El imponente Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, Jujuy (Argentina)

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jueves, 29 de junio de 2017

IDEAS PRINCIPALES DEL  LIBRO DE EL CICLO DE LA ILUSIÓN Y EL DESENCANTO DE PABLO GERCHUNOFF Y LUCAS LLACH (III)

Por Sergio Daniel Aronas – 07 de junio de 2017

Presentamos la tercera y última parte del libro que estamos resumiendo con la formulación de los punto de los enfoques más relevantes. En una próxima entrada pondremos las conclusiones y nuestro parecer general de la obra.   

CAPÍTULO IX: LA DEMOCRACIA Y EL DIFÍCIL GOBIERNO DE LA ECONOMÍA (1983-1989)

1) El drama de América Latina

El gobierno de Alfonsín esta caracterizado por la crisis de la deuda y sus secuelas. Lo que en algún momento pudo considerarse una frontera categórica entre la Argentina y América latina fue borroneándose poco a poco. Esta suerte de “latinoamericanizacion”de la Argentina, tuvo su argumento principal en la equiparación de los niveles de ingreso por habitante. Además de la convergencia en las cifras hubo un acercamiento en ciertos rasgos de la estructura y la política económicas.

2) De herencias y condicionamientos

La economía que Alfonsín recibía de los militares pasaba por un momento decididamente problemático. El gobierno radical, no dejo de resaltar el “peso de la herencia”, con toda razón.

Los problemas económicos eran vistos como cuestiones subalternas, destinadas a rendirse en poco tiempo más a la omnipotencia de la democracia. Pasado apenas más de un año de administración radical, se cayó en la cuenta de que ese optimismo era en realidad una subestimación.

El impacto de la crisis de la deuda fue muy violento. Los pagos al exterior por intereses y utilidades habían crecido de un 2,2% a un 9,4% del PBI entre 1980 y 1983. Era un problema de insolvencia estructural. El ajuste obligo, en los primeros años de la década del 80, a obtener superávit comerciales por la vía de una contracción de importaciones, al costo de una caída pronunciada de la inversión bruta interna.
Sobre el escenario de esta crisis de crecimiento se iban acumulando presiones sociales a favor de un rápido cambio en el nivel de vida, que florecieron con el advenimiento de la democracia en 1983.

La expansión de las demandas cuya satisfacción dependía directamente del presupuesto general (bienes públicos, gasto social, inversiones en infraestructura, etc.) ponía en grave riesgo a un estado estructuralmente deficitario. Cada vez más debía recurrirse a formas de financiamiento extraordinarias y poco aconsejables. Agotados el sistema de seguridad social y la deuda externa como fuentes de fondos, quedaban como única salida el endeudamiento interno y la emisión monetaria.
Cinco factores:

·         Endeudamiento externo;
·         Estancamiento;
·         Cierre de una economía con escaso grado de competencia interna;
·         Desequilibrio fiscal;
·         Inflación.

Estos factores se agudizaron durante el último tramo de gobierno militar. Con el objetivo de evitar una quiebra generalizada de empresas, el estado se hizo cargo a través de diversos mecanismos del endeudamiento externo privado, expandiendo en una proporción significativa el gasto público y convirtiendo el problema de la deuda en un problema de naturaleza fiscal.

La Administración de Alfonsín se iniciaba con un predominio absoluto de los temas políticos sobre los económicos.

El juego de presiones al que estaría expuesto el gobierno de Alfonsín se acababa allí donde empezaba a percibirse un riesgo para las instituciones democráticas. Esta era la consecuencia de un celo excesivo en la defensa de la democracia, para Alfonsín era un precio que bien valía la recompensa.

Viejas formulas, nuevos problemas.

La política económica radical siguió una evolución ya conocida: una administración algo improvisada de la economía, sin un plan claro, precedió a un elaborado intento de estabilización, que concluiría en una tercera etapa de deterioro.
Con Alfonsín, la primera de esas etapas duro alrededor de 15 meses, desde el comienzo de su gestión hasta febrero de 1985.

El radicalismo no había tenido la necesidad de formular un programa económico. Sumando que el resultado electoral de 1983 fue bastante inesperado, resulta comprensible que el flamante gobierno no tuviera claro que hacer con la economía. Alfonsín adopto una salida lógica. Decidió recostarse sobre las mismas políticas que en tiempos de Illia, un periodo más que aceptable en materia de crecimiento del producto y de los salarios reales.

