REVOLUCIÓN CUBANA: DOCUMENTOS DE UNA VICTORIA IMPERECEDERA
DPor Sergio D. Aronas - 03 de enero de 2016
Hoy 1º de
enero: Año 58 de la Revolución Cubana que cambió para siempre la historia de
los pueblos de América Latina. Documentos fundamentales con la Declaración de
la Habana y de Santiago de Cuba mantienen su plena vigencia¿Cuántas veces
intentaron invadirla, destruirla y demolerla?¿Cuántas veces trataron de
convencerlos de que su camino era erróneo, de que estaban equivocados y que su
proyecto era inviable? ¿Cuántas veces intentaron asesinar a su dirigentes
principales? ¿Cuántas veces el imperialismo en su guerra no declarada contra el
pueblo cubano, trató de impulsar la contrarrevolución interna, las agresiones
económicas, la imposición del bloqueo y el embargos? ¿Cuántas leyes sancionadas
por los Estados Unidos que se cree autorizado para decidir los destinos de
Cuba, promovieron "el cambio de régimen"? Hoy con todas las
dificultades y problemas, con las reformas y los cambios anunciados, la
Revolución y las conquistas siguen en pie y sostenidas por el pueblo que es su
principal protagonista. La estrella solitaria de la bandera cubana sigue
flameando en lo más alto de la cima del Turquino.
La
trascendencia histórica-universal de esta revolución victoriosa nos lleva a
publicar toda una serie de documentos dedicado a las relaciones con los
diversos gobiernos de los Estados Unidos, debido a que han marcado a fuego las
formas que los dirigentes revolucionarios cubanos tuvieron que afrontar las
tareas de transformar su país desde el 1º de enero de 1959 para resolver los
problemas sociales más acuciantes del pueblo y hacer frente a las amenazas y
agresiones imperialistas de todo tipo: militares, económicas, financieras,
comerciales, que los llevaron a declararles un bloqueo criminal que aún perdura
y que ningún presidente estadounidense se atrevió a levantar, pese a los
reiterados pedidos no sólo del gobierno cubano y de las Naciones Unidas, sino
importantes sectores de los Estados Unidos que consideran inútil y perimido el
bloqueo contra la isla de Cuba. Es más hay informes de hace varios años que
demuestran que Cuba ya no representa ninguna amenaza a la seguridad nacional de
los Estados Unidos. Así lo consigna en el documento "Informe Especial: Relaciones E.U.-CUBA
en el Siglo XXI, editado el 19/02/1999 (Text: LSI503 02/19/99),
del Servicio Informativo y Cultural de Estados Unidos (USIS) donde dice:
"Un análisis de la
Agencia de Inteligencia de Defensa en 1998 llegó a la conclusión de que Cuba ya
no presenta una amenaza a nuestra seguridad nacional. Los vecinos de Cuba en el
Caribe normalizan sus relaciones con Cuba, no porque teman la subversión
cubana, sino en parte porque comprenden que el imperialismo ideológico cubano
ya no constituye una fuerza regional. El surgimiento de la democracia a través
del hemisferio, la pérdida del apoyo soviético, la sostenida presión
estadounidense, y los propios problemas económicos de Cuba forzaron al régimen
cubano a renunciar a su apoyo a los grupos revolucionarios armados. La
contención ha tenido éxito, y ha terminado la era en que se la necesitaba como
el principio organizador de la política exterior estadounidense hacia
Cuba."
En aquellos
años se sentían muy envalentonados porque pensaban que la Revolución se venía
abajo y que el pueblo iba a levantarse contra las autoridades, en una
sublevación generalizada en la que calculaban que podrían derrocar al gobierno
revolucionario. Y al hablar del “imperialismo ideológico cubano” implica la
formulación de que Cuba era un promotor de la “exportación de la revolución”
cuestión que miles de veces los dirigentes cubano plantearon como falsa ya que
la revolución cubana siempre fue contraria a la exportación de la revolución
como así también rechazaron con firmeza la “importación de la contrarrevolución”.
Si la supuesta contención ha tenido “éxito”, si Cuba ya no presta ayuda a los
movimientos insurgentes, si ya no existe el campo socialista y Cuba no amenaza
a nadie, entonces porque ese empecinamiento, ese machacar permanente y
constante en mantener un bloqueo tan ridículo que ni siquiera se los aplicaron
a la dictadura hitleriana de la Alemania nazi ni al imperio japonés.
La Revolución
cubana seguirá su curso y el sistema socialista elegido es la brújula que guía
al pueblo cubano para la defensa y avance de todos los logros conquistados y seguir
en la construcción de su socialista.
Aquí va este
primer informe acerca de los Documentos de la Revolución Cubana de unas 60 hojas dedicado a fundamentar desde el punto de vista jurídico, político, económico y social para poner final bloqueo imperialista contra la isla de Cuba-
INFORME
DE CUBA SOBRE LA RESOLUCIÓN 58/7 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”
La Habana, 30 de septiembre del 2004
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
La acumulación de más de cuatro
décadas de sufrimiento para el pueblo cubano, por su decisión soberana de
resistir el bloqueo que le ha sido impuesto, preservando su independencia, y
sin renunciar a su derecho de construir un modelo de desarrollo propio, es un
asunto que la Administración del Presidente George W. Bush maneja con absoluto
desprecio.
La condena desde hace 12 años,
que hoy es prácticamente unánime, por la Asamblea General de la ONU a ese
engranaje genocida que eufemísticamente las autoridades norteamericanas llaman
“embargo”, es continuamente burlada.
El gobierno del Presidente
George W. Bush tampoco presta atención al cuestionamiento que su política hacia
Cuba genera en amplios sectores de la sociedad norteamericana que, cada vez con
mayor determinación, exigen el cambio de la misma. Tal política no solo
pretende asfixiar al pueblo cubano y afectar sus relaciones con terceros
países, sino también prohíbe y restringe libertades esenciales para el pueblo
estadounidense, incluso algunas de rango constitucional.
El período que analiza este
informe (segundo semestre del año 2003 y primer semestre del año en curso),
pasará a la historia como uno de los de mayor virulencia en el colosal crimen
que lleva por nombre “Bloqueo”.
Las
nuevas medidas articuladas durante este período por el gobierno norteamericano,
se añaden al entramado de leyes y regulaciones que han conformado el bloqueo
contra Cuba por más de cuatro décadas y evidencian su desesperación tras el
fracaso de sus intentos de aislarla y rendir por hambre y enfermedades al
pueblo cubano. Tienen el objetivo de hacer realidad el designio de dominación a
la nación cubana que ha guiado por más de un siglo la actuación de los sectores
de la ultraderecha norteamericana.
Tales
medidas persiguen, además, saciar el odio y sed de venganza de un grupo
minoritario y extremista de origen cubano que no repara en acudir a prácticas
terroristas contra el pueblo de la Isla, y con el que el Presidente George W.
Bush mantiene una deuda de gratitud por su participación directa en la
organización y consumación del fraude en las elecciones del año 2000 en el
Estado de la Florida.
Entre los hechos más relevantes que marcan la etapa
comprendida por este informe se encuentran:
ü El 30 de septiembre del 2003, la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió una
regulación para prohibir la publicación de artículos científicos provenientes
de aquellos países sujetos a un régimen de sanciones por el gobierno de los
Estados Unidos, entre los que se encuentra Cuba. Lo hizo, bajo el pretexto de
que el proceso de edición, es decir, “la revisión, modificación y publicación”
resultaría en un “servicio” que suma valor a los artículos en cuestión, lo que
violaría la Ley de Comercio con el Enemigo. Luego de fuertes presiones de la
comunidad científica y académica estadounidense, la medida fue suspendida el 5
de abril del 2004.
ü El 10 de octubre del 2003, el Presidente George W. Bush anunció, desde
la Casa Blanca, la creación de la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”
y el incremento de los controles y mayor vigilancia para la aplicación de las
prohibiciones de viajes a Cuba.
ü El 9 de febrero del 2004, el Secretario del Tesoro norteamericano,
John Snow, en una nueva medida de carácter extraterritorial, anunció en la
ciudad de Miami, el bloqueo inmediato por la OFAC de los bienes bajo
jurisdicción estadounidense de 10 empresas de “propiedad del gobierno cubano o
controladas por el gobierno o nacionales cubanos”, que se especializaban en la
promoción de viajes a Cuba y el envío de regalos. Ello incluía entidades
organizadas y localizadas en Argentina, Bahamas, Canadá, Chile, Holanda y el
Reino Unido.
Ese mismo día, dicho funcionario realizó
un recuento sobre el grado de aplicación de la decisión del Presidente
estadounidense de incrementar los controles a los viajes a Cuba, detallando el
número de vuelos inspeccionados, las multas impuestas y los decomisos
realizados.
ü El 26 de febrero del 2004, el Presidente George W. Bush firmó la
Proclama Presidencial 7757 que restringe la salida del territorio de los
Estados Unidos de las embarcaciones que tienen intención de entrar a Cuba. Las
regulaciones para su puesta en vigor, emitidas por el Servicio de Guardacostas
el 8 de julio del 2004, declaran abiertamente que el objetivo que estas
persiguen es “mejorar la aplicación del embargo contra el gobierno de Cuba”. Se
prevén sanciones de hasta 25 000 dólares, o cinco años de prisión, o ambas, así
como la confiscación de las embarcaciones de los infractores.
ü En este período, el gobierno norteamericano desató fuertes presiones
sobre instituciones bancarias de terceros países para obstaculizar e impedir
las operaciones financieras cubanas. Cuba utiliza esos ingresos en divisas para
realizar sus operaciones de importación de medicinas, alimentos y otros bienes
de consumo y de los insumos necesarios para el funcionamiento de su economía y
servicios sociales básicos.
En
fecha reciente, el gobierno de los Estados Unidos impuso una multa de 100
millones de dólares a la entidad bancaria suiza UBS, por realizar transacciones
financieras en dólares con determinados países, entre ellos Cuba.
ü El 6 de mayo del 2004, el Presidente George W. Bush aprobó en su
totalidad el Informe de la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”, que
incluye unas 450 recomendaciones y propuestas de nuevas medidas para derrocar a
la Revolución Cubana e instaurar un
régimen títere bajo el control total de los Estados Unidos, quien ejercería la
completa dominación sobre la nación cubana.
ü Finalmente, el 30 de junio del 2004, entraron en vigor las
regulaciones que endurecen las medidas anunciadas el 6 de mayo, que constituyen
una violación de la independencia y la soberanía cubana, y una escalada sin
precedentes de las violaciones masivas y flagrantes de los derechos humanos de
la población cubana, de los cubanos que residen en los Estados Unidos y de los
propios ciudadanos estadounidenses.
El bloqueo económico,
financiero y comercial que diez administraciones estadounidenses han venido
aplicando y fortaleciendo contra Cuba, y que comprende hoy un complejo
entramado de leyes y reglamentaciones, forma parte de toda una política de
hostilidad y agresiones contra la existencia misma de la nación cubana,
entendida ésta como un proyecto de construcción soberano e independiente de los
cubanos y para los cubanos.
La voraz apetencia de
los Estados Unidos por Cuba y sus recursos naturales y humanos se remonta al
surgimiento mismo de la Unión Americana, cuando se iniciaron esfuerzos por
anexarse a Cuba a través de las vías más disímiles, que incluyeron desde
fracasados intentos de compra, pasando por el estímulo y apoyo a fuerzas
anexionistas dentro de la colonia española, hasta la intervención y ocupación
militar directa.
Nunca los gobiernos
norteamericanos del siglo XIX reconocieron a la República de Cuba en Armas. Por
el contrario, obstaculizaron e interrumpieron en varias oportunidades los
canales de envío del apoyo que su pueblo y los cubanos emigrados en ese país
procuraron a la causa redentora del pueblo cubano.
Tras la intervención
militar norteamericana en 1898, que arrebató a los cubanos el derecho ganado a
ser libres tras 30 años de desigual batalla, nació una “república” en Cuba
sometida al tutelaje humillante de una enmienda constitucional, la Enmienda
Platt, que legitimaba la entidad neocolonial de la Isla. Durante más de medio
siglo, las administraciones estadounidenses sometieron al pueblo cubano a su
dominación imperial y a la explotación del patrimonio nacional por sus
monopolios, gracias a la complicidad y sometimiento de sucesivos gobiernos
corruptos. Asimismo, impusieron brutales dictaduras militares cuando fue
necesario acallar con sangre las justas reivindicaciones y el profundo
sentimiento antimperialista que se consolidó en el pueblo cubano.
Una oligarquía criolla
dependiente y beneficiaria de las estructuras de control neocolonial del país,
demostró su incapacidad para encabezar y ni siquiera acompañar un proyecto de
genuino desarrollo nacional.
Con el triunfo de una
profunda revolución social en 1959, los círculos imperialistas en Estados
Unidos que ejercieron el control de la Isla y que rápidamente percibieron el
ejemplo de la Revolución Cubana como un claro desafío a sus planes de
dominación hegemónica, decidieron utilizar su poder, a través de sucesivas
administraciones republicanas y demócratas, para iniciar, sostener y recrudecer
con el paso de los años, una guerra no declarada, destinada a reimponer su
dominación a la nación cubana, y si ello no fuera posible, simplemente
exterminarla en su rebeldía.
La guerra en las esferas
económica, comercial y financiera se inició contra Cuba aún antes de que el
gobierno revolucionario adoptara cualquier medida que afectara a las compañías
norteamericanas, que controlaban la vida económica del país.
A la par del estímulo,
organización y financiamiento de una invasión mercenaria por Playa Girón (Bahía
de Cochinos), numerosos actos de terrorismo -incluidos sabotajes contra
objetivos económicos y sociales, atentados para asesinar a los principales
dirigentes, ataques armados contra poblaciones y familias indefensas hasta
acciones de agresión bacteriológica-, campañas mediáticas de mentiras
furibundas contra la Revolución Cubana, aliento a la subversión y
financiamiento a la contrarrevolución externa y en el interior de la Isla y el
cruel estímulo a la emigración ilegal, fue tomando cuerpo la compleja y
tenebrosa red de medidas, leyes y programas que hoy conforman el bloqueo
unilateral de Estados Unidos contra el pueblo cubano.
En 1992 se aprobó la Ley
Torricelli, que abruptamente cortó el comercio de medicinas y alimentos de Cuba
con las subsidiarias de compañías estadounidenses asentadas fuera del
territorio norteamericano, y estableció severas prohibiciones a la navegación
marítima desde y hacia Cuba, institucionalizando con fuerza de ley, claras
disposiciones extraterritoriales.
La aplicación de la Ley
Torricelli significó un duro golpe al pueblo cubano. Fue concebida con el
cínico y criminal propósito de dar la estocada final y arruinar la economía
nacional, que atravesaba graves dificultades tras la abrupta ruptura de sus
relaciones económicas, comerciales y de colaboración con la ex Unión Soviética
y los antiguos países socialistas de Europa Oriental. Como esa apuesta por el
colapso de la Revolución Cubana se convirtió en un nuevo fracaso de la política
de hostilidad anticubana de los gobiernos de Estados Unidos, se decidió entonces
escalar la guerra económica, política y diplomática contra la nación cubana a
niveles sin precedentes en la historia de la política exterior de Estados
Unidos.
En 1996 se adoptó la Ley
Helms-Burton que, entre otras cuestiones: perfecciona hasta el detalle los
mecanismos de represión al más mínimo vínculo económico, comercial y financiero
de empresas norteamericanas con la Isla; incrementa el número y alcance de las
disposiciones de efecto extraterritorial con el objetivo de perseguir cualquier
transacción o negocio que beneficie a la economía cubana; persigue y sanciona a
los inversionistas extranjeros en Cuba; autoriza el financiamiento de acciones
hostiles, subversivas y agresivas contra el pueblo cubano, entre ellas la
guerra radioelectrónica de desinformación, perfeccionando las transmisiones de
las mal llamadas Tele y Radio “Martí”; plantea un programa dirigido a destruir
el sistema constitucional que se ha dado el pueblo cubano y a imponer un
“cambio de régimen” que garantice la realización de los objetivos de dominación
de los círculos imperialistas de Estados Unidos a la nación cubana.
A partir de entonces, se
fueron sumando una tras otra, en una larga lista, nuevas acciones y medidas de
hostilidad y agresión, tratando de tapar cualquier orificio o grieta que se
detectara en el cerco o muro de sanciones creadas para bloquear a Cuba.
Según cifras
actualizadas en el 2004 por la Oficina Nacional de Estadísticas de la República
de Cuba, el 69% de la población residente en el país nació después de 1959, por
lo que aproximadamente siete de cada diez cubanos han nacido y vivido bajo el
régimen de sanciones unilaterales del bloqueo norteamericano.
La evaluación económica
de los daños directos sufridos por el pueblo cubano por la aplicación del
bloqueo, efectuada por el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, con
la participación de especialistas de diversos ministerios, empresas y otras
instituciones cubanas, revela que éstos superan la cifra de 79 325.2 millones
de dólares.
Debe destacarse que en
dicho cálculo solo se contemplan los daños directos ocasionados a nuestra
economía, no así la mayor parte de los perjuicios económicos indirectos que se
derivan de estas afectaciones.[1]
Si el país hubiera podido disponer de esos recursos, los mismos habrían tenido
un efecto multiplicador en la elevación del nivel de vida de su población.
No se
incluye, por ejemplo, el valor de los productos dejados de producir por las
restricciones, o las onerosas condiciones que se le imponen a Cuba para la
obtención de créditos de inversiones, comercio, bancarios e internacionales. De
haber podido acceder en los niveles y condiciones promedio al financiamiento
otorgado a otros países de similar nivel de desarrollo económico en la región,
la economía del país mostraría un grado muy superior de desarrollo.[2]
Resulta
inconcebible que en una coyuntura en que la comunidad internacional aúna
esfuerzos de cooperación para alcanzar esenciales e impostergables metas de
desarrollo para todos, el país más poderoso económica y militarmente del mundo,
por mezquinos intereses de política interna y de dominación mundial, insista en
escamotear los escasos recursos que podrían hacer más pleno el bienestar y
rápido el progreso de un pueblo, que ha demostrado de modo fehaciente, su
voluntad de compartir, sin condicionamientos, sus modestos logros y
realizaciones con cualquier otro pueblo del planeta.
Cuba
no representa una amenaza o peligro alguno para los Estados Unidos. El mundo y
amplios sectores de la sociedad norteamericana, lo conocen perfectamente.
Tampoco son muchos los que siguen engañados por el falso y fariseo pretexto de
acudir a la supuesta defensa de los derechos humanos para justificar la
hostilidad feroz contra el pueblo cubano.
