El imponente Cerro de los Siete Colores en Purmamarca, Jujuy (Argentina)

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miércoles, 31 de agosto de 2016

EL GOLPE DE ESTADO EN BRASIL: EL FIN DE DILMA

Por Sergio Daniel Aronas – 31 de agosto de 2016

El golpe de estado concretado en el día hoy contra el gobierno del Partido de los Trabajadores pone en evidencia toda una serie de cuestiones relacionadas con el tema de la construcción de poder en el ejercicio de la Presidencia por un partido de izquierda que debe enfrentarse a los manejos, influencia y a la presión de las fuerzas de la derecha más golpista,  más fascista, más reaccionaria y más caníbal cuando se trata de defender sus posturas económicas o como las llamaba Salvador Allende en su último discurso del 11 de septiembre de 1973, “granjerías y privilegios de clase”.

El gobierno de Dilma es también culpable por la elección de las alianzas que formó para obtener la mayoría electoral necesaria y suficiente para ganar las elecciones que le revalidaron su segundo mandato que hoy termina definitivamente. Es esa clase burguesa, oligárquica y pro imperialista, la que terminó traicionando su mandato llevándola a una destitución de tipo “legal” y que fue muy bien planificada desde  los círculos más altos de los despachos imperiales de Washington. Seguramente los voceros del Presidente Barack Obama cínicamente van a decir que no tuvieron nada que ver con la caída de Dilma, ya que eso es un asunto interno de los poderes constitucionales de Brasil.

En América Latina no hay golpe de estado a la vieja usanza mediante la sublevación de un sector de las Fuerzas Armadas o todas ellas unidas en conjunto para luego desatar un baño de sangre como sucedió durante todo el siglo XX. El imperio aprende, estudia, sopesa la historia pasada y la proyecta al futuro evaluando las mejores alternativas para que un cambio de gobierno como el que se dio en Brasil, no se pueda acusar a los Estados Unidos de estar detrás de este derrocamiento legislativo.

Brasil no sólo es el país más de América Latina, es una potencia económica con fuerte presencia en el campo internacional y para los Estados Unidos la situación en Brasil siempre ha sido motivo de preocupación y de ocupación tanto de los funcionarios estadounidenses que actúan el Departamento de Estado como así también en Defensa, en el gabinete de ministros, en los embajadores y en el cuerpo diplomático.

La ahora ex presidente declaró tras su destitución:

"Es el segundo golpe de Estado que enfrento en la vida. Primero fue el militar (1964), que me afectó cuando era una joven militante; el segundo fue el parlamentario, que me derriba del cargo para el que fui elegida", afirmó en su primer pronunciamiento tras la destitución, ante decenas de partidarios.
"Hoy el Senado tomó una decisión que entra a la historia de las grandes injusticias: escogieron rasgar la Constitución; decidieron interrumpir el mandato de una presidente que no cometió ningún crimen; condenaron a una inocente y consumaron un golpe parlamentario", denunció en un enérgico discurso, en el que también afirmó: "No digo adiós, digo hasta pronto" (Página 12, edición electrónica, 31/8/2016).

A diferencia de Fernando Collor de Mello destituido en 1992 por corrupción, a la ex Presidente Dilma Roussef no se le pudo probar ningún delito que haya cometido por actos que deriven en acciones corruptas en el ejercicio de su gobierno desde 2011, sino por una increíble interpretación de la política económica con vista de reducir el déficit fiscal. Algo verdaderamente insólito

Va la cronología de los hechos y una serie de artículos de importantes analistas e investigadores para entender el actual proceso político de Brasil

Cronología del derrocamiento (tomado de Página 12)

Por 61 votos a favor de la destitución y 20 en conetra, Dilma Rousseff fue apartada del cargo de presidenta de Brasil, más de cinco años y medio después de haber sido electa por primera vez y luego reelecta.
Estos son los principales acontecimientos que condujeron desde el año pasado a que el Senado destituyera en un controvertido "impeachment" a la primera presidenta mujer de Brasil.
2015
Entre mayo y septiembre: Grupos opositores presentan varios pedidos de destitución contra Rousseff por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el verdadero déficit fiscal, las llamadas "ruedas" o "pedaladas fiscales".

2 de diciembre: El entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, acepta a trámite una de la denuncias contra el Gobierno e inicia con ello el proceso de "impeachment". Poco antes, la bancada del gubernamental Partido de los Trabajadores (PT) había apoyado una investigación contra Cunha por presunta corrupción.
2016

17 de marzo:La Cámara de Diputados elige a una comisión especial para analizar la solicitud de juicio político contra Rousseff.

29 de marzo: El Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), del entonces vicepresidente Michel Temer y de Cunha, abandona la coalición gubernamental que formaba con el PT de Rousseff desde 2011.

17 de abril: El pleno de la Cámara de Diputados aprueba con una mayoría de más de dos tercios el proceso de "impeachment", que es enviado al Senado para una decisión sobre la suspensión temporal de la presidenta.

25 de abril: El Senado crea una comisión especial para analizar la solicitud de juicio contra Rousseff.

5 de mayo: El Supremo Tribunal Supremo de Brasil suspende del cargo de presidente de la Cámara de Diputados a Cunha por obstaculizar investigaciones en su contra.

6 de mayo: La Comisión Especial del Senado recomienda la apertura del proceso de "impeachment" contra Rousseff.

9 de mayo: El presidente interino de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhao, anula la votación a favor del "impeachment" del 17 de abril. Horas después, sin embargo, revoca esa decisión.

12 de mayo: El Senado acepta el proceso de "impeachment" y suspende a Dilma Rousseff por 180 días. El vicepresidente Michel Temer, acusado públicamente de "conspirar", asume la presidencia de forma interina.

6 de julio: El abogado de Rousseff presenta por escrito su defensa ante el Senado.

4 de agosto: Una comisión especial del Senado aprueba el informe del legislador Antonio Anastasia, relator de la Comisión Especial a cargo del "impeachment", recomendando la apertura del juicio.

10 de agosto: El pleno de la Cámara alta aprueba con una clara mayoría el informe de Anastasia y abre el juicio definitivo contra Rousseff.

25 de agosto: Arranca el juicio final del "impeachment".

29 de agosto: Rousseff se defiende personalmente de las acusaciones en su último discurso como presidenta ante el pleno. La mandataria de 68 años reitera sus acusaciones de que el juicio es un "golpe de Estado" y deja claro que no renunciará.

31 de agosto: El Senado de Brasil destituye a Rousseff con una clara mayoría superior a los dos tercios de la Cámara, compuesta por 81 senadores.


