo sobre todo el alemán Rudiger Dornbusch y el norteamericano Steve Hanke (este último fue el cerebro que inspiró a Domingo Cavallo implantar el plan de convertibilidad en abril de 1991).

Los tres documentos que publicamos son:

1)  Una propuesta de dolarización para la Argentina, de mayo de 1999. Se trata de un trabajo realizado por los economistas norteamericanos Steve Hanke y Kurt Schuler.

2) La crisis de Argentina: una “ausencia de capitalismo”. Es un análisis de los investigadores la argentina Ana Eiras, Analista del Centro de Economía y Política Internacional de la Fundación Heritage y por el estadounidense Brett Schaeffer, miembro del Centro Internacionales sobre las Regulaciones Jay Kindgham. Fue publicado el 24 de abril de 2001.  

3) Argentina: un plan de rescate que funcione. Escrito por los economistas Rudiger Dornbusch y Ricardo Caballero en marzo de 2002.

1) UNA PROPUESTA DE DOLARIZACION PARA ARGENTINA

Por  Steve Hanke y Kurt Schuler

Steve Hanke es Profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Johns Hopkins y académico titular del Cato Institute. Kurt Schuler es un consultor monetario localizado en Arlington, Virginia. Este estudio apareció por primera vez en “Friedberg's Commodity and Currency Comments Experts' Report,” 1 de febrero de 1999, y fue publicado por el Cato Institute como “A Dollarization Blueprint for Argentina ” el 12 de marzo de 1999.

Introducción

            En los meses anteriores a la decisión del gobierno de Brasilia de devaluar y luego de permitir la flotación del real en enero de 1999, el peso argentino también estuvo bajo un ataque especulativo casi tan intenso como el que experimentó el real. Tras la devaluación del real, se especuló que Argentina devaluaría el peso.  De hecho, a pesar de los buenos resultados del sistema monetario argentino, similar a una caja de conversión, desde que se estableció en abril de 1991 (BCRA 1998 y Kiguel 1998), se ha especulado sobre la devaluación de la moneda (Hanke 1999).  Los tipos de interés en pesos, consecuentemente, han sido persistentemente más altos que los tipos de interés en dólares dentro de Argentina.

            Durante el año pasado (1998), el margen entre los tipos de interés en Argentina para préstamos en pesos y en dólares ha variado entre 50 y 440 puntos básicos.  A fines de enero de 1999, el tipo promedio para préstamos diarios interbancarios era alrededor de 7,5 por ciento anual en pesos, comparado con alrededor de 6,5 por ciento en dólares.  Para préstamos interbancarios de un año, los tipos de interés a finales de enero de 1999 eran aproximadamente 19,75 por ciento en pesos y 14,75 por ciento en dólares.

            A fin de reducir y finalmente eliminar la especulación sobre la devaluación, el gobierno de Carlos Menem anunció el 21 de enero de 1999 que tenía la intención de dolarizar.  El gobierno está ahora considerando la forma precisa de dolarización y el calendario para dolarizar.

            Argentina está ya dolarizada en una forma no oficial o aun en un sentido semioficial.  Las reservas en dólares de la banca argentina exceden las reservas en pesos, se conceden préstamos en dólares, y tanto el peso como el dólar son de curso legal.  Al hablar de dolarización en este estudio, se quiere decir dolarización total y completa.  Bajo la dolarización oficial, se reemplazan todos los billetes y monedas por dólares y todos los activos, pasivos y precios en pesos se convertirían a dólares al cambio actual de un dólar por peso.  El sistema monetario de Argentina sería igual que el de Panamá (Moreno 1999), el sistema dolarizado más conocido hoy día, y el de los otros 27 países y dependencias que usan exclusivamente divisas extranjeras.

            El presidente Menem podría implementar la dolarización por decreto, algo que él ha amenazado con hacer desde 1995.  Sin embargo, su sucesor, que será elegido a fines de año, podría así mismo terminar con la dolarización por decreto.  La dolarización sería más durable si se instaura con una ley del Congreso argentino y si tuviera un amplio apoyo popular.  Para fomentar el debate sobre la dolarización, ofrecemos un análisis de cómo ha funcionado hasta ahora el sistema similar a la caja de conversión que tiene Argentina, porqué es deseable la dolarización, y un plan detallado para implementar la mejor forma de dolarización según nuestro  juicio.

El Sistema Monetario de Argentina Difiere de un Esquema Ortodoxo de Caja de Conversión

            Argentina no posee un sistema puro, ortodoxo de caja de conversión; más bien lo que tiene es un sistema no convencional--la convertibilidad--que se parece a una caja de conversión (Walters y Hanke 1992, y Hanke 1997).  Los argentinos denominan "convertibilidad" al sistema y a los cambios económicos más amplios que ha traído consigo.  "Convertibilidad" es un término poco común para un sistema sui géneris, cuyas características peculiares a menudo escapan al ojo del observador.

            La Ley de Convertibilidad (Ley 23.928), que estableció el sistema, se introdujo como un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación el 20 de marzo de 1991.  El Congreso aprobó la ley que el presidente firmó el 27 de marzo de 1991.  La ley entró en vigor el 1 de abril de ese año.  La ley estableció un tasa de cambio de 10.000 australes por dólar.  El 1 de enero de 1992,  Argentina reintrodujo el peso a la paridad de 1 peso = 10.000 australes = 1 dólar (Decreto 2.128 de 1991).  Se estableció también que el Banco Central debería mantener una reserva de libre disponibilidad equivalente al cien por cien de la base monetaria (dinero en circulación más depósitos a la vista de las instituciones financieras en el Banco Central).  Las reservas pueden ser en forma de depósitos, otros instrumentos de deuda, y bonos del gobierno argentino o de gobiernos extranjeros; la Ley de Convertibilidad no fijó límite a la cantidad de bonos del gobierno.  Las reservas debían mantenerse en divisas, oro o metales preciosos.  La Ley requiere además que se tasen las reservas al valor de mercado e impidió que el respaldo de la base monetaria se comprometiese o utilizara para otros propósitos.  La Ley define la base monetaria como el dinero en circulación (billetes y monedas) más los depósitos a la vista en moneda nacional que las instituciones financieras mantienen en el Banco Central.

            El 23 de septiembre de 1992 se promulgó la Ley 24.144 que reforma el Banco Central de la República Argentina.  Esta Ley, cuyo fin era establecer los estatutos del Banco Central más en conformidad con la Ley de Convertibilidad, señala que la misión primaria del Banco Central es preservar el valor de la moneda, dejando la fiscalización de los mercados financieros como una de sus misiones secundarias.  La Ley también estableció la autonomía del instituto emisor respecto del Ejecutivo para fijar la política monetaria.  Sin embargo, los directores del Banco Central son designados por el Presidente en consulta con el Congreso (4 de los 8 directores tienen períodos de 6 años que expiran el 23 de septiembre de 2001, y los otros 4 tienen períodos de 6 años que expiran el 23 de septiembre de 2004).

            La Ley Orgánica prohíbe al Banco Central conceder o garantizar préstamos al estado argentino o a organismos estatales no financieros.  Sin embargo, el Banco Central puede mantener parte de sus reservas que respaldan la base monetaria en bonos del estado.  El 23 de septiembre de 1995, el límite para esas reservas aumentó del 20 por ciento al 33 l/3 por ciento (esta medida se programó en 1992 y no tuvo nada que ver con el Efecto Tequila).  También se estableció la obligación del Banco Central  de no incrementar sus reservas en bonos del estado en un mas de un 10 por ciento con respecto del promedio del año anterior.  Por ejemplo, si el promedio de reservas es de $1.000 millones, el promedio del próximo año no podrá superar los $1.100 millones.  Sin embargo, notificando al Congreso, los directores del Banco Central pueden, como una medida extraordinaria, declarar un período temporal de no más de 90 días durante el cual el exceso de 10 por ciento no se aplicaría. En ese caso, el Banco Central puede mantener reservas en bonos del estado de hasta un máximo de 33 1/3 por ciento por un período de 90 días.

            Las restantes reservas del Banco Central se llaman reservas de libre disponibilidad.   Estas nunca han caído por debajo del 80 por ciento de la base monetaria, y el Banco Central no ha tenido que declarar la moratoria de sus reservas en bonos.  De hecho, a fines de enero de 1999, la base monetaria ascendía a casi $15.000 millones y las reservas líquidas excedían los $24.000 millones.  (Cabe mencionar que del total de las reservas líquidas, casi $8.000 millones corresponden a encajes de la banca comercial, o lo que en Argentina se denomina "requisitos de liquidez del sistema bancario" y que se mantienen en depósito en el extranjero.)

            En principio, cualquier persona puede canjear pesos por dólares en el Banco Central, pero en la práctica, sólo la banca lo hace.  La Ley de Convertibilidad estableció un precio vendedor de 10.000 australes (= 1 peso) por dólar, pero no así un precio comprador.  Inicialmente, el Banco Central fijó su precio comprador diario de acuerdo a la tasa de mercado, a un cambio mínimo de 9.970 australes (= 0.9970 pesos) por dólar.  Con el transcurso del tiempo, el Banco Central gradualmente aumentó su precio comprador hasta que el 12 de enero de 1994 el margen entre los precios de compra y venta desapareció (BCRA Comunicación "A" 2298).

            Cuando la Ley de Convertibilidad entró en vigor, el Banco Central se encontró con una gran cartera de activos nacionales en su poder.  Estos activos y sus correspondientes pasivos se han mantenido separados de las reservas establecidas por la Ley de Convertibilidad para respaldar la base monetaria, y han disminuido a través de los años a medida que los préstamos se han ido pagando.

            Para complementar la Ley de Convertibilidad, el gobierno ha liberalizado significativamente el sistema financiero.  Desde 1994, las instituciones financieras extranjeras han sido capaces de competir en iguales condiciones con las argentinas (Decreto 146, 31 de enero de 1994), produciendo un importante proceso de internacionalización.  En diciembre de 1994, la banca extranjera operando en Argentina manejaba el 16,5 por ciento del total de depósitos y el 25,6 por ciento de los depósitos en la banca privada.  A junio de 1998, la banca extranjera manejaba el 40,9 por ciento de los depósitos del sistema y el 63,5 por ciento de los depósitos en la banca privada (BCRA 1998).  Esto ha facilitado dramáticamente el acceso a la liquidez que ofrecen los mercados de capital internacionales.

            En 1995, el Efecto Tequila y la mala administración causaron la privatización de la banca de propiedad de los gobiernos provinciales, lo que a su vez produjo la consolidación del sistema bancario.  A junio de 1998, los 235 bancos existentes en diciembre de 1994 se habían reducido a 174.

            La Ley de Convertibilidad, en efecto, impide al Banco Central imprimir dinero para rescatar a la banca estatal como se había hecho antes a menudo.  La Ley Orgánica del Banco Central le prohíbe conceder préstamos a instituciones financieras excepto en casos de iliquidez temporal.  Originalmente el Banco Central podía prestar a una institución un monto equivalente al valor de su capital, por un máximo de 30 días.  Estas estipulaciones se flexibilizaron a principios de 1995 para facilitar préstamos de emergencia.  Debido a que el Banco Central tiene poderes limitados como prestamista de última instancia, las instituciones financieras se han visto obligadas a mejorar su gestión y a recurrir a los mercados financieros, en vez de evadir la disciplina del mercado a través de los préstamos del Banco Central.

La Política de Liquidez del Banco Central

            Aunque el prestamista de última instancia tenga facultades limitadas, su existencia ha  originado ataques especulativos contra el peso.  En 1995, por ejemplo, los especuladores aumentaron sus posiciones cortas en pesos cuando el Banco Central se declaró a favor de extender liquidez a bancos solventes pero con problemas de liquidez.  Esto pone en duda los supuestos beneficios y la justificación del rol del Banco Central como prestamista de última instancia dentro del sistema de convertibilidad (Hanke 1999).

            En un esfuerzo para evitar que se repita la crisis de liquidez de 1995, el Banco Central adoptó formalmente una "política de liquidez" en diciembre de 1996.  La estipulación clave en esta política fue el establecimiento de una Programa Contingente de Pases (BCRA 1998).  Bajo este programa, el Banco Central tiene la opción de vender ciertos activos domésticos por dólares a un grupo de bancos sujetos a una cláusula de recompra.  Hasta octubre de 1998, 14 bancos internacionales estaban participando en este programa.  Los activos subyacentes del Programa de Pases incluyen $6.200 millones en bonos argentinos denominados en dólares y hasta $500 millones en letras hipotecarias argentinas también denominadas en dólares.  El promedio de madurez del programa es de tres años, con una cláusula que extiende la vida del mismo en períodos de tres meses.  La opción de recompra puede hacerse efectiva en cualquier momento, y la madurez de la recompra puede empezar en esa fecha y vencer al final del programa.  El convenio queda invalidado solamente si Argentina se demora en el pago de cualquier compromiso de su deuda exterior.

            El Programa Contingente de Pases contiene varias estipulaciones para proteger a los bancos prestamistas.  En primer lugar, el programa está sobregarantizado.  Los bonos del estado argentinos deben declararse a un valor de mercado 25 por ciento mayor que los fondos ingresados.  Segundo, si los precios de esos bonos bajan en más del 5 por ciento, bonos adicionales deben depositarse como "margen" para mantener el mínimo de sobregarantía del 25 por ciento.

            Los costos de la protección que presta el programa son modestos.  La prima de la opción es de 32 puntos básicos, y el costo de los fondos implícito en el contrato de recompra es de aproximadamente LIBOR más 205 puntos básicos.

            Lo importante es que el Programa Contingente de Pases no es un arreglo similar al de un prestamista de última instancia que descansa en su poder de inflación.  Por el contrario, se trata de un acuerdo entre el Banco Central y la banca privada.  Aunque el final de crisis argentina de 1995 se debió en su mayor parte al rescate multilateral de $7.000 millones, los $6.700 millones del Programa Contingente de Pases es un ejemplo de que el mismo tipo de financiamiento se puede obtener sin recurrir a un prestamista de última instancia con la capacidad de imprimir dinero.