Pero durante los 15 meses iniciales de Alfonsín se fue tomando conciencia de que la economía requería medidas mucho más drásticas que las que se habían implementado. La estrategia original de Grinszpun era mantener un alto nivel de empleo con los típicos instrumentos de estimulo a la demanda (crédito barato y gasto publico), mientras se combatía la inflación gradualmente, con una política de ingresos que además diera lugar a una recuperación de los salarios reales. Así, después de un aumento inicial de sueldos, se estableció un sistema de pautas para dirigir su evolución y la de los precios, el tipo de cambio y las tarifas de los servicios públicos.

Pero pronto aparecieron problemas: las directivas de precios eran ignoradas por los sectores que estaban fuera del control gubernamental que obligo a nuevos aumentos, esta vez retroactivos, de los salarios. El mecanismo luego se automatizo para evitar ese tipo de descompensaciones y se paso a un esquema de indexación salarial completa. Pero con ello se abandonaba también cualquier aspiración de contener la inflación.
Con políticas de ingresos pasivas no había ni siquiera una fuerza de contención temporaria.

Durante 1984, los aumentos de precios se hicieron más intensos trimestre a trimestre: 58% en enero-marzo, 63% en abril-junio y 85% en julio-septiembre.

Las negociaciones por la deuda externa tomaban un cariz combativo. La ayuda externa seguía dependiendo del éxito de un programa de ajuste (que se concentrara) en reducir el déficit fiscal, bajar la tasa de inflación, controlar la oferta monetaria y con el tiempo alentar el crecimiento económico interno”.
Grinszpun no parecía demasiado dispuesto a aceptar condiciones. Esa actitud estaba complicando aun mas unas cuentas externar en estado de emergencia. La apretada situación obligo a un pronto acuerdo con el FMI.

Las políticas de Grinszpun no estaban consiguiendo sus objetivos. En 1984 cerraría con un aumento del salaria real de 35% y una inflación de 626%. La luna de miel entre Alfonsin y la ciudadanía se iba eclipsando. Al mismo tiempo, la reevaluación de la moneda que había permitido la recuperación salarial era una carga para el sector agropecuario. Se convoco a los distintos sectores a una concertación económica y social. El resultado, previsible, se limito a una enumeración de criticas y propuestas de medidas sectoriales, denunciándose: “si el gobierno no dice como se propone  concretar tan loables proposiciones es sencillamente porque no lo sabe”.

Hasta Alfonsín parecía alejarse de la estrategia de Grinszpun al afirmar que la expansión de la economía por la vía del consumo tenia “patas cortas”. Tras la firma de un inevitable acuerdo con el FMI a fines de 1984 el gobierno hizo explicita se decisión de priorizar la lucha contra la inflación. Con ese objetivo, devaluó la moneda, incremento las tarifas publicas y restringió la oferta monetaria. Junto a algunas medidas de recorte del gasto publico (principalmente en materia de salarios, jubilaciones y erogaciones militares) ello modero un poco el déficit fiscal y el aumento de precios..
 
En junio 1985 se anunció el Programa de Reforma Económica llamada Plan Austral. El austral sería la nueva unidad monetaria, cuyo tipo de cambio seria de 0,80 centavos de austral por dólar. Quedaban congelados todos los precios de la economía. El BCRA dejaba de emitir dinero destinado financiar los desequilibrios del Tesoro Nacional. La recuperación fiscal se basaba en impuestos adicionales a la exportación, un esquema de “ahorro forzoso”, el aumento en algunos gravámenes específicos y la reducción del periodo de pago de IVA. Para evitar ganancias inesperadas de acreedores y propietarios, se introdujo el “desagio”: los contratos pactados en la antigua moneda se transformaban automáticamente a australes a través de una tabla de conversión que mantenía el valor real esperado de los pagos futuros. El plan fue recibido con alivio y paso un primer test de credibilidad. No se había alcanzado el objetivo de máxima (la inmovilidad del nivel general de precios) pero si una rotunda estabilización. El congelamiento y las medidas fiscales ayudaron a disminuir la inflación. El aumento de gravámenes al comercio exterior y a los combustibles, el producto del “ahorro forzoso” y la contención de los salarios de la administración publica también ayudaron a que el déficit fiscal se mantuviera dentro los márgenes previstos en el plan. Se revirtió además la huida de la moneda nacional. La estabilización consiguió ganancias concretas para la población, como el aumento del salario real y la reaparición de créditos para consumo. Esas mejoras ayudaron a tonificar la demanda y estimular la producción.  