¿Cómo
podría pretender arrogarse el título de defensor de los derechos humanos del
pueblo cubano, el gobierno que es responsable de las más atroces y premeditadas
agresiones contra las políticas y programas dirigidos a promover el desarrollo
económico y social, el bienestar, la seguridad y el derecho a la vida de los
cubanos y cubanas?
¿Cómo
podría adelantar la “democracia” en cualquier parte del mundo, el gobierno que
fabrica mentiras como pretexto a sus “guerras preventivas”, que en realidad son
guerras imperialistas para el control de recursos y de zonas geográficas de
elevada importancia estratégica?
¿A
quién podría convencer de su apego al “estado de derecho”, el gobierno que
pisotea las normas básicas del derecho internacional y desprecia los acuerdos
alcanzados en espacios multilaterales tan importantes y universales como la
Asamblea General de las Naciones Unidas y la Organización Mundial del Comercio,
el mismo que reclama su inmunidad frente a las disposiciones de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, para
asegurarse la impunidad por las brutales y humillantes prácticas instruidas por
sus autoridades para el tratamiento a prisioneros en Irak o a los que
permanecen detenidos arbitrariamente en los campos de concentración
establecidos en el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval
estadounidense en la bahía cubana de Guantánamo?
¿Cómo
podría “asistir” al progreso y bienestar del pueblo cubano un gobierno que ha
agravado las desigualdades e injusticias al interior de la sociedad
norteamericana, que ha apoyado el desmantelamiento de los programas de acción
afirmativa a favor de minorías desfavorecidas y relegadas -como sus ciudadanos
de origen latino y los afroamericanos- y que con sus políticas sociales y
fiscales a favor de los ricos, ha incrementado el número de norteamericanos sin
seguro médico a un ritmo de un nuevo millón cada año?
Resultaría
imposible para la Administración de Bush sostener su política de hostilidad,
bloqueo y agresiones contra Cuba en una supuesta necesidad de promover y proteger
los derechos humanos en la Isla. El gobierno que más ha contribuido, en menos
tiempo, al descalabro y descrédito del sistema internacional de promoción y
protección de los derechos humanos no tiene ni credibilidad, ni moral, ni
derecho para ello.
El
pueblo de Cuba rechaza el modelo de organización política y social que intenta
restablecer en la Isla el gobierno de Estados Unidos para recuperar sus
mecanismos de injerencia y dominación, así como las recetas neoliberales que
pretende imponer a la reorganización y conducción de su economía. Los cubanos y
cubanas consideran que el esquema que le proponen los círculos de poder de la
superpotencia no resuelve los problemas, necesidades e intereses históricos de
la nación cubana, ni responde a sus aspiraciones de seguir construyendo una
sociedad más justa, democrática y equitativa.
Conforme a lo dispuesto
en el inciso (c) del artículo II de la Convención de Ginebra para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio, del 9 de diciembre de 1948, el bloqueo
impuesto por el gobierno norteamericano contra Cuba califica como un acto de
genocidio y, por consiguiente, constituye un delito de Derecho Internacional.
La condena a cualquier
acto de genocidio y la necesidad de ponerle fin, no permiten posturas ambigüas.
El pueblo cubano no puede comulgar con intento alguno de mediatizar el nivel de
rechazo al bloqueo brutal al que es sometido.
Cuba confía en que una abrumadora mayoría de
gobiernos de todo el mundo, como lo hacen los pueblos y las personas dignas y
honestas de las más diversas latitudes, siga reconociendo la importancia vital
de oponerse a la continuidad de una ilegal política de hostilidad y agresiones
unilaterales, que socava los cimientos mismos del multilateralismo.
Aunque el pueblo cubano conoce perfectamente que
su principal garantía de existencia y desarrollo como nación soberana e
independiente, radica en su determinación de unidad, resistencia y victoria
frente a cualquier amenaza o agresión, agradece sinceramente el apoyo y
solidaridad de la comunidad internacional. Tal respaldo, además de servir de
claro estímulo ético, moral y de derecho, demuestra que la batalla que hoy
libra tiene una trascendencia universal y sirve al objetivo común de alcanzar
un mundo mejor que, además de posible, resulta imprescindible para la
supervivencia de la humanidad.
Este informe dedica un amplio capítulo a las
nuevas medidas anunciadas el 6 de mayo y a las regulaciones de su
implementación, dadas a conocer el pasado 16 de junio, por la trascendencia que
estas poseen para el recrudecimiento del bloqueo. Asimismo, agrupa en otros
seis capítulos, un conjunto de ejemplos que prueban de manera irrefutable que
el bloqueo es un engendro vivo que afecta dolorosamente la cotidianidad del
pueblo cubano.
1.- NUEVAS MEDIDAS
CONTRA EL PUEBLO Y LA ECONOMÍA DE CUBA.
Como si no fueran suficientes las pruebas
presentadas por el gobierno estadounidense de su menosprecio por el presente y
futuro del pueblo cubano, de su irrespeto a la voluntad de la comunidad
internacional y de su burla al legítimo interés del pueblo norteamericano de
establecer una relación normal y razonable con Cuba, el 6 de mayo del 2004 se
anunciaron nuevas medidas, en la presentación que el Presidente George W. Bush
hiciera del Informe de la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”. Este
informe es un plan del gobierno de los
Estados Unidos, dirigido a privar a Cuba de su independencia y soberanía
mediante la intensificación de la agresión económica y política con el propósito
de lograr la desestabilización interna, propiciar la intervención directa para
destruir la Revolución y perpetuar la dominación de los Estados Unidos sobre el
pueblo de Cuba.
El Informe contiene nuevas medidas descarnadamente
injerencistas y humillantes para el pueblo de Cuba que recrudecen de manera notable el bloqueo económico contra
el país y las violaciones de los derechos humanos de sus habitantes, de los
cubanos residentes en los Estados Unidos y de los propios ciudadanos
estadounidenses.
Con
ellas se incrementan las injustas y discriminatorias restricciones impuestas a
los cubanos residentes en los Estados Unidos, el único grupo nacional respecto
al cual el gobierno de ese país, en abierta violación de su Constitución, se
arroga la facultad de determinar sobre las relaciones que puedan mantener con
sus familiares y con su país de origen.
En
seis capítulos y más de 450 páginas dicho Informe, además de recrudecer el
curso agresivo de la política contra
Cuba, expandir el bloqueo y pretender aplicar el “cambio de régimen” viola groseramente
la soberanía cubana al definir como deben ser sus estructuras estatal y
económica, su sistema político, su organización social y su ordenamiento
jurídico. Este no podría contener más mentiras, rencor, frustraciones e
injerencia en los asuntos internos de Cuba.
Más restricciones a
los viajes a Cuba
Entre
las nuevas medidas anticubanas anunciadas el pasado 6 de mayo y cuya
implementación la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos dio a conocer el 16 de junio, se incluyen
varias acciones y disposiciones encaminadas a fortalecer aún más las ya
draconianas restricciones de los viajes a Cuba de los ciudadanos
norteamericanos y de los cubanos
residentes en territorio estadounidense, acrecentando las limitaciones a las
relaciones familiares y a erosionar, aún más, importantes fuentes de ingreso
para la Isla, en particular, aquellas vinculadas con su principal industria: la
turística.
La
Administración de Bush decidió:
- Continuar restringiendo el otorgamiento de
licencias para viajes educacionales y de intercambio académico a
ciudadanos e instituciones norteamericanas, limitándolos a nivel
universitario, a más de diez semanas de estancia, y haciéndolas depender
únicamente de que los proyectos académicos “apoyen directamente los
objetivos de la política estadounidense” hacia Cuba, en otras palabras, el
derrocamiento de la Revolución Cubana.
·
Eliminar la
posibilidad de que los ciudadanos norteamericanos viajen como “invitados con los gastos pagados” (fully
hosted).
- Reducir las visitas a la Isla de cubanos
residentes en Estados Unidos de un viaje anual, a uno cada tres años. Se
estableció, adicionalmente, la necesidad de un permiso específico para
cada viaje, en lugar de la licencia general que funcionó hasta la
aplicación de las nuevas restricciones. Ello constituye un ataque directo
a la reunificación y relaciones de las familias cubanas.
- Establecer que
los cubanos recién llegados a Estados Unidos, sólo podrán viajar a
Cuba luego de tres años de haber emigrado.
- No se permitirían viajes excepcionales aunque
haya situaciones apremiantes.
- Limitar la estancia de cubanos residentes en
Estados Unidos en sus visitas a Cuba a 14 días.
- Limitar el número de cubanos residentes en
Estados Unidos con derecho a visitar Cuba, a partir de una reducción
arbitraria de las categorías de familiares que son aceptados legalmente
como miembros de una familia cubana. El gobierno norteamericano decretó
que los familiares que podrán ser visitados en Cuba se restringirán a: “abuelos,
nietos, padres, hermanos, esposos e hijos”. Es decir, en lo adelante, un
primo, una tía u otro familiar cercano, no serán considerados elegibles
para ser visitados, independientemente del nivel de cercanía afectiva y
emocional que tengan con los cubanos que residen en Estados Unidos.
- Disminuir la cantidad de dinero que podrán
gastar los cubanos residentes en Estados Unidos durante sus visitas a
Cuba, de 164 a 50 dólares diarios. Sólo se autorizará el monto de 50
dólares para gastos de transportación interna en el país durante los 14
días de estancia.
- Eliminar la licencia que autorizaba a importar a Estados Unidos un máximo
de 100 dólares en mercancías cubanas, sólo para uso o consumo personal.
Quedó entonces terminantemente prohibido a los viajeros procedentes de
Cuba, ingresar a su regreso a Estados Unidos cualquier artículo adquirido
en Cuba, independientemente de que el mismo haya sido comprado o recibido
como regalo.
- Limitar a 44 libras (19,8 kg.) el peso del
equipaje permitido a un viajero autorizado a visitar Cuba, salvo que la
OFAC le autorice expresamente a llevar un peso mayor.
- Eliminar las licencias generales otorgadas para la participación
en competencias amateur y semiprofesionales organizadas en Cuba, con el
auspicio de una federación internacional deportiva. En lo adelante, la
OFAC autorizará tales actividades sólo bajo una licencia específica y
después de darles consideración caso a caso. También quedó eliminada la
posibilidad de participar en talleres y clínicas especializadas, ya sean
relacionadas con los deportes u otras actividades.
- Apoyar las acciones en terceros países emisores
de turismo a Cuba, para desestimular las visitas de sus nacionales a la
Isla.
Con
las nuevas restricciones y prohibiciones de viajes a los ciudadanos norteamericanos
y a los cubanos residentes en los Estados Unidos y a contrapelo de la voluntad
mayoritaria del Congreso expresada en votaciones durante los últimos cuatro
años, el gobierno norteamericano socava,
una vez más, derechos humanos básicos consagrados en la Carta Internacional de Derechos Humanos, tanto en la propia Declaración Universal de Derechos Humanos,
como en ambos Pactos Internacionales. Es
flagrante la violación del Artículo 12 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en lo que respecta a la
libertad de viajar a la que son acreedoras las personas que tienen legalizada
su situación en cualquier Estado, principio que fuera reafirmado por la
Asamblea General mediante su Resolución 57/227, titulada “Respeto del derecho a
la libertad universal de viajar e importancia vital de la reunificación de las
familias”.
Por
dicha resolución, el más representativo órgano principal de las Naciones Unidas
exhortó a todos los Estados a garantizar “la libertad universalmente reconocida
de viajar a todos los ciudadanos de otros países que residan legalmente en su
territorio”, y reafirmó que “todos los gobiernos, y en particular los de los
países de acogida, deben reconocer la importancia vital de la reunificación de
las familias y promover su incorporación en la legislación nacional, a fin de
que se proteja la unidad de las familias de los inmigrantes documentados”. [3]
Ningún
pueblo, como el cubano, ha sido sometido a tanta discriminación y manipulación
política de sus relaciones migratorias por sucesivos gobiernos de Estados
Unidos. En virtud de la criminal Ley de Ajuste Cubano y otras disposiciones
gubernamentales, las autoridades norteamericanas someten los vínculos
migratorios bilaterales a sus intereses de desestabilización y descrédito de la
Revolución Cubana. Al cubano que logre arribar ilegalmente al territorio
norteamericano -independientemente de que la Sección de Intereses de Estados
Unidos en La Habana le hubiese negado la visa para emigrar, o que hubiese
cometido en el contexto de su travesía irregular hacia Estados Unidos algún
delito contra las personas o los bienes- se le acogerá y reconocerá
automáticamente su residencia legal en ese país.
Las
recientes medidas adoptadas por la Administración de Bush, que agravan el
tratamiento discriminatorio a la comunidad de emigrados cubanos, demuestran que
el tan proclamado tratamiento preferencial que reciben los cubanos que emigran
ilegalmente a ese país, así como aquellos que se benefician del número limitado
de cuotas disponibles para la emigración legal y ordenada, no tiene una
motivación humanitaria, sino de manipulación política.
Además
de contrarias al ejercicio pleno de los derechos humanos, las restricciones y
prohibiciones a los viajes que la administración norteamericana refuerza con estas
medidas, son ilegales en el contexto de las propias leyes estadounidenses. La
cuestión de los viajes a Cuba, no se circunscribe al ámbito de jurisdicción
administrativa que un presidente estadounidense pueda variar a su albedrío.
Este tema quedó sujeto a ley en ese país desde el año 2000.
La
Administración de Bush ha hecho mucho más férrea la aplicación del bloqueo a
Cuba. Incluso, a finales del pasado año Senadores y Representantes
norteamericanos denunciaron públicamente que la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC) empleaba cinco veces más agentes para perseguir e investigar
las violaciones a las leyes del bloqueo contra Cuba, que los que dedicaba a
rastrear las finanzas de Al-Qaeda.
Entre
1990 y el 2003, la OFAC inició solamente 93 investigaciones relacionadas con el
terrorismo internacional, mientras desató 10 683 pesquisas para impedir que los
norteamericanos ejerzan su derecho de viajar a Cuba. Luego de las 93
investigaciones sobre el terrorismo, la OFAC multó con un total de 9 425 dólares
a los inculpados. En cambio, penalizó con un total de 8 millones de dólares a
los ciudadanos norteamericanos que habían visitado la isla sin las licencias
del Departamento del Tesoro.
En un
informe de fecha 9 de febrero de 2004, que puede ser consultado en su página
web, la OFAC se felicitaba porque su División de Penalidades Civiles tenía en
ese momento una lista de 200 acciones relacionadas con violaciones del bloqueo
a Cuba y por el hecho de que la mayoría de ellas habían resultado en sanciones
monetarias. Además, anunciaba que entre el 10 de octubre y el 30 de noviembre
de 2003, habían notificado 348 nuevas acciones penales por actividades de esta
naturaleza.
Resulta común encontrar en la prensa
norteamericana reportes y artículos relativos a procesos legales a los que han
sido sometidos ciudadanos norteamericanos por visitar Cuba. En abril del 2004,
por ejemplo, dos jubilados del Estado de Vermont, Wally y Barbara Smith, se
vieron obligados a pagar una multa por valor de 55 mil dólares. La OFAC los
acusó de haber viajado a Cuba en cuatro ocasiones, gastar dinero en la Isla, y
haber escrito un libro titulado “Bicycling in Cuba”, publicado en el 2002.
La
paranoia de persecución a sus propios ciudadanos no conoce límites. A inicios
de febrero del 2004, a Fred Burks y a su novia, la OFAC les notificó que debían
pagar una multa de 7,590 dólares, por haber visitado la Isla en diciembre de
1999. Fred Burks, quien ha trabajado como intérprete de los presidentes William
Clinton y George W. Bush, rehusó pagar dicha multa, y ahora está pendiente de
una nueva sanción, probablemente más grave.
Ya en
marzo del 2003, la OFAC había anunciado que no renovaría las licencias para los
viajes de intercambios educacionales, o sea, los llamados intercambios “pueblo
a pueblo”. Como consecuencia evidente de la aplicación de esa restricción,
desde enero del año en curso hasta el mes de junio, viajó a Cuba un 26 % menos
de ciudadanos norteamericanos, en comparación con los que viajaron en el 2003
durante el mismo período. En el mes de julio, después de las nuevas medidas
aprobadas por el Presidente George W. Bush, la reducción respecto a julio del
2003 fue del 52,4 %.
Es bien conocido que desde hace
aproximadamente cinco años, el turismo se convirtió en la principal fuente de
ingresos de la economía cubana, que el desarrollo de este sector ha dinamizado
al resto de las actividades económicas del país, y que una parte considerable
de la población cubana complementa su sustento y recibe servicios sociales
financiados, de modo directo o indirecto, con el desenvolvimiento de esta
industria. También es de dominio público que la actividad turística en el
último decenio ha experimentado un crecimiento promedio anual del 10 por
ciento, a pesar de los perniciosos efectos del bloqueo y de la crisis económica
mundial[4]. No
es casual el hecho de que las nuevas medidas intenten sabotear y crear
obstáculos adicionales a este vital sector de la economía cubana.
Estudios
preliminares realizados por el Ministerio de Turismo de Cuba acerca del impacto
previsible de las restricciones anunciadas el 6 de mayo, indican que el número
de viajeros norteamericanos al país se reduciría considerablemente. Según
cálculos de ese Ministerio, la contracción de los ingresos por tal motivo se
ubicaría entre los 27 y los 38 millones de dólares. [5]
En el
caso de los viajeros de origen cubano, a los que las nuevas medidas no sólo
limitan la cantidad de veces que pueden visitar su país (de una vez al año a
una cada tres años), sino también el monto de sus gastos en Cuba, el estudio
del Ministerio de Turismo estimó que al término del 2004, las afectaciones que
tendría el país ascenderían a 66 millones de dólares.
En resumen, a causa de las
abusivas medidas descritas, a partir del 30 de junio de 2004, la economía
cubana dejará de ingresar entre 93 y 104 millones de dólares en la esfera del
turismo, sin contar los daños que ocasionarán las acciones que en terceros
países alientan las autoridades norteamericanas para desestimular el turismo
hacia Cuba, perjuicios que por el momento no han podido ser cuantificados.
Más restricciones a las remesas familiares
Existe
un amplio consenso internacional sobre la importancia que para el desarrollo,
en particular de los países del Sur, tienen las remesas familiares de sus
emigrados, y acerca de la necesidad de que todos los Estados, tanto los
receptores como los emisores de remesas, extiendan facilidades y aseguren los
procedimientos para la realización de las operaciones de rigor en este tipo de
transferencias internacionales de recursos, entre los miembros de una familia
que viven en distintos países.[6]
Hace
apenas tres años, en un discurso titulado “Las remesas como instrumento de
desarrollo”, el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Enrique Iglesias, afirmó:
“(...)
Las remesas son una expresión del vínculo entre las colectividades de emigrados
y sus comunidades de origen, y son un medio para el desarrollo, ya que las
mismas ofrecen una importante fuente de recursos de capital predecibles, tanto
para los gobiernos como para las familias, por su impacto en el mantenimiento
de los niveles de bienestar de los hogares receptores (...)”