            En 1995, el estado ayudó a establecer el Fondo de Garantía de los Depósitos, organismo voluntario y financiado con fondos privados (la garantía estatal de depósitos se suprimió en 1992).  El Fondo asegura los depósitos en pesos y en moneda extranjera a 90 días hasta 10.000 pesos y los superiores a 90 días hasta 20.000 pesos.  No están cubiertos los depósitos que reciban un interés de dos puntos porcentuales por encima de la tasa de interés que por igual plazo concede el Banco de la Nación Argentina, que es un banco estatal (Decreto 540, 12 de abril de 1995).  A los bancos miembros se les requiere hacer aportes básicos mensuales de 0,03 por ciento de su promedio de depósitos diarios y hasta un 0,03 por ciento más, que depende del grado de riesgo de sus activos.  El Banco Central puede permitir a los bancos reducir o suspender los pagos cuando el Fondo alcanza los 2.000 millones de pesos ó 5 por ciento del total de los depósitos bancarios.  El Fondo es administrado por Seguros de Depósitos, S.A., una organización de propiedad de las instituciones miembros, con una pequeña participación estatal.

            Antes de la Ley de Convertibilidad, el propósito del encaje (que no percibía interés) era cobrar un impuesto por inflación a la banca y a los depositantes.  Hoy en día, en cambio, su propósito es proteger a los depositantes.  Desde finales de 1995, el encaje o los requisitos de liquidez son más uniformes que antes, y no discriminan entre pesos y dólares ni contra las cuentas corrientes.  Los requisitos de liquidez son actualmente un 20 por ciento de la base de depósitos.  La ley prohíbe al Banco Central pagar interés sobre el encaje.  Pero como se han de mantener las reservas en bancos extranjeros, éstas ganan interés a la tasa de mercado.  En consecuencia, el encaje en Argentina no sirve como un impuesto implícito a la banca y al depositante.

            Debido a que el Banco Central tiene poderes limitados para extender crédito a la banca comercial, el gobierno ha enfatizado la necesidad de que el sistema bancario tenga una fuerte base de capital.  Los requisitos mínimos de capital, que eran equivalentes al 3 por ciento a mediados de 1991, se han incrementado paulatinamente hasta alcanzar el 11,5 por ciento, cumpliéndose con creces el 8 por ciento que recomienda el Acuerdo de Basilea.  El capital se  calcula según el grado de riesgo de los activos, aplicándose al cálculo del capital mínimo normas más estrictas que las del Comité de Basilea.

            Para generar confianza en el peso, el gobierno ha otorgado curso legal al dólar, que se usaba previamente como una moneda no oficial.  De hecho, la banca argentina está autorizada desde diciembre de 1989 a aceptar depósitos en divisas extranjeras (Ley 23.578).  Desde entonces, el gobierno ha eliminado las restricciones sobre las divisas extranjeras hasta tal punto que Argentina tiene hoy en día uno de los sistemas más liberales del mundo.  El dólar tiene ahora curso legal junto al peso, y los contratos se pueden hacer con igual libertad en cualquiera de las dos monedas.  En realidad, Argentina ha adoptado un sistema "bimonetario."  Los créditos se pueden solicitar o extender en cualquiera de las dos monedas, y la banca mantiene sus reservas exclusivamente en dólares (BCRA Comunicación "A" 2.298, 12 de enero de 1995).

Desviaciones de la Ortodoxia

            El sistema monetario de Argentina difiere de una caja de conversión ortodoxa en varias maneras, al igual que los sistemas aplicados en Estonia (establecido en 1992), Lituania (1994), Bulgaria (1997), y Bosnia (1998) (Hanke 1997).  Un sistema de caja de conversión ortodoxo no tiene un banco central y no ofrece oportunidades para aplicar una política monetaria discrecional.  El sistema monetario de Argentina, al contrario, tiene un banco central con un cierto margen para aplicar una política monetaria discrecional, aunque mucho menos que la mayoría de los bancos centrales.

            Al Banco Central se le permite mantener reservas en divisas equivalentes al 66,23 por ciento de la base monetaria en lugar del 100 por ciento, como lo exigiría un sistema ortodoxo de caja de conversión.

            Aunque la Ley de Convertibilidad define la base monetaria, ni la ley ni el Banco Central definen las categorías "pasivos monetarios" o "pasivos financieros," entre los cuales se podrían incluir activos domésticos.  Una caja de conversión ortodoxa no tendría pasivos financieros diferentes a la base monetaria.

            El Banco Central no tiene un tope máximo de reservas (reserve ratio), de manera que puede acumular exceso de reservas y usarlas en una forma discrecional.  Aunque muchas cajas de conversión ortodoxas han llegado a acumular reservas adicionales que superan entre el 5 y el 15 por ciento el mínimo del 100 por ciento, estos "excedentes" tienen la función de proteger las cajas de conversión en caso de que los títulos en su poder pierdan valor.  Además, dichos excedentes están sujetos a reglas que impiden que sean utilizados de manera discrecional.

            La tasa de cambio del peso tiene un piso pero no un techo.  En principio, por lo tanto, el gobierno puede revaluar el peso contra el dólar, aunque en la práctica no es probable.  Al contrario, en una caja de conversión ortodoxa, el piso y el techo son el mismo, o casi el mismo, permitiendo un margen de comisiones que usualmente no ha sido más de un 1 por ciento.

            El Banco Central dispone de tres instrumentos principales para aplicar su política monetaria discrecional: encajes bancarios, recompras, y transacciones en divisas.  Los encajes están directamente a discreción del Banco Central, porque los reglamentos no establecen ni mínimos ni máximos. Las recompras (repos) permiten al Banco Central prestar a los bancos comerciales e influenciar así las tasas de interés a corto plazo.  El Banco Central también puede efectuar operaciones de recompra y comprar o vender divisas por iniciativa propia si sus reservas sobrepasan el mínimo establecido por la Ley de Convertibilidad, como ha ocurrido desde el comienzo.  El Banco Central ha usado repos y excedentes en divisas para suavizar a corto plazo las fluctuaciones en la tasa de interés y para intervenir en el mercado de divisas.  No obstante, hasta antes del Efecto Tequila, trató de lograr que las operaciones de recompra acabaran con un resultado neto mensual de cero (Bennett 1994: 200).  Una caja de conversión ortodoxa, al contrario, no tiene instrumentos de política discrecional.

            El inversionista extranjero puede repatriar sus inversiones en cualquier momento (Decreto 1.853, 2 de septiembre de 1993).  En 1993 se abolió por ley el poder del ejecutivo  de imponer controles de capital decretando una emergencia de pagos (Ley 21.382, Artículo 14).  Cuando la Ley de Convertibilidad entró en vigor, los controles de capital existían nominalmente, pero en la práctica el Banco Central autorizaba todas las solicitudes de movimientos de capital y había dejado de aplicar la norma que obligaba a declarar tales movimientos de capital, aun desde antes de 1993.

            Solamente el Congreso argentino puede modificar la Ley de Convertibilidad.  Si el Presidente está de acuerdo con los cambios, se necesitaría únicamente una simple mayoría.  Para revocar el veto presidencial, no obstante, se necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.  Tanto el Presidente Menem como los miembros del Banco Central se han aferrado al espíritu de la Ley de Convertibilidad--que es popular a través de todo el espectro político--y no han explotado los resquicios que tiene la presente ley.  Sin embargo, nadie ni nada puede garantizar que en el futuro otro presidente y otros directivos del Banco Central vayan a seguir tan completamente el espíritu de la ley.

            Debido a que el sistema de Argentina no es un sistema de caja de conversión ortodoxa, Argentina  ha experimentado algunos problemas que generalmente no ocurren en un sistema de caja de conversión ortodoxa.  Los problemas más serios ocurrieron en 1995 durante el Efecto Tequila, fenómeno que ya ha sido analizado en otro estudio (Hanke 1999).  Por otra parte, los sistemas ortodoxos de caja de conversión y los sistemas dolarizados han tenido el mismo éxito que el sistema argentino en prevenir las devaluaciones, mantener la convertibilidad total de la divisa, limitar la inflación y los déficits fiscales, y estimular el desarrollo económico.  Los sistemas de banca central nunca tuvieron el mismo éxito ni en Argentina ni en otros países en vías de desarrollo (Hanke 1999; Schuler 1996).  El éxito del sistema de convertibilidad de Argentina, por lo tanto, se debe atribuir fundamentalmente a las características de su sistema monetario, mientras que sus problemas se pueden atribuir a las características de banca central que permanecen aún mezcladas en su sistema.

La Dolarización Es Aconsejable

            Teniendo en cuenta que Argentina no tiene un sistema ortodoxo de caja de conversión ni lo ha querido implementar, tal como lo hemos propuesto (Hanke y Schuler 1991a, b; Hanke, Jonung, y Schuler 1993: 72-4, 77), la dolarización es deseable.  Un sistema monetario dolarizado funciona casi igual que un sistema ortodoxo de caja de conversión.  La diferencia principal consiste en que bajo la dolarización un país entrega sus derechos de señoreaje (margen de utilidad que arroja la emisión de moneda) a los Estados Unidos, mientras que en un sistema ortodoxo de caja de conversión mantiene ese beneficio.  Consideremos a continuación los costos y beneficios de la dolarización comparados con el esquema de convertibilidad instaurado en Argentina.

            El mayor costo de la dolarización sería la pérdida de señoreaje.  Actualmente, Argentina gana unos 750 millones de pesos al año en señoreaje.  Considerando que el tamaño de la economía argentina--medida por su producto interior bruto--es aproximadamente 340.000 millones de pesos, el señoreaje apenas es un 0,22 por ciento de su PIB anual.  En otros países de baja inflación, el señoreaje puede ser hasta un 1 por ciento.  La larga historia de inflación de Argentina antes de la Ley de Convertibilidad ha hecho que los argentinos tengan menos ganas de mantener billetes y monedas locales que gente de otros países con baja inflación, por eso el señoreaje en Argentina es más bajo que el promedio.  Dado que la tasa de cambio del dólar y el peso es 1 a 1, la conversión de programas computacionales y de máquinas registradoras no originaría grandes costos.   En consecuencia, los costos administrativos de dolarizar la Argentina serían muy pequeños.

            El mayor beneficio de la dolarización sería la reducción en los tipos de interés en Argentina.  Al desaparecer la tasa de cambio entre el peso y el dólar, desaparecería también el riesgo cambiario, con lo cual se cierra la brecha existente entre los tipos de interés en dólares y en pesos.  Como hemos indicado, a finales de enero de 1999, la tasa de interés para préstamos interbancarios diarios era cerca de un punto porcentual mayor en pesos que en dólares, diferencia que podía llegar a alcanzar 5 puntos porcentuales para préstamos interbancarios a un año.  Para los clientes no bancarios, el margen es mayor.  Es verdad que la gente que desea pagar tipos de interés más bajos puede endeudarse en dólares, pero eso les expone a un riesgo cambiario que pueden no desear tomar, dada la larga historia de devaluaciones de la Argentina antes de la Ley de Convertibilidad.

            Al eliminar el riesgo cambiario, la dolarización reduciría los tipos de interés. Por consecuencia, la tendencia al alza del crecimiento económico se intensificaría y la variabilidad de éste disminuiría.  De hecho, un memorando del gobierno estima que la disminución de los tipos de interés añadirían 2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento económico  (Warn 1999).  Este beneficio es mayor que el costo de señoreaje perdido (0,22 por ciento de PIB).

            Incluso al utilizar un análisis de costos y beneficios convencional como el anterior, la conclusión es la misma:  para Argentina, los beneficios de la dolarización superan con creces los costos.  Sin embargo, al evaluar regímenes monetarios alternativos, el análisis convencional de costos y beneficios no capta otros costos y beneficios de igual importancia; a saber, los deseos de los consumidores.  Los "consumidores" del dinero son sus usuarios; es decir, todo el mundo excepto los niños pequeños.  En lugar de usar como punto de partida en sus análisis la determinación de cuáles son las características que el consumidor desea en el dinero, los economistas simplemente asumen que un banco central bienintencionado, competente, y políticamente independiente produce los mejores resultados, y desde allí proyectan sus cálculos.  En el caso de Argentina ello está tan alejado de la realidad como suponer que un monopolio telefónico estatal puede proporcionar un servicio eficiente y de bajo costo.

            Los argentinos han demostrado que las características que ellos desean en una moneda son las que tiene el dólar: baja inflación, convertibilidad total, buenas perspectivas a futuro, y aceptabilidad internacional.  La Ley de Convertibilidad tuvo éxito donde otras reformas monetarias fracasaron precisamente porque convirtió al peso en un pariente cercano del dólar.  Sin embargo, el consumidor todavía percibe que el dólar es superior al peso.  La dolarización permitiría al consumidor aprovecharse totalmente de la percibida superioridad del dólar.  Las autoridades del gobierno han dicho en numerosas ocasiones que las reservas que respaldan al peso son propiedad de los titulares de la base monetaria, y que el Banco Central solamente las mantiene en depósito por cuenta de ellos.  Esta es una actitud encomendable, pero que el consumidor todavía no termina de creer.  La dolarización privatizaría las reservas al distribuirlas entre los argentinos que hoy tienen pesos en la mano.  Así se eliminaría cualquier duda que tenga el consumidor sobre sus derechos de propiedad en pesos, o sobre la duración de la paridad peso-dólar.

La Mayoría de las Críticas Que Se Hacen a la Dolarización Son Incorrectas

            Argentina no es el único lugar donde se ha debatido la dolarización.  Esto también ha ocurrido en Hong Kong (Schuler 1998).  Desde distintos sectores de la sociedad argentina se están escuchando críticas a la dolarización, de tal manera que es posible que el debate que tuvo lugar en Hong Kong se repita próximamente en Argentina.  La mayor parte de estas críticas son equivocadas.  Examinaremos aquí las más importantes.