Al comenzar 1986, el Plan Austral era un éxito económico, político y también intelectual. Había que tener en cuenta que la guerra contra la inflación apenes comenzaba. La reactivación de la demanda empezaba a impactar sobre los precios de venta de los productos con precios libres y esa moderada inflación se transmitía a otros sectores de la economía, activando los mecanismos de indexación. Entonces se planteo la necesidad de pasar a una segunda etapa. La cuestión era revertir y evitar en el futuro esos desfasajes consolidando al mismo tiempo la estabilidad de precios.

Un Estado sin financiamiento.

Que el relativo equilibrio en las cuentas publicas conseguido en el año que siguió al Austral resultase tan precario era todo un síntoma de que algo mas profundo estaba fallando en el funcionamiento de estado. El estado, sumido en una crisis de financiamiento, no podía cumplir plenamente con el múltiple papel que se le había ido asignando durante las últimas décadas. Esa incapacidad era conceptualizada en el segundo lustro de los 80 como la erosión del contrato fiscal” o la “desarticulación del pacto fiscal”que existía entre el estado y la sociedad.
Es necesario estudiar el proceso de acumulación de funciones por parte del estado argentino. Esas funciones pueden clasificarse en tres. En primer lugar, están las exigidas del “estado gendarme”, que se refiere a la provisión de defensa exterior, de seguridad interior, de justicia, de administración general. Luego encontramos al “estado bienestar” que puede describirse como una garantía para toda la población de un consumo mínimo de ciertos bienes o servicios (salud, educación, vivienda), tendiendo al bienestar general de la población y lograr asegurar un nivel de vida digno.

Por ultimo encontramos al “estado productor”, es estado interviene en el mercado libre buscando corregir ineficiencias. La convicción de que solo con la participación del estado podían generarse altos niveles de actividad, de empleo y crecimiento económico. El estado manejaba esa influencia de manera directa (haciéndose cargo de ciertas actividades productivas) o indirectas (estimulando la producción privada). Las empresas estatales de servicios públicos, los subsidios a la instalación de fabricas en ciertas regiones, las exenciones impositivas a determinadas actividades, los prestamos de los bancos oficiales a tasas subsidiadas, todo esto formaba el “capitalismo asistido” de fines de la década del 80. Este tipo de estado productor era cuestionado y fue en parte una consecuencia natural de los que había sido su costosa y frustrada expansión a partir de los años 70.

Hacia 1987, un 43% del gasto público total correspondía al estado, cifra que incluya una gama de subsidios de diversas formas y con variados fines a la producción privada. Por ello surgió la idea de privatizar empresas públicas y reducir los beneficios fiscales con que se asistía al sector privado.

Otro problema era la incapacidad del gobierno para obtener recursos. Los ingresos por tributación clásica nunca alcanzaron la envergadura que tuvieron en otros países. En compensación, el estado contó con dos fuentes: se creo un esquema de impuestos a exportaciones e importaciones que brindaban recursos al estado y en segundo lugar a un cuantioso superávit, porque los aportantes eran muchos mas que los beneficiados. Una por una, estas fuentes fueron agotándose. Entonces se acentuó el recurso a la emisión y el endeudamiento. Por una o por otra vía era cada vez mas difícil conseguir recursos. Llego un unto (la crisis de la deuda) en que el estado no pudo endeudarse en el exterior ni siquiera a tasas altas, y paso a depender de la ayuda de organismos oficiales como el FMI y el Banco Mundial. Sepultada la esperanza de una corrección sin traumas que fue el Plan Austral, las dificultades para financiar un estado estructuralmente deficitario se transformaron en un urgente problema de “caja”.

Prolegómenos de una reforma estructural 

En julio de 1987, los ministros de Economía y Obras y Servicios Públicos anunciaron una serie de medidas para lograr una reforma integral del sector publico. Algunos cambios que se querían llevar adelante eran: un cambio en la forma de financiamiento de las empresas publicas, que pasarían a obtener recursos de un único Fondo de Infraestructura Publica, una política de desregulación petrolera, limitación de los regímenes de promoción industrial, la desregulación de algunas tarifas el área de transporte, la privatización de un 40% del capital de ENTEL y de Aerolíneas Argentinas, la privatización de Somisa y alentar las inversiones privadas en áreas reversas anteriormente para el estado. Pero muchas de estas medidas no lograron concretarse. El gobierno buscaba encontrar medidas con resultados inmediatos. Se dieron algunos pasos hacia la liberalización del comercio exterior. El modelo estaba en medio de una gran crisis y todas las circunstancias parecían empujar al poder ejecutivo y al partido oficial por la ruta de una reestructuración económica global muy alejada de sus ideas tradicionales pero emparentadas con la ola reformista que estaba creciendo en otros países de América Latina.
En la dialéctica entre las políticas de estabilización de corto plazo y las iniciativas de reforma estructural, las últimas iban ganando en importancia. Lo que no fue muy distinto entre ambos planes fue su corta duración. La tasa de inflación bajo en los últimos meses de 1987 gracias al control de precios y de una política monetaria relativamente restrictiva. Pero en la semana final del año el congelamiento debió ser abandonado. El peso fue devaluado, pero esta vez no se establecieron pautas para la evolución futura, ni tampoco para la de los precios y los salarios. Se iniciaba así 1988 con la inflación librada a su propia suerte (ello fue decisión del gobierno que fuera así).