Un estudio de abril del 2004
del BID, titulado “Sending Money Home:
Remittance To Latin America And The Caribbean”, analizaba la importancia
vital que ha adquirido el flujo de remesas provenientes de Estados Unidos para
no pocas economías de la región; y daba a conocer sus estimados por países. La
República Dominicana, por ejemplo, recibió el pasado año 2,217 millones de
dólares, El Salvador 2,316 millones, Guatemala 2,106 millones, y Jamaica 1,425
millones.
Para
obstaculizar por cualquier vía la posibilidad de desarrollo del pueblo cubano,
el gobierno de los Estados Unidos también se arrogó la potestad de agredir con
estas nuevas medidas algo tan natural y sensible como las remesas y los
vínculos familiares.
Las recomendaciones de la
“Comisión de Ayuda a una Cuba Libre” del 6 de mayo, ratificadas por las
disposiciones para su implementación de la OFAC el 16 de junio, restringen
tanto el espectro de emisores de las remesas, como el de destinatarios.
Cualquier ciudadano norteamericano y cubano residente en Estados Unidos, podía
remesar a Cuba. Ahora sólo podrá hacerlo el ciudadano estadounidense y los
cubanos residentes que tengan familiares directos en la Isla, según la
definición arbitraria de familia cubana que ha hecho la Administración de Bush
(abuelos, nietos, padres, hermanos, esposas e hijos).
De lo anterior se deriva que
los ciudadanos norteamericanos quedan privados del derecho a enviar dinero a
cubanos amigos y que los cubanos residentes en Estados Unidos serán los únicos
emigrados que tendrán prohibido enviarle ayuda económica a una tía anciana, a
un primo, a otro familiar cercano o simplemente, a un amigo.
Otra
de las medidas que afectarán el envío de las remesas y que revela el irrespeto
de la Administración de Bush por la dignidad y los derechos políticos del
pueblo cubano, es la que prohíbe a los cubanos residentes en Estados Unidos el
envío de remesas y paquetes a sus familiares, si estos son “funcionarios del
gobierno o miembros del Partido Comunista”. Siguiendo la irracional lógica de
esta restricción, se podría presentar perfectamente el caso de una anciana de
70 años que viva en Cuba, y que tendría que renunciar a sus derechos políticos
para recibir la remesa que le envía un hijo emigrado en los Estados Unidos.
En las reglamentaciones de la
OFAC del 16 de junio se establece que la cantidad de remesas que un viajero
autorizado podrá llevar a Cuba queda reducida de 3 000 dólares a 300 dólares.
Hasta la fecha, cualquier viajero que visitara legalmente Cuba, podía llevar
consigo las remesas de hasta 10 familias cubanas. No eran pocos los emigrados
que utilizaban esa vía.
Es evidente que, aún cuando
supuestamente se mantiene la posibilidad de continuar remesando la misma
cantidad de dinero a través de instituciones bancarias establecidas y que
tengan licencias del Departamento del Tesoro para ello, todas estas nuevas
medidas referidas a restringir el número de emisores y receptores y a controlar
absolutamente las vías de envío, repercutirán directamente en la disminución de
los montos de remesas que finalmente la población cubana recibirá.
La
crueldad que denota la limitación de las remesas familiares contrasta con el
envío de recursos ilimitados, como el propio Informe apunta, a los mercenarios
que actúan a favor de los intereses del gobierno norteamericano dentro de Cuba,
y sus familiares.
Incluyen
también otra medida especialmente oprobiosa, que recuerda las prácticas de
“delaciones” promovidas por las hordas hitlerianas para incrementar la
efectividad de sus redadas de captura y posterior represión a judíos y
comunistas. La Administración de Bush ha decidido pagar “recompensas” a quienes
identifiquen a “violadores” de las nuevas disposiciones y como si fuera poco,
articulará “operaciones encubiertas” de sus agencias federales, para
neutralizar y reprimir cualquier actividad “violatoria” a las restricciones.
Un
número creciente de los cubanos residentes en los Estados Unidos no comparten
la hostilidad del gobierno norteamericano contra Cuba, y querrían sostener
relaciones fluidas y normales con su país de origen y sus familiares, sin estar
limitados por amenazas, delaciones y reprimendas.
Asimismo,
las nuevas medidas de restricción de remesas y paquetes son contrarias al
sentir mayoritario del legislativo norteamericano que ha aprobado en los
últimos años propuestas para su eliminación. El pasado 7 de julio, por ejemplo,
la Cámara de Representantes aprobó, por 221-194 votos, una enmienda en este
sentido presentada por el Representante Jeff Flake (R-AZ) a la Ley de
Asignaciones a los Departamentos de Comercio, Justicia, Estado y la Rama
Judicial para el año fiscal 2005.
Más acoso
extraterritorial
Las
autoridades estadounidenses utilizan como pretexto para sostener sus políticas
unilaterales de coerción económica, que cada país tiene derecho a seleccionar a
sus contrapartes comerciales. Sin embargo, en el caso del bloqueo a Cuba,
resulta evidente que la aplicación de esa política rebasa con creces el simple
rechazo de un socio comercial.
La política de bloqueo contra
Cuba es sumamente agresiva y activa en lo que se refiere al desestímulo y
persecución a las inversiones extranjeras, y a cualquier otro tipo de vínculos
comerciales y financieros que el país desarrolle con el resto del mundo. El
actual gobierno norteamericano aprobó íntegramente las sugerencias del Informe
de la llamada “Comisión de Ayuda a una Cuba Libre”, en lo que se refiere a
profundizar la efectividad y alcance extraterritorial de las medidas dirigidas
a asfixiar la economía cubana.
En el primer capítulo del
Informe dedicado a las medidas para derrocar a la Revolución Cubana, se
recomendó “aplicar firmemente” las sanciones contenidas en el Título IV de la Ley
Helms-Burton, que prohíbe el otorgamiento de visas para entrar a Estados Unidos
a inversionistas extranjeros en Cuba. Incluso, se decidió destinar recursos
adicionales y más personal para hacer cumplir esas disposiciones de la Ley.
Además,
el Informe instó a las autoridades norteamericanas a realizar un estudio
riguroso para evaluar si la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton es
contraria a los intereses norteamericanos, o si su aplicación pudiese acelerar
la caída de la Revolución Cubana. En la práctica evoca la posibilidad de
celebrar juicios en cortes norteamericanas contra empresarios de terceros
países que realicen negocios con Cuba, algo que hasta ahora, y gracias a la
presión internacional, se había venido posponiendo.
Al
respecto, las nuevas medidas prevén, además, una revisión país por país,
probablemente para imponer patrones selectivos de castigo y dividir a la
comunidad internacional en su rechazo a la aplicación de las medidas
extraterritoriales de la Ley Helms-Burton.
Pocos días después del anuncio
de las nuevas medidas anticubanas, el Departamento de Estado volvía a engrasar
sus mecanismos de amenazas y chantajes contra los inversionistas en Cuba.
El 20 de mayo pasado, el
Presidente de la cadena hotelera jamaicana Super Club, recibió una inquietante
notificación del Departamento de Estado norteamericano. En el documento se le
recordaba que uno de sus contratos de administración hotelera con Cuba
contravenía lo dispuesto en la Ley Helms-Burton, y que por esa razón, a él y a
su familia se le podía denegar el visado para viajar a Estados Unidos. Además,
se le aclaraba que de entrar en vigor el título tercero de dicha Ley, podría
ser sensiblemente perjudicado, puesto que en ese título se prevé entablar
procesos judiciales contra aquellos inversionistas u hombres de negocios
extranjeros que “trafiquen” con propiedades “confiscadas” en Cuba después de
1959 a norteamericanos o a cubanos nacionalizados norteamericanos.
En consecuencia, Super Club
decidió anular el contrato de administración, firmado pocos meses atrás con el
Grupo Hotelero cubano Gaviota S.A., para la gestión del Hotel Las Dalias,
ubicado en Playa Pesquero, Provincia de Holguín.
Aunque
las empresas cubanas que operan en el mercado internacional lo hacen con una
clara personalidad jurídica y un registro legal que cumple estrictamente con
los requerimientos establecidos por la legislación de los países donde radican
y desarrollan sus negocios y a pesar de que estos negocios son absolutamente en
todos los casos actividades lícitas y estrictamente respetuosas de las normas y
prácticas establecidas internacionalmente, el Informe de la llamada “Comisión
para la Ayuda a una Cuba Libre” insiste en acosar y entorpecer el
desenvolvimiento de las mismas.
Al
respecto, recomienda “neutralizar a las empresas ficticias que son en realidad
propiedad del Gobierno cubano” y con este fin, propuso crear un Grupo de
Evaluación de Bienes, dedicado a investigar las nuevas maneras en que se
introducen y sacan divisas de Cuba.
Incluso antes de que se anunciaran las nuevas medidas anticubanas la
Administración de Bush había dado pasos para entorpecer las relaciones de
nuestro país con diferentes instituciones bancarias en el mundo y así bloquear
los ingresos que, por concepto de turismo, recaudación de dólares a través de
las ventas en las tiendas en divisas, y otros servicios, Cuba obtiene y
deposita en bancos extranjeros.
Por esa vía el gobierno
norteamericano presiona para que los bancos extranjeros no acepten canjear a
otras monedas los dólares norteamericanos ingresados por Cuba. El procedimiento
de canje y transferencia de divisas resulta imprescindible al Estado cubano,
incluso para llevar a cabo sus importaciones de alimentos y medicinas, tomando
en cuenta que el bloqueo impide a los extranjeros que visitan Cuba el uso de
tarjetas de crédito o cheques de viajeros emitidos por bancos u otras entidades
financieras norteamericanas, que son precisamente las que controlan ese
mercado. Los envíos de remesas y los pagos de los visitantes extranjeros en la
Isla tienen que realizarse empleando efectivo en la mayoría de los casos.
Esos fondos, cuyos orígenes son absolutamente legítimos, se utilizan
directamente, entre otros fines, para la compra de combustibles y otros insumos
imprescindibles al funcionamiento de la economía nacional, para mejorar
progresivamente la alimentación del pueblo y para seguir garantizando y
perfeccionando el acceso universal de los cubanos a servicios básicos de
calidad en las esferas de la educación, la salud y la asistencia y protección
social.
En el Informe de la “Comisión
de Ayuda a una Cuba Libre” se recomienda destinar más de 59 millones de dólares
adicionales al aumento de las campañas internacionales contra Cuba y al
financiamiento de la subversión interna y de sus mercenarios inscritos en la
nómina de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana, a los que se
califica hipócritamente en el documento como “oposición política”.
En
el colmo de la desvergüenza, se pretende estimular el involucramiento cómplice
de la comunidad internacional, en la movilización y canalización de los
recursos para financiar y reclutar nuevos mercenarios que engrosarían la quinta
columna de la política anticubana de Washington. De tal manera, el Informe
procura la “colaboración” de terceros países en la creación de un “fondo
internacional para la protección y el desarrollo de la sociedad civil en Cuba”.
El
Informe establece, además, utilizar el dinero de los contribuyentes
norteamericanos para el financiamiento de programas de becas universitarias, en
colaboración con la Organización de Estados Americanos “para que los hijos de
los disidentes”, interprétese sus mercenarios, “puedan estudiar en
universidades latinoamericanas”.
Igualmente,
a partir de las líneas de acción presentadas en el Informe, el gobierno
norteamericano estimularía el financiamiento de la participación de
organizaciones no gubernamentales (ONG) de terceros países en las campañas de
desestímulo a los viajes turísticos a Cuba, práctica que Reporteros sin
Fronteras ha venido ya desarrollando como pionera, bajo instrucciones y
financiamiento de la CIA y la mafia terrorista de Miami, y en las campañas de
propaganda y mentiras contra Cuba.
Asimismo,
el Informe considera asignar 5 millones de dólares para financiar la
realización de conferencias en terceros países, dedicadas a la promoción de la
“transición” en Cuba. Es decir, se garantiza el dinero para que aquellos que
lucran con el negocio de la contrarrevolución en Cuba, puedan seguir
disfrutando de elevados viáticos, de placeres en hoteles de lujo y viajes por
el mundo en primera clase.
Otra provocadora y muy grave medida es la de asignar 18
millones de dólares a las transmisiones de las mal llamadas TV y Radio Martí, a
través de un avión C-130 (Comando Solo) de las Fuerzas Aéreas de los Estados
Unidos, lo que constituye una irresponsable e ilegal provocación violatoria del
Derecho y de las normas internacionales de la aviación y las
telecomunicaciones. En el transcurso del
mes de agosto de 2004, se puso en marcha esta escalada en la agresión radioelectrónica contra el pueblo cubano.
Enmascarado burdamente como "asistencia a una Cuba
libre”, el Informe aprobado por el
Presidente George W. Bush, detalla minuciosamente las medidas que impondría
Washington si llegara a posesionarse de nuestro país. La sociedad cubana
estaría completamente sometida a Estados Unidos, que dominaría, sin excepción,
todas y cada una de sus actividades. Sería interminable una reseña abarcadora
de tan desmesurado intervencionismo. A continuación se indican algunos aspectos
del plan norteamericano que dan una idea del grado de servidumbre y explotación
al que intentaría someter a los cubanos:
§ Uno de los primeros pasos que debería emprender el llamado “gobierno de transición” sería la
devolución de sus propiedades a los antiguos explotadores, incluyendo las
viviendas y las tierras que ambiciona la mafia batistiana y anexionista.
§ Se privatizarían todas las ramas de la economía, que quedaría
bajo la dirección de un Comité permanente del gobierno de Estados Unidos para
la Reconstrucción Económica que se proponen constituir de inmediato.
§ Se eliminarían los subsidios y los controles de precios a los
bienes y servicios que recibe la población.
§ Se desmantelaría el régimen de seguridad y asistencia social
y no se respetaría el pago de pensiones y jubilaciones.
§ Se restablecería la privatización en los servicios de salud y
de educación.
Con la deliberada intención de
desacreditar los incuestionables e internacionalmente reconocidos logros del
pueblo cubano en materia de educación y salud pública, en el Informe se
establece, como parte de la “transición” la creación de instituciones y
servicios que mejoren la salud, la nutrición, la educación, y los servicios
sociales, a través de la introducción de las prácticas de la “libre empresa”.
Se llega incluso a concebir el estímulo del involucramiento de las agencias,
fondos y programas de las Naciones Unidas en esos planes.
Se obvia que la
comercialización y privatización de estos servicios sociales básicos, a los que
deben tener derecho todos los seres humanos, han actuado en detrimento de la
ampliación de la cobertura de atención de salud y de la realización de la meta
de educación para todos en muchos países del mundo, incluidos los Estados
Unidos, donde 44 millones de personas carecen de seguro y atención médica
garantizada.
Los
sistemas de salud y educación en Cuba, además de haber alcanzado desde hace
muchos años una cobertura total y gratuita de alta calidad están siendo
sometidos a profundos procesos de perfeccionamiento en su concepción e
infraestructura, con el objetivo de seguirlos revolucionando.[7]
En el
Informe se llega al ridículo de proponer que, durante el aludido período de
“transición”, se inmunice “a todos los niños menores de 5 años que estén aún
por vacunarse contra las principales enfermedades infantiles”. Esta formulación
es sencillamente un despropósito, cuando el mundo y las autoridades
norteamericanas en particular, conocen perfectamente que todos los niños en
Cuba son vacunados contra 13 enfermedades antes de cumplir sus dos años de
vida, algo que no pueden asegurar a su propia infancia las autoridades de
Washington [8]
El
colmo de la hipocresía es que a la vez que se aprueba esta medida, se impide a
Cuba la compra de vacunas producidas por empresas norteamericanas.
Recientemente, el Departamento del Tesoro multó a la empresa biotecnológica
norteamericana Chiron Corporation que tuvo que pagar 168 500 dólares, solo por
el hecho de que una de sus subsidiarias europeas vendió a Cuba entre 1999 y el
2002 dos tipos de vacunas para los niños cubanos. Esa ha sido la mayor multa
pagada este año por una empresa basada en los Estados Unidos.
Si la
Administración de Bush estuviera realmente interesada en proteger la salud de
los niños cubanos, le bastaría con levantar los obstáculos que limitan a Cuba
la adquisición de vacunas pediátricas, o de otros medicamentos como los
citostáticos imprescindibles para el tratamiento de varios tipos de cáncer que
padecen niños en la Isla.
Como
digna expresión de la vocación humanista del pueblo cubano, mientras las
fuerzas imperialistas que controlan el gobierno en Washington llevan bombas y
muerte, sufrimientos y tortura a varios pueblos del mundo, más de 20 mil
médicos y otros especialistas y personal de la salud cubana, salvan cada día
cientos de vidas de personas, incluidos muchos niños, en 64 países del mundo.
El pasado 21 de junio, en
respuesta a las medidas anticubanas que ha comenzado a implementar el gobierno
de los Estados Unidos, el presidente Fidel Castro ofreció públicamente al
gobierno norteamericano la posibilidad de atender en la Isla a 3000 ciudadanos
estadounidenses pobres, la misma cantidad de personas que murieron en los
atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, en septiembre de 2001.
Ese ofrecimiento, inspirado en
la ética solidaria que caracteriza al pueblo cubano, prevé asistencia médica
gratuita para salvar en cinco años la vida de esos norteamericanos.
Cuba
ha logrado significativos avances en función del bienestar de su pueblo, en
condiciones de escasos recursos, con una muy limitada ayuda externa para el
desarrollo, la ausencia de créditos blandos, y en franca batalla por resistir
frente al brutal bloqueo económico, financiero y comercial que por más de 40
años los gobiernos de los Estados Unidos le han impuesto.
En el
Informe anticubano endosado por el Presidente George W. Bush el pasado 6 de
mayo, se llega al clímax del injerencismo imperial, cuando las autoridades
norteamericanas se autoproponen para contribuir a la creación de nuevas
instituciones políticas y a la redacción de leyes, reglamentos y hasta de una
nueva Constitución de la República una vez que logren destruir a la Revolución
Cubana. Lógicamente, todo está preparado a la medida de la voracidad del
capital norteamericano.
Los
cubanos recuerdan muy bien, y con mucha indignación, como tras la primera
intervención militar norteamericana a la Isla (1898-1902), el gobierno
estadounidense impuso un indigno tutelaje al nacimiento de su primera Constitución.
A aquella Carta Magna se le impuso como apéndice la humillante Enmienda Platt
que, entre otras aberraciones, otorgaba a Estados Unidos plenos derechos a
intervenir en Cuba cuando percibiera peligro para sus intereses. La propia
Enmienda estableció el fundamento “jurídico” para el establecimiento de la Base
Naval estadounidense, que ocupa ilegalmente parte del territorio de la
provincia cubana de Guantánamo, en la que se han establecido verdaderos campos
de concentración donde se cometen las peores
atrocidades contra los derechos humanos[9].