            La crítica más fuerte en contra de la dolarización no es económica sino política, lo que no nos debe sorprender.  El proceso de elección entre regímenes monetarios alternativos siempre contiene aspectos políticos.  Estos aspectos políticos se dan a nivel internacional de manera frecuente, como ocurrió en 1998 en Indonesia, después que el Presidente Suharto decidiera adoptar la idea de una caja de conversión.  En efecto, el debate sobre la caja de conversión en Indonesia tuvo, en gran medida, fundamentos políticos y no se basó ni en los hechos ni en un análisis económico (Culp, Hanke y Miller 1999; Hanke 1998).

            Algunos argentinos consideran que el peso es un símbolo esencial de Argentina y piensan que la dolarización atenta contra la soberanía nacional. Sin embargo, los varios países dolarizados no consideran que la dolarización limite su independencia, o que una moneda emitida nacionalmente sea esencial para preservar su soberanía o su orgullo nacional.  Esto tampoco ocurriría en Argentina.  La dolarización no se debe considerar como un golpe al orgullo nacional; más bien es una extensión lógica de los principios que inspiraron la Ley de Convertibilidad.

            En un sistema de caja de conversión (o en una unión monetaria), el país renuncia a una política monetaria soberana, al igual que con la dolarización.  Comparada con una unión monetaria, sin embargo, la gran ventaja de una caja de conversión o de la dolarización es que la soberanía política no se pierde, dado que se entra y se sale de tales sistemas de manera voluntaria.  En la práctica, eso no ocurre con una unión monetaria: una vez que un país ingresa a una unión monetaria, se entrega la soberanía, porque es extremadamente difícil salirse unilateralmente de la misma.

            Afirmar que una moneda nacional es un símbolo de soberanía es confundir conceptos políticos con conceptos económicos.  La soberanía es la habilidad de un gobierno nacional de tener libertad de acción en política extranjera y en otros asuntos de política internacional sin verse coartado por países extranjeros; no es la facultad de coartar las libertades políticas o económicas de la ciudadanía.  En una economía de mercado, el concepto fundamental no es la soberanía, sino la libertad individual de elegir.  El economista W. H. Hutt acuñó la frase "soberanía del consumidor" en 1934 para expresar esta idea.

         Al introducir un sistema monetario semejante a la caja de conversión, Argentina fortaleció la soberanía del consumidor y transformó a su economía en una de las más libres y de mayor crecimiento del mundo en los años 90.  De hecho, como resultado directo de la convertibilidad, el índice de libertad económica de Argentina pasó del 59° lugar en 1990 al 7° en 1997 (Gwartney y Lawson 1998).   Actualmente sólo Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá superan a Argentina.  La dolarización solidificaría y realzaría aún más la soberanía del consumidor en Argentina.

            La crítica económica más frecuente contra la dolarización es que privaría a Argentina de flexibilidad en su política monetaria, incluso de la flexibilidad limitada que ofrece el sistema similar a una caja de conversión que ahora tiene.  Los detractores afirman que la dolarización le quitaría a Argentina los medios para hacer frente a shocks externos, porque las autoridades monetarias carecerían de la flexibilidad y de la discrecionalidad necesarias para poder implementar sus políticas.  Aunque esta objeción sea correcta en teoría, la realidad la desmiente.  Las tasas de crecimiento de los países en desarrollo sin flexibilidad monetaria--aquellos con cajas de conversión o con sistemas dolarizados--fueron un 50 por ciento mayores que las de los países con bancos centrales y flexibilidad monetaria entre 1950 y 1993.  Además, la variabilidad de esas tasas de crecimiento, medidas por su desviación estándar, era virtualmente idéntica, indicando que la falta de flexibilidad monetaria no resultó necesariamente en una mayor incidencia o vulnerabilidad ante los choques externos (Hanke 1999 y Schuler 1996).

            Una crítica relacionada es que Argentina se vería perjudicada si el dólar llegara algún día a ser una moneda inestable con alta inflación.  La solución a este problema potencial es extender la libertad considerable que ya existe en Argentina para usar cualquier moneda.  Aunque inicialmente el dólar sería la moneda más usada, la gente sería libre de usar cualquier moneda que ellos quisieran.  Si la gente desea hacer contratos especificando pagos de salarios, gastos de negocios o préstamos en euros, yen, o incluso reales brasileños, deberían disfrutar de esa libertad.  De esta forma, la gente sería capaz de utilizar las monedas con mayor estabilidad del mundo.

            Algunos economistas señalan que Argentina no forma parte de un "área monetaria óptima" con los Estados Unidos, porque las fuerzas económicas que afectan a los dos países son diferentes.  Según ellos, la dolarización de Argentina sería contraproducente porque impediría al gobierno usar la tasa de cambio como un instrumento de política monetaria.  Nuestra respuesta es que la teoría de áreas monetarias óptimas, tal cual la entienden generalmente los economistas, es incorrecta.  Ningún gobierno, ni banco central, ni economista sentado en su oficina puede determinar lo que constituye un área monetaria óptima, como tampoco puede determinar qué tipo de servicio telefónico es óptimo para un país.  La única forma de determinar un área monetaria óptima es dando a la gente la libertad de elegir, y observar los resultados (White 1989).  Al demostrar su preferencia por el dólar y por un tipo de cambio fijo, los argentinos están demostrando que, en lo que a ellos concierne, el área monetaria que conforman con los Estados Unidos es óptima. 

            Otra crítica en contra de la dolarización es que ésta es una base inapropiada para la unificación monetaria del Mercosur, porque otros países, especialmente Brasil, no se dolarizarían.  Ante esto reiteramos que la meta para Argentina debe ser retener su soberanía política y fortalecer la soberanía del consumidor.  Una unión monetaria en el Mercosur no lograría esto en principio, mientras que la dolarización lo haría en principio y en la práctica.

La Dolarización y la Sofisticación Financiera

            La dolarización no es "demasiado simple" para Argentina.  Por el contrario, mientras más se desarrolle el ámbito financiero en Argentina, mayor es el valor de un sistema monetario simple y transparente.  La banca central realiza una planificación central del dinero, y la planificación central funciona tan mal en el manejo del dinero como en la agricultura o en el industria.  Es por esto que históricamente el funcionamiento de la banca central  ha sido peor que el funcionamiento de los sistemas monetarios de mercado, en especial los de dolarización y las cajas de conversión.  En estos sistemas han estado ausente los procesos inflacionarios, las devaluaciones, los controles de cambio, los grandes déficits fiscales, y las confiscaciones monetarias.       

            Debido a que el sistema parecido a una caja de conversión retiene rasgos característicos de la banca central, el peso argentino ha estado expuesto a ataques especulativos periódicos.  Especialmente durante estos ataques especulativos, los tipos de interés en pesos han sido más elevados que los tipos en dólares.  Creemos que la dolarización eliminaría la racionalidad de tales ataques especulativos.  Sin embargo, en un discurso realizado en noviembre de 1998, Alan Greenspan, el Presidente de la Reserva Federal, dijo con respecto a Argentina: "Dudo mucho que una nación soberana que en general se inclina por políticas económicas esotéricas vaya a recuperar la sobriedad por el mero hecho de dolarizarse" (Greenspan 1998: 6).

            Las palabras de Greenspan han recibido amplia cobertura en la prensa argentina.  Lawrence Summers, Subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, recientemente ha formulado unas declaraciones similares.  Se trata de variaciones sobre el tema de que para instaurar una moneda sana primero hay que sanear la política fiscal, como si el sistema monetario no ejerciera influencia alguna sobre las finanzas gubernamentales.

            Los argentinos saben por propia experiencia, sin embargo, que el sistema monetario si ejerce considerable influencia. Reconocen en general que sin la Ley de Convertibilidad, las reformas económicas en Argentina no habrían ido tan lejos ni con tanta rapidez.  Otros países han tenido experiencias similares.  En un estudio de 98 países en desarrollo durante el período 1950-93, Hanke (1999) encontró que los déficits fiscales fueron, en promedio, 65 por ciento más grandes y 1,4 veces más variables en los países con banca central que en aquellos con una caja de conversión o con sistemas dolarizados.

            La dolarización no garantiza absolutamente políticas económicas correctas, pero ningún sistema lo hace.  Lo importante es que la dolarización crearía las condiciones para que Argentina continúe implementando una política económica correcta, así como la Ley de Convertibilidad  creó las primeras condiciones para que Argentina pudiera retomar su política económica.

            En el caso de Hong Kong, los detractores de la dolarización han afirmado que para convertir la base monetaria a dólares se necesitarían cantidades formidables de divisas, incluso más allá de lo necesario.  Se equivocan.  La dolarización requiere únicamente divisas suficientes para cubrir la base monetaria (M0), no reservas para cubrir las medidas más amplias de la masa monetaria, tales como los depósitos M1, M2, o M3 en la banca comercial.  Al igual que en un sistema ortodoxo de caja de conversión, o en un sistema de banco central en tiempos normales, la responsabilidad de los bancos es mantener reservas suficientes para satisfacer las demandas de sus clientes para convertir depósitos a billetes.

            En todos los sistemas--caja de conversión, dolarización, o banca central--las reservas que los bancos mantienen en exceso del mínimo legal constituyen ordinariamente sólo un porcentaje ínfimo del total de sus pasivos.  Bajo la dolarización, los depósitos en pesos se convierten en depósitos en dólares al cambio de 1 por 1, pero no se transforman en billete dólar propiamente tal.  Aparentemente, ningún país que se haya  dolarizado lo ha hecho convirtiendo todos su depósitos bancarios en moneda nacional en billetes dólar, de manera que es un tanto insólito decir que la dolarización requiere ese tipo de operación.  Los depositantes no tendrían ninguna razón especial para hacer conversiones masivas de depósitos en dólares a billetes, de la misma forma en que actualmente no tienen ninguna razón especial para convertir masivamente depósitos en pesos a pesos en billetes.  Los depositantes tampoco tendrían ninguna razón para cambiar sus depósitos de un banco a otro bajo la dolarización.  Los activos y los pasivos de los bancos serían los mismos de ahora; lo único que cambiaría es la unidad monetaria.  Expresado en términos de dólares, no habría cambio alguno.  Las carteras de inversión de los bancos, y por tanto su valor crediticio, no sufrirían modificación alguna.

            Quienes se oponen a la dolarización sin duda encontraran nuevas objeciones, pero ello no es motivo para desestimarla.  Es posible hacer objeciones contra cualquier sistema monetario, pero la verdadera prueba de fuego está en la práctica. Respecto de la dolarización oficial y extraoficial, existe una vasta experiencia histórica tanto empírica como actual; no hacen falta conjeturas extravagantes.  Si uno quiere saber cómo opera la dolarización no hay más que mirar a Panamá o a Puerto Rico. La dolarización funciona bien allí y en otras partes, sin los problemas que los críticos aseguran que se producirían. Las objeciones puramente hipotéticas no son suficiente peso contrarrestar el éxito en la práctica de la dolarización.

La Dolarización Debe Ser Liberal

            El gobierno de Argentina está considerando por lo menos dos formas distintas de dolarización: unilateral--que puede ocurrir sin un acuerdo--y un acuerdo limitado bajo el cual Argentina podría recobrar algo del señoreaje que perdería por la dolarización y que, como alternativa de liquidez, otorgue a la banca argentina acceso a préstamos preferenciales de la Reserva Federal.

            Preferimos la dolarización unilateral, y cuanto antes mejor.  Lo más pronto que el gobierno elimine la incertidumbre aún presente en la convertibilidad, lo más pronto que las tasas de interés comenzarán a bajar y lo más pronto que se beneficiará la economía argentina.  La dolarización unilateral no requiere la aprobación del gobierno de los Estados Unidos ni la participación de la Reserva Federal.

            Argentina necesitaría aproximadamente $15.000 millones para reemplazar la base monetaria.  Este canje de monedas es factible dado que, como resultado directo de la Ley de Convertibilidad, las reservas líquidas del Banco Central alcanzan los $24.000 millones. El canje generaría utilidades por señoreaje para el gobierno de los Estados Unidos, de manera que es difícil entender porqué los Estados Unidos se opondría a la dolarización en Argentina. Y aun si fuera así, cabe recordar que entre el 50 por ciento y el 70 por ciento de la masa monetaria en dólares--aproximadamente unos 470.000 millones--está fuera de los Estados Unidos. Sólo una cantidad ínfima ha salido del país a instancia del gobierno de los Estados Unidos o de los países que hoy mantienen esos dólares. Los rusos, por ejemplo, han adquirido más de $40.000 millones en billetes a través de canales normales de comercio, a pesar de los esfuerzos del gobierno ruso por impedir la tenencia y uso de dólares. Argentina podría adquirir dólares de manera similar. Sería conveniente tener la aprobación del gobierno de los Estados Unidos, pero no es esencial. Aún si el gobierno de los Estados Unidos se opone vigorosamente, Argentina podría dolarizarse. Es posible que deba trasladar el pago de préstamos interbancarios de Nueva York a alguna parte fuera de los Estados Unidos, pero eso no crearía grandes problemas.  En diferentes épocas, Panamá ha tenido que hacer lo mismo.

            La dolarización necesitaría cambios menores en las regulaciones financieras, las reglas contables, etc.  El gobierno, en consulta con el sector financiero, podría nombrar un comité de expertos para examinar estos asuntos y realizar recomendaciones.  Desde el punto de vista legal, la dolarización no crearía mayores problemas, dado que al tipo de cambio actual no habría variación alguna en los contratos.  La dolarización tampoco crearía desfases en los mercados financieros ni en las tasas de referencia bancaria.  Por el contrario, el mercado en dólares es muchísimo mayor que el mercado en pesos, de manera que sería fácil encontrar una analogía en dólares para cualquier obligación contractual en pesos.

            De optar por la dolarización unilateral, Argentina podría negociar un convenio mediante el cual Argentina reciba parte del señoreaje que perdería.  Aun sin un acuerdo, la pérdida de señoreaje sería mucho menor que las ganancias potenciales de eliminar el riesgo cambiario, reducir las tasas de interés, y estimular el crecimiento de la economía.