Tampoco podía predecirse ningún cronograma cambiario creíble, porque la escasez de divisas se estaba volviendo desesperante. La posición de la Argentina llegaba a un punto critico que no podía ya superarse y así fue que en abril de 1988 el país dejo de pagar los servicios de la deuda, ingresando a una moratoria. La crisis externa se sumaba a la crisis fiscal para montar un escenario de alto riesgo. Durante la primera mitad de 1988, el índice de inflación creció casi ininterrumpidamente. Allí fue que se monto la operación de salvataje que le llamo Plan Primavera, anunciado a fines de Agosto. El golpe a la inflación no consistió en un congelamiento sino en un acuerdo desindexatorio con las empresas lideres (agrupadas en la UIA) y con la Cámara de Comercio, quienes a cambio de su apoyo se beneficiaron en una baja del IVA. Ya que era difícil lograr un ajuste fiscal basado en nuevos impuestos, se intento una corrección a través del BCRA, por dos vías: primero se diseñó un nuevo régimen cambiario por el cual la autoridad monetaria compraba dólares a los exportadores de productos tradicionales en el mercado oficial y los vendía a los importadores en el mercado financiero, quedándose con la diferencia, además se refinancio parte de la deuda interna con el sistema financiero privado.

La política estabilizadora del nuevo esquema estaba en el tipo de cambio. En 1988 entraban capitales para obtener la alta y creciente tasa de interés. El Plan Primavera tenia dos amenazas: la escasez de reservas y la incertidumbre política y económica ante las inminentes elecciones para el recambio presidencial.

Aunque la inflación había bajado, seguía siendo mayor que el ritmo de devolución y pronto el tipo de cambio acumulo un claro atraso. Entrando en el verano nadie creía en ese plan. La confirmación no oficial de la sospecha de que el Banco Mundial suspendería la ayuda a la Argentina era una señal de que la situación estaba empeorando. En febrero se creo un tercer mercado de cambios y ello significaba el final del Plan Primavera y también el derrumbe del último dique de contención a la hiperinflación.

La hiperinflación Argentina de 1989 se debió básicamente al tipo de cambio: es la previa fuga hacia las divisas y el consecuente aumento de su valor lo que genera la explosión inflacionaria, a través de los bienes comerciables y de la practica mas o menos generalizada de fijar precios siguiendo el tipo de cambio. La transmisión desde el valor del dólar hacia los precios internos quiso evitarse con sucesivos sistemas cambiarios, seis en total entre principios de año y la asunción de Menem en junio. Pero ello generaba a veces mayores problemas. Con la economía funcionando y en un régimen hiperinflacionario cada sector ideaba estrategias defensivas que terminaron agravando la situación general: Por ejemplo, los trabajadores exigían pagos adelantados y aumento de sus remuneraciones, los empresarios se cubrían aumentando los precios o acumulando inventarios, entre otras cosas.

La renuncia de Sourrouille y su equipo en el mes de marzo no bastó para calmar las agras, y el 14 de mayo Menem fue elegido presidente con mayoría absoluta. La sucesión de los otros dos ministros de economía fue inútil. La Argentina convulsionada asistía al espectáculo de la desintegración de un Gobierno del que había esperado casi todo pero  que forzado por las circunstancias tuvo que retirarse anticipadamente.
Quedaba en manos de la nueva administración la responsabilidad inmediata de encontrar salida a la hiperinflación y la tarea tan largamente postergada de guiar al país por un sendero de crecimiento.

CAPÍTULO X: GRANDES EXPECTATIVAS, GRANDES DECEPCIONES (1989-2001).