¿SE PUEDE DECIR LO MISMO DE SUS VERDUGOS?
LA CONCIENCIA TRANQUILA DE DILMA

Cynara Menezes -  Alainet – 31/08/2016

Con un discurso coherente y una postura nuevamente orgullosa, serena y digna ante los verdugos, la presidenta Dilma Rousseff asegura un lugar en el panteón de las víctimas de la injusticia histórica. Si este golpe se concreta, y parece que lo hará, Dilma va a estar al lado de João Goulart, Salvador Allende, Juana de Arco, Sacco y Vanzetti y tantos otros grandes hombres y mujeres inmolados por las fuerzas reaccionarias "en nombre del pueblo". Al igual que ellos, la palabra "honor" se adapta como un guante a la biografía de Dilma. En el lado opuesto, en el de los cobardes y traidores, estarán los que la condenaron, y esto incluye a los lamentables medio de comunicación que dominan nuestro país.
"La historia se repite, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa": la frase de Marx se hace eco en nuestras cabezas como una mala broma. Es imposible no comparar la presencia de Dilma en el plenario del Senado, cercada de las aves de rapiña de traje y corbata, con la famosa foto de la joven Dilma rodeada de los cuervos de verde oliva y los quepes del tribunal militar de la dictadura. Pero, por extraño que parezca, el ejército logró tener un mínimo de vergüenza en la cara y optó por ocultar los rostros del registro de la historia. Los golpistas de hoy ni ese pudor tienen y caminan con el rostro descubierto y todavía cazan, como moscas, a los reporteros de la televisión para que los exhiban frente a las cámaras.
La propia Dilma se encargó de recordar la semejanza trágica entre los dos episodios. "No cometí ningún delito de responsabilidad. Los cargos contra mí son injustos y poco razonables. Cesar definitivamente mi mandato es como someterme a una pena de muerte política. Este es el segundo juicio al que estoy sometida en el que la democracia tiene un asiento, conmigo, en el banquillo de los acusados", expresó.
"La primera vez, fui condenada por un tribunal especial. De aquella época, además de las marcas dolorosas de la tortura, quedó el registro, en una imagen, de mi presencia ante mis verdugos, en un momento en que los miraba de frente, ya que ocultaban sus rostros, por temor a ser reconocidos y juzgados por la historia. Hoy, cuatro décadas después, no hay detención ilegal, no hay tortura, mis jueces llegaron aquí con el mismo voto popular que me llevó a la Presidencia. Tengo para todos el mayor respeto, pero mantengo la cabeza erguida, mirando a los ojos de mis jueces".
La conciencia de Dilma brillaba en su voz, ahogada a veces, y en su mirada. ¿Quién allí, entre los que la juzgaban en aquella sala podría decir que también está con la conciencia tranquila? ¿Quién de los que dieron el veredicto anticipado de "culpable" a la presidenta, podría decir que duerme el sueño de los justos? ¿Quién entre los participantes de ese escenario tiene de hecho estatura moral para condenarla? ¿Y quién lejos de la Cámara del Senado, en la tranquilidad de sus hogares, puede afirmar con el corazón abierto que se está derrocando una presidenta honesta por el bien de nuestro país? La mentira es incompatible con el amor a la patria, a pesar de las camisetas verde amarillo de la selección con las que estas personas salieron a las calles para pedir la cabeza de una mujer inocente.
Yo y muchos brasileños, votantes o no de Dilma, vamos a seguir defendiendo su mandato hasta el final. No porque encontramos en su gobierno el mejor de los mundos; no porque estemos de acuerdo con todo lo que Dilma hizo en su cargo; sino por una cuestión de principios, porque esto es lo que hay que hacer. Personas verdaderamente honestas tienen principios y nunca renuncian a ellos. Sólo los corruptos renuncian a sus principios.
Vuelvo a Dilma: "A los casi setenta años de edad, no será ahora, después de ser madre y abuela, que vaya a abdicar de los principios que siempre me han guiado. Ejerciendo la presidencia he honrado el compromiso con mi país, con la democracia, con el estado de derecho. He sido inflexible en la defensa de la honestidad en la gestión de la cosa pública. Por lo tanto, antes de que las acusaciones contra mi sean expuestas en este proceso, no puedo dejar de sentir, en la boca, nuevamente, el sabor áspero y amargo de la injusticia y la arbitrariedad. Y por eso, como en el pasado, resisto. No esperen de mí el obsequioso silencio de los cobardes".
Es un principio básico de la democracia no condenar a los ciudadanos injustamente. Cuando esta premisa -fundamental en cualquier sociedad considerada "civilizada"- se viola, entramos en la barbarie. Cuando esta regla inquebrantable se rompe, todo puede estar permitido: que entren en nuestras casas en medio de la noche, que secuestren a nuestros hijos, padres, hermanos y hermanas, y arresten, torturen y maten a la gente sólo por manifestarse contra el autoritarismo. Esta película ya la vimos antes.
"No tengo ninguna duda de que, esta vez también, todos seremos juzgados por la historia. Dos veces vi de primera mano la cara de la muerte: Cuando fui torturada durante días seguidos, sometida a crueldades que nos hacen dudar de la humanidad y del propio sentido de la vida; y cuando una enfermedad grave y extremadamente dolorosa pudo haber abreviado mi existencia. Hoy en día sólo temo la muerte de la democracia, por la que muchos de nosotros, presentes aquí en esta Cámara, luchamos con el mejor de nuestros esfuerzos ", recordó Dilma.
Nunca olvide, presidenta: la historia está de su lado. No es sobre su cabeza que estará estampada la marca de golpista, de enemiga de la democracia, y mucho menos de corrupta. En cuanto a los que ahora la condenan, por desgracia, sabemos que poco les importa el juicio de la historia. No les preocupa ni les importa el sucio papel que están desempeñando frente a la nación e incluso frente a sus familias. Consumar este golpe les significará a los derrotados en las urnas lo que siempre persiguen: dinero y poder. ¿Qué representa tener una conciencia tranquila, frente a lo que para ellos es la verdadera razón de existir?