El
pueblo cubano tampoco olvida el tipo de “beneficio mutuo” que ha promovido
históricamente Estados Unidos en sus relaciones comerciales con la Isla. En
1903, le impuso a Cuba un Tratado de Reciprocidad Comercial, bajo la amenaza de
intervenir militarmente si este no era aceptado. Estaría de más decirlo, pero
de “recíproco” sólo llevaba el nombre. Incluso, aún bajo la impronta de la
política del Buen Vecino de los años 30 del pasado siglo, el Tratado de Reciprocidad
Comercial de 1934, garantizó a Estados Unidos ventajas que superaban en varias
veces las que obtuvo Cuba, y selló la condena a muerte de los tímidos intentos
de industrialización del país que habían tenido lugar años antes.
Si
bien no debe subestimarse la influencia que pudo haber tenido la coyuntura de
un año de elecciones presidenciales en los Estados Unidos con respecto a la
aprobación y presentación del Informe de la “Comisión de Ayuda a una Cuba
Libre”, es importante destacar que las nuevas medidas que el mismo contiene,
trascienden motivaciones electorales y se insertan coherentemente en la lógica
de escalamiento de la hostilidad y agresiones que ha caracterizado la política
hacia Cuba de la Administración del Presidente George W. Bush.
Para
el pueblo cubano, la realidad es que el bloqueo se ha arreciado, y con este,
las dificultades cotidianas aumentan, se profundizan los obstáculos y el
sabotaje a sus planes de desarrollo económico-social, y se amenaza gravemente
su derecho a la libre determinación. Se juega con el destino de un pueblo a
cambio de unos pocos votos en la Florida.
Por
el contrario, las brutales medidas anticubanas del Presidente George W. Bush
pueden convertirse en un boomerang
para sus aspiraciones reeleccionistas. Crece cada día el número de ciudadanos
norteamericanos de origen cubano y el número de otros ciudadanos de ese país,
que se convencen de la necesidad de detener la demente y agresiva política
anticubana del equipo fascista que acompaña a la actual administración republicana,
y que podrían expresar en las urnas ese descontento.
El Informe presentado y las
medidas aprobadas constituyen un impúdico programa dirigido al derrocamiento
del proceso revolucionario y a la recolonización de Cuba, en franco desprecio a
los principios consagrados por el Derecho Internacional y la Carta de las
Naciones Unidas.
La política de bloqueo impuesta
por los Estados Unidos de América contra Cuba tuvo, desde los primeros momentos
de su instrumentación, un marcado carácter extraterritorial. La violación de
los principios vigentes del Derecho Internacional y, en particular, del derecho
soberano de las naciones de llevar a cabo sin interferencias externas sus
relaciones económicas, comerciales y financieras ha sido una constante durante
los 45 años de esta genocida política.
La inmoralidad y falacia del mensaje de sucesivos
gobiernos norteamericanos cuando califica al bloqueo como una cuestión
bilateral entre ambos países, queda al descubierto al analizar los contenidos
de las leyes Torricelli y Helms-Burton, así como las disposiciones que las
antecedieron, cuyas aplicaciones siempre implicaron transgresiones a la
soberanía de otras naciones[10].
Bastaría solo mencionar que en fecha tan temprana
como el 30 de agosto de 1961, en un memorandum dirigido al presidente Kennedy
por su asesor para los asuntos de Cuba, Richard Goodwin, se expresaba: “Debemos
intensificar nuestra vigilancia del comercio cubano con otros países y
especialmente subsidiarias norteamericanas en terceros países; para emplear
métodos informales que se ocupen de la desviación de este comercio, privando a
Cuba de mercados y fuentes de abastecimientos”[11].
Tanto entonces como ahora, el
gobierno de los Estados Unidos ha aplicado de modo extraterritorial su
legislación y ha desatado una persecución feroz contra cualquier empresa o
institución comercial y bancaria, que establezca, o simplemente se proponga
establecer, relaciones económicas, comerciales o financieras con Cuba.
Las afectaciones de estas medidas se han hecho
sentir en todas las esferas de la vida económica del país. Existen suficientes
ejemplos que así lo demuestran. Se exponen a continuación algunos de los más
recientes:
-La importación de una vacuna
cuádruple para la inmunización animal suministrada a Cuba por la firma Intervet
de Holanda, se suspendió, debido a que
el gobierno norteamericano informó a dicha empresa del riesgo que corría por
venderle a Cuba. La vacuna contiene un 10% o más de un antígeno producido en
los Estados Unidos. A los ejecutivos de Intervet-Holanda se les notificó que de
continuar con las ventas podrían ser multados con una cuantiosa suma o, lo que es peor, se le podría cerrar su
sucursal en territorio estadounidense.
- En el 2002[12] se
denunció cómo la firma XEROX, filial de Zürich, se había negado a renovar el
contrato de leasing de una
fotocopiadora para la Embajada de Cuba en Suiza. Tan ridículo ejemplo de las
regulaciones extraterritoriales del bloqueo se repitió en octubre del 2003, pero
esta vez en Asunción, Paraguay. Luego de haber precisado todos los detalles
para la compra de una fotocopiadora XEROX, la representación de esta empresa
indicó a la Embajada de Cuba en dicha capital que no podían venderla por las
prohibiciones del bloqueo.
Ante esta negativa, la Embajada
cubana se dirigió a la representación de la empresa RICOH para realizar la
compra. Nuevamente, se frustró esta operación pues la empresa denegó la venta
del equipo alegando las restricciones impuestas por el bloqueo.
-
Si el ejemplo anterior pudiese resultar ridículo, lo sucedido el 10 de mayo del
2004 en Irlanda no tiene calificativo. En esa fecha, la empresa Hitachi
Printing Solutions Europe denegó la venta de un simple cartucho de impresora a
la Embajada cubana en ese país
argumentando que era una subsidiaria de una compañía de los Estados
Unidos, lo cual le impedía vender a Cuba este artículo.
-
La compañía canadiense Brentag Canada Inc. anunció que a partir del 27 de enero
del 2004 no podría continuar suministrando productos químicos con destino a
Cuba, por haber sido comprada por la
compañía estadounidense Bain Capital U.S.A. la cual alegó que, conforme a lo
legislado en la Ley Helms Burton, todas las ventas de productos Brentag
embarcados a Cuba debían cesar. Entre los productos químicos afectados por esta
causa se encuentra el Abapet, demulsificante utilizado por la Empresa Cuba
Petróleo (CUPET) para aligerar el petróleo extraído de yacimientos en el país
que, como se conoce, tiene una alta carga de azufre. Cabe señalar que CUPET
adquiría anualmente un aproximado de 270 toneladas métricas de este producto.
- La compañía estadounidense Harbison Walker Refractories
al adquirir la compañía Refractarios Mexicanos,
firma mexicana que suministraba al país los ladrillos refractarios utilizados
en los hornos de cemento, prohibió que se ofertara cualquier tipo de refractario a las empresas
cubanas del sector, lo que implicó la búsqueda de estos materiales en otros
mercados, con la consiguiente pérdida financiera.
-Durante los años 2003 y 2004,
el sistema bancario nacional ha continuado haciendo esfuerzos, hasta ahora
baldíos, con el fin de adquirir las piezas de repuesto necesarias para reparar
90 cajeros automáticos que en 1997 se compraron a la empresa francesa BULL.
Como parte del programa de modernización de la
banca cubana, hace 7 años se contrató
con esa firma la adquisición de más de 400 cajeros automáticos, que
facilitarían a la población la extracción de efectivo por concepto de pago de
salarios, jubilaciones, y otros servicios. Sin embargo sólo pudieron comprarse
90 equipos, por un valor aproximado de 9 millones de francos franceses, pues en
el 2000 la BULL vendió a la empresa
estadounidense Diebold la instalación donde fabricaban los cajeros automáticos,
la cual exigió que no se vendiera más a Cuba.
-
El Centro de Investigaciones del Ozono, adscrito al Centro Nacional de
Investigaciones Científicas, necesitaba adquirir un lector de microplacas
fabricado por la firma norteamericana MOLECULAR DEVICES con un precio de 27 mil
dólares. Atendiendo a que el equipo no se podía contratar directamente con
dicha firma, se decidió hacerlo, pese a un incremento de los precios de un 25%,
a través de la inglesa RANDOX. La transacción no se pudo materializar pues el
representante de dicha entidad en Cuba, indicó que le estaba prohibido servir
de intermediario debido al bloqueo, ya que el Gobierno de Estados Unidos le
obligaba a declarar el destino de la mercancía.
-
Tal y como se ha señalado también en este Informe, el 9 de febrero del 2004 el
Secretario del Tesoro norteamericano anunció desde Miami, que la OFAC “ha
identificado y bloqueado 10 entidades que se ha determinado son propiedad o
están controladas por el Gobierno de Cuba o por nacionales cubanos. Ello
incluye entidades organizadas y localizadas en Argentina, Bahamas, Canadá,
Chile, Holanda y el Reino Unido”. La razón para este bloqueo se debe a que,
según la OFAC, estas entidades han violado las sanciones del bloqueo al usar la Internet para hacer publicidad y vender, al público
estadounidense, viajes turísticos a Cuba.
Un
ejemplo de ello es que el gobierno estadounidense congeló los bienes de la
sociedad Hola Sun Holidays Limited, con sede en Canadá, por haber
"promovido viajes ilegales a Cuba de ciudadanos estadounidenses". Esta
decisión "congela todos los bienes" de la sociedad, en manos de
personas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos, a la vez que prohíbe a
toda persona sujeta a dicha jurisdicción, iniciar cualquier transacción con esa
entidad sin previa autorización de la OFAC.
El
argumento utilizado fue que agentes de los Estados Unidos interceptaron a
viajeros sin autorización, quienes habían comprado su pasaje en dicha agencia.
Otra
implicación directa de estas medidas fue la sufrida por la compañía cubana
Universo, que recibió una llamada telefónica de la empresa sueca NETGIRO,
encargada de verificar y ejecutar las operaciones de comercio electrónico de
Cubanacán, comunicando que debido a la reciente inclusión de esta entidad en la
"Lista Negra" del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos,
cerraba unilateralmente los contratos con Cubanacán y retenía los fondos para
cubrir eventuales reclamaciones de terceros.
-
Como evidencia del efecto extraterritorial del bloqueo, la empresa ACINOX S.A.
perdió varios clientes destinatarios de sus exportaciones de acero al carbono,
debido a las limitaciones establecidas para negociar con empresas cubanas. Algo
similar ha ocurrido con clientes de aceros inoxidables cubanos, debido a la
prohibición de la importación a los Estados Unidos de cualquier mercancía que
contenga total o parcialmente un componente que haya sido elaborado con níquel
cubano.
-
La empresa BRAKE BROS., integrada además por CARIGEL y C.E.S., cliente fija
para las producciones cubanas de langosta entera precocinada y langosta de
cola, fue comprada por un banco de inversión norteamericano. Por este motivo
recibió instrucciones de quitar de sus referencias los productos de origen
cubano. Esta situación trajo aparejada la pérdida de medio millón de dólares a
la economía del país.
-
El 11 de marzo del 2004, el Cónsul General de los Estados Unidos en Bermudas,
Denis Coleman, en una entrevista concedida a la cadena VSB TV, acusó al
Gobierno bermudense de promover las relaciones económicas con Cuba e indicó que
esto podría ir en detrimento de las relaciones con su país. La amenaza
norteamericana provino del establecimiento de vuelos charter regulares entre
Cuba y Bermudas, y el supuesto de que estos permitirían a los ciudadanos
estadounidenses violar las regulaciones del bloqueo. En este caso, se amenaza
directa y abiertamente a un gobierno extranjero por establecer relaciones
comerciales con otro, tan sólo por la presunción de que los tratos alcanzados
entre dos empresas puedan favorecer un aumento de los viajes de ciudadanos
estadounidenses a Cuba.
- A comienzos de 2004, la empresa cubana ELEKA,
productora de conductores eléctricos, experimentó una abrupta caída en los
suministros de Polietileno de Alta Densidad (PE), material que es utilizado en
el aislamiento de los cables telefónicos. La situación ponía en riesgo el
cumplimiento de un importante contrato con la Empresa de Telecomunicaciones de
Cuba (ETECSA). ELEKA, a través de Internet, localizó algunas calidades de PE
EQUISTAR y PE DOW que su Comité de Expertos consideró ajustadas a las
necesidades de producción, y estableció contacto con ejecutivos de la compañía
AESE (Asesoría Especializada en Sistemas de Extrusión) que, además de ser
proveedores de la empresa, son buenos conocedores en el tema. Dichos ejecutivos
comenzaron a trabajar con sus contactos, primero con EQUISTAR de EE.UU. y
después con CTS en Canadá.
En
el caso de EQUISTAR, a pesar de que el intercambio inicial de información con
el intermediario marchaba bien, sus directivos, después de revisar la operación
dijeron no estar interesados en suministrar esa materia prima. De manera aun
más incomprensible, la compañía canadiense CTS, también declinó ofertar el
Polietileno de Alta Densidad, y sugirió que la operación se hiciese con
EQUISTAR. Es evidente que dichas compañías, al sospechar que el destino final
de su venta podría ser Cuba, decidieron no avanzar en el negocio.
-
Como se enunció antes en este Informe, a principios de mayo de 2004 la Reserva
Federal de los Estados Unidos multó con 100 millones de dólares a la mayor
entidad financiera de Suiza, el UBS AG, por violar las sanciones
estadounidenses contra Cuba, Libia, Irán y Yugoslavia. El banco suizo fue
acusado de enviar dólares a estos países mientras operaba un centro de negocios
en su casa matriz de Zürich, bajo contrato de la Reserva Federal.
Sin
embargo, ¿qué escondía en realidad esta sanción contra este banco suizo?
Utilizando el método más perverso, artero e hipócrita que se podría imaginar,
el Gobierno norteamericano trata de impedir que Cuba pueda depositar en bancos
extranjeros los dólares que obtiene por concepto de las ventas en las tiendas
en divisas, por actividades relacionadas con el turismo y otros servicios
comerciales. De esta manera, Cuba no podría usar esos dólares para adquirir medicinas
ni alimentos ni para importar los suministros necesarios para las propias
tiendas, donde adquieren productos la población, incluidos aquellos que reciben
remesas de familiares residentes en Estados Unidos.
Con ese taimado propósito, el gobierno estadounidense
presiona a bancos extranjeros para que no reciban de Cuba fondos cuyo origen es
absolutamente legal y honesto. Además, promueve la publicación en la prensa de
la mafia terrorista de Miami de la repugnante infamia de que tales fondos
podrían incluso estar relacionados con actividades que son enérgicamente
combatidas por las autoridades cubanas, como el lavado de dinero y el tráfico
de drogas.
- Tal y como fue denunciado en el Informe que Cuba
enviara al Secretario General en el 2003[13], el
sistema de salud pública cubano se ha visto imposibilitado de comprar las
fuentes de isótopos radioactivos Ir-192 con los cuales se aplican las
radiaciones en los tratamientos de los tumores cancerígenos, debido a que la
compañía Varian Medical Systems adquirió el negocio de equipos de braquiterapia
de la compañía canadiense MDS Nordion’s, la cual suministraba estos equipos a
Cuba.
Ante
esa situación se buscaron opciones de compra de equipos de braquiterapia en
Europa, y se compró a la firma holandesa Nucletron uno de dichos dispositivos.
Luego de concluida la operación comercial, la gerencia de la firma informó que
no podían entregar la computadora que ese equipo lleva acoplada, porque era de
fabricación norteamericana y el gobierno estadounidense prohibía su exportación
a Cuba.
La
violación del derecho internacional y de las normas más elementales del libre
comercio, ha sido una constante en la política de bloqueo. Estados Unidos ha
pretendido y pretende ahora como nunca antes, sumar al mundo a su genocida
política. Los hechos abordados en este capítulo demuestran hasta qué
punto, irracional y ridículo, puede
llegar la aplicación extraterritorial de las medidas de bloqueo.
3.- AFECTACIONES A LA SALUD.
Desde el triunfo revolucionario en Cuba, el
Sistema Nacional de Salud ha sido un objetivo priorizado de la política de
bloqueo de los Estados Unidos contra la Isla.
Los esfuerzos que realiza el gobierno cubano para
disponer de un sistema de salud gratuito y accesible, cada vez más moderno y
eficiente, han estado continuamente amenazados por las restricciones a la
adquisición de suministros y tecnologías médicas de procedencia norteamericana,
en muchos casos, únicas de su tipo en el mundo. A esto se une el impedimento al
acceso de información científica médica avanzada y la negación de visas a
científicos cubanos para participar en eventos en los Estados Unidos, además de
la negativa a autorizar viajes de científicos norteamericanos a Cuba con
iguales motivos.
Solo
el gran esfuerzo, la entrega al trabajo y la preparación científica del
personal de salud cubano, han posibilitado mantener e incluso mejorar
continuamente muchos de los indicadores en la atención a los pacientes.
En este capítulo se refieren
algunos de los casos más recientes que ilustran las consecuencias de esta
genocida e inhumana política:
- La atención al niño con cáncer es una de las
áreas más sensiblemente afectadas por las medidas del bloqueo. La compra de los
citostáticos, medicamentos vitales en la supervivencia de estos niños, se ha
visto seriamente dañada debido a que las transnacionales estadounidenses han
comprado los laboratorios farmacéuticos que tenían contratos con Cuba para su
venta.
Ejemplo de lo anterior son las dificultades para
adquirir el isótopo I-125 para el
tratamiento de niños con cáncer ocular. Ante la carencia de este citostático,
el sistema de salud pública cubano se ha visto precisado en ocasiones a enviar
a dichos niños al extranjero para su tratamiento, con el elevadísimo costo
financiero que ello significa, además de las molestias que ocasiona a los
familiares.
- Otra de las dificultades que afecta a los
enfermos de cáncer está relacionada con la carencia de endoprótesis ósea de
tumores para sustituir amputaciones. Cuando
se han podido completar tratamientos quimioterapéuticos de primera línea en
tumores óseos, por ejemplo, y se observa que dada la buena respuesta del
paciente se puede realizar una cirugía conservadora, es decir, quitarle el
hueso enfermo y dejarle su miembro, los médicos cubanos no han podido hacerlo ante
la imposibilidad de adquirir las llamadas endoprótesis extensoras. Este
implemento aumenta de tamaño en la medida en que el niño va creciendo, lo que
hace que con este método el paciente conserve su pierna con una prótesis
interna, y se evita así el desequilibrio emocional y psicológico que reporta
una amputación, sobre todo en la adolescencia.