La Década del 90

Así llegaba 1989, el año en que confluyeron dos hechos inéditos en la historia argentina: el desborde inflacionario y la transmisión de mando entre dos presidentes de distinto partido elegidos limpiamente. Había que salir de la hiperinflación. Menem demostró que estaba decidido a seguir la vía de las reformas estructurales, como condición para alcanzar la estabilidad y restablecer el orden económico. Pero es necesario introducir también consideraciones estrictamente políticas para comprender por que pudo Menem llevar adelante las trasformaciones, cuando un par de años atrás el peronismo había bloqueado lo que habían sido apenas insinuaciones de esos mismos cambios. Con las sucesivas victorias de Menem, el peronismo se había unificado en torno a un liderazgo aceptado por todas las corrientes, por primera vez luego de la muerte de Perón. Por ello, Menem llego al gobierno con el capital político necesario para legitimar sus opciones políticas. Las innovaciones que produjo en la política y las alianzas tejidas una vez en la presidencia difícilmente hubieran tenido la misma favorable acogida. El exitoso viraje de Menem probo que un presidente de origen populista podría lanzar una estrategia económica no populista y salir airoso en el intento.

Desde la política se abría así la luz de libertad necesaria para adaptar transformaciones acordes con lo que una importante mayoría de la opinión ilustrada y en buena medida también la propia economía estaban reclamando.

Período desde 1990


Improntas para la política económica de los 90


En 1989 hay 2 hechos inéditos: el desborde inflacionario y la transmisión de mando entre dos presidentes de distinto partido elegidos limpiamente. En 1983 el mandato popular había sido de naturaleza institucional, el que recibía Menem era ante todo económico: había que salir de la hiperinflación.

Dominaba una visión que incorporaba ciertas proposiciones que se asociaban al liberalismo, entre las cuales sobresalía la idea de reducir el ámbito de acción del estado.

La Argentina de 1989, se elaboraba una visión abarcativa presentada como un todo coherente capaz de explicar no solo el infortunio de la hiperinflación, sino también la percepción generalizada de un estancamiento de largo plazo. Se enfatizaba que, a partir de la posguerra, el estado había introducido “distorsiones”, a través de las empresas publicas y las políticas de estímulos fiscales y comerciales a sectores favorecidos.

Además, el déficit fiscal persistente, había resultado en la alta inflación primero luego en la hiperinflación, que acentuaban la decadencia Argentina. Durante los 15 años que siguieron a 1975 fue erosionándose la situación financiera del estado, que se convirtió en el conflicto distributivo de una economía estancada y de suma cero. Las empresas públicas y el sistema de seguridad social imponían su creciente costo fiscal justo en que la capacidad de obtener recursos estaba en declinación. En ese contexto, en el que fue ganando la emisión monetaria, la economía argentina paso de un régimen de inflación moderada a otro de inflación excepcionalmente alta durante los 80. La hiperinflación de 1989 significaba que el ultimo recurso a disposición del estado para afrontar sus pagos (emitir dinero) se había agotado por la velocidad de la fuga de capitales ya que el estado argentino carecía de credibilidad como deudor. Menem demostraría que estaba decidido a seguir la vía de las reformas estructurales, como condición para alcanzar la estabilidad y restablecer el orden económico.

Pero el porque Menem pudo llevar veloz e intensamente esas transformaciones, cuando en el radicalismo había solo insinuaciones de esos mismos cambios. Con sus victorias, el peronismo había formado un liderazgo aceptado por todas las corrientes por lo que Menem llego al gobierno con el capital político necesario para hacer sus opciones políticas. El exitoso viraje de Menem probo que un presidente de origen populista podría lanzar una estrategia económica no populista y salir airoso en el intento, por lo que desde la política se abría una luz de libertad para las transformaciones.

Bajo el signo de la globalización

La economía internacional durante los 90 pueden entenderse como una prolongación y una intensificación desde la posguerra.

El proceso de interrelación creciente entre los varios mercados nacionales de bienes y capitales, había sido una de los rasgos definitorios de la economía mundial desde mitad de siglo. El tercio de siglo que abarco las dos guerras mundiales y el tumultuoso periodo de entreguerras aparece como una larga pausa dentro de un cuadro general de creciente internacionalización de la economía.