BRASIL YA NO SERÁ IGUAL

EMIR SADERALAINET – 26/08/2016

Cualquiera que sea el desenlace inmediato de la más profunda y prolongada crisis que el país ha vivido, Brasil no saldrá igual, nunca más será el mismo que fue. Será mejor o peor, pero nunca más el mismo. La crisis devastó la credibilidad de todo el sistema político, liquidó la legitimidad del Congreso, propagó la falta de creencia en el Sistema Judicial e hizo que el pueblo sepa que no basta votar y ganar cuatro elecciones para que el mandato presidencial sea respetado. En resumen, lo que se creía que el país tenía como República, se terminó. Lo que se difundía que era un sistema político democrático, ya no sobrevivirá. O bien Brasil construye una democracia sólida – para lo cual el Congreso actual, esta Justicia, este monopolio de los medios de comunicación no podrán seguir existiendo como ahora – o el país deja realmente de vivir en democracia.
La derecha brasileña muestra su cara sin eufemismos. Al inicio alegaba que se trataría de un proyecto para “reunificar el país”, supuestamente dividido por los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT). Se valía de la pérdida de popularidad del gobierno Dilma, así como del Congreso más conservador y descalificado que el país ha tenido, como también del rol escandaloso y ya sin ningún pundonor de los viejos medios de comunicación, para destruir la democracia política que hemos tenido y promover un gobierno antidemocrático, antipopular y antinacional.
Muy rápidamente fue posible constatar que se trata simplemente de lo que se denunciaba por toda la región: el proyecto de restauración del modelo fracasado en los años 1990 con Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, por un gobierno golpista y minoritario, contra el pueblo, contra la democracia y contra el país.
¿Cómo se va a pronunciar el Supremo Tribunal Federal sobre cualquier tema, si ha callado frente al golpe, puesto en práctica bajo sus narices, presidido en el Senado por su Presidente, que apoya todas las brutales ilegalidades que se practican? ¿De qué sirve una Justicia, un STF, que no está para impedir que un crimen en contra de la democracia sea perpetrado por el Congreso? Lo que hay es un silencio cómplice, mezclado con un vergonzoso aumento del 41% de sus salarios, concedido públicamente – con fotos en los periódicos -, por Eduardo Cunha, el político más corrupto del país, cuya impunidad solo se da por la complicidad de los que deberían punir, así como a tantos otros miembros del gobierno, incluso el presidente interino. Ya no habrá democracia en Brasil sin un Sistema Judicial elegido y controlado por la ciudadanía, con mandatos limitados y poderes circunscritos.
No habrá democracia en Brasil sin un Congreso efectivamente elegido y sin financiamiento privado, sin que represente a los lobbies elegidos por el poder del dinero. Un Congreso democrático tiene que estar fundado en el voto condicionado, por el cual los electores controlen aquellos en quienes han votado y que se comprometan con un programa y con un partido determinado.
En una democracia, todos tienen el derecho a la voz, la opinión pública no puede ser fabricada por algunas familias, que imponen su punto de vista al país, como si pudieran hablar en nombre del país, aun cuando han perdido cuatro elecciones presidenciales consecutivas. Nadie debe perder el derecho a hablar, pero todos deben tener el derecho a expresarse, sino, no se trata de una democracia, sino de la dictadura de una minoría oligárquica.
En una democracia un impostor no podría haber asumido la presidencia, aunque interina, por un golpe e imponer el programa económico derrotado cuatro veces sucesivamente, incluso en dos veces en que ese golpista estuvo en la lista vencedora, con un programa radicalmente opuesto al vencedor. Si ello ocurre, es porque la democracia fue herida de muerte, la voluntad de la mayoría fue desconocida.
Si el golpismo triunfa en el Senado brasileño, será necesario hacer que pague duramente el precio del atentado que está perpetrando. Que sus proyectos fracasen, que la vida de sus componentes se vuelva insoportable, que su banda de ladrones sea víctima de la ingobernabilidad. Que se ocupe y se resista en todos los espacios del gobierno ilegítimo, antidemocrático, antipopular y antinacional.
Es parte indisoluble de la resistencia democrática impedir cualquiera acción en contra de Lula, que representa los anhelos mayoritarios del pueblo brasileño, conforme las mismas encuestas que los golpistas han utilizado para buscar legitimidad popular, apuntan. Esta será la señal de que sobreviven espacios democráticos o no. Si logran blindar de tal forma su gobierno y constitucionalizar el neoliberalismo, habrán enterrado definitivamente cualquier señal de democracia en Brasil. En ese caso ellos tendrán el mismo destino de sus antecesores: serán tumbados, derrotados, execrados y un nuevo tribunal de la verdad los juzgará y los condenará por crimen en contra de la democracia. Serán derrotados por el pueblo, por la democracia, por el país, que construirán una democracia de verdad en Brasil.


LA ENCRUCIJADA ENTRE LA DEMOCRACIA Y LA OLIGARQUÍA DE DERECHAS

EDITORIAL DEL PORTAL VERMELHO - TRADUCCIÓN DEL PORTUGUÉS PARA REBELIÓN: ALFREDO IGLESIAS DIÉGUEZ

“Nenhum direito a menos” [1]. Esta consigna resume el motivo de la manifestación que se celebró el pasado martes (16), en la que convergieron unitariamente las centrales sindicales brasileñas.
Esta manifestación tuvo lugar el mismo día en que la presidenta constitucional Dilma Rousseff difundía la carta titulada “ Mensaje de la presidenta de la República Dilma Rousseff al Senado federal y al pueblo brasileño ”.