Estos aditamentos se solicitan de manera
individual y deben estar listos en el momento de la operación. Pero como no
pueden ser adquiridos en Estados Unidos resulta muy difícil traerlos a tiempo.
- Un ejemplo que refleja otra
de las principales dificultades que enfrenta el área de la salud, es la
imposibilidad de poner en funcionamiento ciertos equipos médicos de fabricación
norteamericana paralizados por falta de piezas de repuesto. Tal es el caso de
determinados equipos de Rayos X para los cuales se necesitaban algunas piezas
esenciales. El Departamento de Comercio de los Estados Unidos prohibió a la
subsidiaria canadiense de la Picker Internacional vender estas piezas a Cuba,
porque contenían un 27% de componentes norteamericanos.
- En el área diagnóstica de laboratorio clínico,
microbiología y otros similares, los efectos del bloqueo se mantienen y
acrecientan, dada la presencia mayoritaria de las empresas estadounidenses
(70%) en la producción de los equipos y reactivos para el diagnóstico. Por
ejemplo, las empresas Beckman-Coulter, Dade-Behring, Abott y Bayer, no permiten
la venta de sus tecnologías a Cuba, algunas de ellas únicas de su tipo en el
mundo. En consecuencia, los insumos necesarios para el trabajo de los
laboratorios clínicos deben importarse del mercado europeo a un precio muy
superior.
Un ejemplo reciente de ello es
el de la firma inglesa OXOID, suministradora de reactivos de laboratorio y
medios de cultivo, cuyo accionista principal pasó a ser una firma con intereses
norteamericanos. A través de su distribuidor en Cuba, se solicitó a OXOID la cotización para un grupo
de reactivos necesarios para el sistema de salud cubano, a lo cual respondió
negativamente pues no podía suministrarlos debido a las restricciones del
bloqueo, algo que hasta ese momento hacía sin ningún impedimento.
- Se han enfrentado
dificultades para la obtención de medios diagnósticos para la detección de
algunas enfermedades emergentes. Ejemplo de ello es que:
- Aún
el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” no ha podido adquirir el
kit TermoScript RT-PCR System de la firma norteamericana INVITROGEN, para
la detección del corona virus causante del Síndrome Respiratorio Agudo
Severo (SARS).
- Limitaciones
impuestas por el Centro para el Control de Enfermedades (CDC de Atlanta)
de los Estados Unidos, sumadas a la negativa de los laboratorios
productores de los kits diagnósticos para la detección de anticuerpos IgM
e IgG de las firmas norteamericanas FOCUS TECHNOLOGIES y PANBIO, han
creado dificultades para la detección de la Encefalitis por el Virus del
Nilo Occidental y la Influenza Aviar.
- Todos los programas denominados de Tecnología
Avanzada como transplantes, cirugía cardiovascular, nefrología, y otros, se
mantienen seriamente afectados, ya que muchos de los componentes de los equipos
son de producción estadounidense: Para adquirirlos, se necesita el permiso de
las autoridades de ese país, las cuales no lo conceden, o simplemente se
demoran en hacerlo, lo que trae aparejado importantes afectaciones para los
pacientes atendidos dentro de dichos programas.
- Los antibióticos de última generación y otras
medicinas como el Prostín (producto que mantiene temporalmente la permeabilidad
de los ductos arteriales hasta que la cirugía correctiva o paliativa puede ser
llevada a cabo en los recién nacidos que tienen defectos cardíacos congénitos,
y que dependen de eso para sobrevivir), hay que comprarlos a un precio superior
en mercados más alejados.
- Los niños cubanos tampoco pueden beneficiarse
con los nuevos inhaladores para las crisis de asma, pues el gobierno
norteamericano les niega ese derecho.
- Se encarecen los costos de
publicaciones científicas al tener que adquirirlas en terceros países. Por
ejemplo, el Current Contents, publicación semanal con los principales
contenidos de revistas científicas estadounidenses, tiene que ser adquirida en
un tercer país y a un mayor precio. Lo mismo ocurre con la publicación ANNALS
OF TROPICAL MEDICINE AND PARASITOLOGY, cuya suscripción anual en la editorial
norteamericana es 275 dólares menos que lo que debe pagar Cuba a un tercer
país.
- La ONG “Disarm Education
Fund” colabora con Cuba en el envío de ayuda humanitaria para los hospitales pediátricos,
y promueve visitas de delegaciones médicas a la Isla para realizar intercambios
con homólogos cubanos de dichos hospitales. Esta entidad solicitó autorización
para que los visitantes impartieran conferencias o entrenaran a los médicos
cubanos. La solicitud fue denegada.
Las autoridades del
Departamento del Tesoro de los EE.UU. plantearon que esas acciones no
beneficiaban directamente al pueblo cubano, y que las conferencias y
entrenamientos constituían una exportación de servicios hacia nuestro país.
- El Fondo Mundial de las
Naciones Unidas de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria está
financiando un programa de cooperación con Cuba a través del cual está previsto
la adquisición de medicamentos antiretrovirales para los pacientes infectados
por el VIH/SIDA en el país.
Para la compra de estos medicamentos, el Fondo
Mundial indicó gestionar las compras a
través de UNICEF y la International Dispensary Association (IDA), a partir de
los precios preferenciales de esas agencias.
Sin embargo, la compañía norteamericana Abbott se
negó a suministrar dos de los productos necesarios para el tratamiento a los
enfermos (Ritonavir y Lopinavir+Ritonavir), alegando que debido a las sanciones
económicas de EE.UU. su gobierno no autoriza el suministro de productos a Cuba.
Eso provocó que dichos medicamentos, cuyo valor hubiera sido de 49 700 dólares
en el caso de comprárselos a la Abbot, tuvieron que ser adquiridos en otro
país, por un precio de 280 400 dólares, casi 6 veces superior al de Abbot.
- A la ONG “Alliance
International”, de Texas, que realiza envíos de ayuda humanitaria para el
sistema de salud pública cubano, le fue denegado el envío a la Isla de un grupo
de suministros y equipos médicos de primera necesidad en los hospitales nacionales.
En la licencia se prohibió expresamente el envío de equipos esterilizadores de
instrumental quirúrgico, equipos de Rayos X y una centrífuga de
microhematocrito.
- En reiteradas ocasiones se ha obstaculizado la
participación de funcionarios y científicos cubanos en reuniones y eventos
internacionales realizados en los Estados Unidos, al denegárseles el visado de
entrada. Tal fue el caso de la Dra. María Alfonso Valdés, quien debía
participar en un entrenamiento en El Paso, Texas, organizado por la Organización
Panamericana de la Salud sobre Sangre Segura.
Mediante una comunicación
oficial de fecha 19 de marzo del 2004, la Oficina de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), en La Habana, informó al Ministerio de Salud
Pública de la cancelación de dicho entrenamiento. El motivo para esta
cancelación fue “que el gobierno estadounidense no concede visas a personas con
nacionalidad cubana para que sean capacitadas en los Estados Unidos”.
- También el bloqueo ha afectado la participación
de científicos norteamericanos en eventos desarrollados en Cuba. Por ejemplo,
del 9 al 13 de marzo del 2004 se celebró en la Habana el III Simposio
Internacional sobre el Coma y la Muerte y, a la delegación norteamericana que
representaba el 40% de los conferencistas, y estaba integrada por alrededor de
70 científicos, se le negó el permiso por el gobierno de los Estados Unidos
para viajar a la Isla.
- Tras siete años de
investigaciones y luego de haber sido condenado en abril del 2002 por 21 cargos
de violación del bloqueo contra Cuba, el ciudadano canadiense James Sabzali, en
un nuevo juicio culminado en febrero del 2004, y después de un acuerdo por el
cual se declaró culpable, fue sentenciado a un año de prisión condicional y
multado con 10 mil dólares.
¿Había vendido el Sr. Sabzali algún producto que
fuera un secreto estratégico estadounidense o que pusiera en peligro la
seguridad nacional de ese país? No. Este largo proceso, en el que el Sr.
Sabzali podía enfrentar una sentencia de cadena perpetua y una multa de 19 millones
de dólares, aunque parezca insólito, fue motivado por haberle vendido a Cuba
las resinas empleadas para purificar el agua potable que se suministra a la
población para su consumo directo.
El carácter genocida y criminal
de estas medidas se inscribe en la obstinada política norteamericana de rendir
por hambre y enfermedades al pueblo cubano. Cuba ha denunciado y seguirá
denunciando en todos los foros internacionales las afectaciones que sufre su
Sistema de Salud Pública.
4.- PERJUICIOS OCASIONADOS A LA ESFERA DE LA EDUCACIÓN, LA
CULTURA, EL DEPORTE Y EL INTERCAMBIO ACADÉMICO Y CIENTÍFICO ENTRE EL PUEBLO
CUBANO Y EL NORTEAMERICANO
Las afectaciones a los sectores educacional,
cultural, deportivo y académico cubanos han sido cuantiosas en estos cuarenta y
cinco años de bloqueo. La intensificación de esta política en la última década
ha tenido un significativo impacto en su desarrollo y ha privado a los pueblos
cubano y norteamericano de sostener un fluido intercambio en estos ámbitos.
La imposibilidad de acceder al
mercado de bienes y servicios de los Estados Unidos para adquirir los insumos
necesarios en la creación y la enseñanza; la prohibición a los artistas cubanos
de firmar contratos comerciales de trabajo en los Estados Unidos y de recibir
honorarios por sus actuaciones; el impedimento del disfrute de los derechos de
propiedad intelectual de nuestros creadores; las restricciones a la libertad de
viajes mediante las sanciones y las amenazas contra los ciudadanos
estadounidenses que desean visitar a Cuba; y la negación de visas a
científicos, artistas, deportistas, educadores y otras personalidades cubanas,
se cuentan entre las principales dificultades que enfrentan estos sectores como
consecuencia del bloqueo.
En el sector educacional se mantienen vigentes las afectaciones plasmadas
en el Informe que Cuba enviara al Secretario General el pasado año[14]. Tal
es el caso del suministro de lápices, libretas y papel para uso general del
proceso docente, el cual solo llega al 60% de lo que el país adquiría en 1989.
Con grandes esfuerzos, solo se imprime el 50% de las necesidades de libros de
texto y bibliografías complementarias.
Igualmente, Cuba está obligada a pagar altas tasas
de interés por los créditos comerciales obtenidos que encarecen las mercancías
y servicios adquiridos para el sistema educacional cubano, por lo que se debe
pagar entre un 25 y un 30% por encima de los precios internacionales. En
adición a ello al no poder adquirir materiales educacionales en el mercado
norteamericano, Cuba se ve precisada a importar desde otros mercados lejanos
con el consiguiente sobregasto por concepto de fletes. A modo de ejemplo,
bastaría mencionar las importaciones de materiales y recursos para las escuelas
cubanas que por valor de 19 millones de dólares fueron contratadas en mercados
distantes y que de haberse podido realizar en el mercado estadounidense,
hubieran permitido adquirir una mayor cantidad de insumos escolares con el
mismo financiamiento.
Estas dificultades son arreciadas por los efectos
extraterritoriales de la Ley Torricelli, la cual motiva que los barcos que
transportan estas mercancías desde los mercados asiáticos no puedan tocar
puertos cubanos. De esta manera, los buques depositan los contenedores en un
centro recolector en un tercer país cercano a Cuba para después trasbordarlos a
La Habana, encareciendo los fletes navieros en 500 dólares por contenedor como
promedio y dilatando sobremanera la entrega de las mercancías.
Un ejemplo claro del efecto directo sobre el
sistema educacional fue lo sucedido a comienzos del 2004, cuando por las
razones mencionadas anteriormente, la producción de uniformes escolares se
retrasó por más de un mes, con las consiguientes demoras en los abastecimientos
a los alumnos y la afectación a los trabajadores de las 44 fábricas que se
mantuvieron cerradas por este motivo.
A la par de estas
restricciones, se continúan agudizando las afectaciones ocasionadas por el
bloqueo en la atención a niños con necesidades educativas especiales. Pese al
esfuerzo del Estado cubano por garantizarlos, el acoso estadounidense contra
Cuba ha provocado un sensible déficit de recursos terapéuticos para desarrollar
con mayor calidad la rehabilitación física de niños con limitaciones
psicomotoras desde las primeras edades, atendiendo a la importancia de la
detección precoz para prever consecuencias de mayor complejidad, y en algunos
casos eliminar el defecto.
Por solo citar un caso,
vale destacar lo que sucede en la Escuela Especial Abel Santamaría, donde 150
niños y niñas ciegos o débiles visuales luchan contra las limitaciones que les
impone la vida. Profesores y alumnos se unen en un empeño colosal. Los pequeños
deben aprender a leer y a escribir, y recibir los conocimientos necesarios para
ser útiles en la vida. Para ello cada niño debe contar con una máquina Braille,
lo cual no ha sido posible pese al esfuerzo del Gobierno cubano debido a las
restricciones que el bloqueo impone.
Tal y como se había
denunciado en el Informe que Cuba enviara el pasado año al Secretario General,
se mantienen las dificultades para la compra de dichas máquinas. En estos
momentos una máquina Braille de la marca Perkins cuesta en Estados Unidos
alrededor de 700 dólares. A consecuencia del bloqueo, Cuba ha tenido que
comprarlas en otros mercados a precios mucho más altos, hasta de 1 000 dólares.
Además, continúan las dificultades para adquirir el papel Braillón,
imprescindible para este tipo de enseñanza.
En el ámbito
cultural las afectaciones son igualmente numerosas y han aumentado en los
últimos años.
El bloqueo económico en la
cultura impacta no sólo al acto creativo mismo y al artista, sino que mengua la
promoción y enriquecimiento del consumo cultural, así como la realización
mercantil de los bienes y servicios culturales creados.
Un ejemplo fehaciente fue la
visita que el Ballet Nacional de Cuba realizó a Estados Unidos entre el 1ro. de
octubre y el 16 de noviembre del 2003. Esta prestigiosa compañía,
internacionalmente reconocida, se vio obligada a hacer actuaciones no
comerciales en más de 20 ciudades de la Unión Americana, por lo que dejó de
ingresar aproximadamente 200 mil dólares, tan sólo en cuanto a los pagos por
las funciones realizadas. Pero la aceptación de actuar, aún sin percibir lucro
alguno, del Ballet Nacional de Cuba en EE.UU. sólo es posible comprenderla a
partir de la extraordinaria vocación universal de la cultura cubana. Entorpecer
ese intercambio, viola también los derechos culturales del pueblo
norteamericano.
El encarecimiento de la base
material de estudio especializada para las Escuelas del Sistema de Enseñanza
Artística en todas sus manifestaciones, constituye otro ejemplo del impacto del
bloqueo. Este año, el gobierno cubano se vio obligado a realizar dichas compras
en mercados lejanos -por valor de 2.4 millones de dólares-, lo que significó un
gasto en exceso cercano a los 100 000 dólares por concepto de fletes, si se
compara con el costo de transportación que estas mercancías hubieran tenido de
poderse importar desde los Estados Unidos.
El Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas también ha sufrido serias afectaciones como consecuencia
del bloqueo. Integrado por 392 bibliotecas, que se localizan en toda la
geografía del territorio nacional: ciudades, poblados, bateyes, montañas y
zonas de difícil acceso, presta servicios a todos los niveles educativos, desde
los estudiantes de enseñanza primaria a los universitarios, técnicos, así como
a jubilados, amas de casa, es decir, a toda la población. Entre sus actividades
principales se destacan la realización de talleres literarios, organización de
círculos de lectura en las escuelas, atención a las necesidades de los
estudiantes en los municipios y las actividades de extensión en las zonas más
alejadas de los centros urbanos. Para ello cuentan con una incalculable
colección de títulos con obras representativas de la literatura universal y
nacional.
Además de facilitar el libre
acceso a la información de la comunidad y de formar lectores, constituyen
plazas culturales a partir de las distintas actividades que generan
sistemáticamente, apoyándose para ello en los vínculos de trabajo que
desarrollan con los creadores del territorio y foráneos, así como con
organismos, organizaciones y otras instituciones.
Sin embargo, y pese al amplio
esfuerzo que desarrollan para promover el hábito de la lectura en la población
cubana, sufren afectaciones para la compra de programas, imprescindibles para
continuar desarrollando sus labores en el campo de la digitalización, las
ediciones y la informática. Un ejemplo es la prohibición del acceso a las
listas de Epígrafes CD Dewey[15].
De poder adquirir los
materiales e insumos necesarios en el mercado estadounidense o a través de
empresas norteamericanas radicadas en el Caribe, Centro o Suramérica, se
podrían restaurar 3600 documentos anualmente. Hoy, no se alcanza el 20% de esta
cifra. Para que se tenga una idea más clara: la comercialización en Cuba, por
empresas intermediarias, del papel tisú de 31 gramos (material imprescindible
para la restauración de documentos), llamado también papel japonés, está en los
498.77 dólares el rollo, mientras que si se adquiriese en los Estados Unidos,
el precio sería de 280.00 dólares.
Asimismo, se han enfrentado
grandes obstáculos en la obtención de las nuevas tecnologías para la promoción
de la lectura y la actualización de las colecciones y fondos de las
bibliotecas, al no tener acceso al mercado norteamericano de libros. También se
carece de acceso a la base de datos, y a los servicios de catálogos
bibliotecarios en línea pertenecientes a entidades estadounidenses.
La imposibilidad de exponer obras de nuestras
colecciones en museos afines de Estados
Unidos, y viceversa, ha traído consigo que ambos pueblos se priven de conocer
acerca de lo más representativo de las Artes Plásticas en ambos países. Por
ejemplo, se prohibió la inclusión de siete obras cubanas en la exposición
internacional que preparó el Museo de Bellas Artes de Houston, inaugurada en el
mes de junio del 2004.
La relevancia que para la
elevación de la cultura nacional y mundial tiene la preservación del Patrimonio
Tangible e Intangible ha sido reconocido por el sistema de Naciones Unidas. Sin
embargo, el bloqueo ha imposibilitado la compra de materiales de restauración
en territorio norteamericano, trayendo consigo aumentos en los gastos y por
consiguiente, obstáculos adicionales a las tareas de rescate y rehabilitación
del patrimonio.
El Departamento del Tesoro
norteamericano ha negado, además, licencias para desarrollar proyectos de
asistencia y cooperación propuestos por instituciones norteamericanas para la
conservación del patrimonio de la isla. Importantes instituciones culturales
cubanas se vieron imposibilitadas de acceder a 80 mil dólares del World
Monuments Fund.[16]
La
industria editorial cubana ha sufrido serias afectaciones. Un ejemplo concreto
es que, en los pagos de derechos de autor que realizan editoriales extranjeras
a la Agencia Literaria Latinoamericana, se pierde hasta un 30%, por la
prohibición de que instituciones cubanas cobren cheques o reciban
transferencias a través de bancos norteamericanos o de bancos extranjeros
radicados en ese país. Eso obliga a utilizar servicios de corresponsalías en
otros bancos, lo cual encarece las operaciones.