Como en la belle epoque, los avances tecnológicos que reducían costos de comunicación y transporte facilitaban la expansión comercial. Entre 1950 y 1980, el valor del trasporte aéreo de pasajeros disminuyo en dos tercios y el precio de una llamada de Londres a Nueva York paso de 53,2 a 4,8 dólares. Tanto 1870-1914 como 1950-73 fueron épocas de aranceles decrecientes y bajos, los años de guerra y entreguerra se caracterizaron por un ascenso del proteccionismo, inspirado en la preocupación por las balanzas de pagos o en los propios conflictos bélicos. En la desaceleración del comercio de los 10 o 15 años posteriores a 1973, atribuible al menor ritmo de expansión de la economía mundial, también impactaron las políticas económicas, no solo comerciales sino también monetarias. Pero por otro lado ya había empezado a configurarse un mercado de capitales auténticamente internacional.

En los 90, la internacionalización del comercio y de las finanzas se intensifico. La tasa de crecimiento de las exportaciones mundiales, 4% anual en 1973-89, reacciono al 6% anual en 1989-1996. En esos años, el aumento del comercio duplico al aumento de la producción mundial.
El renovado vigor del intercambio fue un evento global, pero se concentro sobre todo en países menos desarrollados. El mercado internacional de capitales fue mutando rápidamente. En 1996, los flujos de capital privado hacia países en desarrollo alcanzaron  los 200mil millones, un valor que era seis veces mayor al del periodo 1983-89. En los 90 el principal motor fue la inversión extranjera directa.

El paso a regímenes comerciales y financieros mas abiertos hizo realidad la tendencia estructural cimentada en los avances tecnológicos hacia posible. En el orden comercial, se profundizaron o iniciaron procesos de integración regional, con la Unión Europea como caso líder en el mundo y el Nafta y el MERCOSUR en América. El regionalismo ha facilitado los recortes recíprocos de aranceles, también se consolidaron los mecanismos de coordinación a nivel global tendientes a reconstruir jun orden mas liberal de comercio; la sucesión de ocasionales acuerdos arancelarios característica del GATT dejo paso a la OMC.
Una realidad bien captada por el termino globalización: los 90 se distinguen de otras épocas menos por la intensificación de lazos económicos entre países ya abiertos a esas influencias que por la veloz incorporación de nuevos integrantes al circuito económico internacional. Un indicador es el incremento de países-miembros del FMI de 35 a 137. La caída del comunismo acelero la globalización no solo porque proveyó buena parte de los nuevos participantes del capitalismo; además, derribo de jun golpe el fantasma de una revolución capaz de afectar los derechos de propiedad.

¿Que inspiró a muchos gobiernos a adoptar políticas que aceitaban la globalización, entendida como la paulatina integración de los mercados de bienes y de capitales?

Las economías se abrían para aprovechar las oportunidades que la propia globalización brindaba: expansión comercial y atracción de los capitales que estaban a la búsqueda de oportunidades de inversión más rentables. Los organismos internacionales, valoraron los beneficios del librecambio y condicionaron el otorgamiento de créditos a la adopción de políticas de apertura.

La experiencia anterior venía mostrando que era viable un modelo de desarrollo “hacia fuera” en el que las ventas al exterior impulsaran un crecimiento alto y con un peso cada vez mayor de productos de elaboración compleja.

En cuanto a las importaciones, su crecimiento era no solo la consecuencia natural de querer exportar más, sino una precondición para ello, en tanto se hacían mas accesibles bienes de capital e insumos necesarios para las actividades de exportación.

Era difícil pensar en una apertura comercial con barreras fuertes a la movilidad de capitales. Las entradas de capital eran la vía de escape a esa verdad. El ordenamiento macroeconómico pasaba así a ser una condición necesaria para financiar externamente los aumentos en la inversión. La caída del riesgo país, capaz de conceder el ansiado status de “mercado emergente”, fue uno entre otros objetivos de la relativa prudencia fiscal en los países en desarrollo. En América latina el déficit del gobierno cayo de 3.9 a 1.1% del PBI entre principios de la década y 1996, y la tasa de inflación paso del 13 al 7% anual.

En la Argentina, la naturaleza exacta de las oportunidades, desafíos y riesgos planteados por la globalización fue ganando importancia a medida que se iban dando respuestas satisfactorias. El problema de cómo contener la inflación no perdió el protagonismo que había ido ganando durante los 15 o 20 años anteriores, todo lo contrario, la experiencia de la hiperinflación relajaba a otros grandes temas a una oposición de dominar los índices de precios. La búsqueda de la estabilidad de debe ser un hito de la política económica del gobierno justicialista.