En esa carta manifestó su inequívoca adhesión a la celebración de un plebiscito sobre la convocatoria de nuevas elecciones para la presidencia de la República. “Quien debe decidir el futuro del país es nuestro pueblo”, dijo, en defensa de la legalidad democrática.
El sueño de los golpistas es completar, hasta final de mes, el ataque a la democracia iniciado tras la reelección de Dilma Rousseff, que se concretó con el chantaje del entonces presidente de la cámara de los Diputados, el inefable Eduardo Cunha, en contubernio con los demás golpistas y el ilegítimo Michel Temer.
Esa hermandad, aliada con sectores del ministerio público federal, el poder judicial y la policía federal, abanderó la supuesta lucha contra la corrupción para intentar legitimar el golpe. Esa fue la historia repetida hasta la saciedad por los medios de comunicación a su servicio.
¡Pero el objetivo del golpe, en contra de lo que dicen, no es combatir la corrupción! La usurpación del poder está dirigida inicialmente a encubrir a corruptos. El objetivo principal del golpe es destruir todas las conquistas sociales alcanzadas al amparo de la Constitución de 1988 materializadas, o ampliadas, bajo los gobiernos de Lula y Dilma.
El objetivo principal es restaurar el viejo orden político, anterior a la vigente Constitución de 1988 y vigente bajo la dictadura militar de 1964, con todas las consecuencias económicas, sociales y culturales de ese retorno, que atañe a los logros alcanzados por Brasil y los brasileños.
Esa es la verdadera razón de ser del golpe, que se presenta con apariencia legal debido al disfraz constitucional que los golpistas le quieren dar.
Fue el atajo encontrado por las fuerzas conservadoras para acceder a la Presidencia de la República después de su cuarta derrota consecutiva frente a las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierdas desde 2002.
Los golpes de Estado, como el que está en marcha en Brasil, están preparados y conducidos por poderes del Estado y por sus organismos públicos, que amplían progresivamente su autonomía funcional y administrativa hasta que se hacen con el control del poder, que, tomando al asalto al más alto cargo de la República a través de un golpe parlamentario, condujo a un desmán fiscal imposible, configurado en los déficits previstos para este año y el próximo y cuyo objetivo, no lo duden, ¡será pagar la cuenta del impeachment!
Es el precio del proyecto de poder de la clase dominante capitalista, financiera, a las fuerzas conservadoras brasileñas, que utilizaron ávidamente el atajo golpista para imponer la vuelta al viejo orden. Orden antidemocrático y autoritario que destruye el pacto de progreso social y consolida el orden económico de desregulación financiera y de libertad de acción para el capital, imponiendo políticas de austeridad y recortes de partidas presupuestarias primarias esenciales –en eso consiste el capitalismo contemporáneo, dicho neoliberal-. Un orden que restaura y profundiza el círculo vicioso y perverso de los altos tipos de interés y el cambio valorizado, un desastre que condujo a la desindustrialización, a enormes déficits en las cuentas externas y dijo adiós al desarrollo nacional [2]. El golpe es la salida que encontraron la oligarquía financiera y los representantes del imperialismo.
Brasil se encuentra, otra vez, en una encrucijada histórica en la que está en juego su destino como nación soberana y también como pueblo brasileño, avanzar o retroceder en nuestra trayectoria civilizatoria.
Por esa razón, la premisa para restaurar la democracia, el Estado Democrático de Derecho, es el retorno de la presidenta constitucional y legítima, Dilma Rousseff.
Encrucijada ante la que se encuentran los senadores: condenar o absolver a una presidenta que no cometió delito ninguno. En síntesis, hoy el eco es más unísono es ¡Fuera Temer!

Nota del traductor
[1] La traducción literal de este lema sería “Ningún derecho a menos”.
[2] Para comprender mejor lo que suponen estas políticas, puede resultar de interés la lectura del artículo de Adalmir Marquetti, Carlos Schonerwald da Silva y Matías Vernengo “Tipo de cambio, tasa de interés y dinámica de la deuda pública de Brasil”, disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-16672010000100004


ESTADO DE EXCEPCIÓN Y RESISTENCIA DEMOCRÁTICA


Concluyó la anestesia olímpica y ahora se viene la dura realidad. La fecha de la destitución definitiva de la Presidenta Dilma ya fue marcada para el 25 de agosto. A partir de ese día se consolida en Brasil el estado de excepción que impera hace más de tres meses. A pesar de que existe un complejo e interminable debate jurídico y político sobre los requisitos que debería poseer un estado de excepción, algunos aspectos de las circunstancias concretas permiten afirmar que Brasil instauró dicho estado desde el momento en que el Congreso decidió aceptar la acusación que apartó de sus funciones a una mandataria electa democráticamente por la mayoría de la población.
Durante las Olimpiadas las jornadas de protestas no fueron tan significativas como se esperaba. En parte, porque el gobierno ilegitimo previendo lo que podría suceder en un escenario de mayor exposición y visibilidad de los movimientos sociales ante la prensa internacional (teoría de la oportunidad política), montó un vasto operativo –convocando incluso a la Fuerza Nacional de Seguridad- para impedir que las manifestaciones crecieran paralelamente a las competencias. La presencia masiva de militares en las calles, plazas, parques y recintos deportivos, le imprimió a Rio de Janeiro un sello de control panóptico y ostensivo de sus habitantes. Los uniformados se encontraban en todas partes en actitud de vigilancia permanente, dando la impresión de un país en escenario de emergencia o peligro inminente.
El estado de excepción se presenta como un dispositivo legal de aquello que no puede tener una forma legal, que se sustenta en un subterfugio que contradice y niega la Constitución y las leyes de la república. El estado de excepción representa una interpretación antojadiza o arbitraria del propio ordenamiento jurídico que han definido el conjunto de actores de una nación. Es el caso la prohibición de manifestaciones en los estadios o recintos deportivos durante la realización de los Juegos Olímpicos, con la detención en el acto de quienes portaban carteles o camisetas contra el presidente o el gobierno interino.
De hecho, la administración de Michel Temer ha ejercido hasta ahora bajo el manto de sus plenos poderes para eliminar Ministerios, secretarias, exonerar miles de funcionarios públicos y promulgar una larga serie de decretos y resoluciones con “fuerza de ley” para imponer en el país un proyecto de reformas para la superación de la crisis a partir de la supresión de garantías sociales y que atiende visiblemente a los intereses de los grupos empresariales nacionales y extranjeros, colocando en riesgo los avances conseguidos en las políticas sociales durante la última década.
Después de la destitución definitiva de la presidenta Dilma, la agenda que se impondrá va a implicar la instauración de reformas impopulares y regresivas, como es el caso de la eliminación o disminución de muchos programas sociales (Bolsa familia; Minha Casa, Minha Vida; Sistema Único de Salud; Farmacia Popular, Universidad para Todos, etc.), las nuevas leyes de tercerización y flexibilización, la extensión de la jornada laboral o los cambios que se pretenden incorporar al sistema de previsión social.
En su principal arremetida contra este último, el gobierno Temer quiere aumentar la edad mínima de jubilación y modificar los tipos de beneficios por muerte, asistenciales o para adultos mayores y deficientes de baja renta. En el caso de la modificación de la edad para jubilación, el proyecto propone subir el mínimo de 65 para 70 años entre los hombres y de 60 para 65 en las mujeres, siempre que existan más de 15 años de contribuciones a un fondo previsional. Aún más, el gobierno interino está proponiendo aplicar la desvinculación del reajuste de los beneficios al piso del salario mínimo, con lo cual resulta bastante previsible que si los miembros del equipo económico definen los reajustes por debajo del nivel de la inflación, el poder adquisitivo de los jubilados va a ser cada vez menor. Utilizando el argumento falso con respecto a la falencia del sistema previsional, la actual administración va a cargar el peso del ajuste sobre la espalda de los trabajadores y los jubilados.
El carácter impopular e ilegítimo del gobierno Temer refuerza por tanto la tesis sobre el urgente e imprescindible antagonismo contra dicha orden, pues se encuentra suficientemente consagrado el axioma de que si los poderes públicos violan los derechos garantizados por la Constitución, la resistencia a la injusticia y al atraso no solo es una prerrogativa sino que también es un deber de todos los ciudadanos. En el caso de Brasil, la rebeldía se impone como una acción ineludible para recuperar la convivencia democrática y la protección social conquistadas con mucho esfuerzo hace más de treinta años.
Después de la tregua impuesta por las Olimpiadas, ciertamente la mayoría de la población volverá a tomarse las calles en defensa de la democracia y de los derechos humanos, sociales y laborales. Esta lucha representa una oportunidad para que el pueblo brasileño asuma con dignidad el protagonismo para derrotar a las fuerzas golpistas y participar decididamente en la construcción de un país más justo, inclusivo y soberano. 

Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales y editor del blog Socialismo y Democracia.

LA TEORÍA BRASILEÑA DE LOS HECHOS CONSUMADOS, ENEMIGA Y SABOTEADORA DE LA INTEGRACIÓN

ARAM AHARONIAN – ALAI 23/08/2016

El gobierno golpista brasileño, aún siendo interino, ha tomado las banderas de la dictadura en lo que respecto a aplicar la teoría de los hechos consumados y de injerencia en los asuntos internos de los demás países, con su intención manifiesta de ser el “subimperio” regional, al servicio de Washington y de los intereses de las grandes corporaciones trasnacionales.
Hoy, trata de imponer, con el apoyo irrestricto de la prensa hegemónica y cartelizada de la región y la global, del gobierno stronista paraguayo y la cicolotímica política de la canciller argentina Susana Malcorra, el imaginario colectivo de una crisis en el Mercosur, supuestamente provocada por el gobierno constitucional venezolano, como forma de invisibilizar el principal problema de la región, el nuevo golpe de estado en Brasil.
El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa, quien contó los entretelones de la trama ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes (según consta en la transcripción oficial de su comparecencia), afirmó que Paraguay, Brasil y Argentina le hacen “bullying” a Venezuela y que canciller de Brasil, José Serra, pareció querer “comprar el voto de Uruguay”.
“La decisión adoptada por parte de nuestros socios mercosurianos es eminentemente política: lo digo con todas las letras. Se saltean lo jurídico, y aduciendo razones que no están aquí, quieren eludir, erosionar, hacer bullying a la presidencia de Venezuela. Esa es la pura verdad”, dijo. Serra, sin dudas, es ariete de este intento por convertir a su país en el referente
En Derecho penal, el hecho consumado hace referencia al ya ejecutado por completo que da lugar a un delito consumado, por oposición al no consumado (tentativa, frustración, conspiración, proposición y provocación para delinquir), con diferentes consecuencias penales según el grado de consumación alcanzado.
Sin embargo, y a pesar de estas acepciones jurídicas, donde el hecho consumado adquiere mayor importancia es en el concepto que del mismo elabora la teoría de los hechos consumados. Para ella, que supone el reverso de la teoría del Derecho.
El hecho consumado es aquél que una vez realizado, ya sea de forma legal o ilegal, consolida por el transcurso del tiempo y por la tolerancia de terceros, un determinado estado de cosas. Se trata pues de hechos, actos y situaciones que adolecen de un vicio en la concepción, el origen o en su formación, calificables de ilegales, pero que el amaño, el silencio, la imposición de imaginarios colectivos, el tiempo o la propia fuerza ha sancionado.
A partir del golpe militar de 1964 la política externa brasileña para América del Sur se ha basado oficialmente en la doctrina geopolítica de los "círculos concéntricos" adoptada por el dictador Castello Branco y su canciller Vasco Leitao da Cunha, según la cual América del Sur se constituye en una zona de influencia directa de Brasil, el "primer círculo" de su influencia. Sus corolarios fueron sangrientas dictaduras, torturas, asesinatos y desapariciones y la imposición del llamado Plan Cóndor, coordinado con las otras dictaduras que Brasil ayudó a instaurar en la región.
El resultado para Brasil fue el surgimiento de la imagen de un país con aspiraciones "hegemónicas", y aun incluso de una teoría, la del "subimperialismo", intentando explicar el expansionismo brasileño como consecuencia de una especie de delegación, consciente o no, de los Estados Unidos , sin necesidad siquiera de un trabajo cultural, ideológico y político. La formulación más conocida de esta doctrina se encuentra en "Geopolítica do Brasil" del general Golbery do Couto e Silva.
En Brasil la conciencia de la presencia amazónica se ha manifestado históricamente bajo tres o cuatro formas corrientes, de las cuales las más importantes han sido: a) la de una región que se constituye en un gran vacío y b) la de una región bajo permanente codicia internacional. Es que la Amazonia representa un 32% del territorio brasileño. El primer gran intento reciente de internacionalización de la Amazonia