Las
editoriales norteamericanas declinan el establecimiento de relaciones con sus
homólogas de la Isla, debido a que se les prohíbe la distribución de libros
cubanos en ese mercado y la negociación de los derechos de autor, además de
otras figuras comerciales del mundo editorial.
Igualmente, la actividad del
libro ha tenido gastos adicionales por más de 50 mil dólares a causa de la
imposibilidad de tramitar cobros y pagos a través de bancos norteamericanos.
Además, el tener que recurrir a países más lejanos para comprar materias
primas, tecnología y acceder a créditos, afectó los costos de la industria editorial
en 65 mil dólares.
Para la compra de materiales
imprescindibles para la supervivencia de la industria cinematográfica, se ha
tenido que recurrir a intermediarios y proveedores de otras áreas geográficas,
lo que ha encarecido esas importaciones. El material negativo virgen, los
productos químicos para el laboratorio, los accesorios y equipamientos, han
sido adquiridos regularmente con un gasto muy superior al que se hubiera
cotizado de haber podido obtenerlos en el mercado norteamericano.
Al Instituto Cubano del Arte e
Industria Cinematográficos (ICAIC) le resulta imposible adquirir directamente
la película Kodak, lo que dificulta notablemente la realización artística y las
opciones tecnológicas de producción de filmes cubanos y su ulterior comercialización
por parte de las grandes cadenas mundiales de exhibición. El ICAIC tampoco
puede utilizar en sus cines la licencia del sistema de sonido Dolby, elemento
que constituye casi una condición indispensable para que cualquier distribuidor
del mundo acepte exhibir “en grande” una película.
A todas estas afectaciones de índole económica,
señaladas para los sectores educacional y cultural cubanos, se suma la ridícula
y grotesca intención de frenar, mediante las medidas de negación de visas y
eliminación de licencias, los intercambios de todo tipo entre ambos pueblos.
Algunos ejemplos de esta política son:
ü La negativa de visado a
los profesores de sociología de la Universidad de Oriente, Dra. Tamara
Caballero y el Dr. Omar Guzmán, para participar en el Primer Congreso sobre
Universidad-Comunidades de Puerto Rico y el Caribe, que se celebró, del 25 al
29 de enero, en los recintos de Humacao y Mayagüez de la Universidad de Puerto
Rico.
ü El X Seminario de
Intercambio de Experiencias sobre la Calidad de la Educación en Cuba y en los
Estados Unidos, programado en la ciudad de Chicago, del 28 de abril al 2 de
mayo del 2003, al que asistirían 10 profesores cubanos seleccionados por la
Asociación Nacional de Pedagogos tuvo que ser cancelado el 20 de abril, al no
recibirse respuesta de las solicitudes de visa presentadas.
ü La denegación de visado
al Investigador Titular y Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería
Mecánica del Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echevarría”, Héctor
López Salinas, quien debía asistir a la Convención de Microscopía y
Microanálisis 2003, que se celebró en Texas, Estados Unidos, del 1 al 8 de
agosto del 2003.
ü La negación del permiso
de viaje al Sr. Luis Garay, argentino radicado en Estados Unidos y Director de
un grupo de percusión formado íntegramente por músicos latinos que habían sido
invitados al evento Percuba 2004. El Departamento del Tesoro alegó que en su
pedido habían “obviado la Ley del Embargo a Cuba”.
ü El silencio por
respuesta a la solicitud que hiciera el Sr. Benjamín Treuhaft para prorrogar su
licencia de viaje y visitar la Isla a propósito del décimo aniversario del
proyecto, “Send a Piana to Havana” que él ha impulsado. Aunque posteriormente
recibió la licencia para el envío de dos contenedores con los pianos como
donación al Centro Nacional de Escuelas de Artes (CNEART), le prohibieron
enviar computadoras y sus accesorios, incluso una impresora, que venía como
parte de un equipo de conteo de sangre que se donó al Hospital Pediátrico “Juan
Manuel Márquez”.
ü La cancelación de las giras del grupo de Omara Portuondo, del Proyecto
de Hip Hop cubano “La Fabrik”, del grupo “Cubanísimo” y del cantautor Carlos
Varela.
ü Músicos de la talla de
Ibrahím Ferrer y Manuel Galbán, escritores como Miguel Barnet y Eduardo Heras León,
realizadores como Lisette Vila Espina y Gerardo Chijona Valdés, y
actrices como Verónica Lynn López, y una lista inmensa de
relevantes exponentes de la cultura cubana, se han visto imposibilitados de
participar en presentaciones y eventos en los Estados Unidos ante la negativa
de visas.
Entre mayo del 2003 y abril del 2004, 53
representantes del sector de la cultura quedaron a la espera de sus visas de
entrada a los Estados Unidos y 215 creadores y artistas recibieron una negativa
rotunda por respuesta.
Como el año anterior, en los
casos de las visas denegadas, a los artistas cubanos se han aplicado dos
categorías diferentes: la 214-B, que se usa para quienes, según las autoridades
norteamericanas, son posibles emigrantes (se aplicó a 5 de los solicitantes); y
la 212-F, la más ridícula de todas, que se emplea cuando el solicitante de visa
es considerado como un “peligro para los intereses de los Estados Unidos”, la
cual se aplicó a 210 creadores cubanos.
Es evidente que esta política
también se dirige a desalentar la promoción de artistas cubanos en los
circuitos culturales de los Estados Unidos, por los empresarios y agentes
culturales radicados en dicho país.
El desarrollo de intercambios deportivos
tampoco ha estado exento de prohibiciones y limitaciones. En el período de mayo
del 2003 a abril del 2004, no han sido otorgadas las visas a 21 directivos del
deporte cubano, que en la mayoría de los casos iban a cubrir importantes
eventos y reuniones celebradas en Estados Unidos.
A varias de estas personas, que desempeñan altas
responsabilidades en organizaciones y federaciones internacionales, se les impidió el cumplimiento de sus
importantes misiones, con un impacto negativo que rebasó las fronteras del
deporte cubano. Tal fue el caso del Sr. Ciro Pérez Hebra, quien no pudo asistir
a la Reunión Ejecutiva y Asamblea General de la Organización Deportiva
Centroamericana y del Caribe ODECABE, de la cual es Vicepresidente.
Debido a las restricciones e irregularidades en el
otorgamiento de visas a un directivo cubano y a otro ruso, ambos miembros del
Buró de la Federación Internacional de Lucha Amateur (FILA), que les impidió
participar en el Campeonato del Mundo celebrado en Nueva York, en noviembre del
2003, esa federación decidió retirar a los Estados Unidos la sede de la Copa
Mundial del 2004. De esta manera, la política obcecada de la Administración
estadounidense también está afectando seriamente los intereses de los
deportistas de ese país.
Como si estas afectaciones no fueran suficientes,
entre las nuevas medidas impuestas por la Administración estadounidense contra
Cuba, está la eliminación de la licencia general para la participación de
deportistas norteamericanos en las competencias amateur y semiprofesionales
que, auspiciadas por una federación internacional, se celebren en Cuba.
La irracionalidad de esta
política alcanza también a los atletas discapacitados estadounidenses. Uno de
los ejemplos más representativos fue el de los doctores y varios deportistas
discapacitados miembros del grupo no lucrativo, denominado World Team Sports, a
quienes sus autoridades no dejaron viajar a Cuba el 14 de noviembre del 2003.
Estos atletas pretendían llevar consigo sillas de rueda para discapacitados
cubanos, materiales de enseñanza, y prótesis donadas a otros cubanos
minusválidos.
La obsesión de la administración norteamericana en
bloquear hasta el más mínimo intercambio entre ambos pueblos, trasciende los
ámbitos antes mencionados y abarca también al sector de la ciencia cubana.
Tomando en cuenta las regulaciones dictadas por el
Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en septiembre del 2003, en enero
del presente año se conoció la prohibición de revisar, editar o modificar, en
publicaciones y revistas científicas estadounidense, trabajos de autores de
países que sean objeto de “embargo comercial”, entre ellos Cuba. Aquellos que
lo hicieran, transgredirían la Ley norteamericana y podrían ser sancionados con
fuertes multas de hasta 50 mil dólares, e incluso con penas de cárcel de hasta
10 años.
Ni en los años más duros de la Guerra Fría se
actuó de manera tan contraria a los ideales promovidos por la comunidad
científica internacional. La publicación de los resultados de una investigación
constituye el primer paso en la socialización del conocimiento, y un requisito
indispensable para el sano desarrollo de la ciencia.
Sólo con el libre flujo de ideas y conocimientos
entre los científicos y académicos de todo el mundo puede crecer y avanzar la
ciencia para beneficio de la humanidad. En contraste, esa medida privaba a las
comunidades científicas estadounidense y mundial de compartir los reconocidos
avances científicos de Cuba.
Luego de que algunas publicaciones
norteamericanas aplicaran una moratoria a la publicación de artículos
presentados por científicos cubanos, algunas otras, como el Instituto Americano
de Física (AIP), la Sociedad Americana de Física (APS) y la Asociación
Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), que edita la prestigiosa revista
Science, se negaron abiertamente a
acatar la orden del Departamento del Tesoro.
A raíz de las innumerables críticas
recibidas por esta medida, en el mes de abril, la OFAC se retractó y anunció
que las comunidades científicas de los países “sancionados” podían continuar
publicando sus trabajos en revistas especializadas de Estados Unidos.
Como se ha podido apreciar a lo largo de
este capítulo, la promoción de la cultura, el avance de la educación y el
deporte, y el intercambio académico y científico entre los pueblos cubano y
norteamericano, han tenido que enfrentar numerosos obstáculos en su desarrollo.
Sin embargo, pese a todas estas dificultades, y gracias a la voluntad política
del pueblo y gobierno cubanos, se han logrado significativos avances en estos
sectores.
Bastaría solo mencionar el amplio esfuerzo
desplegado en el sector educacional, que ha permitido que Cuba cuente hoy con
un maestro o profesor por cada 40 habitantes aproximadamente, convirtiéndola en
el país de mayor número de maestros per cápita en el mundo. Igualmente, se ha
logrado disminuir a menos de 20 el número de alumnos por aula en la educación
primaria y se ha reducido a 15 la relación de alumnos por profesor en la
secundaria básica. Además, se han creado sedes universitarias municipales, que
incrementan notablemente las oportunidades de acceso a la enseñanza superior,
llegando a disponer de una matrícula de más de 300 mil estudiantes.
De esta manera, el 59.8% y el 7.4% de la
población cubana tienen terminado el nivel medio básico o medio superior, y el
nivel superior, respectivamente.
Se mantienen y perfeccionan los logros de
los programas de desarrollo ulterior de la educación tales como la Universidad
para Todos; el Programa Audiovisual para niños, adolescentes y jóvenes
matriculados en las escuelas del país; el desarrollo de los centros de video y
centros de computación comunitarios para alumnos y pueblo en general; la
formación masiva de trabajadores sociales e instructores de arte para trabajar
en las escuelas y comunidades; y otros muchos más que permiten elevar la
calidad del proceso docente educativo cubano.
Los logros de la educación, la cultura, el
deporte y la ciencia cubana, serían imposibles, de no haber contado con la
abnegación, capacidad de sacrificio, creatividad y espíritu de lucha de los
profesores, artistas, deportistas y científicos que día a día sortean las
dificultades impuestas por el bloqueo para hacer de Cuba un país de un
desarrollo social superior y una mayor cultura general integral.
Por sexto año consecutivo, Cuba denuncia ante las
Naciones Unidas la aplicación por parte del gobierno de los Estados Unidos de
la Sección 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones Consolidadas Suplementarias y
de Emergencia, que impide a los titulares cubanos o sus sucesores, entre ellas
las empresas extranjeras con intereses en Cuba, el reconocimiento y disfrute en
el territorio de los Estados Unidos, de sus derechos sobre marcas o nombres
comerciales registrados y protegidos en Cuba, vinculadas a antiguas propiedades
nacionalizadas por el gobierno cubano.
No es ocioso recordar que esta medida fue aprobada
en octubre de 1998, por el Congreso estadounidense, mediante un proceso carente
de transparencia y en beneficio de la compañía Bacardí, que aún cuando radicada
fuera de los Estados Unidos, tiene importantes intereses de negocios en ese
país, a partir de los cuales ejerce considerable influencia política con vistas
a mantener y reforzar el bloqueo impuesto contra Cuba.
Tampoco es casual que la Sección 211 extienda al
ámbito de la propiedad intelectual los propósitos de la Ley Helms-Burton, que
como es conocido fue promovida también, entre otros, por Bacardí.
La aplicación de la Sección 211 tiene, por tanto,
implicaciones muy negativas no solo en el marco de las relaciones bilaterales
entre Cuba y los Estados Unidos, sino también en el ámbito multilateral.
En lo bilateral, refuerza el bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto contra Cuba, porque pretende impedir el
desarrollo de inversiones extranjeras en el país, asociadas a la
comercialización internacional de productos cubanos, cuyas marcas y nombres
comerciales gozan de prestigio a nivel mundial. Hasta la aprobación de la
Sección 211 se había mantenido, a pesar del bloqueo, el reconocimiento mutuo de
los derechos de los titulares naturales y jurídicos de ambos países en la
esfera de la propiedad intelectual.
La aplicación de esta Sección por parte de un
tribunal de Nueva York impidió el fallo favorable a una compañía con intereses
cubanos y franceses (Havana Club Holding) en el litigio iniciado desde 1996, es
decir, con anterioridad a la aprobación de la Sección 211, para resolver la
usurpación por parte de Bacardí del derecho al uso de la marca Havana Club en
los Estados Unidos, mediante la comercialización fraudulenta en ese país de un
ron con ese nombre producido fuera de Cuba.
Los perjuicios derivados de la aplicación de esta
sección trascienden los potenciales intereses de negocios de las entidades
cubanas en los Estados Unidos. Cuba denuncia ante la comunidad internacional el
clima de incertidumbre y las consecuencias económicas y políticas, con
afectaciones concretas para la comunidad empresarial norteamericana, y los
socios comerciales de la Isla, que la vigencia de la Sección 211 podría
acarrear de manera más inmediata.
Cada día es mayor el número de entidades y
compañías que en Estados Unidos son conscientes de ello y expresan su
preocupación por el hecho de que la Sección 211 quebrantó la práctica que
habían seguido ambos países, hasta el momento de aprobarse esa ley.
En cumplimiento de sus obligaciones
internacionales y a pesar de la política de bloqueo y hostilidad mantenida por
el Gobierno de los Estados Unidos, Cuba ha honrado y continúa protegiendo los
derechos de centenares de compañías estadounidenses que mantienen actualizados
en el territorio nacional, los registros de más de 5000 marcas, nombres
comerciales y patentes.
En este contexto, basta recordar la decisión del
Órgano de Apelaciones de la OMC de enero del 2002 que, a instancias de la Unión
Europea, concluyó que la Sección 211 viola las obligaciones de Trato Nacional y
de Nación Más Favorecida del Acuerdo sobre los ADPIC (Aspectos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio), instando a los Estados Unidos a
ajustar dicha legislación a esas obligaciones en un período razonable de
tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos está obligado a
acatar esa decisión, y ha acordado con la Unión Europea diversos aplazamientos
en su ejecución. El más reciente de los plazos acordados expira el 31 de
diciembre del 2004, aprobado bajo la justificación de dicho gobierno de
encontrarse trabajando con el Congreso para ajustar su legislación.
Cuba ha expresado y continuará expresando en las
instancias pertinentes de la OMC, en particular en las reuniones periódicas de
su Órgano de Solución de Diferencias, su preocupación por los sucesivos plazos
acordados, instando al gobierno estadounidense a acatar la decisión del Órgano
de Apelación y derogar la Sección 211, como única solución a la disputa.
Cuba insiste en que la vigencia de la Sección 211,
violatoria de los derechos de propiedad intelectual protegidos por convenios y
acuerdos internacionales específicos, solo contribuye al cuestionamiento de la
postura de aparente máximo defensor de los derechos de propiedad intelectual
asumida tradicionalmente por el gobierno de Estados Unidos en el seno de la
OMC.
La postergación reiterada por parte del gobierno
estadounidense del acatamiento del veredicto del órgano de competencia de la
OMC prueba, además, su falta de voluntad
política para contribuir a la efectividad de los procedimientos de solución de
diferencias de la esta organización, en una coyuntura particularmente difícil
de las negociaciones multilaterales.
El Proyecto H.R. 4225, introducido recientemente
por el congresista Lamar Smith (R-TX) y copatrocinado por conocidos
legisladores anticubanos, busca ajustar, mediante cambios insustanciales, la
Sección 211 a las recomendaciones del Órgano de Apelación de la OMC, y mantenerla
vigente. Este proyecto cuenta con la versión correspondiente en el Senado
(S-2373), introducida por el Senador Peter Domeneci (R-NM) y copatrocinada por
senadores opuestos al levantamiento del bloqueo a Cuba.
Cuba sigue de cerca la evolución de este proyecto
legislativo introducido en el Congreso de Estados Unidos.
En enero pasado la Oficina de Marcas y Patentes
(PTO) de los Estados Unidos, desestimó la demanda de Bacardí de cancelar el
registro de la marca Havana Club otorgado desde 1976 a la compañía cubana
CUBAEXPORT, y ratificado por el fallo parcial del Tribunal de Nueva York en
1998. Este fallo ha sido apelado por Bacardí ante los tribunales, lo cual es
demostrativo del enconado interés de esa compañía en usurpar la marca y hacer
prevalecer la Sección 211.
6.-
AFECTACIONES AL DESENVOLVIMIENTO EXTERNO DE LA ECONOMÍA CUBANA
La aplicación de la política de bloqueo económico,
comercial y financiero por los Estados Unidos contra Cuba continúa incidiendo,
cada vez de manera más negativa, en el desenvolvimiento externo de la economía
nacional, que como se conoce, es estructuralmente abierta.
El comercio exterior cubano ha
tenido cuantiosas pérdidas debido a las arbitrarias regulaciones y
legislaciones que articulan dicha política. Sólo el pasado año, Cuba se vio
obligada a sobrepagar 308.4 millones de dólares por concepto de productos
contratados a precios más elevados que los que se habrían fijado en condiciones
normales, debido fundamentalmente a las diferencias en las condiciones de
financiamiento y al inevitable encarecimiento del transporte, los fletes y el
seguro de las operaciones que implica el asedio norteamericano al comercio
externo de la Isla.
Asimismo, en el 2003, se produjeron importantes
perjuicios a las exportaciones cubanas por ingresos dejados de percibir a razón
de exportaciones que, de no existir el bloqueo, podrían haberse realizado en el
mercado estadounidense. Estas cifras alcanzan los 457 millones de dólares.