            En nuestra opinión, un acuerdo limitado entre Argentina y los Estados Unidos que otorgue a la banca argentina acceso a los préstamos preferenciales de la Reserva Federal no sería aconsejable.  Una razón es que, al contrario de lo que piensan muchos economistas, no es aconsejable tener un banco central como prestamista de última instancia (Selgin 1996: capítulos 9-12).  La experiencia demuestra que cada vez que un banco central ha tenido que rescatar a la banca de la insolvencia, los costos han sido enormes.

            En los países en vías de desarrollo, el desenlace de tales rescates no ha sido precisamente óptimo.  De hecho, Argentina mantiene el récord por el rescate bancario más oneroso en proporción al tamaño de su economía: La crisis bancaria de 1980-82 costó 55 por ciento del PIB.  El sistema bancario experimentó otra crisis en 1989-90, y otra durante el Efecto Tequila en 1995 (Caprio y Klingebiel 1996: 15, 26-7).  Fue solamente después de la última crisis que el gobierno implementó reformas duraderas, liquidando la banca estatal (de reconocida mala administración).  Sin la Ley de Convertibilidad, la cual limitó la capacidad del Banco Central para actuar como prestamista de última instancia, es muy dudoso que se hubieran efectuado estas reformas.

            Argentina ya cuenta con un fondo de garantía estatal a los depósitos y un Programa Contingente de Pases de $6.700 millones, como hemos mencionado anteriormente. La extensa internacionalización del sistema bancario argentino facilita que las oficinas centrales de los bancos actúen en efecto como prestamistas de última instancia cuando sea necesario, de tal manera que las disposiciones actuales para casos de emergencia son adecuadas para un país dolarizado. La experiencia de Panamá, país con un sistema bancario altamente internacionalizado, es que el tener acceso a grandes proveedores mundiales de liquidez de divisas evita las crisis bancarias sistémicas.  Además, la dolarización no le impediría al gobierno ser un prestamista de última instancia. Las autoridades fiscales del gobierno podrían conceder préstamos a la banca directamente en vez de tener un banco central que haga esa función. Es más, es muy probable que ello sea más transparente que si los préstamos fueran concedidos por el Banco Central.

            Finalmente, no favorecemos un acuerdo formal porque a pesar del buen récord del dólar durante mucho tiempo, no hay razón para obligar a los argentinos a usar el dólar, como implicaría un tratado. El dólar puede ser de curso legal en Argentina sin necesidad de que su uso sea obligatorio. "Curso legal" simplemente significa que las partes de un contrato pueden utilizar el dólar como moneda de cambio si están de acuerdo, y tal vez, si es aceptable, si no se especifica una moneda en el contrato o acuerdo. Es posible que muchas monedas sean de curso legal simultáneamente. Todas las principales divisas internacionales deberían tener curso legal en Argentina, y el gobierno debería considerar aceptar el pago de impuestos en euros o tal vez yen, así como en dólares (al tipo de cambio de mercado).

            A medida que se abaratan los ordenadores y las comunicaciones, las transacciones electrónicas son cada día más comunes.  Es posible que en el futuro la banca desarrolle monedas basadas, por ejemplo, en canastas de bienes que pueden ser superiores a las monedas emitidas por los estados.  Al pueblo argentino no debería prohibírsele utilizar divisas de este tipo si así lo desean.  Bajo la forma de dolarización que nosotros proponemos, el dólar sería la moneda predominante en Argentina por algunos años, pero si los argentinos quisieran reemplazarla por cualquier otra, deben tener completa libertad para hacerlo.

            Al terminar esta sección, parece apropiado comentar la propuesta de establecer una unión monetaria en el Mercosur.  Aun si se estableciese una unión monetaria en el Mercosur, dudamos que fuera a producir una moneda estable de una calidad igual a la del dólar.  La dolarización hoy es inmensamente superior a una unión monetaria del Mercosur.  En verdad, el dólar es el rey de las monedas y permanecerá así en el futuro venidero.  Cerca del 90 por ciento de todas las transacciones entre los bancos es en dólares, y cerca del 90 por ciento del comercio de bienes de todo el mundo es en dólares.

            La facturación de los productos manufacturados es un poco más heterogénea, pero virtualmente todas las exportaciones de los Estados Unidos y un sorprendente 88 por ciento de las importaciones son en dólares.  En Japón, la segunda economía más grande del mundo, el 36 por ciento de sus exportaciones y el 70 por ciento de sus importaciones se efectúan en dólares.  Finalmente, aparte del oro, cerca del 70 por ciento de las reservas oficiales de divisas que mantienen los gobiernos no europeos está denominada en dólares (McKinnon 1998).

            Cuando los países de Mercosur puedan unilateralmente unificar sus monedas con el dólar, ya sea vía un sistema de caja de conversión o vía la dolarización oficial, es difícil comprender porqué considerarían establecer una unión monetaria, con un banco central, y una nueva moneda, el "latino".

Un Programa Específico para la Dolarización Argentina

            La dolarización oficial haría necesario convertir la base monetaria (billetes y monedas, más depósitos a la vista en pesos de las instituciones financieras con el Banco Central) a activos en dólares--billetes, depósitos en los bancos de los Estados Unidos, activos que se puedan intercambiar fácilmente tales como los bonos del tesoro, o todos en combinación.  Si se siguen los pasos detallados a continuación, la dolarización rápida que proponemos puede empezar inmediatamente y quedar virtualmente completada en 30 días.  Un calendario de 30 días es realista, aunque otros países han hecho reformas monetarias más complejas en menos tiempo. Para dolarizar Argentina, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Asegurarse que las reservas líquidas del Banco Central sean cuando menos equivalentes a la base monetaria. Las reservas líquidas--reiteramos--son las divisas que respaldan a la base monetaria menos los bonos de deuda pública. Como hemos mencionado, a finales de enero de 1999, estas reservas excedían  la base monetaria.

2. Anunciar que a partir de ese momento, todos los salarios, precios, activos y pasivos en pesos son ahora precios, salarios, activos y pasivos en dólares a una tasa de cambio de 1 dólar = 1 peso. No se permitirá el cobro de comisiones por convertir pesos en dólares.  Expresado en dólares americanos, la dolarización no producirá cambio alguno.

Los depósitos bancarios y los préstamos con tasas fijas de interés continuarán con la misma tasa de interés hasta su vencimiento, excepto que ahora el capital principal y el interés se pagarán en dólares. Las tasas de interés en dólares serán probablemente más bajas que las tasas de interés en pesos antes de la dolarización. Los deudores se beneficiarían de las tasas de interés más bajas si logran refinanciar sus deudas; si no, no van a estar peor que como lo estuvieron bajo la convertibilidad, porque, en términos de dólares, estarían pagando montos equivalentes a la misma tasa de interés.

La dolarización causará una leve redistribución del ingreso: en general, aquellos que se endeuden en dólares pagarán menos y quienes presten en dólares recibirán menos de lo que reciben ahora porque no podrán hacer préstamos en pesos.  Pero los acreedores disfrutarán de otro tipo de beneficio, dado que la dolarización elimina las devaluaciones del tipo que han llevado a la quiebra a los bancos en Asia.  En general, la baja de las tasas de interés beneficiará a la economía argentina, al permitir al sector empresarial y a los consumidores asumir deudas que de otra forma no habrían considerado factibles. 

3. Reemplazar inmediatamente el peso por el dólar como unidad de cuenta. No se necesita un período de transición debido a que la paridad es de 1 por 1. No habrá necesidad de modificar los métodos contables, ni los sistemas de computación, ni los precios de los productos en los estantes de las tiendas.

4. Reemplazar inmediatamente los depósitos en pesos del Banco Central por su equivalente en dólares. En 1995, Argentina ya tomó un paso en esa dirección al trasladar sus pagos desde una cuenta en pesos del Banco Central a una cuenta en dólares en Nueva York. Este paso simplemente finalizaría este proceso.

5. Retirar billetes y monedas en circulación, preferentemente durante el período de transición. El tiempo que lleve dependerá de lo que tarde el Banco Central en obtener dólares. Lo deseable es reemplazar la mayor parte de los pesos durante el período de transición. Una vez que el retiro de pesos se haya iniciado, no se permitirá a la banca cobrar comisiones por canjear pesos por dólares. Terminado el retiro de la mayor parte de los pesos en circulación, la banca y el estado continuarán por un plazo que puede ser de cinco años aceptando pesos, de manera que los que tienen esos billetes tengan tiempo para canjearlos. Sin embargo, no se permitirá el uso de billetes viejos para el pago de transacciones personales. Transcurrido el plazo, el Presidente de Argentina podrá hacer uso de sus facultades para desmonetizar el peso. 

            Nosotros favorecemos reemplazar tanto los billetes como las monedas por su equivalente en dólares, pero la Argentina podría mantener monedas metálicas de emisión nacional, como lo hace Panamá.

6. Reestructurar el Banco Central tomando en consideración que ya no es una institución emisora. El Banco Central perderá la facultad de fijar la política monetaria.  Sin embargo, puede continuar teniendo una función en el sistema financiero regulando las instituciones financieras y reuniendo estadísticas financieras.

            Algunos sectores podrán estimar que la dolarización, de ser adoptada, debería ser una medida transitoria. Al contrario, la experiencia histórica indica que la dolarización, en la forma que la proponemos, debe ser permanente.  Proponemos que se le permita a los argentinos que usen cualquier moneda y que se le impida al estado volver a emitir una moneda nacional de nuevo. Para Argentina, la moneda emitida por el estado siempre ha sido una maldición. La Ley de Convertibilidad ha hecho que el peso sea casi tan bueno como el dólar, pero todavía no ha logrado igualarlo.  La dolarización que proponemos aseguraría que los argentinos tengan la libertad de usar la mejor moneda del mundo, y haría más difícil regresar a los viejos tiempos de una moneda nacional de mala calidad. 

Apéndice: Un Modelo de Ley de Dolarización

            Este modelo de anteproyecto de ley tiene por objeto dejar sentadas las principales características con que debe contar una Ley de Dolarización. La redacción definitiva podrá variar según lo requiera el cumplimiento de la norma legal.

            El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejará de emitir pesos y retira de la circulación toda la base monetaria argentina, reemplazándola con su equivalente en dólares al cambio de 1 dólar = 1 peso. De preferencia, el BCRA efectuará dicho retiro en el lapso de 30 días de la entrada en vigor de la presente ley. El BCRA y el estado argentino recibirán pesos para canje a dólares a partir de la entrada en vigor de la ley y por un período máximo de cinco años, al cabo del cual el Ejecutivo decretará la desmonetización de los pesos circulantes.

            Los sueldos, precios, activos y pasivos en pesos se convertirán a dólares al cambio de 1 dólar = 1 peso. Transcurridos 30 días de la entrada en vigor de la presente ley, los sueldos y precios no podrán cotizarse en pesos.

            Las tasas de interés y demás referentes financieros mantendrán en dólares su valor en pesos. Se mantendrá sin alteración la fecha de vencimiento de los créditos y demás obligaciones financieras.

1. El Ejecutivo designará a un comité de expertos a fin de someter a estudio los aspectos técnicos relacionados con la presente ley y formular las recomendaciones que estime pertinente.

2. Lo dispuesto en la presente ley no impedirá a las partes que concurran a una transacción el uso de cualquier moneda de cambio que puedan convenir de mutuo acuerdo.  Donde ésta no se especifique, se entenderá por defecto el dólar de los Estados Unidos.

3. Quedan sin efecto todas las disposiciones que no se ajusten a lo dispuesto en la presente ley.

4. La presente ley tendrá efecto inmediato.

Referencias

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Fuente: http://www.elcato.org/publicaciones/ensayos/edc-fpb-52.html

2) LA CRISIS EN ARGENTINA: UNA "AUSENCIA DE CAPITALISMO”

By Ana I. Eiras and Brett D. Schaefer - April 24, 2001

            En una entrevista con el The Financial Times, el Secretario del Tesoro de EE.UU., Paul O'Neill, manifestó su visión acerca de la razón fundamental de las recientes crisis financieras: que éstas no tienen nada que ver con un defecto del capitalismo, sino con una "ausencia de capitalismo".² Argentina es un trágico ejemplo de cómo la falta de libertad económica (el entorno necesario para que el capitalismo funcione de manera efectiva) condujo al declive económico y, eventualmente, a la crisis financiera de Noviembre de 2000.

            La deficiente política económica y la inestabilidad política originaron décadas de declive económico en Argentina. El país ha pasado de estar en el décimo lugar entre las naciones más ricas del mundo en 1913 a ocupar el puesto 36 en 1998.³ Como resultado, Argentina tiene la dudosa distinción de ser el único país "rico" que se transformó en "pobre" durante la historia reciente. Lamentablemente, la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Argentina a través de los años ha agravado, no aliviado, los problemas del país. Luego de más de 9 rescates financieros desde el año 1983, Argentina se encuentra, una vez más, al borde de una crisis financiera y con difíciles perspectivas de crecimiento.        

            La Administración Bush debería incentivar a la Argentina para que implemente una reforma que aumente la libertad económica. Para ayudar a países como Argentina para que puedan reducir la gravedad y frecuencia de las futuras crisis, la Administración debería promover tambien reformas en la práctica de otorgamiento de préstamos y consejo del FMI y otras instituciones financieras internacionales para que las mismas fomenten economías más abiertas y menos dependientes de los préstamos.