Una nueva macroeconomía

La hiperinflación era una profunda crisis del estado, el gobierno de Menem hizo sus primeras armas en la lucha contra la inflación bajo el supuesto de que la estabilidad de precios seguiría de manera automática a la solución de esa crisis. La formulación de una política de reforma del estado pasaba así a ser no ya una condición necesaria para la estabilización sino, una condición suficiente para ello.

La convocatoria al grupo Bunge y Born para que se hiciera cargo de la economía puede entenderse como un paso político, tuvo sus primeras manifestaciones en las leyes de emergencia económica y de reforma del estado. La primera de ellas un golpe frontal al capitalismo que imperaba en Argentina, al suspender por jun plazo de 180 días luego indefinidamente, los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones y las preferencias que beneficiaban a las manufacturas nacionales en las compras del estado; se autorizaron los licenciamientos de empleados públicos poniendo fin a esquemas saláriales de privilegio en la administración. La Ley de reforma del estado, al fijar el marco normativo para la privatización de empresas publicas, se anunciaban los objetivos en materia de apertura comercial, reformas estructurales continuo luego de que a fines de 1989 un cambio ministerial pusiera fin a la participación directa del empresariado en el diseño de la política económica.

Durante el año 1990 se concretaron las primeras privatizaciones importantes, se acelero la apertura comercial y se suprimió el tratamiento fiscal diferencial que brindaba a las empresas nacionales cierta ventaja sobre las extranjeras.
En el área específica de la estabilización de precios el avance fue mínimo durante 1989 y 1990. Un primer periodo de tipo de cambio fijo duro apenas unos meses y acabo en un segundo episodio hiperinflacionario en el verano de 1989-1990. Durante 1990 la política antiinflacionario siguió bajo un régimen de flotación cambiaria.. Previamente se había refinanciado forzadamente la deuda del Banco Central por la vía de una conversión de los depósitos a plazo fijo en títulos de deuda publica de largo plazo. Pero los precios seguían en ascenso: en octubre de ese año el índice de inflación minorista es de 7.7%. Cuando la situación fiscal obligo a apartarse de la restricción monetaria, la inflación recrudeció y hubo otro cambio en el Ministerio de economía pasando a manos de Domingo Cavallo.
Menem no había cosechado ningún éxito duradero. Desgastado por dos tentativas de estabilización. La privatización de jun buen numero de empresas públicas y la conversión de la deuda de corto plazo en obligaciones menos apremiantes permitían pensar de equilibrio fiscal. Por otra parte, el Banco central contaba con varios miles de millones de dólares en reservas.

En presidente y su principal ministro entendieron que las condiciones estaban dadas para una estabilización, orientada no ya a reducir inflación sino sencillamente a anularlos. La sanción de la Ley de Convertibilidad, en abril 1991, fue algo mas que el tipo de cambio fijo. La mayor diferencia estaba en la obligación impuesta al Banco Central de mantener reservas en divisas capaces de comprar toda la base monetaria, al tipo de cambio que establecía la ley, el hecho de que el valor del dólar estuviese fijado por ley daba cierta credibilidad. La experiencia de una hiperinflación estaba lejos.

El Plan de convertibilidad tuvo un éxito inusual en su fin de acabar con la inflación. Aunque en los primeros meses el índice de precios al consumidor creció a fines de 1991 ya se registraron tasas mensuales menores al 1%. El índice mayorista fue mas rápidamente disciplinado por la combinación de competencia externa y tipo de cambio fijo. El apaciguamiento de los precios probaría ser un logro duradero. Entre 1992 y 1996, el índice alcanzaría un valor nunca muy superior a la mitad del correspondiente al año previo.

La reparación del crédito a tasas mas accesibles y el aumento del poder de compra de los salarios reales derivado de la desaparición del impuesto inflacionario resultaron ser poderosas fuerzas de expansión puestas en marcha por la estabilidad. A ellas se sumaban los efectos de otras políticas, como el abaratamiento de los bienes de importación. La reacción de la demanda estimulo el nivel de actividad, que creció a razón del 8.8% anual entre 1990 y 1994. Ni siquiera esa expansión inédita fue suficiente para abastecer a una demanda interna en recuperación. El consumo y la inversión aumentaron un 50% en el mismo lapso. La situación de exceso de demanda tuvo como resultado un cambio en la balanza comercial: de un superávit de 8275 millones en 1990 se paso a un déficit de 5751 en 1994.