Todos los sectores de la economía cubana se han
visto afectados por el bloqueo en su actividad comercial.
Una de las principales industrias cubanas, la del níquel, ha sufrido serias afectaciones
en los últimos años. Debido a gastos excesivos en la comercialización, así como
a la imposibilidad de adquirir materias primas y materiales de mantenimiento en
los Estados Unidos, y los elevados fletes de transportación, se realizaron
gastos en exceso del orden de los 13.5 millones de dólares.
De no existir el bloqueo y teniendo en cuenta que
Cuba, por su cercanía, constituiría un exportador natural de níquel y cobalto
hacia el mercado norteamericano, se podrían estar exportando aproximadamente 35
000 toneladas al año, el 50% de la producción de níquel en estos momentos en la
Isla, que a los precios actuales
representa más de 450 millones de dólares. Esta cifra representa a su vez, el
25% de la importación promedio de níquel primario de Estados Unidos en los
últimos cinco años.
En lo que respecta al cobalto, Cuba pudiera vender
en Estados Unidos el 50% de su producción actual, alrededor de 2000
toneladas anuales, que a los precios
actuales equivaldrían a más de 75 millones de dólares. Esta cifra representa el
23% de las importaciones promedio de cobalto en los últimos cinco años de ese
país.
Otro de los sectores claves para el país y su
desarrollo turístico es la aviación civil,
esfera que ha sufrido importantes afectaciones en el período, ligeramente
superiores a los 163 millones de dólares.
Hacia
y desde Cuba operan, sistemáticamente, con más de 60 frecuencias semanales,
varias líneas aéreas estadounidenses, en vuelos charter, como United Airlines,
Continental, Delta, Miami Air, American Eagles, Gulf Stream, Falcon Air, North
American, y otras. Vuelan desde Miami, Los Ángeles y New York, y el Estado
cubano les brinda todas las facilidades para sus operaciones en la
transportación de pasajeros.
Sin
embargo, el gobierno de Estados Unidos no autoriza a las líneas aéreas cubanas
a operar hacia su territorio, sobre la base de la sección 515.201 (a) de “Cuban
Assets Control Regulation”, 31 C.F.R. Parte 515, donde se plantea que sin
licencia específica, una aeronave de Cubana de Aviación que aterrice en Miami
podría constituir una conducta prohibida y el avión podrá ser decomisado.
Por
otra parte, resulta imposible acceder a ningún tipo de tecnología aeronáutica
que haya sido desarrollada por los Estados Unidos, entre las que se encuentran
las referidas a las comunicaciones, navegación y vigilancia, así como a los
sistemas para aeropuertos, incluyendo medios contra incendios y rescate. Esta
situación obliga al país a dirigir sus esfuerzos hacia otros mercados, con el
consecuente encarecimiento de los costos hasta en un 15% por la transportación,
las penalizaciones por el riesgo Cuba y la exigencia de garantías y
financiamientos a corto plazo con altos intereses.
Una
nueva muestra de la falta de compromiso de la actual administración
estadounidense en la lucha contra el terrorismo, y su doble moral en este tema,
radica en el hecho de que las líneas aéreas cubanas se han visto imposibilitadas
de adquirir en terceros mercados piezas de repuesto para los detectores de
explosivos modelo 97 HS, empleados por el personal de seguridad en los vuelos. Mientras la compañía que suministraba
dicho producto, Ion Track Instruments, era de nacionalidad británica no hubo
dificultad para adquirirlos pero, al ser comprada por una compañía
estadounidense cesó el suministro, debido a las medidas del bloqueo.
De
esta manera, el bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos
contra Cuba viola los principios recogidos en el Preámbulo del Convenio de
Chicago, el cual proclama que “la aviación civil internacional pueda
desarrollarse de manera segura y ordenada y de que los servicios
internacionales de transporte aéreo puedan establecerse sobre una base de
igualdad de oportunidades y realizarse de un modo sano y económico”.
Igualmente,
viola lo establecido en las normas y preceptos del Convenio de Chicago y en
particular lo referido en su Artículo 44, incisos a), c), d), f), g), h), e i)
que establece entre los fines y objetivos de la OACI, el fomentar el
desenvolvimiento del transporte aéreo internacional; satisfacer las necesidades
de los pueblos del mundo a ese respecto, asegurar que se respeten plenamente
los derechos de los Estados Contratantes y evitar la discriminación entre
ellos, y promover en general el desarrollo de la aeronáutica civil
internacional en todos sus aspectos.
Las
restricciones impuestas por la Ley Torricelli han sido uno de los principales
impedimentos al comercio exterior cubano
y han causado serias afectaciones a las empresas cubanas.
Ante
la prohibición de que los buques que toquen puerto cubano puedan atracar en las
radas estadounidenses durante un período de seis meses, gran parte de los
posibles concurrentes se inhiben de transportar cargas a Cuba, ya que en su
mayoría están interesados en conservar el acceso al mercado de los Estados
Unidos. Por este concepto se registraron pérdidas de más de 53.6 millones de
dólares.
En
consecuencia, los armadores que están dispuestos a entrar a Cuba son aquellos
que poseen buques de más de 15 a 20 años de explotación, que no podrían de
ninguna manera cumplir con las exigencias para ingresar a los puertos de
Estados Unidos. Esto incrementa el riesgo de accidente y averías de las cargas,
reflejado en la elevación de las tarifas de fletes, siempre que estos barcos no
cumplan con las regulaciones establecidas para el transporte marítimo, así como
en la elevación de los costos de los seguros.
Ejemplo
de estas afectaciones son los 648 mil dólares de gastos que Cuba tuvo que
realizar en exceso por pagos de fletes superiores a los del mercado
internacional para el transporte de amoníaco, ya que los buques que transportan
este tipo de producto químico son muy escasos y en su mayoría están destinados
al mercado estadounidense.
Asimismo, durante los últimos años, importantes
empresas internacionales han mostrado interés en trabajar de conjunto con la
empresa cubana ASPORT en el desarrollo de la infraestructura portuaria de al
menos dos de los puertos más importantes del país, con el objetivo de realizar
operaciones de trasbordo de contenedores hacia los principales mercados de la
región. Estos proyectos requieren un valor de inversión de entre 100 y 200
millones de dólares. Debido al bloqueo, en particular las prohibiciones de la
Ley Torricelli, estas compañías internacionales han pospuesto su ejecución
hasta que no cambien tales restricciones.
En el sector del transporte, con impacto directamente negativo para la
población, también se observan los efectos del bloqueo. La EIGT, una entidad
importadora del Ministerio del Transporte de Cuba, contactó vía correo
electrónico con la división de transportación de la compañía norteamericana
General Electric, a finales de febrero del 2004. El interés de EIGT era,
fundamentalmente, adquirir locomotoras, y sus partes y piezas, para la
reanimación del afectado parque locomotriz cubano, que desempeña un papel
fundamental en la comunicación económica de la Isla, pero también en la
transportación de la mayoría de la población de una provincia a otra.
Tal negocio no pudo concretarse
cuando la General Electric respondió que “Después de investigaciones
adicionales, encontramos que tenemos actualmente prohibido hacer negocios con
compañías en Cuba”.
En
el sector de la construcción también
se han producido importantes perjuicios. Sólo las empresas importadoras del
Ministerio de la Construcción sufrieron afectaciones del orden de los 11.6
millones de dólares en el periodo que media entre mayo y diciembre del 2003,
por concepto de precios, transportación y gastos financieros, lo cual repercute
negativamente en las acciones constructivas que se desarrollan en el país.
Si
tomamos en cuenta que la construcción de una vivienda decorosa tiene un costo
de alrededor de 8 mil dólares, solamente con la utilización de estos recursos
se hubieran podido construir más de 1 400 viviendas, lo que contribuiría al
esfuerzo del país por solucionar el problema habitacional.
Debido
a la aplicación rigurosa y sostenida del bloqueo las empresas cubanas
prácticamente han desistido de buscar proveedores norteamericanos para la
contratación de los productos que necesitan importar al país. Sin embargo, en
condiciones particulares de emergencia, y luego de confirmar que son
determinadas empresas norteamericanas las que poseen el recurso requerido por
la calidad y el precio que ofertan se han realizado algunos intentos de
concretar negocios con esas empresas. Fue el caso de la empresa cubana de la
construcción CONSTRUIMPORT.
En
marzo del 2003, CONSTRUIMPORT, urgida por importar equipamiento para hacer
frente al desarrollo de las inversiones constructivas en la Isla cursó un fax
al gerente de la compañía norteamericana Caterpillar pidiéndole las
cotizaciones de los equipos que necesitaba adquirir. La respuesta del Gerente
Regional de Caterpillar Americas Services Co., indicó que “como una compañía de
USA Caterpillar está sujeta a la jurisdicción de la ley norteamericana y tiene
prohibido vender sus productos a/o para su uso en Cuba”.
Como
si esto no fuera suficiente añade “Adicionalmente la ley de los EE.UU. también
prohíbe a los distribuidores de Caterpillar hacer tales ventas y ellos han sido
instruidos de no realizar las mismas”.
El
sector de las telecomunicaciones es
otro de los principales afectados por la política de bloqueo. Un ejemplo
ilustrativo ha sido las afectaciones sufridas por la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), que alcanzan un monto de 22.22 millones de
dólares en los últimos doce meses.
La
prohibición para contratar directamente a empresas estadounidenses o que tengan
algún inversionista de ese país, impide a Cuba utilizar los servicios de
telecomunicaciones que estas suministran. Tales han sido los casos de PANAMSAT,
proveedor satelital de propiedad norteamericana, con el que no podemos hacer
contratos, así como las dificultades para la realización de un acuerdo
comercial con SATMEX, empresa mexicana con participación estadounidense. De
poderse concretar contratos con estos proveedores, los costos serían mucho
menores para los servicios internacionales de telecomunicaciones de Cuba.
Igualmente,
se mantienen las dificultades para el suministro de equipamientos y software
por parte de las empresas con las que ya se han contratado servicios. En el
caso del servicio de Internet, cada vez que se ha necesitado hacer una
actualización/mejoramiento (upgrade) de las capacidades contratadas, se han
confrontado dificultades o ha sido imposible que los equipos que se necesitan
puedan llegar a Cuba.
Con
el software ocurre lo mismo, pues no se pueden obtener las licencias de uso, lo
que impide que se brinden nuevos y mejores servicios por nuestras empresas. En
las Guías de Usuario de los productos de Microsoft, así como en cualquiera de
los contratos de licencia de uso de los mismos y de todas aquellas compañías de
prestigio que desarrollan software (Borland, Adobe, etc) existe una cláusula
que señala que no se podrá descargar, exportar o reexportar a Cuba, ni el
Software ni la Documentación y la información o tecnología subyacentes.
Limitando
el acceso del pueblo cubano a la información, el conocimiento y el comercio de
estos bienes y servicios, el gobierno norteamericano viola, también en este
caso, los consensos alcanzados por la comunidad internacional, particularmente,
el espíritu y la letra de la reciente Declaración de Principios de la Cumbre de
la Sociedad de la Información, cuyo párrafo 46 “insta enérgicamente a los
Estados a que al crear la sociedad de la información, adopten medidas para
evitar, y se abstengan de adoptar medidas unilaterales no conformes con la
legislación internacional y con la Carta de las Naciones Unidas, que impidan la
plena consecución del desarrollo económico y social de la población de los
países interesados y sean contrarias al bienestar de sus ciudadanos”.
Las
compañías con negocios en el sector del
petróleo enfrentan grandes dificultades para adquirir bienes y servicios
requeridos para sus operaciones. La imposibilidad de obtenerlos en los Estados
Unidos y el aumento de los costos por tener que hacerlo desde otros mercados
con elevados fletes y el pago de comisiones a los intermediarios, representaron
una afectación total de 11 millones de dólares a la empresa Cuba-Petróleo.
Igualmente,
en franca limitación al proceso inversionista, las compañías extranjeras que
tienen contratos petroleros con Cuba tienen que pagar como promedio, un 25% por
encima del costo normal de los productos y servicios que contratan para sus
operaciones con Cuba. Esta situación generó en el 2003 pagos en excesos
ascendentes a 29.8 millones de dólares.
Debido
a la prohibición de exportaciones de
azúcar cubano al mercado norteamericano, expresada en la imposibilidad de
participar en la cuota de importación de los Estados Unidos y en el no acceso a
dicho mercado, se calcula que 603.6 miles de toneladas métricas de azúcar
cubano hubiesen podido exportarse a este país en la campaña 2002-2003, bajo
cuota y fuera de ella, lo que se traduce en pérdidas de 196.25 millones de
dólares. A la prohibición de acceder al mercado estadounidense se suma el
efecto de no tener acceso directo a la Bolsa de Nueva York, donde tienen lugar
las operaciones internacionales del azúcar crudo.
Por
otro lado, se mantienen en vigor las severas restricciones a las ventas de
alimentos y medicinas a Cuba[17].
Lo
expuesto en esta sección confirma el nocivo impacto que tiene la aplicación de
la política de bloqueo sobre la economía de la Isla, y permite tener una imagen
de las dificultades, limitaciones y sacrificios que ha tenido que enfrentar el
pueblo cubano por ya más de 45 años. El monto total de las afectaciones
destacadas en los párrafos anteriores solo recoge una pequeña parte de las
afectaciones reales que día a día enfrentan estos sectores.
7.-
AFECTACIONES A OTROS SECTORES DE LA ECONOMÍA NACIONAL.
Cada año, se
suman nuevos e innumerables ejemplos al inventario de pérdidas que Cuba
acumula, a causa de los estragos producidos por el bloqueo económico, comercial
y financiero impuesto por los Estados Unidos.
Algunos de
ellos se relacionan a continuación:
ð El monopolio de los
Estados Unidos en la fabricación de aeronaves comerciales y de componentes,
piezas y tecnología para la fabricación y el mantenimiento de las mismas, hace
prohibitiva su adquisición por las aerolíneas
cubanas. Esta situación ha traído como consecuencia el arrendamiento de
aeronaves en condiciones anormales y desfavorables, producto también de las
presiones del bloqueo. Lo expresado no se ajusta a la práctica común en este
sector, debido a que Cuba se ve obligada a utilizar operadores intermediarios,
lo cual aumenta los costos en relación con los parámetros internacionales, y
conlleva el encarecimiento de los servicios comerciales prestados, colocando a
los transportistas aéreos cubanos en franca desventaja competitiva.
Por estas causas, los
arrendamientos de Cubana de Aviación de aeronaves del tipo Airbus-320 tuvieron
un costo de más de 9.2 millones de dólares. Para igual tipo de arrendamiento
por una línea aérea de otro país, el costo hubiera sido 7.1 millones de
dólares. Esto significó un gasto adicional de más de 2.1 millones de dólares.
Asimismo,
el arrendamiento del avión tipo Airbus-330 costó más de 15.4 millones de
dólares. Para igual tipo de alquiler por una aerolínea de otro país, el costo
hubiera sido de 12 millones de dólares. El gasto adicional para Cubana de
Aviación fue, por consiguiente, de más de 3.3 millones de dólares.
ð Por otra parte, debido a la prohibición de ciudadanos estadounidenses de
visitar Cuba, las líneas aéreas cubanas y estadounidenses, se han visto imposibilitadas
de servir este tipo de tráfico. En el periodo que se informa los ingresos
dejados de percibir por esta prohibición y como consecuencia, la no prestación
de servicios aeroportuarios y otros, así como el no cobro de los impuestos de
aeropuerto que corresponderían a los pasajeros, ascienden a 143.5 millones de
dólares.
ð De los 49 millones de
turistas estadounidenses que visitaron el Caribe en los últimos cinco años, al
menos 7,4 millones hubiesen visitado Cuba de no existir las prohibiciones de
viaje y las fuertes restricciones de vuelos a la Isla. A pesar del acoso y de
las trabas que comporta viajar a Cuba desde Estados Unidos, lograron llegar a
Cuba 900 mil viajeros, entre estadounidenses y residentes de origen cubano en
dicho país. O sea, según este estimado, dejó de visitar Cuba un aproximado de
6.5 millones de turistas, lo cual implicó afectaciones a los ingresos por
turismo equivalentes a los 4225 millones de dólares.
ð Debido a la eliminación
de las licencias para viajar a Cuba mediante los intercambios “pueblo a
pueblo”, la agencia de viajes San Cristóbal, perteneciente a la compañía cubana
Habaguanex, ha reportado que más de 30 grupos fueron cancelados entre el 2003 y
el primer trimestre del 2004, al no obtener la licencia del Departamento del Tesoro.
Habaguanex calcula que en ese período de tiempo dejó de percibir alrededor de
1.9 millones de dólares.
ð La imposibilidad de
utilizar el dólar estadounidense en transacciones comerciales con terceros
países, unido a la prohibición de relaciones interbancarias entre Cuba y los
Estados Unidos, impide que se realicen transferencias financieras directas con
el consiguiente efecto de las fluctuaciones de las tasas de cambio, afectando
considerablemente la economía cubana.
De igual forma, se reflejan
estas restricciones en las dificultades que presentan las empresas cubanas para
obtener créditos financieros, y en las altísimas cuotas de interés que deben
pagar por estos cuando son concedidos, debido al riesgo que implica para las
compañías de terceros países establecer negocios con Cuba. Por este concepto se
registraron afectaciones con un valor de 121.7 millones de dólares.
ð Debido al efecto de la
prohibición del uso del dólar estadounidense, los bancos comerciales cubanos
han tenido afectaciones en sus operaciones como consecuencia de las
fluctuaciones monetarias. A modo de ejemplo, el Banco Internacional de Comercio
S.A. (BICSA) ha sufrido pérdidas del orden de los 4.2 millones de dólares en el
período por ese concepto.
ð Compañías
norteamericanas son las principales fabricantes de plomo, tanto puro como
aleado, ya sea dentro de Estados Unidos o fuera de este en calidad
transnacional. Estos grandes fabricantes y refinadores de plomo, a pesar de
ofrecer los precios más competitivos del mercado, son proveedores prohibidos
para la industria cubana de fabricación de acumuladores, a causa de las leyes
del bloqueo.
Esa materia prima, que en su totalidad
alcanza entre el 65 y el 70% del consumo en la fabricación de un acumulador,
tiene que importarse de Europa y Sudamérica donde la tonelada es, como
promedio, 100 dólares más cara. Tomando en cuenta que la empresa cubana de
fabricación de acumuladores consume anualmente 1700 toneladas de plomo aleado y
unas 1600 de plomo puro, para un total de 3300 toneladas, esta empresa realiza
gastos en exceso por valor de unos 330 mil dólares al año.