Un poco de historia
En la década de 1970, el brasileño Paulo Schillig, señalaba que la idea de los key countries, de las leading nations, de los delegados de la metrópoli, puesta en práctica en forma intensiva por Henry Kissinger al frente del Departamento de Estado durante los gobiernos de Nixon y Ford, no es en absoluto original: ya en carta a Strangford, en abril de 1808, el canciller inglés Canning proponía "convertir a Brasil en un emporio para las manufacturas británicas destinadas al consumo de América del Sur". Canning defendía la tesis de establecer en Brasil un imperio fuerte destinado a mantener el "orden" y asegurar los intereses europeos entre las convulsionadas y "anárquicas" repúblicas que habían surgido en Hispanoamérica.
El imperio esclavista brasileño actuaba como delegado, "gendarme" de la corona británica, , representante de la civilización europea, encargado de la manutención, a lo largo de todo el siglo XIX, de la "paz británica" y de los intereses europeos en el subcontinente.
Cuando esa paz y esos intereses eran amenazados por el surgimiento de un gobierno con tendencias nacionalistas, que con su barbarie intentaba impedir el pleno dominio europeo- como Rosas en la Argentina y Solano López en el Paraguay-, el imperio de los Braganças intervenía para restablecer el orden y mantener abiertos los conductos de la expoliación. Era una estrategia inteligente, eficiente, cómoda y barata (para el imperialismo de turno, es obvio) y ello explica que un siglo después se tornara en uno de los puntales de la estrategia global de Kissinger.
En la segunda mitad del siglo XIX empiezan a producirse cambios en ese simple y eficiente sistema de poder imperial. Brasil, después de haber vivido los ciclos económicos del palo brasil, del azúcar y del algodón, del oro, pasó a vivir el auge del café. Se transformó en el gran productor y exportador del producto. Y Estados Unidos, en su gran consumidor. Como los ingleses seguían tomando té, el centro exterior de poder y decisión de Brasil pasó a dislocarse gradual, pero firme e irreversiblemente, de Inglaterra hacia Estados Unidos.
Estados Unidos, al conseguir desarrollar su propia revolución industrial, surgía a los ojos del continente americano, como una potencia emergente, sobre todo a partir de la asunción al mando de Theodore Roosevelt, cuando pasó a actuar en nuestra región un nuevo y agresivo imperialismo: el estadounidense.
Pero –explica Schilling-l Uruguay y la Argentina consolidaban su posición en el seno del Imperio Británico, por motivos económicos de origen alimentario. Los ricos campos uruguayos y la pampa húmeda argentina proveían dos productos decisivos para aquella etapa de la revolución industrial y del imperialismo inglés: carne barata para la población inglesa (que significaba salarios baratos para la burguesía industrial británica) y lana barata que permitía que la industria textil inglesa dominase el mercado mundial.
Esas vinculaciones económicas determinaron posiciones políticas diametralmente distintas de Brasil y de la Argentina dentro del sistema interamericano. Así, los representantes diplomáticos de las clases dominantes de Buenos Aires se negaban a aceptar la hegemonía norteamericana sobre todo el continente, fundada en la Doctrina Monroe, y la plena aceptación de las clases dominantes brasileñas de esa dominación.
La réplica argentina a la doctrina yanqui era expresada por Domingo Faustino Sarmiento: "Argentina para el mundo", significando Europa y especialmente Inglaterra. Ya en la 1ª Conferencia Panamericana, realizada en 1889 en Washington, el canciller argentino Roque Sáenz Peña se oponía vigorosamente a las iniciativas hegemónicas del secretario de Estado yanqui James G. Blaine.
El documento final de la conferencia consignó que "una nación no tiene, ni reconoce en favor de los extranjeros, ninguna obligación o responsabilidad que no sean las establecidas para los ciudadanos, en casos semejantes, por la Constitución y las leyes
A esa sumisión política de Brasil se sumaba la siempre creciente dependencia económica. Esa múltiple situación de dependencia generaría una nueva serie de privilegios en favor de los capitales norteamericanos. El estado de Amazonas fue prácticamente "loteado" entre subsidiarias de la Standard Oil. La Ford consiguió enormes concesiones territoriales para efectivar plantations de "Hevea brasiliensis", el árbol del caucho.
Los más grandes yacimientos de hierro del mundo fueron entregados a empresas como Itabira Iron. Brasil era un país en remate. Si se hubiese mantenido por algunas décadas más la evolución "entreguista", Brasil habría sido una estrella más en la bandera norteamericana, asegura Schilling.
Sin embargo, con la revolución liberal de 1930, que puso fin a la dominación política de las oligarquías de los estados de São Paulo y Minas Gerais (el llamado "eje café con leche"), comandada por Getúlio Vargas, empezó una reacción nacionalista a la avasallante ocupación económica del país. La anulación de las concesiones territoriales para la explotación de petróleo y del mineral de hierro; la elaboración de los códigos de Aguas y Minas de neta influencia nacionalista; la estatización del subsuelo; una adecuada política de protección aduanera y de incentivos internos a la industrialización; la nacionalización y la estatización de los sectores fundamentales de la economía, etcétera, volvieron a restablecer en lo fundamental la soberanía nacional.
Después de haber sido forzado a entrar en la Segunda Guerra Mundial como abastecedor de materiales estratégicos y alimentos por precios ridículos a EE.UU., Brasil fue utilizado por Washington para presionar a la Argentina, que resistía firmemente en su neutralidad. El secretario de Estado Cordell HulI, en sus "Memorias", nos informa que Estados Unidos llegó a armar tres divisiones blindadas del ejército brasileño para la invasión del territorio argentino. Brasil volvía a actuar como "gendarme", al servicio del imperio de turno.
El envío de la Fuerza Expedicionaria Brasileña a combatir en los campos de Italia significó a la vez la "pentagonización" de los militares brasileños. De retorno de los campos de batalla derrocaron al gobierno nacionalista de Vargas y lanzaron las bases -en especial la Escuela Superior de Guerra, una réplica del National War College de Washington- del régimen que a partir del 1º de abril de 1964 se caracterizaría como el más antipopular y antinacional de la historia.
Eliminada la figura incómoda de Vargas, la unidad con Washington en la euforia de la posguerra fue prácticamente total. El mariscal Eurico Gaspar Dutra hizo enormes concesiones a los monopolios y entregó prácticamente como un enorme feudo a la Bethlehem Steel Corporation el territorio del Amapá con 140.276 km² y sus enormes yacimientos de manganeso.
Pero fue fundamentalmente el general Golbery do Couto e Silva quien trató mejor el problema. Dentro de lo que él denominaba barganha leal (canje leal), el general Ernesto Geisel proponía que Brasil aceptase la total hegemonía de Estados Unidos en cambio de que ella fuese ejercida en América latina por intermedio de Brasil, que pasaría a ser el socio menor del imperialismo norteamericano, el delegado de la metrópoli y, si fuera necesario, el gendarme mantenedor del orden y de la paz imperiales En varias otras oportunidades, Kissinger señalaría a Brasil como el key de América latina: "Estados Unidos debe promover la aparición de líderes locales -como, por ejemplo, Brasil- que puedan reemplazar el liderazgo político de Estados Unidos".
En febrero de 1976, durante su visita a Brasil, Kissinger resolvió consagrar a Brasil como potencia y atribuirle una especie de tutela, a ser ejercida en nombre de Washington, sobre toda América latina. 
Al analizar fríamente las consecuencias de lo acordado en Brasilia se concluía que el clásico sistema interamericano -multilateral (y aparentemente igualitario) - estaba seriamente afectado, ya que Brasil y Estados Unidos decidirían a más alto nivel los grandes problemas -no solamente los bilaterales sino los multilaterales (conforme lo establecido en el protocolo), la Organización de los Estados Americanos, la Junta Interamericana de Defensa y otras organizaciones de carácter continental perdían su razón de existir. 
Se concretaba la aspiración máxima del general Golbery do Cauto e Silva y de los militares de derecha brasileños: un nuevo esquema de poder en el continente americano que asegurase a Brasil un papel privilegiado, el de principal satélite de Estados Unidos. El propósito era establecer que el camino más corto hacia Washington, desde cualquier república latinoamericana, pasase necesariamente por Brasilia. 
Se intentaría la integración con base en esquemas bilaterales, protagonizada por Brasil, actuando en nombre de Estados Unidos y de las empresas transnacionales. Es más, otro dictador, Geisel reafirmó ante la reina de Inglaterra que Brasil asumiría el papel de intermediario entre el Tercer Mundo y el "Club de los Ricos". Claro, sin consultar a ningún otro país sobre si lo aceptaban como mediador en su lucha en contra de la expoliación a que los someten los países capitalistas centrales. 
La estrecha alianza establecida entre Argentina y Brasil durante los gobiernos de Lula y Néstor Kirchner, que asumieron que las dos naciones tenían destinos e intereses comunes, rompió con el largo proyecto estadounidense de afianzar su poder sobre el continente jugando a un país en contra del otro. A partir de esa alianza se fortaleció el Mercosur y se expandieron los procesos de integración regional hacia Unasur, Banco del Sur, Consejo Sudamericano de Defensa y Celac, marcando –con el apoyo y el ímpetu de Hugo Chávez desde Venezuela- un creciente aislamiento de EE.UU. en Latinoamérica.
No es casualidad que la oleada neoconservadora para asaltar los gobiernos de los dos países haya tenido un apoyo tan inmediato y entusiasta por parte de Washington, con el fin concreto de debilitar los procesos de integración: Mercosur, Unasur, Celac y dar oxígeno a la Alianza para el Pacifico. Tampoco es casualidad que Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela, reaccionen a estas operaciones, asumiendo que estos cambios ponen en duda los destinos soberanos individuales y del conjunto de la región.
Esta ofensiva contra Venezuela no sólo amenaza la integración regional, sino que vulnera el principio no intervención en los asuntos internos cuyos antecedentes de alteración en las últimas décadas siempre implicaron la conducción directa de EE.UU. y ahora, ésta es la novedad, se realiza a través “hermanos latinoamericanos", tratando de aplicar nuevamente la teoría del hecho consumado.