LA HISTORIA DE ARGENTINA: LAS POLITICAS ECONOMICAS SON MUY IMPORTANTES

            Argentina ha recorrido un largo camino desde que el gobierno militar dio paso a la democracia en 1983. El Presidente Raúl Alfonsín logró consolidar la democracia, lo que permitió que volvieran al debate público temas como los derechos humanos y que la liberalización del comercio, la desregulación y la privatización se expusieran a la consideración pública. Desgraciadamente y en perjuicio de Argentina, Alfonsín careció del liderazgo necesario para poder llevar a cabo las reformas propuestas en su retórica. Por ejemplo, en 1984 el gobierno argentino propuso el Plan Austral, que contaba con el respaldo del FMI, destinado a imponer disciplina fiscal y a controlar la inflación (que en ese año era del 627 por ciento).⁴

            Estos objetivos no se alcanzaron: la inflación subió al 672 por ciento en 1985 y los gastos del gobierno aumentaron del 11 por ciento del PIB en 1984 al 18 por ciento del PIB en 1985.^5> El Plan Primavera, el siguiente programa también patrocinado por el FMI, tuvo sólo un éxito mínimo: el gasto gubernamental bajó del 16 por ciento del PIB en 1986 al 11 por ciento en 1988 y la inflación se redujo, sólo por poco tiempo, al 90 por ciento en 1986 para subir rápidamente al 343 por ciento en 1988.^6>

            La incapacidad del gobierno argentino para encarar sus problemas económicos condujo a una erosión de la confianza en los inversores, a la fuga masiva de capitales, a la devaluación del peso y a una hiperinflación del 3080 por ciento en 1989 y del 2314 por ciento en 1990.^7> Alfonsín renunció cinco meses antes de terminar su mandato, en 1989, y entregó el poder al nuevo presidente electo Carlos Menem. Éste, quien había sido elegido sobre la base de una plataforma Peronista proteccionista, sorprendió al país al anunciar planes para una importante apertura de la economía. Las reformas de la primera Administración Menem (detalladas mas abajo) dieron un empuje inmediato a la economía, trayendo prosperidad y una promesa de cambio.

            No obstante, durante el segundo mandato del Presidente, Argentina entró en un declive que evidenció el fracaso de las reformas de Menem para abrir por completo el mercado argentino. Como resultado, el país ahora enfrenta una profunda recesión y las perspectivas de mejoras todavía son inciertas.

Comienzo del proceso de reforma. Durante el primer mandato de su presidencia, Menem implementó las siguientes reformas:

·         Establecimiento de un sistema de convertibilidad. En 1991, el Congreso aprobó la Ley de Convertibilidad, por la cual "…el peso era totalmente convertible con el dólar a una tasa de cambio nominal fija, y la base monetaria interna se encontraba respaldada en su totalidad por las reservas en moneda extranjera del Banco Central".^8> En esencia, un sistema de convertibilidad restringe la capacidad del gobierno para emitir billetes y monedas sin un respaldo total de reservas extranjeras. Los billetes y monedas locales son totalmente convertibles a la moneda de reserva a una tasa fija. Según esta ley, los pasivos del gobierno no podían ser financiados mediante la impresión de moneda. Esta política clave ayudó, de esta manera, a detener inmediatamente el problema de la hiperinflación en Argentina.

·         Privatización agresiva de las empresas estatales. Entre 1990 y 1994, el gobierno de Menem privatizó las aerolíneas, el transporte y la distribución de combustible, los trenes de carga y de pasajeros, la generación y la distribución de energía eléctrica, las telecomunicaciones, el servicio postal y los sistemas de agua y de cloacas.⁹ También vendió instalaciones de extracción de combustible y petróleo, minas de carbón, plantas petroquímicas, fábricas de acero y la mayoría de los bancos públicos.^10> Esta privatización redujo el consumo del gobierno sobre industrias ineficaces que operaban en pérdida, disminuyó las oportunidades para que el gobierno subsidiara los servicios e incrementó la eficiencia al transferir las ineficaces industrias estatales al más eficiente sector privado.

• Desregulación de la economía. El gobierno liberalizó el código de inversión extranjera, eliminó los controles sobre las tasas de cambio y los precios y quitó los impuestos a la exportación y los cupos de importación.^11> La desregulación redujo el costo de hacer negocios y fomentó la inversión, lo cual dio origen a un mayor rendimiento económico.

            El plan económico recompensó de inmediato tanto al Presidente como a su país al facilitar una inflación más baja, la confianza renovada de los inversores, expansión económica y un aumento en la calidad de vida. Entre 1991 y 1994, Argentina registró la cuarta tasa de crecimiento del PIB más alta del mundo, la cual alcanzó un promedio del 7.9 por ciento anual durante ese período de cuatro años.¹² La inversión fija bruta creció más de un 120 por ciento.^13> El porcentaje de familias viviendo por debajo de la línea de pobreza bajó del 38 por ciento en 1989 al 13 por ciento en 1994.^14> Desafortunadamente, el crecimiento no se sostuvo.

Proceso de reforma incompleto. El éxito inmediato de las reformas era obvio, pero la falta de un compromiso del gobierno argentino con la liberalización económica se hizo evidente en el declive económico que sufrió el país los últimos 5 años y en los 33 meses de una recesión que aún persiste.^15> Los problemas específicos que reflejan la ausencia de libertad económica incluyen:

• Carga de endeudamiento cada vez mayor. El gasto gubernamental como porcentaje del PIB del país aumentó del 9,4 por ciento en 1989 al 21 por ciento en el año 2000.^16> Al mismo tiempo, el crecimiento del PIB disminuyó de un promedio del 9 por ciento registrado entre 1991 y 1994 a un crecimiento negativo o insignificante a partir de mediados del año 1998.^17> La falta de crecimiento económico, junto con un incremento en el gasto del gobierno, generó un déficit fiscal que creció del 0,15 por ciento del PIB en 1994 al 2,4 por ciento del PIB en el año 2000. (ver gráfico 1). Para lograr el equilibrio fiscal sin distorsionar la economía, el gobierno pudo haber optado por reducir el gasto. En su lugar, prefirió financiar el déficit aumentando los impuestos y endeudándose con los mercados financieros y el FMI. El aumento de los impuestos fue una táctica errada ya que originó más evasión impositiva y sofocó a un sector privado ya perjudicado.

            Durante los últimos 7 años, el gobierno de Argentina impuso un endeudamiento cada vez más grande sobre su pueblo. (ver gráfico 2) En 1998, la deuda per cápita de Argentina fue más alta que la de Corea durante la Crisis Asiática. La deuda pública total de Argentina se incrementó del 34 por ciento en 1991 a alrededor del 52 por ciento del PIB (ver gráfico 3) y actualmente representa el 23 por ciento de toda la deuda de mercados emergentes.¹⁸ La elevada deuda acrecienta la percepción del riesgo del país y aumenta el costo de tomar préstamos de los mercados de capitales.

            Pronto se hará imposible sostener ese nivel de deuda. A menos que se genere un fuerte crecimiento económico lo antes posible, Argentina no podrá pagar los intereses de su deuda sin apoyo externo bilateral o multilateral, condonación o reestructuración de deuda por parte de los acreedores o una combinación de estas dos condiciones.

            Es improbable que el recientemente anunciado plan del gobierno de De la Rua para sacar a la Argentina de la actual recesión impulse la actividad económica, ya que la carga impositiva no se reducirá sino que será trasladada de una actividad comercial a otra.  El Ministro de Economía argentino, Domingo Cavallo, anunció que "...creará un impuesto al cheque...para apoyar las reducciones impositivas en los sectores comerciables, el sector más afectado por la sobrevaluación real del peso argentino (ARS)".^19> Por otra parte, los recortes en el gasto previstos en el plan no son suficientemente agresivos. Las dudas de los inversores acerca de la Argentina se reflejan en la baja calificación financiera otorgada al país por Moody's Investors Service, Standard & Poor y Fitch en la última semana de marzo de 2001.²⁰

·         Incertidumbre por el sistema monetario. Argentina adoptó la Ley de Convertibilidad para encarar sus problemas crónicos de inflación elevada. Aunque esta idea es errónea, algunos han culpado de los problemas económicos de la Argentina al alto valor del peso que permanece atado a un dólar estadounidense fuerte. De hecho, los problemas del país derivan principalmente de la falta de implementación de reformas económicas que abran los mercados argentinos y traigan estabilidad política y económica.

Es precisamente la ausencia de esas reformas la que ha generado la especulación acerca de la capacidad de sostenimiento del sistema de convertibilidad. No obstante, en lugar de defender esas reformas, ahora Cavallo ha declarado que la Argentina comenzará a hacer la conversión del peso 50 por ciento al euro y cincuenta por ciento al dólar.^21> Aún cuando Cavallo anunció que el cambio se concretará una vez que el euro equivalga al dolar²², los mercados temen que esta política sea una devaluación disfrazada. Después de todo, el peso se estaría atando tambien a una moneda que se ha estado devaluando desde su creación, hace 2 años.

Más aún, ligar el peso al euro socavará aún más la confianza en el sistema de convertibilidad e invitará a la especulación y al arbitraje. Aún si algun dia el dolar y el euro tuvieran la misma paridad, la posibilidad de que dicha paridad se mantenga es casi nula. Si esa paridad uno a uno no se mantiene, la gente no usará indistintamente dolares, pesos o euros, sino que cambiará prefiriendo una moneda sobre otra, segun cual sea la mas fuerte. Este ir y venir socava una de las razones mismas por las cuales la ley de convertibilidad se creo en primer lugar: eliminar la especulación. Teniendo en cuenta que el 70 por ciento de la deuda total pública es en dólares, y que la deuda en moneda extranjera equivale a un 95 por ciento del total de la deuda externa, una posible devaluación, si el euro se deprecia frente al dolar, encarecería la deuda de muchos bancos, comercios y personas comunes, mientras que también incrementaría la posibilidad de un incumplimiento de pago de la deuda por parte del gobierno.^23>

• Regulación excesiva. La privatización debería ser el medio para crear un ámbito competitivo en el cual los productores estén motivados a mejorar sus productos al mismo tiempo que los consumidores se benefician con una mayor cantidad de opciones y precios más bajos. En Argentina, lamentablemente, gran parte de la privatización no promovió la competencia, sino que simplemente transfirió los monopolios del sector público al privado.

Consideremos lo que sucedió en la industria de las telecomunicaciones. Por ejemplo, en 1990, el gobierno otorgó a Telecom de Francia un monopolio de 7 años para prestar el servicio de telefonía básica en el norte de Argentina y a Telefónica de España para hacerlo en el sur; la línea divisoria pasaba por el medio de Buenos Aires. Al final del período, los derechos del monopolio fueron extendidos por 3 años más. Si bien Telefónica y Telecom invirtieron capitales considerables para modernizar la infraestructura y aumentar el número de líneas disponibles, el servicio telefónico siguió siendo costoso. Los precios para las llamadas locales y de larga distancia bajaron recién en el año 2000. No fue una mera coincidencia que esta reducción en los precios haya ocurrido poco después de la liberalización del cada vez más grande y competitivo mercado de teléfonos celulares, el cual ofrece una alternativa al servicio de telefonía tradicional.^24> En las industrias de la energía y del agua se presentó un problema similar.

El sistema laboral de la Argentina también se encuentra agobiado por las excesivas regulaciones que restringen la capacidad que tienen las empresas de regular sus contrataciones para adaptarse a los cambios del mercado. Esta situación ha obligado a gran cantidad de empresas y trabajadores a ignorar las leyes laborales al contratar empleados fuera del sistema legal mediante pagos en efectivo.^25>

El Presidente de la Rúa, quien asumió su mandato en 1999, logró la aprobación de la reforma laboral por parte del Senado y la cámara baja en Mayo de 2000. Esta nueva ley de trabajo dio fin a una medida que exigía que los contratos de trabajo colectivos fueran prorrogados ante la imposibilidad de negociar un contrato nuevo (algunos habían sido prorrogados a partir de 1975).^26> Esta ley también permitió a las compañías individuales negociar contratos (en lugar de estar obligados a respetar acuerdos nacionales), prolongó el período dentro del cual los nuevos empleados pueden ser despedidos sin indemnización y redujo los impuestos sobre las remuneraciones para los trabajadores contratados bajo nuevos contratos de empleo. Lamentablemente, el proyecto de reforma laboral no afectará al tercio de la mano de obra empleada en el sector público. Tampoco afectaría a los trabajadores cubiertos por leyes laborales distintas, como las que rigen para las compañías recientemente privatizadas.^27>

Si bien la nueva ley representa una mejora significativa, todavía queda mucho por hacer. Lo más imperioso es reducir las remuneraciones y el número de empleados del sector público, especialmente en las provincias, ya que muchos de ellos no contribuyen a la producción y sólo sirven para aumentar el gasto público. Por ejemplo, en la provincia de Formosa aproximadamente la mitad de la fuerza laboral contratada formalmente está empleada por el gobierno. Según algunas versiones, muchos de estos trabajadores sólo se presentan una vez al mes para cobrar sus cheques.^28>

• Barreras al libre comercio. Argentina comenzó la reducción de aranceles durante la década del 80. La política comercial principal en los noventa era la participación del país en la creación del Mercado Común del Sur (Mercosur), que entró en vigencia en el año 1991. El Mercosur prohibe las barreras comerciales entre las naciones miembros sobre aproximadamente el 85 por ciento de las líneas arancelarias y mantiene aranceles comunes y barreras comerciales contra los que no son miembros.²⁹ El bloque, que incluye a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, ha alterado de manera significativa las relaciones comerciales de la Argentina. Antes del Mercosur, el comercio de Argentina con Brasil alcanzaba un promedio de aproximadamente el 11 por ciento del comercio total.³⁰ Un año después del inicio del acuerdo de comercio preferencial en 1991³¹, Brasil se convirtió en el socio comercial más importante de la Argentina. El año pasado, el comercio con Brasil abarcó el 26 por ciento de la actividad comercial total de la Argentina. (ver Tabla 1)
• Si la Argentina realmente quiso abrir sus mercados hacia el libre comercio, el Mercosur no fue la estrategia correcta a seguir. Los miembros del Mercosur mantienen un alto arancel externo común (AEC) del 14 por ciento que inhibe el comercio con los países no miembros.^32> Además, la adopción del AEC redujo la discreción del gobierno sobre la política comercial. Asimismo, debilitó la capacidad de los consumidores para elegir entre los productos mejores y más baratos disponibles en todo el mundo y eliminó los incentivos para que los productores locales introdujeran innovaciones y mejoras para poder seguir siendo competitivos. Por otra parte, la interdependencia comercial entre los miembros del bloque^33> hizo que cada uno de los países se volviera altamente vulnerable a los problemas económicos del otro.^34> Argentina, por ejemplo, experimentó una disminución del 24 por ciento en sus exportaciones al Mercosur en 1999, en gran parte debido a la devaluación del real contra el dólar que se produjo durante la crisis económica de Brasil en 1999.^35> Esa interdependencia también resulta perjudicial cuando, en circunstancias adversas, los miembros se niegan a cumplir íntegramente con sus compromisos tomados bajo el régimen del bloque.^36> En suma, para Argentina Mercosur funciona como una prisión que limita el potencial del país para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Los problemas del Mercosur se agravaron aún más este año cuando sus miembros perdieron la capacidad de negociar en forma individual los acuerdos de libre comercio. El próximo año, los miembros del Mercosur deberán abandonar los acuerdos de libre comercio que hayan sido celebrados con países que no pertenecen al bloque y que hayan sido negociados antes de la creación de este último.^37> Esto refleja una hostilidad hacia el libre comercio que es, ironicamente, la base del Mercosur. Por ejemplo, el Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio de Brasil, Alcides Tapias, criticó el abierto apoyo brindado por el ex Ministro López Murphy a la reducción de las barreras al comercio y al aumento de los vínculos económicos a través de las negociaciones directas con EE.UU. argumentando que los países individualmente carecen de poder cuando se negocia con este país.^38> Al seguir en el Mercosur, los miembros se están alejando cada vez más del libre comercio global y abandonando su autonomía para establecer las políticas económicas más convenientes para sus respectivos ciudadanos.