ð La resina de
poliestireno es un suministro imprescindible para la industria
sideromecánica, cuya adquisición resulta
muy costosa a causa del bloqueo. Esta resina comprada en México, cuesta 1250
dólares la tonelada, y se transporta en un contenedor que posee capacidad para
16 toneladas. Anualmente, la industria cubana tiene que importar 12
contenedores. Si este producto se pudiera comprar directamente a Estados
Unidos, se experimentaría un ahorro de 300 dólares por tonelada, y de 4800
dólares por contenedor.
ð Durante el 2003, a
causa de la imposibilidad de comprar en Estados Unidos materias primas y otros
productos vitales para la industria sideromecánica, tales como aceros, poliol,
isocionato, pinturas, elevadores y piezas de repuestos para estos equipos,
material de impermeabilización, masa seca para electrodos, cerámicas de piso,
material eléctrico, etcétera, se debió satisfacer dichas necesidades a través
de terceros países, con una afectación de 787 500 dólares por encarecimiento de
precios. Además, los costos de flete marítimo y aéreo desde Europa y Asia para
la importación de esos productos se incrementaron en 142 600 dólares.
ð El
desenvolvimiento de las ciencias en Cuba, aunque considerado dinámico para una
nación en desarrollo, se ha visto muy limitado por las trabas de entidades
extranjeras con capital norteamericano, o por la influencia directa del
gobierno de los Estados Unidos. La política de bloqueo ha obstaculizado el desarrollo
del capital humano y de las tecnologías de la información, la obtención de
equipamiento y recursos materiales necesarios para las investigaciones
científicas, la transferencia y el desarrollo de tecnologías, así como a la
comercialización de productos cubanos y otras negociaciones.
Sólo en los últimos 8 años, las
medidas del bloqueo han ocasionado al sector de la Ciencia, la
Tecnología y el Medio Ambiente, pérdidas de más de 1390 millones de dólares.
ð La compra de licencias de software, sus actualizaciones, literatura
científico técnica y la transferencia tecnológica, hay que lograrla a través de
terceros países debido a que existen regulaciones que limitan su entrada
directa a Cuba, lo que incrementa los precios y demora su adquisición. Ejemplo
de ello es que no es posible comprar la licencia de Macromedia Director para
trabajar porque esta empresa tiene explícitamente una cláusula que prohíbe su
venta a Cuba. Estas limitantes son tanto para software, cursos o cualquier otra
facilidad que brinde Macromedia.
ð El Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT) se ha visto
imposibilitado de adquirir de modo directo literatura científico, técnica y
otros documentos de diferentes instituciones científicas de los Estados Unidos
que esté actualizada y sea relevante para el respaldo informacional de los
programas nacionales científico-técnico y, en general, de las principales
líneas de investigación y desarrollo del país.
La compra de dicha literatura se ha encarecido enormemente pues, al
adquirirse a través de firmas europeas con filiales en territorio
norteamericano, las partidas de flete aéreo incrementan en un 15% el valor neto
de la literatura científica. Igualmente, el IDICT ha perdido suscripciones de
revistas que recibía por donación de instituciones homólogas que, presionadas
por el gobierno norteamericano, se vieron obligadas a romper relaciones con
esta Institución.
ð La Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada no pudo comprar
2 fundas portacámaras tipo FARMER destinadas al Laboratorio Secundario de
Calibración Dosimétrica (LSCD) del Centro de Protección e Higiene de las
Radiaciones (CPHR), que las utiliza para la calibración de los sistemas
dosimétricos empleados en los controles de calidad a los haces externos de
fotones y electrones para los tratamientos de los pacientes oncológicos del
sistema nacional de salud cubano. Estos controles forman parte de los programas
de garantía y aseguramiento de calidad y tienen la finalidad de contribuir a
elevar la eficacia de dichos tratamientos y mejorar la calidad de vida a los
pacientes con cáncer.
ð Las
leyes del bloqueo impiden a Cuba el acceso al financiamiento de los organismos
multilaterales y regionales de desarrollo. En particular, en el año 2003, el
Banco Interamericano de Desarrollo desembolsó un monto récord de 8900 millones
de dólares para programas de desarrollo, catalogándose a sí mismo como “la
principal fuente de financiamiento multilateral de desarrollo para la región
por décimo año consecutivo”. Si se tomara como referencia ese monto, y se
asumiera que Cuba recibió una cifra igual a la del país que menos obtuvo
(Belice), Cuba habría ingresado 6.7 millones de dólares. Si se hubiese obtenido
el equivalente al 1% de ese desembolso, el beneficio hubiera sido de 89
millones, lo que hubiera garantizado ejecutar importantes obras sociales y de
infraestructura en el país, como la revitalización constructiva y tecnológica
de numerosas instalaciones de salud pública, por solo citar un caso.
Un ejemplo de ello es que en la actividad
de construcción de carreteras es muy común el uso de esta modalidad de créditos
“blandos”. Este es el caso de la República de Bolivia, donde en diciembre del
2003 se desarrolló un programa de construcción de carreteras de 886 kilómetros,
distancia similar a la que existe entre la Ciudad de La Habana y Santiago de
Cuba, y que fue financiado mediante un crédito del Banco Mundial y el Fondo de
Cooperación Andina de aproximadamente 558.3 millones de dólares.
Con un crédito como el concedido a la
República de Bolivia, se podría financiar el componente en divisas para
terminar la Autopista Nacional y acometer con el financiamiento restante la
reparación de la red de calles de la Ciudad de La Habana, la reparación y el
mantenimiento del pavimento de los tramos existentes de la Autopista Nacional,
la Carretera Central, los Circuitos Norte y Sur, y otros. Con estos recursos se
financiaría el componente en divisas para la realización de estas obras, además
de la conservación de los túneles de la Bahía, Línea y Quinta Avenida.
ð Los perjuicios
ocasionados por causa del bloqueo al Ministerio de Transporte entre mayo de
2003 y abril 2004, fueron del orden de los 143.23 millones de dólares.
ð En la contratación de
marinos, existe afectación tanto en los buques de carga, como en los cruceros
que tocan puertos de los Estados Unidos, que son los que requieren más tripulación.
En casi todos los cruceros hay un tripulante por cada dos pasajeros, por lo que
se han perdido cantidades considerables de puestos de trabajo por esta causa. Los
ingresos no devengados en el período que se informa, teniendo en cuenta la disponibilidad
potencial de fuerza de trabajo calificada y presta para su enrolo, según los
salarios estándares internacionales, ascendieron a 9.7 millones de dólares anuales.
ð Los buques cruceros que
operan teniendo como “Puerto Madre" a la Florida (Miami, Fort Lauderdale,
Cabo Cañaveral y Tampa) no incluyen puertos cubanos en sus recorridos
semanales, debido a las restricciones del bloqueo, en especial las
prohibiciones que impone la Ley Torricelli.
Las
empresas cubanas que operan con buques cruceros en el período que se analiza,
pudieron haber recibido 625 arribos de buques adicionales, calculados a unos 12
buques cruceros semanales y 500 mil pasajeros, lo que representa ingresos
dejados de percibir por concepto de muellaje, equivalentes a 918.8 miles de
dólares y por concepto de Pax Fee, calculado a 15 dólares por pax, una cifra
equivalente a 7.5 millones de dólares.
ð En el caso de la
producción y exportación de tabacos y cigarros Estados Unidos constituía un
mercado importante y natural para Cuba a los efectos de las compras de tabaco,
tanto torcido como en rama para su industria tabacalera.
Teniendo en cuenta que en el
decenio de 1949 a 1958, el 35 % de las exportaciones de tabaco cubano (en
valores) se destinaban al mercado norteamericano, y suponiendo que Cuba hubiese
mantenido ese nivel de exportación, las afectaciones para el tabaco torcido se
calculan superiores a los 106 millones de dólares anuales.
En el caso del tabaco en rama, las
afectaciones por concepto de no participación en el mercado norteamericano, se
estiman en el orden de los 12 millones de dólares al año.
ð Los efectos del bloqueo
norteamericano sobre los negocios en la esfera del seguro se encuentran fundamentalmente
en el proceso de contratación o compra de las protecciones de reaseguro para
las carteras de seguros cubanos. El predominio del capital estadounidense en el
mercado del seguro se ha incrementado en los últimos años como resultado de los
procesos de fusión y adquisición por parte de compañías de los Estados Unidos
de empresas de reaseguros europeas.
La imposibilidad de comprar protecciones de reaseguros en el mercado
norteamericano o en empresas de terceros países, pero que tienen intereses
norteamericanos, obliga a las empresas de seguros cubanas a acceder con
carácter exclusivo al mercado europeo. Esto motiva dilación en la ejecución de
las operaciones de seguro y reaseguro, restricciones del mercado, así como el
elevado incremento de los costos por concepto del llamado “Riesgo Cuba”.
ð En momentos que el país se enfrenta a una situación de grave sequía,
fundamentalmente en su región oriental, los efectos del bloqueo sobre el
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos inciden de manera directa sobre la
población. Bastaría solo mencionar el caso de las máquinas perforadoras de
pozos de marca ZAHORÍ, necesarias para aliviar la situación del abasto de agua
en las zonas más afectadas por la sequía. Los compresores y motores de estas
máquinas son de procedencia norteamericana, y al no poderse adquirir sus piezas
de repuesto, el país se ha visto
obligado a paralizarlas, con la consiguiente implicación para la población de
estas zonas.
CONCLUSIONES
-
La Administración del Presidente George W. Bush ha
escalado a niveles sin precedentes la hostilidad de la política del bloqueo
contra el pueblo de Cuba, como parte de su soberbia imperial, que sin el menor
recato viola los principios básicos del Derecho Internacional, el
multilateralismo y la voluntad expresada de manera reiterada y casi unánime por
la comunidad internacional, en sucesivas resoluciones aprobadas en la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
-
La aplicación del bloqueo del gobierno de Estados
Unidos contra Cuba, viola directamente los derechos humanos básicos y las
libertades fundamentales del pueblo cubano, de los cubanos residentes en
Estados Unidos y del propio pueblo norteamericano.
-
A pesar del rechazo particular que el carácter y
aplicación extraterritorial del bloqueo ha provocado en la comunidad
internacional y a contrapelo de la defensa frenética que el Gobierno de los
Estados Unidos realiza del neoliberalismo económico y comercial, las
autoridades estadounidenses insisten, mediante amenazas y persecución en
impedir las relaciones de Cuba con terceros países.
-
Cuba no claudicará en la defensa de su
independencia, y sabe que con su resistencia contribuye a la lucha de muchos
pueblos del mundo por una vida más digna, y por el derecho a desarrollarse en
condiciones más justas y sostenibles. Tampoco renunciará a la posibilidad de
tener relaciones fluidas y de respeto con el pueblo norteamericano.
-
El pueblo cubano confía en que la comunidad
internacional, en momentos en que el gobierno estadounidense, de modo
irresponsable, amenaza su derecho a la vida, al desarrollo, a la paz y a la
libre determinación, se pronunciará firme y claramente a favor del fin del
bloqueo económico, comercial y financiero que le ha sido impuesto.
ANEXO
DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS
A LA ECONOMIA CUBANA POR EL BLOQUEO DE LOS EE.UU.
(Acumulado hasta el 2003).
-Millones de dólares-
|
INGRESOS
DEJADOS DE PERCIBIR POR EXPORTACIONES Y SERVICIOS
|
36,225.4
|
|
PERDIDAS
POR REUBICACION GEOGRAFICA DEL COMERCIO
|
18,049.7
|
|
AFECTACIONES
A LA PRODUCCION Y LOS SERVICIOS
|
2,847.5
|
|
BLOQUEO
TECNOLÓGICO
|
8,265.4
|
|
AFECTACIONES
A LOS SERVICIOS DE LA POBLACION
|
1,546.3
|
|
AFECTACIONES
MONETARIO-FINANCIERAS
|
8,348.5
|
|
INCITACION
A LA EMIGRACION Y FUGA DE TALENTOS
|
4,042.4
|
|
TOTAL
DE LAS AFECTACIONES POR EL BLOQUEO DE EE.UU.
|
79,325.2
|
[1] Ver anexo 1 que contiene un
desglose por sectores de los daños y
perjuicios ocasionados a la economía cubana por el bloqueo de los EE.UU.
(Acumulado hasta el 2003).
[2] Un estudio realizado por el Centro de
Investigaciones de la Economía Internacional (CIEI) y el Centro de Estudio de
la Economía Cubana (CEEC), para fijar el rango aproximado de las inversiones
directas norteamericanas dejadas de realizar en Cuba durante el período
comprendido entre 1990 y el año 2002 concluyó que, en una primera etapa de tres
a cinco años, las inversiones hubiesen podido tener un comportamiento mínimo de
100 millones de dólares anuales, llegando a alcanzar la cota superior de 400
millones de dólares por año. La investigación toma en cuenta el valor de las
inversiones norteamericanas en Cuba a finales de los años ´50 y el flujo de
inversiones directas de EE.UU. a países del Caribe (República Dominicana y
Costa Rica) que podrían servir de referentes comparativos para la economía
cubana.
Dicho monto es casi el mismo valor que lo invertido
por otros países en la economía cubana a partir de 1990 y que ha permitido el
desarrollo de ramas y sectores importantes como el níquel, petróleo, turismo y
telecomunicaciones, entre otros.
Por su parte, un informe realizado por la Comisión
de Comercio de EE.UU. en el 2001, incorpora una estimación de los flujos netos
que accederían a la economía cubana “en ausencia de sanciones de EE.UU.” A
pesar de subestimar el mercado cubano, esa comisión fijó el monto anual del
flujo de inversiones directas de EE.UU. a Cuba entre 20 y 40 millones de
dólares anuales. El flujo de inversiones dejado de realizar en un período de
diez años, aún sobre esa base, alcanzaría entre 200 y 400 millones de dólares.
[3]
La Resolución 57/227 fue adoptada por la Asamblea General con la oposición de
sólo tres gobiernos, entre ellos el de Estados Unidos, pretendido campeón de la
libertad y los derechos humanos.
[4]Estudios realizados por The
Brattle Group, con sede en Washington D.C., a mediados del 2002, concluyeron
que de levantarse las restricciones de los viajes a Cuba, viajarían anualmente
a la Isla 2,8 millones de norteamericanos. El documento, titulado “THE IMPACT
ON THE U.S. ECONOMY OF LIFTING RESTRICTIONS ON TRAVEL TO CUBA”, también analiza
el beneficio económico que recibirían las líneas aéreas, agencias de viaje y
turoperadores norteamericanos si fueran abolidas dichas prohibiciones.
[5] Una evaluación optimista que solo considera una
disminución de la mitad del número de viajeros con respecto al año 2003, o sea
42 000 viajeros menos, con una estancia media de cinco días y un gasto medio
per cápita de 130 dólares por viajero, concluye que por ese concepto se
ingresarían 27 millones de dólares menos. Previendo una reducción hasta del 70
% de los arribos en 2004, la afectación económica ascendería a 38 millones de
dólares.
[6]
La Resolución 57/227 de la Asamblea General de la ONU exhortó “a todos los
Estados a que permitan, de conformidad con la legislación internacional, el
movimiento sin restricciones de las remesas financieras que los ciudadanos de
otros países que residen en su territorio envíen a sus familiares en el país de
origen”; e igualmente, los exhortó a que “se abstengan de promulgar
disposiciones legislativas concebidas como medidas coercitivas que establezcan
un trato discriminatorio contra migrantes legales, se trate de individuos o
grupos, al redundar en detrimento de la reunificación de las familias y del
derecho a enviar remesas financieras a sus familiares en el país de origen, o a
que deroguen las que están vigentes”.
[7] Actualmente
Cuba descentraliza los servicios de complejidad intermedia, para elevar la
probabilidad de sobrevivencia al producirse el accidente de salud, y garantizar
mayor acceso y bienestar a la comunidad. Los hospitales podrán consagrarse,
dentro de poco tiempo, a la atención de los problemas de salud más complicados,
que requieran particular tratamiento con el empleo de recursos, instalaciones y
medios técnicos costosos adecuados para esa tarea. Dentro del perfeccionamiento
del Programa Nacional de Salud, se incluye también la consolidación de las
instituciones de investigación en esta materia, así como nuevas líneas, en
especial las que atienden los proyectos relacionados con la prevención de las
enfermedades por vías genéticas.
El Informe de Desarrollo Humano
del PNUD del año 2003, dedicado al cumplimiento de las metas de desarrollo del
Milenio, ubica a Cuba en el puesto 52 del Índice de Desarrollo Humano, por
encima de países de la región con un mayor desarrollo económico relativo. Cuba
tiene hoy el número más alto de médicos por habitante del mundo (1 médico por
cada 168 habitantes), y una de las poblaciones más sanas del hemisferio.
Según el Laboratorio Latino
Americano para la Evaluación y Calidad de Educación de la UNESCO, los
estudiantes cubanos en pruebas nacionales comparativas superan al resto de los
estudiantes del hemisferio, en el dominio de lenguas, matemáticas y física.
[8] Prácticamente el ciento por ciento de los niños y niñas en
Cuba son inmunizados con 10 vacunas, administradas de forma gratuita, que les
ofrecen protección contra 13 enfermedades: poliomielitis, difteria, tétanos,
tosferina, tuberculosis, fiebre tifoidea, sarampión, rubéola, parotiditis,
meningitis B y C, hepatitis viral B. Recientemente nuestros científicos
lograron una vacuna contra el Haemophilus influenzae. Siete de esas 10 vacunas
se producen en el país, gracias al desarrollo alcanzado por la industria
biotecnológica y farmacéutica, algunas de las cuales, como la
antimeningocóccica grupos B-C y la antiHaemophilus influenzae, constituyen
aportes cubanos a la ciencia mundial.
[9]
La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, con fecha 28 de junio de
2004, emitió un dictamen que reconoce la soberanía de Cuba sobre dicho
territorio.
[10] Informe del Secretario General
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por los Estados Unidos de América contra Cuba”, A/58/287, 18 de agosto del
2003.
[12]
Informe del Secretario General “Necesidad de poner fin al bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”,
A/57/264, 26 de julio del 2002.
[13] Informe del Secretario General
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por los Estados Unidos de América contra Cuba”, A/58/287, 18 de agosto del
2003.
[14] Informe del Secretario General
“Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto
por los Estados Unidos de América contra Cuba”, A/58/287, 18 de agosto del
2003.
[15] Sistema
de clasificación bibliográfica utilizado por más de 200 mil bibliotecas de todo
el mundo y que ofrece un método lógico para organizar cada componente de la
colección de una biblioteca.
[16] Organización norteamericana con sede en Nueva York,
que ha ayudado a la preservación de más de 430 obras del patrimonio mundial en
83 países.
[17]
Ver Informe del Secretario General “Necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América
contra Cuba”, A/58/287, 18 de agosto del 2003, páginas 22 a 27