RESEÑA DEL LIBRO "POR QUE GRITAMOS GOLPE?" PARA ENTENDER O IMPEACHMENT E A CRISE POLÍTICA NO BRASIL (BOITEMPO, 2016)
¡ERA DE TEMER, ES UN GOLPE! - ALFREDO IGLESIAS DIÉGUEZ - REBELIÓN – 22/08/2016

Brasil vive, en estos momentos, un golpe de Estado y, como señala Ivana Jinkings en el prefacio del libro Por que gritamos golpe?, no hay forma de manipular, tergiversar o disfrazar ese hecho: la evidencia es abrumadora.

El golpe se hizo efectivo el 12 de mayo de 2016, cuando el Senado federal de Brasil votó a favor de abrir un proceso de impeachment contra la presidenta electa Dilma Rousseff, forzando su destitución y el nombramiento de Michel Temer como nuevo presidente interino hasta que el proceso concluya. El nombramiento del nuevo gobierno ilegítimo, compuesto por 22 hombres blancos –sin mujeres ni afrodescendientes-, mostraba a las claras sus intenciones, sus intereses y a quién representa. Unas intenciones que se fueron concretando en medidas de gobierno en estos 100 días posteriores: recortes en los derechos laborales –incluyendo un aumento de la duración de la jornada laboral- y reforma del sistema de pensiones y jubilación, aumentando la edad mínima; aprobación de una norma que fija el techo del gasto público al nivel actual para los próximos 20 años; modificación a la baja o supresión de programas sociales como Minha Casa, Minha Vida, diversos programas educativos (ProUni, Pronatec…), Sistema Único de Saúde…; privatización o venta del sector público (empresas del sector eléctrico, bancos, servicios sociales…) y de los recursos minerales (especialmente el petróleo del presal), a empresas extranjeras o sus representantes en Brasil; promoción del programa Escola sen partido, que bajo la apariencia de promover la desideologización de la educación en manos de pedagogos ‘freiristas’ y la instauración de una escuela neutral en lo ideológico, lo que se esconde es un golpe de la derecha que pretende evitar que por ley sea posible debatir en las aulas cuestiones de integración racial, de feminismo, de pobreza, de exclusión social…y entrega de la educación al sector más evangélico de la sociedad, lo que supone un retroceso de 100 años en la educación pública brasileña –poniendo fin a un proceso de laicización de la enseñanza iniciado con la Constitución de 1891-; recortes en las ayudas a los medios públicos alternativos y reversión del control público de Internet a favor de las empresas privadas; rebrote del racismo, nunca completamente superados por las elites brasileñas, expresado de forma brutal en la orientación normativa nº 3, de 1 de agosto de 2016, que “prevé normas de evaluación de la veracidad de la declaración prestada por candidatos negros” de su condición de negritud para acceder a los beneficios regulados por la Ley 12990, de 2014, que establecía medidas de discriminación positiva para favorecer la integración racial y el acceso de personas afrobrasileñas a puestos en la administración general, educativa… pública… Todo esto, además, en un contexto marcado por continuos casos de corrupción de los miembros del gobierno que afectan, incluso, a Michel Temer… cuando supuestamente habían llegado al poder para limpiar al país de corruptos y delincuentes como Dilma Rousseff y Lula da Silva, a quienes la justicia no ha podido probar nada en contra… y lo lleva intentando años.
De hecho, aunque el golpe se materializó el 12 de mayo, su gestación viene de antes. Empezó justamente el 26 de octubre de 2014, cuando Dilma Rousseff fue reelegida presidenta con el apoyo de 54,5 millones de votos; apenas pasara un mes, el 5 de diciembre, el Partido da Social Democracia Brasileira saca a la calle un movimiento de oposición a la presidenta: Vem para rúa, que se manifiesta por la avenida Paulista –la del 1% más rico del país-, de São Paulo. Paralelamente, el ministro Levy –un infiltrado del capital transnacional en el gobierno Rousseff-, anuncia una política austericida de corte neoliberal. El 1 de enero toma posesión del cargo la presidenta Dilma Rousseff…, a pesar de ostentar la jefatura del Estado, no controla el legislativo y el ministro encargado de las relaciones con las cortes y posterior vicepresidente será el mismísimo Michel Temer. En un contexto marcado por las tensiones desde el inicio de su segundo mandato: las derechas no saben aceptar muy democráticamente sus derrotas –y menos cuando creen que tenían que haber ganado-, el 15 de marzo salen a la calle cientos de miles de brasileños y brasileñas para protestar contra el gobierno; a partir de ese momento se sucederán las protestas, aunque cada vez cuentan con menos apoyo. La presidenta Dilma Roussef, a pesar de que fue reelegida para promover una política socialdemócrata, se reafirma en avanzar en los recortes austericidas: “el ajuste es necesario. No es algo que podamos decidir: no hay alternativa –las mismas palabras que años antes pronunciara Margaret Thatcher-. Hay que hacerlo”. Paralelamente, amplia la participación en el gobierno de los conservadores del Partido Movimento para a Democracia. En un contexto marcado por el aparente rechazo de la población a su gestión, el 7 de octubre de 2015 el Tribunal de Cuentas de la Unión recomienda al Congreso que rechace las cuentas del gobierno debido a irregularidades contables… y así hacen aparición las ‘pedaladas’ fiscales –un recurso practicado habitualmente por los gobiernos, que sirve para maquillar las cuentas, ya que consiste en atrasar el ingreso de pagos o intereses de la deuda, para presentar unas cuentas más saneadas de lo que realmente están-, que serán el caballo de batalla contra Dilma Rousseff y su gobierno… y, dos semanas después (21 de octubre de 2015 –apenas un año después de su toma de posesión-), la oposición entrega a Eduardo Cunha, presidente de la Cámara y visceral oponente de Dilma Rousseff, una petición de impeachment contra Dilma Rousseff, que admite a trámite parlamentario el 2 de diciembre de 2015 –apenas unas horas después de que el Partido dos Trabalhadores anunciase su voto favorable a que Cunha siguiese siendo investigado en el Comité de Ética de la Cámara, ¿un acto de venganza?