• Un estado de derecho débil. Hubo una época, hace tiempo, en que el sistema judicial de Argentina era sólido y protegía vigorosamente los derechos de propiedad. En aquel entonces, también, Argentina se encontraba en el décimo lugar entre los países más ricos del mundo y la inversión extranjera impulsaba el crecimiento económico. Para algunos expertos en la historia del derecho, el Poder Judicial de la Argentina se debilitó luego de la Revolución de 1930, cuando la Corte Suprema reconoció como legítimo al primer golpe de estado militar inconstitucional.^39> Era la primera vez que la Argentina violaba su Constitución, sentando un precedente de debilidad que continúa hasta el día de hoy.

La debilidad en el estado de derecho, junto con una enorme burocracia, ha fomentado una cultura de corrupción que va desde los funcionarios públicos en los más altos cargos hasta el argentino común que debe manejarse a través de una amplia red burocrática. La gravedad de este problema se evidencia en el hecho de que el 82 por ciento de los habitantes de Argentina no confían en la efectividad del sistema judicial y, por lo tanto, no lo utilizan.^40> Esta desconfianza tiene consecuencias desastrosas sobre la capacidad del país para generar un crecimiento económico sostenido. Un sistema de justicia débil y sin transparencia aumenta el costo de hacer negocios en Argentina, socavando así un importante motor de crecimiento: la inversión local y extranjera. Al aumentar el riesgo, un estado de derecho débil socava por igual la confianza de los ciudadanos y de los inversores extranjeros para emprender actividades comerciales, ahorrar y hacer inversiones a largo plazo. El riesgo se incrementa debido a que la capacidad para buscar compensación o justicia para las acciones ilegales se ve obstaculizada cuando el sistema judicial no es confiable o se encuentra sujeto a la manipulación política.

Al imponer una excesiva carga impositiva, Argentina también promueve la actividad ilegal. Según un informe de la Fundación para la Investigación Económica de Latinoamérica (FIEL), la economía informal de Argentina alcanza un total estimado de $64.000 millones por año (lo que equivale a más del 23 por ciento del PIB),⁴¹ de los cuales aproximadamente $15.000 millones provienen de la evasión impositiva. La crítica a los esfuerzos por combatir la evasión impositiva, como los recientes comentarios hechos por el presidente del Frepaso Carlos Alvárez, ignoran el hecho de que la evasión es en primer lugar una reacción a los gravosos niveles impositivos que el gobierno impone para financiar el gasto público cada vez más oneroso.^42> El medio más efectivo para reducir la evasión fiscal es eliminar los alicientes para no declarar debidamente los ingresos, eliminación que se puede lograr mediante una reducción en la carga impositiva.^43> A juzgar por las exigencias del FMI para que Argentina aumente la recaudación fiscal a través de un aumento de los impuestos y de una lucha enérgica contra la evasión, el Fondo parece desconocer este hecho tanto como lo hace Alvárez.

            La cantidad de problemas descritos anteriormente indican una clara falta de libertad económica en Argentina, lo que llevó a la falta del tan necesitado crecimiento económico. La peor consecuencia de los más de diez años de protección económica es la recesión de 33 meses que todavía enfrenta la Argentina, el alarmante aumento del delito, el alto nivel de desempleo y la baja en la calidad de vida de los argentinos.⁴⁴

EL PAPEL DEL FMI EN LA CRISIS ARGENTINA

            El Fondo Monetario Internacional comparte la responsabilidad por la difícil situación en la que se encuentra inmersa la Argentina. El historial de préstamos del FMI a la Argentina (detallados en el Apéndice 1) muestra un casi continuo apoyo financiero acompañado de recomendaciones acerca de políticas a implementar. Si bien algunas de estas politicas hubieran ayudado a liberalizar la economía, la mayoría de ellas entorpeció el crecimiento económico y fomentó el riesgo moral (o lo que se conoce como "moral hazard".) Luego de casi dos décadas de erróneas recomendaciones sobre las políticas y de un financiamiento casi continuo, el Fondo ha fortalecido el poder de los intereses políticos en perjuicio del crecimiento económico. Consideremos los siguientes hechos relacionados con el apoyo del FMI a la Argentina:

·         Desde el año1983, Argentina ha firmado siete acuerdos de tipo "stand by", dos acuerdos de la Unidad de Extensión de Fondos del FMI y dos renegociaciones de los préstamos del FMI que alcanzan un monto de 24.117 millones de DEG (derechos especiales de giro) o casi $30.600 millones de dólares.⁴⁵

·         Acuerdos de préstamos entre Argentina y el FMI han tenido lugar continuamente en los 18 años comprendidos entre 1983 y 2001, salvo en dos años, entre 1986-1987 y 1988-1989. Todos los préstamos estuvieron a disposición del país ininterrumpidamente, ya sea que el país estuviera atravesando una crisis o no.

·         En cada programa, el FMI aconsejaba seguir políticas que retardaban la estabilidad económica y el crecimiento a largo plazo. Cada acuerdo con el FMI, por ejemplo, exigía a la Argentina equilibrar su presupuesto fiscal mediante el aumento de impuestos. El incremento en los impuestos entorpecía la actividad económica y alentaba la evasión impositiva, agravando cada vez más el desequilibrio fiscal que las recomendaciones supuestamente debían tratar.

• Argentina rara vez implementó las reformas de políticas exigidas por el FMI a cambio de los acuerdos de crédito. Por ejemplo, cada acuerdo con el FMI requería que el gobierno argentino recortara el gasto gubernamental para ayudar a equilibrar el presupuesto fiscal. Desde 1989, sin embargo, el gasto de Argentina creció del 9,5 por ciento al 22,3 por ciento del PIB. (ver gráfico 4) Solamente con los ingresos masivos de capital provenientes de la privatización el gobierno pudo lograr un superávit fiscal. (ver gráfico 1) Luego de finalizada la privatización, nuevamente se produjo un déficit fiscal. A pesar de la amplia evidencia del incumplimiento de la Argentina con respecto a las exigencias de reformas, el FMI le siguió otorgando préstamos cada vez mayores. (ver gráfico 4)

            El financiamiento del FMI a la Argentina se ha invalidado a sí mismo y ha sido un fracaso en sus propios términos. El último paquete del Fondo para la Argentina es un ejemplo puntual: una vez más, el gobierno argentino había intentado terminar la recesión aplicando la política equivocada: el aumento de los impuestos. Los esfuerzos del gobierno han resultado infructuosos e incrementaron el escepticismo entre los inversores acerca del compromiso o capacidad del presidente de la Rúa para llevar a cabo las reformas y restablecer el crecimiento. En combinación con las dudas acerca de la capacidad de la Argentina para cumplir con los inminentes pagos de la deuda, este escepticismo precipitó la crisis financiera ocurrida en noviembre y diciembre del año 2000. El FMI negoció, en diciembre 2000, una línea de crédito de $39.700 millones (disponible en enero de 2001) que, si bien estabilizó la crisis inmediata, no ha resuelto los problemas que causaron la crisis ni generó la reactivación económica.

            Si bien el FMI exigió a la Argentina adoptar una reforma de las leyes de trabajo y de seguridad social, promover la competencia en los monopolizados sectores de las telecomunicaciones y la energía y ampliar los programas de asistencia social, la condición principal para el más reciente acuerdo con el FMI era, una vez más, reducir el déficit fiscal mediante la disminución de los gastos y el aumento de la recaudación fiscal. El nivel de déficit acordado se flexibilizó otra vez. Para el 2000, nivel de déficit se elevó de $4300 millones a $5300 millones,^46> para el 2001 se amplió a $6700 millones, y la fecha límite para lograr un presupuesto equilibrado se extendió hasta el año 2005.⁴⁷

            A excepción de la exigencia equivocada de que Argentina aumente la recaudación fiscal y la recomendación contradictoria de incrementar los programas de asistencia social reduciendo al mismo tiempo el gasto gubernamental, las reformas requeridas por el FMI son razonables y convenientes. En todo caso, según los antecedentes de reformas en Argentina, es improbable que el gobierno implemente las reformas establecidas en su último acuerdo.

            La resistencia local a la implementación de reformas es fuerte. Las propuestas para recortar el gasto, por ejemplo, forzaron la renuncia de dos Ministros de Economía con una diferencia de semanas entre una y otra. El Ministro José Luis Machinea perdió credibilidad y renunció el 2 de marzo de 2001, cuando se hizo obvio que el rescate de $39.700 millones del FMI no había podido restablecer el crecimiento económico. Su sucedáneo, Ricardo López Murphy, se vio obligado a renunciar cuando los recortes propuestos (diseñados para que la Argentina pudiera cumplir con los objetivos fiscales del FMI) de $2000 millones para el año 2001 y $2500 millones para el año 2002⁴⁸ provocaron la renuncia de tres miembros del gabinete y seis funcionarios del gobierno, principalmente del Frepaso, partido de izquierda que forma la coalición gobernante, así como también huelgas y protestas generalizadas por parte de los sindicatos y grupos estudiantiles.⁴⁹

            También han encontrado una fuerte oposición los recortes de $3000 millones en el gasto gubernamental que propuso Cavallo⁵⁰, lo que forzó al Ministro a ser cauteloso en la adopción de reformas que son cruciales para restablecer el crecimiento económico. El plan de Cavallo ahora establece amplios diferenciales arancelarios entre las importaciones de bienes de capital y del consumidor y crea un impuesto "hostil al mercado" sobre las transacciones financieras, que distorsionará aún más la economía.⁵¹

            La política del FMI, que consiste en la financiación continua a Argentina más allá del riesgo de una crisis ó del cumplimiento de las exigencias del Fondo, tuvo dos consecuencias negativas: la asistencia predecible del FMI indicó a los mercados que el riesgo de inversión es mitigado por los rescates del Fondo, alentando de esta manera las decisiones imprudentes de inversión (moral hazard); en segundo lugar, el gobierno argentino no ha tenido incentivo alguno para reformar su economía debido a que el FMI proveía fondos sin considerar la reforma.^52> Estas dos consecuencias crearon un espiral descendiente que llevó a una tercera consecuencia, aún más perjudicial. Si el FMI toma una postura definida y deja de financiar a la Argentina porque ésta no implementa reformas ni reestructura la deuda, el país experimentará otra crisis y es probable que incurra en incumplimiento de pago. Esto podría ser una situación deseable si incentivase a Argentina a emprender la reforma necesaria para alcanzar el crecimiento y la estabilidad económica a largo plazo, pero también podría estimular la fuga de capital y restringir la financiación en otros mercados emergentes del mundo.

UN PLAN DE REFORMA MEJOR PARA ARGENTINA

            Los economistas coinciden en que la línea de crédito de $39.700 millones que el FMI emitió en enero de 2001 con el objeto de detener la última crisis ocurrida en Argentina a fines del año 2000, brindará una prórroga limitada de un mes a un año a dicho país. Consideran que el paquete de emergencia del FMI sólo permitirá a Argentina obtener un respiro máximo de seis meses a un año. La deuda argentina, de $124.000 millones, representa más del 350 por ciento de la base de exportaciones del país y los intereses de la deuda consumen cerca de dos tercios de los ingresos de divisas.⁵³ A menos que se reanude el crecimiento económico de Argentina, las obligaciones de la deuda, que suman $124.000 millones, y las necesidades de financiación externa, que se calcula que alcanzará los $50.000 millones en 2001, agotarán rápidamente la línea de crédito del FMI.^54> Charles Calomiris, Profesor de la Universidad de Columbia y experto en finanzas argentinas, pronostica que la siguiente crisis de endeudamiento tendrá lugar dentro de los próximos 4 meses, a menos que la deuda se reestructure.⁵⁵

Lo que Argentina debería hacer. A fin de evitar la inminente crisis, Argentina debe tomar medidas urgentes para incrementar la libertad económica. La implementación de políticas para liberalizar la economía no sólo logrará aumentar la confianza de los inversores, sino que además constituirá el primer paso del país hacia el crecimiento económico y la estabilidad a largo plazo. Específicamente, Argentina debería:

·         Adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial argentina. La especulación sobre la capacidad de sostenimiento del sistema de convertibilidad ha provocado un aumento gradual de las primas de las tasas de interés de la deuda argentina, que han superado el margen normal existente entre la deuda en pesos y en dólares. En estas circunstancias, la mejor solución para que Argentina logre reducir las primas de las tasas de interés, producidas por el riesgo de la moneda, consiste en la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial. De este modo, se eliminaría el riesgo resultante de la tasa de cambio de peso a dólar y se obtendrían tasas de interés más bajas sobre la deuda argentina, tal como ocurrió en El Salvador⁵⁶ y en Panamá desde que adoptaron el dólar.⁵⁷

·         Reducir el gasto gubernamental y los impuestos. A fin de impulsar el crecimiento económico, Argentina debe estimular la productividad mediante la reducción de impuestos con el objeto de incrementar los incentivos para trabajar, ahorrar e invertir.^58> Para reducir las tasas impositivas sin que se produzca un desastre económico, Argentina debe reducir inmediatamente el gasto público. Si bien el plan de Cavallo incluye una modesta reducción del gasto, en lugar de reducir los impuestos, la carga impositiva fue trasladada de las empresas a los inversores internacionales, con lo cual se imponen nuevos costos sin el estímulo beneficioso que implica la reducción general de los impuestos. El restablecimiento del crecimiento requerirá la implementación de reducciones mucho más importantes y abarcadoras del gasto gubernamental y de las tasas impositivas.