El crecimiento de 1990-94 consolidó económica y políticamente el esquema estabilizador. Mientras se cosechaban los frutos de la recaudación en el IVA y el impuesto a las ganancias, y se combatía la evasión, el aumento del producto garantizaba ingresos crecientes al fisco y mejoraba la solvencia del sistema financiero. Ayudado por el dinero de las privatizaciones, el estado argentino redujo su déficit transformándolo en un pequeño superávit. Esta mejora sirvió para alcanzar un acuerdo con los acreedores externos, por la vía del Plan Brady, lo que retroalimento la entrada de capitales y la demanda agregada.

La eliminación del impuesto inflacionario tuvo un efecto progresivo sobre los estratos de la sociedad. Los hogares de pobreza habían alcanzado un 38% a fines de 1989, cayeron al 14% en 1993. La desocupación generada por la liberalización comercial, la reorganización del sector publico y las privatizaciones fue mas que compensada por el impacto que sobre el empleo tuvo el aumento del producto. Por fin se atenuó la mortandad empresarial que la apertura externa trajo consigo.

Sin embargo, hacia mediados de 1994 proyectaban una sombra de duda sobre el mejorado escenario macroeconómico. Uno de ellos venia acompañando al Plan de Convertibilidad: el creciente déficit de comercio que, sumado a los intereses de la deuda externa, demandaba cada año cuantiosos pagos al exterior. Existía el temor de que ese déficit externo acabaría también con el Plan de Convertibilidad, como había ocurrido planes anteriores basados en un tipo de cambio fijo.

El gobierno relativizaba la alarma causada por el déficit enfatizando el aumento de la inversión y la ampliada participación de los bienes de capital en las importaciones. Se razonaba que el déficit no era esta vez expansión del consumo sino un aspecto típico de un periodo de crecimiento. Pero por otro lado daba muestras de problemas el efecto de la apreciación cambiario sobre la competitividad. Descartada la devaluación como mecanismo corrector. La desregulación de varios mercados, la reducción o anulación de un sinnúmero de impuestos internos, específicos y laborales y la eliminación de aranceles a las importaciones de bienes de capital fueron todos capítulos de una misma política, destinada a mejorar la competitividad de la producción nacional. La reimplantación de incentivos fiscales a las exportaciones apuntaban mas explícitamente a mejorar la balanza comercial. Se paso de un régimen jubila torio de reparto a un sistema de capitalización individuales también esperaban las autoridades un efecto saludable sobre las cuentas externas, porque llevaría a un aumento del ahorro privado. La gran apuesta del gobierno era que el proceso de inversión que se había  iniciado tendría un incremento de productividad una vez considerados los incentivos fiscales, las empresas podrían competir sin desventaja con las del resto del mundo.

La mejora en la productividad fue muy intensa. Creció a razón del 7.3% anual entre 1990 y 1994. Los rasgos definitorios de ese aumento n la productividad fueron: Por jun lado, la ampliada participación del capital extranjero, que en el primer lustro de los 90 tuvo, por otro lado, su énfasis en la introducción de cambios en la organización del trabajo.
El aumento de la productividad tenía una amarga contracara: el desempleo. Si bien en un principio (año 1991 y 1992) la reactivación había creado una gran cantidad de empleos, el número de puestos aumento (0.5%anual) entre 1992-94, a pesar de la continuada expansión productiva  (6.5% anual). A ello se sumo la población dispuesta a trabajar. El resultado fue un aumento de la tasa de desocupación del 7% en octubre 1992 a 12.2% octubre 1994.

La gran pregunta era por que tan poco trabajo. Algunos enfatizaban de que el trabajo estuviera demasiado caro en relación a los bienes de capital, ahora mas accesibles gracias al abaratamiento que siguió a la apertura comercial externa y a la reaparición del crédito a tasas de interés razonables; otros ponían el acento las regulaciones que dificultaban la contratación de trabajadores en época en la que la tecnología de producción requería normas mas flexibles en el mercado laboral. Pero había una realidad: el rápido proceso de modernización desencadenado por las reformas estructurales expulso empleo del sector publico y de otras actividades que en los años anteriores habían actuado como refugio laboral, que podían adaptarse a las nuevas condiciones y en gran numero, fueron desapareciendo.

¿En que habían consistido esas reformas estructurales que actuando en combinación con el plan de estabilización, estaban provocando una dinámica de cambio que se reflejaba tanto en el despegue de la economía como en la intensificación del desempleo y de las quiebras?

Dos conjuntos de políticas se complementaron para redondear un movimiento global hacia el laissez faire. Los cambios operados en el estado y la apertura comercial y de capitales fueron los pilares de los que resultó ser una de las mayores mutaciones del capitalismo argentino en todo el siglo.