-. Cuatro meses después, el 17 de abril de 2016, la Cámara aprueba la apertura del proceso de impeachment, y el12 de mayo de 2016 el Senado destituye provisionalmente a la presidenta Dilma Rousseff; unos días antes, en medio de una escala de denuncias de corrupción siempre orientadas en la misma dirección por los medios de comunicación que controlan la información en el país, el ex presidente Lula da Silva es conducido coercitivamente por la policía a declarar ante el juez en la operación Lava Jato, una trama de corrupción que a día de hoy salpica a varios ministros del gobierno Temer y a numerosos congresistas brasileños, pero que en ese momento parecía que sólo afectaba al Partido dos Trabalhadores.
La farsa ya está montada: los inocentes han sido condenados y los delincuentes ocupan los ministerios y el Congreso. El mundo al revés.
En el pasado, fue el turno, primero, del presidente hondureño Zelaya (2009) y, después, del presidente paraguayo Lugo (2012). Estamos, no hay lugar a dudas, ante una lucha de clases mundializada cuya reificación en Brasil se materializó por medio del conflicto entre dos clases sociales, con sus respectivas alianzas y estrategias bien diferenciadas. En este sentido, como señala el profesor Armando Boito Jr. en el artículo “Os atores e o enredo da crise política”, de un lado encontramos un frente político heterogéneo que agrupa a la gran burguesía  nacional, parte de los sectores de ‘clases media’, la mayor parte de la clase trabajadora, el campesinado y los trabajadores marginalizados, cuyo representante político eran los gobiernos petistas, que en coherencia aplicaron políticas desarrollistas y nacionalistas que beneficiaban a ese sector de la burguesía, combinadas con políticas de bienestar y desarrollo social, así como de integración racial y de equiparación de los derechos de las minorías (LGTB…), que beneficiaron durante los últimos 13 años a la gran mayoría de la población brasileña; en frente, se encuentra un bloque político más homogéneo, liderado por la gran burguesía brasileña con intereses transnacionales y por lo tanto frontalmente enfrentada con los intereses de la burguesía nacional, que cuenta con el apoyo de una gran mayoría de las ‘clases medias acomodadas’ y, paradójicamente, de una parte de las clases populares más desfavorecidas y de los trabajadores más precarizados. Durante años, la hegemonía política y social estaba del lado del primer frente interclasista; no obstante, la crisis internacional, visible en Brasil a partir del año 2011, permitió a la facción transnacional de la burguesía brasileña tomar la iniciativa en la confrontación política y social que culminó con el golpe de Estado en curso, un proceso que analiza con mucho acierto el sociólogo Ruy Braga en su artículo “O fim do lulismo”.
Ahora bien, ¿a que han venido? Las medidas que han tomado en estos 100 días de gobierno son bastante elocuentes a este respecto. En palabras de Michael Löwy, autor del artículo “Da tragédia à farsa: o golpe de 2016 no Brasil”: a la élite capitalista financiera, industrial y agrícola,  ya no le basta con concesiones del poder, “quiere todo el poder [… quiere], gobernar directamente, con sus hombres de confianza, y anular las pocas conquistas sociales de los últimos años”. Precisamente, es al ataque a las conquistas que favorecieron los gobiernos petistas desde la llegada al poder de Lula da Silva en 2003 a lo que dedica su reflexión la economista Leda Maria Paulani en un artículo titulado “Uma ponte para o abismo”, en el que se precipitará el país “rehén de intereses específicos y de una riqueza privada tiránica que busca el alcance de objetivos particulares a cualquier costo, incluso si eso significa arrojar a 200 millones de brasileños al peligroso vacío de la anomia social, de la cual el modelo conciliatoria anterior la intentaba sacar”. En otras palabras, vienen para destruir las conquistas que, a pesar de estar reconocidas en la Constitución de 1988, hubo que esperar a la llegada de los gobiernos petistas para que se empezasen a poner en marcha.
Entonces, ¿qué hacer? ¿Existe alternativa al golpe? ¿Se puede revertir la situación? A responder a estas preguntas dedican su reflexión Jandira Feghali, Lira Alli, Pablo Ortellado, Esther Solano y Márcio Moretto, pero ante todo, el profesor André Singer, quien desde su artículo aboga “Por uma frente ampla, democrática e republicana”: una tarea ardua que requerirá una gran amplitud de miras para actuar en una situación socialmente complicada debido a varias razones, entre otras, las siguientes: primero, un importante sector del sindicalismo apoya al gobierno golpista de Temer; segundo, las nuevas masas laborales surgidas en los últimos años, paradójicamente, no están politizadas; tercero, la izquierda está dividida y tiene puntos de vista completamente contradictorios con respecto a los errores del petismo… No obstante, una tarea necesaria si lo que realmente se quiere es acabar con el gobierno golpista y aprovechar para reconducir la política brasileña hacia un horizonte de bienestar y progreso.