·         Aplicación de mayores medidas desregulatorias. El Presidente de la Rúa logró la aprobación del proyecto de reforma laboral por parte del Senado y la cámara baja. Argentina debería, a partir de este logro, continuar con la gradual eliminación de las regulaciones vigentes, como, por ejemplo, la capacidad de los empleadores para despedir a sus empleados. Cuando el mercado laboral es flexible con la misma facilidad con que se despide se toman nuevos empleados, lo cual motiva a la fuerza laboral a aumentar su productividad continuamente. Este país además necesita reducir las remuneraciones y la cantidad de empleados del sector público, ya que los altos salarios de este sector obstaculizan el ajuste de las remuneraciones del sector privado. Tal es el caso de las provincias, muchas de las cuales no contribuyen al incremento de la producción y sólo facilitan el aumento del gasto público.

·         Fomento del libre comercio. Argentina debería expandir sus mercados de exportación y diversificar su base de exportaciones mediante la celebración de acuerdos con otras naciones que también estuvieran abiertas al comercio irrestricto. Teniendo en cuenta el estrecho vínculo que las economías de Estados Unidos y Argentina mantienen a través del sistema de convertibilidad que liga al peso con el dólar, un tratado de libre comercio entre ambos países resultaría particularmente ventajoso, ya que ofrecería una mayor estabilidad a los exportadores argentinos. Estados Unidos ya es el segundo socio comercial de Argentina y la reducción de las barreras comerciales promete estrechar esa relación para beneficio de ambos países. Argentina, sin embargo, debe abrir su mercado unilateralmente para facilitar las negociaciones con Estados Unidos. De ser necesario, el primero debería renunciar al Mercosur como zona económica exclusiva y permanecer, si lo desea, como aliado político al igual que lo ha hecho Chile.

• Fortalecimiento del estado de derecho. La vulnerabilidad del poder judicial a los sobornos y a la influencia política ha socavado la confianza pública hasta el extremo de que los ciudadanos comunes de Argentina no utilicen el sistema judicial y de que las empresas restrinjan sus inversiones. El gobierno argentino debe aplicar castigos más severos a los casos de corrupción, hacer que el poder judicial resulte impermeable a las presiones políticas a través de la aplicación de "protecciones a los informantes" y mejorar la calidad laboral para quienes trabajan en relación con el cumplimiento de la ley.

Argentina no debería considerar a esta serie de reformas como opciones. A menos que se reanude rápida y sólidamente el crecimiento económico del país, es muy probable que no cumpla con el pago de su deuda y no pueda acceder a los mercados de capitales internacionales.

LO QUE LA ADMINISTRACIÓN BUSH DEBERÍA HACER

            La libertad económica no se puede exportar, pero se puede importar. Con ese fín, la Administración Bush debería ayudar a Argentina a adoptar las reformas necesarias, incluyendo la adopción del dólar como moneda oficial, abriendo el libre comercio, desregularizando el mercado laboral, y reduciendo la intervanción del gobierno en la economía. La Administración Bush debería tambien suministrar pericia técnica, como el envío de expertos del FBI y del Departamento de Justicia de EE.UU. para asesorar al gobierno argentino en relación con la reforma del sistema judicial. Además, EE.UU. puede ayudar a Argentina con un acuerdo de libre comercio entre ambos países.

            La Administración Bush debería encarar la "ausencia de capitalismo" en el sistema financiero internacional adoptando la política no intervencionista del Secretario O'Neill para resolver las crisis financieras internacionales.⁵⁹ Sin embargo, para que esta política resulte eficaz la Administración debe restringir el poder de intervención de las instituciones financieras internacionales en la economía internacional, particularmente el modo de emisión de préstamos del FMI.

            Las crisis financieras en el mundo tuvieron lugar con mayor frecuencia durante la última década, aun cuando el FMI y el Banco Mundial destinaban la mayor cantidad de recursos disponibles para combatirlas. En la mayoría de los casos, los países que recibieron préstamos del FMI y del Banco Mundial se encuentran actualmente en peores condiciones -luego de décadas de recibir asistencia internacional- que antes de obtener los préstamos. El motivo: los paquetes de rescate han reducido el riesgo de que se tomen decisiones económicas erradas y muchas veces perjudican a sus destinatarios, al contribuir con el aumento de la deuda y del porcentaje de desempleo y con la reducción de la calidad de vida y del volumen de ahorro.^60>

La Administración Bush debería utilizar el análisis provisto por la Comisión de Asesoramiento para las Instituciones Financieras Internacionales (IFIAC), dirigida por Allan H. Meltzer de la Universidad Carnegie Mellon y designada por el Congreso de EE.UU., a fin de establecer un marco sólido para la reforma del FMI y del Banco Mundial.⁶¹ Estas reformas permitiran maximizar la efectividad de ambas instituciones, incrementar su responsabilidad en las autorizaciones de los préstamos y limitar su influencia nociva en el mercado global. En el futuro, las crisis serán menos frecuentes en un entorno que promueve las eficiencias y beneficios de los mercados abiertos.

CONCLUSIÓN

            El restablecimiento de la estabilidad y el crecimiento económico en Argentina es conveniente para Estados Unidos. Argentina no sólo representa la segunda economía más importante de América del Sur, sino que, además, una crisis financiera en gran escala podría obstaculizar significativamente las perspectivas de crecimiento de diversos países en vías de desarrollo. El incumplimiento del pago de la deuda contraída por Argentina puede hacer que los inversores eviten los mercados emergentes, que dependen del capital extranjero para desarrollarse, con lo cual se reducirían las perspectivas de crecimiento de los países en desarrollo al mismo tiempo que la economía mundial se vería perjudicada por la reducción del crecimiento económico de los EE.UU.

            A fin de evitar una crisis en Argentina, la Administración Bush debería estimular al país a que acabe con el círculo de dependencia de los préstamos del FMI. Para lograrlo, el gobierno de EE.UU. debería alentar a Argentina a crear una estrategia destinada a promover el crecimiento económico, que incluya la adopción del dólar estadounidense como moneda oficial, la liberalización del comercio, la desregulación del mercado laboral y la reducción de la injerencia del gobierno en la economía del país. El crecimiento económico permitirá al país pagar los intereses de su deuda y, siempre y cuando se recorte el gasto, independizarse de los préstamos del FMI.

            Es igualmente imperativo que se restrinja la intervención de las instituciones financieras internacionales en la economía global. A menos que la Administración logre resolver la "ausencia de capitalismo" que padecen muchos países y que es afianzada por los rescates financieros internacionales, no sólo se garantiza la generación de futuras crisis sino que las mismas serán más graves y más frecuentes.

-Ana I. Eiras es Analista de Políticas Económicas para Latinoamérica y Brett D. Schaefer es Fellow Jay Kingham en Asuntos de Regulación Internacional del Centro para el Comercio Internacional y la Economía de The Heritage Foundation.

Apéndice

Notas al pie

1. Los autores desean agradecer a Anthony Kim y Eddie Colindres por la colaboración prestada en la investigación para este informe.

2. Gerard Baker and Stephen Fidler, "O'Neill's World", The Financial Times, 15 de febrero de 2001, http://www.FT.com,  página no disponible en línea.

3. Martin Wolf, "Argentina's Riches to Rags Tale", The Financial Times, 21 de marzo de 2001, pág. no disponible en línea.

4. World Development Indicators 2000 en CD-Rom, Banco Mundial.

5. Idem.

6. Idem.

7. Idem.

8. Unidad de Inteligencia de "El Economista". EIU Country Profile, 1996-1997, pág. 14.

9. Unidad de Inteligencia de "El Economista". EIU Country Profile, 1996-1997, pág. 25.

10. Idem.

11. Idem.

12. La tasa de crecimiento acumulada se calculó usando PBI a precios constantes de 1995 en U$S. Banco Mundial, World Development Indicators 2000 en CD-Rom.

13. Unidad de Inteligencia de "El Economista". EIU Country Profile, 1996-1997, pág. 17

14. Idem. pág. 16

15. Gerald P. O'Driscoll, Jr., Kim R. Holmes, y Melanie Kirkpatrick, eds., 2001 Index of Economic Freedom (Washington, D.C.: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc., 2001), pag. 73.

16. Banco Mundial, World Development Indicators 2000 en CD-Rom.

17. La tasa de crecimiento acumulada se calculó usando PBI a precios constantes de 1995 en U$S. Banco Mundial, World Development Indicators 2000 en CD-Rom.

18. Editorial, "Cavallo's Challenge", The Financial Times, 31 de marzo de 2001, pág. 14.

19. Barclays Capital. Folletín informativo Emerging Markets-Latin America. 22 de marzo de 2001.

20. "Ratings Agencies On The Mark?" Buenos Aires Herald. 28 de marzo de 2001.

21. "Cavallo decidió abrir la economía al euro", Diario La Nación. 5 de abril de 2001, pág. no disponible en línea.

22. Thomas Catán, "Argentine Minister Eyes Link To Euro." The Financial Times, 16 de abril de 2001. p. 3

23. Ministerio de Economía Argentino, Subsecretaría de Finanzas, datos disponibles en el sitio internet http://www.mecon.gov.ar/financing/doc2.htm;  Charles W. Calomiris, "Argentina Can't Pay What It Owes," The Wall Street Journal, 13 de abril de 2001, p. A11.

24. La cantidad de teléfonos celulares en la Argentina aumentó más de 10 veces en 4 años (de 341.000 que había en 1995 a 3,8 millones en 1999), mientras que los costos bajaron estrepitosamente. EIU Country Profile 2000, pág. 20.

25. El economista argentino, Alfredo Monza, del Instituto Nacional de Estadísticas estima que tanto como el 13 por ciento de la mano de obra de Argentina está empleada fuera del sistema legal, "Belaboured: Reforming Argentina's Labour Laws," The Economist, 25 de marzo de 2001.

26. Idem.

27. Idem.

28. Pamela Druckerman, "Buenos Aires must Justify Bailout, but localities Tend to Spend", The Wall Street Journal, 2 de marzo de 2001, pág. A9.

29. Fundacion Invertir Argentina, "Argentina Business: The Complete Guide to Business with Argentina," at http://www.invertir.com/argentina/trade.html.

30. Idem.

31. La implementación del Mercosur se completó en 1995.

32. Ver "Primero, mercados abiertos", de Mary Anastasia O'Grady, en el Índice de libertad económica 2001, de Gerald P. O'Driscoll, Kim R. Holmes y Melanie Kirkpatrick, editores (Washington, D.C.: The Heritage Foundation and Dow Jones & Company, Inc., 2001), pág. 29

33. El Mercosur representa el 30 por ciento del comercio total de la Argentina. Ver Tabla 1.

34. El año pasado, la combinación de un real devaluado y un peso fuerte tensó las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil. Según lo informara el diario argentino La Nación, "No ha habido un progreso en el comercio del azúcar, las discusiones sobre el régimen automotor regional continúan y, ahora, surge un nuevo conflicto que tiene graves consecuencias para la industria lechera". Diario La Nación. 12 de noviembre de 2000, página no disponible en línea.

35. Unidad de Inteligencia de "El Economista". EIU Country Report for Argentina, junio de 2000, pág. 33.

36. El año pasado, Brasil amenazó con elevar unilateralmente el arancel para la leche argentina al 46%, alegando que Argentina estaba exportando leche a precios inferiores a los precios de mercado. Argentina, por otra parte, adujo que la reacción de Brasil fue una represalia por el establecimiento por parte de la Argentina del precio mínimo para importaciones de productos avícolas. "Dura reacción por trabas de Brasil a la leche argentina", Diario La Nación. 12 de noviembre de 2000, pág. no disponible en línea. En respuesta a la recesión económica actual, El Ministro de Economía Domingo Cavallo anunció que ajustaría, los aranceles elevandolos al 35% para las importaciones de bienes de consumo y reduciendo aranceles en los bienes de capital, sin consultar con los socios del Mercosur. Ver Thomas Catán y Geoff Dyer, "Argentine Emergency Hastens the Decline of Mercosur," The Financial Times, 3 de abril de 2001.

37. Información proveniente de la Oficina de Asuntos Políticos. Embajada de Chile.

38. Marcela Valente, "Argentina: Naming of New Economy Minister Boosts Markets," Inter Press Service, 6 de marzo de 2000, página no disponible en línea.

39. Ricardo Rojas, juez y profesor de derecho en la Universidad de Buenos Aires, cree que la Revolución de 1930 sentó un precedente de una violación constitucional, debilitando así el estado de derecho. A partir de entonces, esta debilidad sólo empeoró.

40. "Sólo el 18 por ciento de los argentinos confía en la justicia", Diario La Nación, 23 de enero de 2001, página no disponible en línea.

41. "Argentine black economy currently generates $64bn turnover", extracto del World Reporter de un artículo de Ámbito Financiero, 26 de febrero de 2001, página no disponible en línea.

42. Marcela Valente, "Argentina: Naming of New Economy Minister Boosts Markets", Inter Press Service, 6 de marzo de 2000, pág. no disponible en línea.

43. Niveles más bajos de impuestos pueden hacer que se reduzca la posibilidad de que la recaudación fiscal incrementada actúe como incentivo para no declarar debidamente los ingresos. Las reducciones en la tasa de impuestos también aumentan el crecimiento económico y el empleo, lo que origina una mayor base impositiva. Por ejemplo, las tasas impositivas reducidas en las administraciones de los Presidentes Kennedy y Reagan diron lugar a un aumento en la actividad económica y las recaudaciones fiscales. Ver Daniel J. Mitchell, Ph.D. y William W. Beach, "Taxes: Reforming the System to Make It Simple and Fair," Issues 2000: The Candidate's Briefing Book, The Heritage Foundation, at http://www.heritage.org/issues/chap2.html.

44. El desempleo en la Argentina fue aproximadamente del 14 por ciento en el año 2000. Unidad de Inteligencia de "El Economista". Country Report for Argentina. Marzo de 2001, pág. 11.

45. Dos de estos acuerdos fueron renegociados, lo que totaliza 11 acuerdos entre el FMI y Argentina para 9 acuerdos de crédito desde 1983 hasta 2000. La conversión de DEG a dólares estadounidenses hecha a la tasa de cambio del 28 de marzo de 2001 de 1 dólar estadounidense =.788617 DEG. Las tasas de cambio actuales están disponibles en http://www.imf.org/external/np/tre/sdr/basket.htm.

46. Unidad de Inteligencia de "El Economista". Country Report for Argentina, diciembre de 2000, págs. 16-17.

47. Idem. pág. 19.

48. Los recortes incluían una reducción de $970 millones en las transferencias a las provincias para el año 2001, eliminando subsidios al tabaco y al combustible, una reducción de $360 millones en el presupuesto para las universidades, eliminando el fraude y derroche en la agencia de seguridad social y también los fondos que los Congresistas erogaban a discreción. Thomas Catán, "Argentina cuts budget by $2bn to keep to IMF target", The Financial Times, 17 y 18 de marzo de 2001, pág. 1.

49. Thomas Catán y Richard Lapper, "De la Rúa taken by surprise over 'panic attack' in Argentina", The Financial Times, 20 de marzo de 2001, pág. 8.

50. Thomas Catán y Richard Lapper, "Argentina Unveils Radical Competitiveness Drive," The Financial Times, 22 de marzo de 2001.

51. David Malpass, "Argentine Markets Give Cavallo Redux a Bad Review", The Wall Street Journal, 23 de marzo de 2001, pág. A15.

52. El ejemplo más reciente de este tipo de política es el anuncio del FMI de que en mayo desembolsaría, según lo programado, la siguiente porción de $1300 millones del paquete de financiación para la Argentina pese a que este país tenía, en enero, un déficit fiscal de $940 millones, un nivel muy superior a los objetivos impuestos por el Fondo. [Ver "IMF to pay next 1.3 bln usd tranche of Argentina aid in May; welcomes Cavallo", AFX News, 20 de marzo de 2001, pág. no disponible en línea.] Claudio Loser, director del hemisferio occidental del FMI, expresó que el Fondo sería flexible en cuanto al cumplimiento por parte de Argentina de las condiciones del crédito y observó que "Es evidente que el objetivo fiscal para el primer trimestre no ha sido cumplido, pero es posible que se alcancen los objetivos para todo el año". Ver "IMF to pay next 1.3 bln usd tranche of Argentina aid in May; welcomes Cavallo", AFX News, 20 de marzo de 2001, pág. no disponible en línea.

53. Ver Adam Lerrick, "When is a Haircut Not a Haircut? When the IMF is the Barber", The Wall Street Journal, 23 de febrero de 2000, página no disponible en línea.

54. "Argentina: Economic and Financial Outlook", Deutsche Bank Research, marzo de 2001, pág. 6.

55. Calomiris, "Argentina Can't Pay What It Owes."

56. "El Salvador Adopts Dollarization Scheme to Boost the Economy", Latin American Database, Gale Group Inc., 14 de diciembre de 2000, pág. no disponible en línea.

57. Para obtener una explicación detallada de los beneficios y los costos de la adopción de una moneda extranjera, especialmente en el caso del dólar estadounidense, ver "Basics of Dollarization", Comité de Asuntos Económicos del Congreso de Estados Unidos, Oficina del Presidente del Comité, Senador Connie Mack (R-FL), actualizado en enero de 2000, disponible en http://jec.senate.gov.

58. David Malpass, "Argentine Markets Give Cavallo Redux a Bad Review", The Wall Street Journal, 23 de marzo de 2001, pág. A15.

59. Gerard Baker and Stephen Fidler, "O'Neill's World", The Financial Times, 15 de febrero de 2001, http://www.FT.com,  página no disponible en línea.

60. Brett D. Schaefer, "The Bretton Woods Institutions: History and Reform Proposals," Heritage Foundation Informe Proyecto Libertad Económica No. 00-01, March 2000, pág. 56-65.

61. El informe completo en español de la Comision de Asesoramiente para las Instituciones Financieras Internacionales (IFIAC) está disponible en ingles en el sitio de internet http://www.house.gov/jec/imf/meltzer.htm,  y en español en http://www.heritage.org/library/efp/efp00-04.html.  

Fuente: http://www.heritage.org/research/reports/2001/04/la-crisis-en-argentina-una-ausencia-de-capitalismo

3) ARGENTINA: UN PLAN DE RESCATE QUE FUNCIONE

Rudi Dornbusch es Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Génova, Ph.D (Economics), de la Universidad deChicago. Ricardo Caballero es Economista y profesor de la Universidad de Harvard.

            Argentina está a la espera del próximo rescate, un nuevo envío del FMI que no contribuirá a resolver sus innumerables problemas económicos, políticos y sociales. Por supuesto, todos saben que esa no es la solución pero es más fácil que tomar el camino no convencional de una reforma radical. La verdad es que la Argentina está quebrada. Está quebrada económica, política y socialmente. Las instituciones no funcionan, el gobierno no es respetable, su cohesión social ha colapsado. Con rupturas de esta naturaleza no es sorprendente que la respuesta sea la reconstrucción más que la vía rápida de un apoyo financiero. Argentina se parece a las economías europeas del inicio de los 20´, no a un país con problemas de liquidez que necesita sólo de un año duro para volver a levantarse como Corea, México o Brasil.

            Es el momento de ser radicales. Cualquier programa de reconstrucción plausible deberá ser diseñado sobre tres pilares:

1) El reconocimiento que será el esfuerzo de una década, no de unos pocos años. El sistema productivo argentino, su crédito y sus instituciones han sido destruídos. Tanto su capital político como moral deberán reconstruirse y eso llevará mucho tiempo.

2) Dado que el sistema político está sobrepasado, debe ceder transitoriamente su soberanía en el manejo de los asuntos financieros. La seguridad financiera es la clave desde donde debe crearse la estabilidad para empezar a pensar acerca de una sana finanzas públicas, el ahorro e inversión.

3) El resto del mundo debe proveer ayuda financiera a la Argentina. Empero, ésta debe efectivizarse sólo cuando Argentina acepte una reforma radical y el control y la supervisión extranjera del gasto, la emisión y de la administración de impuestos. Cualquier crédito externo debe ser encarado como puente que una la brecha entre las necesidades fiscales inmediatas y el inicio de un ciclo, en uno o dos años, en el cual las reformas radicales creen finanzas sustentables.

            Actualmente, la Argentina está quebrada y adormecida. Si el curso de los hechos continúa como hasta ahora, la emisión de dinero, lejos de resolver los problemas pendientes del caos financiero y del sector público, destruiría aún más las bases de la reconstrucción.

            Una batalla por la distribución has sido abierta entre los trabajadores y los ricos, entre quienes han quedado atrapados en el corralito y quiénes tienen su dinero en Miami, entre las provincias y Buenos Aires, entre los sindicatos y los empresarios, entre los acreedores e inversores extranjeros y una nación empeñada en olvidar sus obligaciones en un vano intento por mantener alguna impresión de normalidad. La Argentina está siendo canibalizada por esas disputas. El dinero del FMI, sin una profunda intervención externa en el cambio de las reglas de juego, no serviría para prevenir la autodestrucción. Argentina deberá reconocer humildemente que sin una masiva ayuda e intervención externa no podrá salir del desastre.    ¿Qué clase de ayuda externa? Se deberá ir un poco más lejos del financiamiento. En el corazón de la crisis argentina hay un problema de falta de confianza como sociedad y en el futuro de la economía. Ningún grupo desea ceder a otro el poder para resolver los reclamos y arreglar el país. Alguien debe empuñar el poder con fuerza. Una dictadura no es probable ni deseable. Pero mientras todos piensen - a menudo con acierto- que todos son egoístas y corruptos, ningún pacto social podrá alcanzarse. Sin dicho pacto social la destrucción del capital social y económico proseguirá día a día. Hay más resultados espantosos en el horizonte.

            Argentina debe abandonar buena parte del control soberano de su sistema monetario, fiscal, de regulación y activos por un período extenso, digamos cinco años. Después de la primera guerra mundial, la Liga de las Naciones reconoció el problema fundamental de una disfuncionalidad social en Austria. Esto fue resuelto, además de con apoyo financiero, designando – con el consentimiento del parlamento - un Comisionado General residente y responsable ante la Liga de las Naciones. El Comisionado General debía autorizar cada gasto, supervisar al Banco Central y monitorear las reformas. Aquí se transcribe el duro lenguaje del informe de la Liga. “Pero el éxito del programa de reformas, en el que la prosperidad y el valor de los activos de Austria depende, deberá ser, necesariamente una tarea difícil y dolorosa. El esquema, por lo tanto, incluye el asentamiento de un Comisionado General , cuya tarea era asegurar, en colaboración con el gobierno de Austria, que el programa de reformas se llevara a cabo y supervisar su ejecución.”

            Y eso funcionó! Y esto es lo que Argentina debería hacer a cambio de nuevos préstamos. Los Comisionados deberían provenir de pequeños países distantes y desinteresados (Finlandia, Los Países Bajo, Irlanda, por ejemplo) donde la gente entendió que las instituciones económicas salvaguardan la estabilidad y son las bases de la prosperidad.

            Específicamente, un consejo de banqueros centrales experimentados debería tomar el control de la política monetaria argentina. Esta solución aportaría mucha de la reputación y credibilidad de la convertibilidad sin cargar con los costos de adoptar una política monetaria hecha a la medida de otro país -estos es, de la dolarización. Los nuevos pesos no deberían ser impresos en suelo argentino.

            Otro agente extranjero es necesario para verificar el desempeño fiscal y firmar los cheques de la nación a las provincias. Gran parte del problema fiscal tiene que ver con el federalismo fiscal, con el diseño y la aplicación de un pacto fiscal que lleve a compartir responsabilidades y recursos de una forma financieramente sostenible.

            La evasión de impuestos y la corrupción -y la tolerancia gubernamental con ellas deben ser suprimidos de forma radical. La micro gestión extranjera no es factible, pero sí lo son los mecanismos acordados de incentivos y el compartir las experiencias.

            Argentina no es el primer país que tiene problemas de recaudación tributaria. Hay soluciones efectivas disponibles y deben ser impuestas. Un servicio civil más profesional y reformado será particularmente útil. Comprometer a las provincias en el esfuerzo, con un mínimo básico de coparticipación de alrededor del 30%, pero con fuertes incentivos para la recaudación local de los impuestos y la mejora de sus ingresos, es parte de la respuesta. La proporcionalidad en la coparticipación no es suficiente. Quizás debería darse a las provincias, más de un peso por cada peso extra de recaudación acordada por encima de cierto umbral.     Además, dadas las ventajas que una estructura impositiva simple tiene para fiscalizarla, aquí no hay espacio para elaborar un nuevo código tributario complejo. Debe simplificarse a un sistema conciso y elemental – uniforme, uniforme, uniforme.

            La economía argentina se ha venido precipitando; ahora necesita un inmediato incremento de la productividad de la mano de la tan postergada inversión y la erradicación de la corrupción como una manera de vivir. El mecanismo de incentivo en el nuevo sistema tributario debería contribuir a controlar la corrupción a nivel provincial. Los trabajadores deberían convertirse en accionarios de las empresas, participando en la distribución de ganancias. Además de las ventajas de la flexibilidad de dicho sistema, agregaría, un mecanismo adicional de monitoreo de los beneficios y de la evasión fiscal.

            Una masiva campaña de privatización de puertos, aduanas, y otras medidas claves para la productividad deberían ser adoptadas. Las medidas de desregulación en los sectores de comercio mayorista y de distribución son esenciales. Otros agentes externos experimentados deberían controlar estos procesos así como también asegurarse que ellos acaben bien para que luego los beneficios puedan ser compartidos por todos los argentinos, presentes y futuros.

            Comprometiéndose con un plan claro y radical, Argentina ofrecería un nueva apariencia, fresca y alentadora. Un escenario oscuro de corto plazo podría repentinamente tener la chance razonable de un final exitoso. Al mismo tiempo que el comité de conducción monetario se establezca se podría acelerar el paso a un nuevo plan de convertibilidad temporal, digamos a dos pesos por dólar, sólo porque es el próximo número después de el uno a uno.

            Flexibilizar el "corralito" y dejar que el Fondo Monetario y otras instituciones financieras internacionales decidan a qué bancos ayudar y cómo - después de todo es su dinero. El capital extranjero es rápido para cambiar de opinión; habría esperanza nuevamente. Pero esto no sucederá si no se produce un cambio fundamental en lugar de seguir haciendo más promesas no cumplidas.

            Vale la pena recordar lo que la Liga dijo al comienzo del programa austríaco: “En el mejor de los casos, las condiciones de vida en Austria serán peores el próximo año cuando esté dolorosamente reestableciendo su posición, en relación con el último año cuando estaba destinando los préstamos para ese fin, al consumo corriente. La alternativa no es entre continuar con las condiciones de vida del último año o mejorarlas. Es entre encarar un período de, probablemente, mayor dureza ..( pero con la perspectiva de una mejora real como consecuencia- la mejor alternativa) o colapsar en un caos de extrema pobreza y hambruna para el cuál no hay analogía en el mundo moderno fuera de Rusia. No hay esperanzas para Austria al menos que esté preparada para apoyar una autoridad que deberá encarar reformas que implicarán condiciones más duras que las prevalecientes en la actualidad....”

            Sin dudas, esta es la situación de Argentina hoy; sin dudas, más dinero del FMI sería un dramático error.

Fuente: http://eco.unne.edu.ar/economia/revista/48/06.pdf